La Secretaría Distrital de Gobierno anunció que las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (NARP) de Bogotá participarán en la elección de la nueva Comisión Consultiva Distrital, instancia destinada a fortalecer la representación y participación de estas comunidades en asuntos relacionados con sus derechos y necesidades.La jornada electoral está programada para los días 9 y 10 de octubre de 2026, desde las 8:00 de la mañana. La Administración Distrital informó que el lugar donde se desarrollará el proceso será anunciado próximamente. La Secretaría de Gobierno, a través de la Dirección de Asuntos Étnicos y la Subdirección de Asuntos para las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, acompañará la organización y desarrollo de la elección.La Comisión Consultiva Distrital funciona como un espacio de participación y representación de las comunidades NARP ante la institucionalidad distrital. Su propósito es facilitar el diálogo entre estas comunidades y el Gobierno de Bogotá, así como contribuir a la formulación de acciones que atiendan sus necesidades y garanticen sus derechos.El proceso hace parte de la elección de las instancias consultivas de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras que se desarrolla en el país, siguiendo los lineamientos establecidos por el Ministerio del Interior.La Secretaría de Gobierno señaló que la información oficial sobre la convocatoria y las condiciones para participar será divulgada a través de canales institucionales, medios de comunicación, emisoras comunitarias, redes sociales y carteleras de las alcaldías locales. Por ahora, el Distrito no ha informado el lugar exacto de la jornada.
La Alcaldía de Bogotá busca ponerle freno a la mala práctica de miles de personas en la ciudad, en especial para aquellos que botan sus escombros en la calle, andén o cualquier espacio público y, por eso, para manejar esta situación con la basura en la ciudad, según la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, esto podría salirle a una persona en una multa cercana a un millón de pesos.“Arrojar escombros, muebles, colchones, madera, residuos de construcción o elementos voluminosos en el espacio público no solo afecta el entorno, la seguridad y la convivencia: también puede generar una multa de cerca de un millón de pesos”, explicaron desde la Secretaría.De acuerdo con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, toda persona que bote estos escombros tendrá una multa tipo cuatro, la cual se encuentra en 933.816 pesos, asimismo, podrían ser llamados a participar en programas comunitarios o actividades pedagógicas.“Vale recordar que transcurridos seis meses desde la imposición de la multa y ésta no ha sido pagada con sus respectivos intereses, el ciudadano enfrentará restricciones legales hasta ponerse al día. Entre las principales limitaciones está que no podrá ser nombrado ni ascendido en un cargo público, no podrá acceder a permisos otorgados por alcaldías para la venta de bienes, no podrá contratar ni renovar contratos con entidades del Estado, entre otros”, añadieron.Este tipo de medidas buscan mejorar el espacio público en la ciudad y que no se convierte en el “basurero” de miles de personas, así poder tener en control de residuos que permitan las calles limpias y un mejor sistema.Asimismo, el Distrito podrá disponer, a través de la línea 110, de una recolección personalizada de sus elementos sin necesidad de botarlos en la calle y totalmente gratis. Otra alternativa son los 310Ecopuntos móviles que la UAESP ubica en la ciudad cada mes.
