La Secretaría Distrital de Gobierno anunció que las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (NARP) de Bogotá participarán en la elección de la nueva Comisión Consultiva Distrital, instancia destinada a fortalecer la representación y participación de estas comunidades en asuntos relacionados con sus derechos y necesidades.La jornada electoral está programada para los días 9 y 10 de octubre de 2026, desde las 8:00 de la mañana. La Administración Distrital informó que el lugar donde se desarrollará el proceso será anunciado próximamente. La Secretaría de Gobierno, a través de la Dirección de Asuntos Étnicos y la Subdirección de Asuntos para las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, acompañará la organización y desarrollo de la elección.La Comisión Consultiva Distrital funciona como un espacio de participación y representación de las comunidades NARP ante la institucionalidad distrital. Su propósito es facilitar el diálogo entre estas comunidades y el Gobierno de Bogotá, así como contribuir a la formulación de acciones que atiendan sus necesidades y garanticen sus derechos.El proceso hace parte de la elección de las instancias consultivas de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras que se desarrolla en el país, siguiendo los lineamientos establecidos por el Ministerio del Interior.La Secretaría de Gobierno señaló que la información oficial sobre la convocatoria y las condiciones para participar será divulgada a través de canales institucionales, medios de comunicación, emisoras comunitarias, redes sociales y carteleras de las alcaldías locales. Por ahora, el Distrito no ha informado el lugar exacto de la jornada.
La Alcaldía de Bogotá busca ponerle freno a la mala práctica de miles de personas en la ciudad, en especial para aquellos que botan sus escombros en la calle, andén o cualquier espacio público y, por eso, para manejar esta situación con la basura en la ciudad, según la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, esto podría salirle a una persona en una multa cercana a un millón de pesos.“Arrojar escombros, muebles, colchones, madera, residuos de construcción o elementos voluminosos en el espacio público no solo afecta el entorno, la seguridad y la convivencia: también puede generar una multa de cerca de un millón de pesos”, explicaron desde la Secretaría.De acuerdo con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, toda persona que bote estos escombros tendrá una multa tipo cuatro, la cual se encuentra en 933.816 pesos, asimismo, podrían ser llamados a participar en programas comunitarios o actividades pedagógicas.“Vale recordar que transcurridos seis meses desde la imposición de la multa y ésta no ha sido pagada con sus respectivos intereses, el ciudadano enfrentará restricciones legales hasta ponerse al día. Entre las principales limitaciones está que no podrá ser nombrado ni ascendido en un cargo público, no podrá acceder a permisos otorgados por alcaldías para la venta de bienes, no podrá contratar ni renovar contratos con entidades del Estado, entre otros”, añadieron.Este tipo de medidas buscan mejorar el espacio público en la ciudad y que no se convierte en el “basurero” de miles de personas, así poder tener en control de residuos que permitan las calles limpias y un mejor sistema.Asimismo, el Distrito podrá disponer, a través de la línea 110, de una recolección personalizada de sus elementos sin necesidad de botarlos en la calle y totalmente gratis. Otra alternativa son los 310Ecopuntos móviles que la UAESP ubica en la ciudad cada mes.
Un centro estético ubicado en el barrio La Castellana, en la localidad de Barrios Unidos, Bogotá, fue clausurado por las autoridades luego de que, durante un operativo de inspección, encontraran graves irregularidades sanitarias, entre ellas desechos biológicos en los ductos del establecimiento.La intervención fue encabezada por la Secretaría Distrital de Gobierno, con el apoyo de la Secretaría de Salud, la Alcaldía Local de Barrios Unidos y la Policía Metropolitana de Bogotá, tras una denuncia ciudadana que alertó sobre el funcionamiento del lugar.Según explicó a Blu Radio el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, cuando los funcionarios llegaron al establecimiento sus responsables no permitieron el ingreso de inmediato. De acuerdo con la administración distrital, durante ese tiempo intentaron realizar labores de limpieza antes de la inspección.Una vez las autoridades lograron ingresar al inmueble con apoyo de la Policía, encontraron múltiples irregularidades relacionadas con el funcionamiento del centro estético."Una denuncia ciudadana nos avisa de personas saliendo de este lugar. Llegaron los equipos de la Alcaldía Local de Barrios Unidos, de la Secretaría de Salud, y en efecto no tiene letrero, no tiene papeles en regla. Logramos entrar gracias a la Policía y adentro nos encontramos todo tipo de irregularidades", señaló el secretario de Gobierno.Durante la inspección también fueron hallados desechos biológicos en los ductos del establecimiento. Además, las autoridades manifestaron que, según las primeras verificaciones, al parecer los residuos generados durante los procedimientos estéticos terminaban siendo vertidos al sistema de alcantarillado, situación que será objeto de las investigaciones correspondientes.Las autoridades indicaron que el establecimiento fue suspendido por 10 días, debido a que no contaba con la documentación exigida para operar y presentaba condiciones sanitarias que motivaron su cierre inmediato.La Secretaría Distrital de Gobierno señaló que este tipo de operativos continuarán en diferentes sectores de la ciudad con el fin de verificar que los centros estéticos y establecimientos similares cumplan con las normas de funcionamiento, los requisitos sanitarios y las condiciones necesarias para proteger la salud de los usuarios.Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto:
La era de Gustavo Petro terminará con una caída del 21% en las exportaciones mineras, un desplome del 88% en la inversión extranjera directa y la pérdida de