Un centro estético ubicado en el barrio La Castellana, en la localidad de Barrios Unidos, Bogotá, fue clausurado por las autoridades luego de que, durante un operativo de inspección, encontraran graves irregularidades sanitarias, entre ellas desechos biológicos en los ductos del establecimiento.La intervención fue encabezada por la Secretaría Distrital de Gobierno, con el apoyo de la Secretaría de Salud, la Alcaldía Local de Barrios Unidos y la Policía Metropolitana de Bogotá, tras una denuncia ciudadana que alertó sobre el funcionamiento del lugar.Según explicó a Blu Radio el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, cuando los funcionarios llegaron al establecimiento sus responsables no permitieron el ingreso de inmediato. De acuerdo con la administración distrital, durante ese tiempo intentaron realizar labores de limpieza antes de la inspección.Una vez las autoridades lograron ingresar al inmueble con apoyo de la Policía, encontraron múltiples irregularidades relacionadas con el funcionamiento del centro estético."Una denuncia ciudadana nos avisa de personas saliendo de este lugar. Llegaron los equipos de la Alcaldía Local de Barrios Unidos, de la Secretaría de Salud, y en efecto no tiene letrero, no tiene papeles en regla. Logramos entrar gracias a la Policía y adentro nos encontramos todo tipo de irregularidades", señaló el secretario de Gobierno.Durante la inspección también fueron hallados desechos biológicos en los ductos del establecimiento. Además, las autoridades manifestaron que, según las primeras verificaciones, al parecer los residuos generados durante los procedimientos estéticos terminaban siendo vertidos al sistema de alcantarillado, situación que será objeto de las investigaciones correspondientes.Las autoridades indicaron que el establecimiento fue suspendido por 10 días, debido a que no contaba con la documentación exigida para operar y presentaba condiciones sanitarias que motivaron su cierre inmediato.La Secretaría Distrital de Gobierno señaló que este tipo de operativos continuarán en diferentes sectores de la ciudad con el fin de verificar que los centros estéticos y establecimientos similares cumplan con las normas de funcionamiento, los requisitos sanitarios y las condiciones necesarias para proteger la salud de los usuarios.Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto:
La era de Gustavo Petro terminará con una caída del 21% en las exportaciones mineras, un desplome del 88% en la inversión extranjera directa y la pérdida de más de 14.000 empleos en la explotación de carbón tras cuatro años de fuertes disputas entre el gobierno y el sector privado.El Gobierno actual se opuso a la explotación del carbón desde el primer momento y declaró como objetivo económico transitar hacia una economía libre de fósiles, algo que intentó llevar a la práctica con múltiples estrategias incluyendo aumentos de impuestos al sector, una regulación más estricta y la prohibición de vender carbón a Israel. Sin embargo, ahora que el poder quedará en manos del derechista Abelardo de la Espriella, la expectativa del sector es que lleguen vientos de cambio."Esto hubiera sido, podido ser muchísimo más profundo si la asociación y el gremio no hubiera contenido estos 4 años todo lo que contuvo. Aquí está el sector todavía vivo, aquí está el sector todavía vivo para apostarle a esos próximos 4 años en los cuales hay muchísimo, muchísimo que hacer entre todos los sectores económicos y mucho que aportar entre todos para reconstruir la confianza en el país y, por supuesto, a través del desarrollo de los sectores, apostarle a estabilizar las finanzas públicas y generar oportunidades a los colombianos", dijo a Blu Radio el presidente de la ACM ( Asociación Colombiana de Minería) Juan Camilo Nariño.Y es que durante estos cuatro años la asociación tuvo que emitir al menos 800 documentos técnicos para responder a lo que considera fue una presión regulatoria sin precedentes.Nariño estima que el gobierno entrante podría llegar a atraer unos 2.600 millones de dólares en inversiones solo con destrabar un puñado de proyectos, especialmente en cobre, que están pendientes de trámites, licencias y apoyo. Mientras tanto las inversiones en exploración de minerales podrían llegar a representar unos 200 millones de dólares por año si se dan las condiciones para atraer inversionistas y darles confianza. Los proyectos están centrados en la explotación de oro y de cobre, este último considerado uno de los minerales más importantes para la transición energética y la electrificación.
La Secretaria de Gobierno encendió las alarmas tras los disturbios registrados este viernes en la calle 72, luego de evidenciar el uso de elementos de alta peligrosidad que, según las autoridades, no se habían detectado en protestas anteriores.“Si bien hoy se presentaron desmanes en la calle 72, la dinámica de los violentos fue diferente”, señaló Gustavo Quintero.En ese sentido desde la administración Distrital aseguran que durante los enfrentamientos fueron hallados artefactos con componentes similares a metralla, situación que llevó al Distrito a advertir sobre un cambio en la forma de actuar de los grupos que protagonizaron los desmanes.De acuerdo con Gustavo Quintero, las autoridades consideran que detrás de los hechos violentos existiría un nivel de coordinación previo, debido a la manera en que se desarrollaron los ataques y a los elementos utilizados durante la jornada.La situación se presentó en inmediaciones de la Universidad Pedagógica Nacional, donde el rector, Helberth Choachí, manifestó preocupación por la posible presencia de personas ajenas a la comunidad universitaria participando en los disturbios.“Frente a la denuncia del rector de la Universidad Pedagógica sobre presunta presencia de individuos sospechosos y externos a la Universidad Pedagógica, la Administración Distrital dispuso equipos y agotó rápidamente las etapas que activan el uso de la fuerza. La intervención de la UNDMO, que finalizó a las 3:28, estuvo orientada a la protección de los estudiantes y el campus”, señaló Quintero.
Con velas en mano y en medio de un ambiente de indignación, habitantes del occidente de Bogotá se reunieron en una manifestación pacífica para rechazar los hechos ocurridos en la noche del 11 de abril en una carnicería del sector, donde un joven empleado resultó herido por arma de fuego.De acuerdo con la comunidad, dos hombres armados ingresaron al establecimiento, robaron el dinero del día y dispararon contra el trabajador, quien, según versiones preliminares, tendría 19 años. El caso dejó indignados a los habitantes del barrio, donde los residentes aseguran que los robos se han vuelto casi diarios.La protesta se concentró en el Parque Central de Occidente Dos, en la localidad de Engativá, donde los asistentes realizaron una velatón y exigieron mayores garantías de seguridad.Entre sus principales reclamos está la instalación de un CAI en la zona, ya que denuncian que no cuentan con presencia policial cercana y que la respuesta del cuadrante es tardía.Manifestaciones en Bogotá generaron bloqueos en la calle 80TransMilenio informó que durante la jornada se registraron bloqueos intermitentes sobre la calle 80, a la altura de la carrera 114. Aunque hubo momentos en los que la vía fue liberada, los manifestantes retomaron la restricción como medida de presión.La empresa de transporte indicó que varias rutas tuvieron que hacer desvíos, entre ellos los servicios:1-2 Garcés Navas1-3 Villas Granada1-4 Cortijo1-5 Colsubsidio1-6 Bolivia Oriental1-8 Calle 801-10 Bolivia Bochica II.La ruta dual DL81 hizo retornos desvíos en la carrera 107.Hacia las 9:34 p.m., los manifestantes despejaron la vía, lo que permitió la reanudación progresiva de la operación habitual.Por su parte la Secretaría de Gobierno manifestó que funcionarios y autoridades adelantaron labores de sensibilización para mitigar el impacto en la movilidad y propusieron la instalación de una mesa de diálogo con entidades distritales, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Alcaldía Local de Engativá para atender las demandas ciudadanas.La comunidad insiste en que estas manifestaciones buscan evitar que hechos como el ocurrido se repitan y piden acciones concretas que garanticen la seguridad en el sector.
Se aproximan las primeras jornadas electorales del año y, en ese contexto, miles de ciudadanos se desplazarán a los puestos de votación para participar en la elección de los integrantes de las dos cámaras del Congreso de la República correspondientes al periodo 2026-2030.En el caso del Senado, se escogerán 103 senadores, mientras que en la Cámara de Representantes se elegirán 183 congresistas. No obstante, para que las personas habilitadas puedan ejercer su derecho al voto es obligatorio presentar el documento de identidad vigente.Esta exigencia puede convertirse en una dificultad para quienes hayan extraviado su cédula, ya que, si solicitaron un duplicado, el proceso de entrega puede tardar alrededor de 20 días antes de recibir el nuevo documento, por lo que, posiblemente, los afectados no logren votar en las elecciones del 8 de marzo.Cuando la cédula de ciudadanía se pierde en Bogotá, existe la posibilidad de que haya sido entregada al Banco de Documentos Extraviados, administrado por la Secretaría de Gobierno.Antes de iniciar el trámite para obtener un duplicado, se recomienda verificar en el sistema del banco, ya que el documento puede recuperarse sin ningún costo. De acuerdo con la Secretaría de Gobierno, cada semana llegan miles de documentos extraviados a esta entidad.Con corte al 14 de febrero del presente año, se reportan 2.480 documentos bajo custodia, de los cuales 1.631 corresponden a cédulas de ciudadanía que aún esperan ser reclamadas por sus propietarios.¿Cómo consultar y recuperar la cédula en el Banco de Documentos Extraviados?A continuación, se detalla el procedimiento para reclamar la cédula u otro documento perdido que se encuentre en el banco de la entidad:Ingresar al sitio web oficial de la Secretaría de Gobierno.Verificar en la plataforma si la cédula se encuentra registrada.Realizar el registro y programar una cita.Acudir personalmente a la sede ubicada en la calle 11 # 8-17 para reclamar el documento.Es fundamental precisar que el trámite para recuperar la cédula es completamente gratuito, no requiere intermediarios ni implica pagos adicionales. Asimismo, las personas deben presentar una copia de algún documento que permita confirmar su identidad.La mayoría de las cédulas que llegan al banco lo hacen gracias a la solidaridad de los bogotanos; sin embargo, estos documentos solo se conservan durante un periodo máximo de 60 días.
Diciembre avanza sin pausa y llega con una oportunidad clave para quienes planean iniciar estudios en 2026. La Secretaría de Gobierno de Bogotá y la Alcaldía de Soacha anunciaron una convocatoria conjunta para entregar 100 becas virtuales en áreas ‘tech’ y económicas, las más demandadas hoy por el mercado laboral colombiano.En total, serán 50 becas para Bogotá y 50 para Soacha, otorgadas en alianza con EDUCA EDTECH Group, con el objetivo de facilitar el acceso a educación superior sin importar la capacidad económica de los aspirantes.Tatiana Fuentes, gerente de Operaciones de EDUCA EDTECH Group, explicó que con esta iniciativa se busca apoyar a quienes quieren iniciar un pregrado en 2026 o actualizar su perfil profesional en las áreas con mayor valoración empresarial. Las becas aplican para pregrados, maestrías y doctorados completamente virtuales.¿Cómo aplicar a las becas?Los interesados podrán postularse hasta el 20 de diciembre ingresando a www.alcaldiascol.com, eligiendo Bogotá o Soacha y cargando su hoja de vida, documento de identidad y diploma de bachiller (para pregrado) o título universitario (para maestría o doctorado).No habrá puntajes mínimos, entrevistas ni filtros adicionales.La convocatoria incluye 40 becas de pregrado, 40 de maestría y 20 de doctorado, respaldadas por universidades internacionales como E-Campus University (Italia), Universidad UDAVINCI (México) y Unimiami International University (Estados Unidos). Las clases iniciarán en enero, en modalidad virtual.Oferta académicaLos pregrados más demandados por su salida laboral incluyen: Marketing Digital, Ingeniería de Internet de las Cosas, Ingeniería en Seguridad Informática e Ingeniería de Software.En maestrías sobresalen programas como Ciberseguridad, Data Science, Project Management, Energías Renovables, Eficiencia Energética y Sostenibilidad, Ciudades Inteligentes Sostenibles e Inteligencia Artificial.La oferta de doctorados incluye Administración y Sistemas Computacionales.Los tiempos de formación serán de tres años para pregrados, un año para maestrías y tres años para doctorados.Los títulos son susceptibles de convalidación en Colombia. Para ello, los beneficiarios deberán apostillar sus diplomas y realizar el trámite ante el Ministerio de Educación Nacional. EDUCA EDTECH Group acompañará el proceso.La convocatoria ya está abierta y las autoridades locales esperan una alta participación, especialmente de jóvenes y profesionales que buscan dar un salto académico en 2026.
La Alcaldía Mayor de Bogotá dio inicio al Primer Congreso de la Bogotaneidad, un espacio que busca reflexionar sobre la identidad, la cultura ciudadana y el sentido de pertenencia en la capital. Bajo el lema “Bogotá se piensa para transformar”, este encuentro reúne a académicos, artistas, líderes sociales y ciudadanos para debatir sobre el papel de la 'bogotaneidad' en la construcción de una ciudad más incluyente, solidaria y sostenible.El evento, organizado por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, se llevará a cabo durante varios días con conferencias, paneles y talleres en los que se abordarán temas como el reconocimiento de la diversidad, la convivencia, el espacio público y la memoria colectiva. La iniciativa busca que los bogotanos se reconozcan como parte de una comunidad diversa, donde el respeto por las diferencias sea el punto de partida para el desarrollo social.Durante la apertura, el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, destacó que este congreso es una oportunidad para “repensar quiénes somos como ciudadanos, cómo nos relacionamos y qué valores queremos proyectar como capital del país”. Asimismo, invitó a los asistentes a aportar desde sus experiencias a la construcción de una nueva narrativa de ciudad basada en el cuidado, la empatía y la corresponsabilidad.El Congreso de la Bogotaneidad forma parte de la estrategia distrital “Bogotá se piensa para transformar”, un proceso de diálogo ciudadano que busca fortalecer la cultura ciudadana y el sentido de pertenencia en cada una de las localidades. De esta manera, la administración distrital reafirma su compromiso con la promoción de una ciudad más humana, donde las diferencias culturales y sociales sean motivo de encuentro y no de división.Con este congreso, Bogotá da un paso importante hacia la consolidación de una identidad colectiva que refleje la riqueza y pluralidad de sus habitantes. Se espera que las conclusiones del encuentro sirvan como base para futuras políticas públicas de cultura ciudadana y convivencia, que contribuyan a fortalecer el tejido social y la transformación positiva de la capital.
El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, afirmó en una entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu que hay suficiente tierra para construir tanto el multicampus universitario como la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO Norte). Esta declaración se produce tras la reciente decisión del Concejo de Bogotá de revivir el proyecto de la ALO Norte, una avenida cuyo desarrollo fue detenido durante la administración de Claudia López.Al respecto, el presidente Gustavo Petro expresó su desacuerdo con la decisión del Consejo de Bogotá mediante su cuenta de X, donde criticó la autorización del trazado original de la autopista ALO Norte. Petro afirmó que este proyecto pondría en peligro la reserva forestal del norte y eliminaría la construcción del multicampus universitario en Suba, lo que rompería el compromiso establecido con la nación para mejorar la educación superior pública en esa localidad.Sin embargo, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, sostuvo que ambos proyectos son viables y que el plan de desarrollo de Bogotá contempla la construcción de la ALO Norte y el multicampus.“Lo que nosotros estamos proponiendo desde el Plan de desarrollo es multicampus y ALO. Las dos cosas. Ahí se presenta un falso dilema”, dijo Quintero.El proyecto inicial del multicampus se ubicaba sobre el trazado original de la ALO Norte. Con el nuevo diseño, se ha decidido mantener la vía en su trazado original y desplazar el multicampus a otros predios en la misma zona, según informó el secretario.“El diseño cambia, pero la idea original de tener un multicampus, una oferta educativa en el borde noroccidental de la ciudad, sigue firme”, explicó Quintero.En cuanto a las 13,000 viviendas que se iban a construir en ese sector bajo un contrato con la constructora Las Galias, Quintero indicó que dicho contrato está siendo reevaluado. “Tenemos que hablar ahora con Las Galias para ver cuál es la mejor forma de salir del contrato”, mencionó.El impacto que tendrá la ALO NorteLa comunidad de Suba, que supera el millón de habitantes, ha mostrado preocupación tanto por la movilidad como por las promesas de nuevos equipamientos educativos y de salud. Quintero aseguró que estas promesas se mantendrán: “Vamos a seguir con esa idea porque esa población necesita atención”. Además, subrayó la importancia de mantener la conectividad de los residentes del occidente de Bogotá, evitando su aislamiento.En relación con las críticas de la exalcaldesa Claudia López sobre la ampliación de la ALO Norte, Quintero explicó que los estudios de flujo vehicular justifican la necesidad de mantener seis carriles, cuatro para vehículos particulares y dos para transporte público.“Los análisis de flujo vehicular sobre ese sector de la ciudad nos indican que la ALO se tiene que mantener en su trazado original”, puntualizó Quintero.El diseño de la ALO NorteEl secretario de Gobierno también habló sobre los estudios y diseños para la ALO Norte y el multicampus, esperando dejarlos listos al final de la administración actual. “Esperamos dejarlos listos al final de la administración y que ahí mismo arranque la construcción”, afirmó.En cuanto al financiamiento, Quintero reconoció la necesidad de recursos del gobierno nacional para completar ambos proyectos.“Tenemos algunas fuentes seguras y tenemos que buscar algunas otras fuentes alternativas de financiación. Mantendremos una conversación constante con el gobierno nacional para lograr el cierre financiero de estos proyectos”, indicó.Rediseño del Corredor VerdeOtro tema que quedó en el plan de desarrollo es el rediseño del Corredor Verde en la Carrera Séptima, una propuesta bandera de la exalcaldesa Claudia López. Quintero señaló que la administración actual busca recuperar el flujo para vehículos particulares en esa vía, justificando el cambio por la demanda de transporte.“Queremos preservar el flujo vehicular particular continuo”, explicó.
Al cumplirse un mes del sísmico terremoto del pasado 10 de agosto, las autoridades territoriales y gubernamentales han presentado un panorama crítico de los daños y los inmensos desafíos económicos que implica la reconstrucción. El saldo de la emergencia abarca cientos de víctimas mortales, cientos de miles de familias afectas e infraestructura colapsada en departamentos como Valle del Cauca, Risaralda y Chocó.Valle del Cauca: miles de viviendas destruidas y aulas temporales en carpasEl Valle del Cauca registra una de las situaciones más graves, con un saldo de 223 personas fallecidas, 314.798 afectados y 151.000 familias golpeadas por la tragedia. De acuerdo con la gobernación, el evento dejó 87.000 viviendas averiadas, 24.000 colapsadas y 220 escuelas destruidas. Para mitigar la interrupción escolar, cerca de 15.000 estudiantes están asistiendo a clases en carpas.La gobernadora del departamento, Dilian Francisca Toro, explicó en Mañanas Blu, que se ha implementado un esquema de autoconstrucción asistida en municipios como Roldanillo. La mandataria señaló: "no los vamos a dejar Solos damos los materiales, pero además tenemos el maestro de obra, el alcalde pone el oficial y la gente, los dueños de la casa también colaboran y aportan en esa construcción de su casa". Asimismo, subrayó la dimensión humana de la respuesta institucional: "no se trata solo de levantar paredes, es hacer también una reconstrucción de sueños, de esperanzas". No obstante, admitió la limitación financiera local: "se nos agota la capacidad nuestra, no da para poder hacer todo lo que se generó".Pereira y Cali: desafíos urbanos y sobrecostos billonariosEn Risaralda, la ciudad de Pereira reporta 109 fallecidos, 110.000 personas damnificadas y 24.000 viviendas desalojadas debido a daños estructurales graves. El alcalde de la capital risaraldense, Mauricio Salazar, destacó la actitud de la población afirmando: "Acá los pereiranos lo que tenemos es amor por esta ciudad y por supuesto que nos caracteriz nos caracteriza el civismo lideraz la resiliencia". No obstante, advirtió que la reconstrucción local requerirá alrededor de 10 billones de pesos y puntualizó: "las posibilidades reales de reconstrucción están en manos del gobierno nacional a través del Fondo Milagro".Por su parte, la ciudad de Cali enfrenta la atención de más de 40.000 familias damnificadas y la evaluación de más de 100 edificios evacuados, con un presupuesto estimado para la reconstrucción urbana entre 10 y 15 billones de pesos. El alcalde Alejandro Eder enfatizó la complejidad del proceso manifestando que "esto es una maratón de 4 años por lo menos", mientras confirmó que "en Cali seguimos distribuyendo 20 toneladas diarias de ayuda humanitaria".Quibdó y Chocó: estabilización del terreno y golpe al comercioEn el departamento de Chocó se confirmaron 13 personas muertas tras el sismo, junto con delicados procesos de remoción en masa y laderas fracturadas. En Quibdó, el impacto económico alcanza a más de 600 comerciantes y negocios afectados, lo que derivó en la suspensión de los eventos artísticos y culturales de las fiestas patronales de San Pacho.El alcalde de Quibdó, Rafael Bolaños, precisó las urgencias técnicas requeridas antes de levantar edificaciones: "antes de empezar a reconstruir como tal, debemos estabilizar la ciudad". Igualmente, hizo un llamado para disponer de maquinaria pesada y personal capacitado, remarcando que "este es el momento de construir bien, de que podamos levantar las las viviendas que sean sismos resistentes".Escuche aquí la entrevista:
Un mes después de que un terremoto de 7,4 grados en Colombia causara 331 muertos, 4.500 heridos, al menos 111 desaparecidos y 466.700 afectados, persisten las necesidades sanitarias, de salud mental y alojamiento en las comunidades más afectadas, advirtió la Cruz Roja.Aunque las operaciones de rescate han concluido en la mayoría de las zonas, "las personas afectadas por el terremoto necesitan atención sanitaria para prevenir complicaciones derivadas de enfermedades crónicas o de interrupciones en los calendarios de vacunación", indicó en un comunicado la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR).También requieren apoyo psicosocial para ayudarles a afrontar las consecuencias del trauma, y acceso a alimentos, productos de higiene y otros bienes esenciales, agregó la federación."A medio y largo plazo las comunidades afectadas necesitarán apoyo para recuperar sus medios de vida, reconstruir su resiliencia y reforzar la preparación ante futuras emergencias y desastres", indicó FICR.En el mes transcurrido desde el terremoto, 1.844 voluntarios y trabajadores de la Cruz Roja Colombiana distribuyeron más de 3.600 toneladas de ayuda humanitaria y llevaron a cabo más de 5.300 intervenciones para brindar apoyo sanitario.La federación internacional hizo en agosto un llamamiento de emergencia por valor de 25 millones de francos suizos (30 millones de dólares) para ampliar la capacidad de la Cruz Roja Colombiana sobre el terreno.
Preocupación hay en Barrancabermeja por la aplicación de la Resolución 101120 de 2026 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), que establece un programa transitorio para incentivar el ahorro de energía durante el fenómeno de El Niño y contempla cobros adicionales para quienes superen su consumo promedio histórico.La medida establece una meta individual para cada usuario, calculada con base en el comportamiento que ha tenido en el consumo de energía. Cuando el gasto supera en más de un 10 % esa referencia, se genera un cobro adicional sobre el consumo que exceda la meta establecida que puede llegar hasta el 70% más del valor habitual.En Barrancabermeja, desde Fenalco han advertido que esta disposición podría generar dificultades para hogares y establecimientos comerciales, debido a las altas temperaturas que se registran en el municipio y que hacen necesario utilizar con mayor frecuencia ventiladores, aires acondicionados y equipos de refrigeración.Martín Porras, de Fenalco Barrancabermeja, pidió que se tenga en cuenta esta condición climática y que el porcentaje permitido de consumo sea mayor para los territorios donde las temperaturas son más elevadas.“Nuestros consumos son mayores con respecto a otros climas, a otras ciudades”, señaló Porras, al explicar que en Barrancabermeja se registran temperaturas de entre 38 y 40 grados.La propuesta de Fenalco es que el margen de consumo permitido pase del 120 % al 130 %, con el fin de que los usuarios de zonas de altas temperaturas tengan un mayor margen antes de que se generen cobros adicionales.Según Porras, la solicitud no busca desconocer la necesidad de ahorrar energía, sino que las condiciones particulares de cada territorio sean consideradas al momento de aplicar la medida.“Lo más justo” sería, según explicó, que el porcentaje de consumo permitido no sea igual para todas las ciudades, sino que tenga en cuenta factores como las temperaturas que enfrenta cada región.La preocupación se extiende a otras ciudades del país que, de acuerdo con Fenalco, también han planteado la necesidad de revisar la aplicación de esta medida y establecer condiciones diferenciales para los territorios donde el clima obliga a mantener un mayor consumo de energía.
Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este miércoles, 9 de septiembre de 2026:Ricardo Bustos, director de la agrupación 'Los Alfa 8', habló de la adaptación de la canción 'El beneficio de la duda' a la salsa y cómo decidieron realizar esa transformación.En la sección 'Tutoriales radiales', la abogada Paola Suárez explicó a los oyentes cómo se pueden superar los líos jurídicos relacionados con viviendas afectadas por el terremoto.
La Superintendencia de Industria y Comercio reveló un presunto esquema de corrupción contractual que habría operado en 2021 en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Metroparques, relacionado con la contratación para el mantenimiento y operación del Parque de las Aguas, durante la administración de Daniel Quintero.De acuerdo con el informe de la Delegatura para la Protección de la Competencia, se habría utilizado contratos interadministrativos para evitar procesos de selección competitivos y posteriormente direccionar al menos ocho invitaciones privadas hacia determinados proveedores.Por ello, la SIC puso bajo la lupa algunos contratos mediante los cuales el Área Metropolitana habría canalizado más de $15.748 millones hacia Metroparques. Según el organismo, esta última entidad no contaba con la experiencia ni la capacidad técnica necesaria para ejecutar directamente las actividades contratadas.El informe señala que Metroparques habría terminado subcontratando el 100 % de los requerimientos, sin ejecutar directamente las obras o actividades técnicas. A cambio, habría cobrado una comisión cercana al 8 % por la administración de los recursos, que representó aproximadamente $1.368 millones, lo que para la SIC habría generado un costo adicional e innecesario, es decir, un detrimento patrimonial.Entre las empresas señaladas aparecen Comercializadora JPino, 1Soluciones y Constru Americana, mismas que, presuntamente, no tendrían la capacidad técnica, operativa o financiera requerida para desarrollar los trabajos.El informe fue notificado a las entidades y personas involucradas y será trasladado a la Fiscalía General de la Nación y a la Contraloría General de la República para que, dentro de sus competencias, determinen las eventuales responsabilidades penales y fiscales.La SIC, por su parte, recomendó sanciones contra quienes habrían colaborado, facilitado, ejecutado o permitido las conductas investigadas en un proceso que se suma a las investigaciones que ya adelantan las autoridades por presuntas irregularidades en la contratación del Parque de las Aguas.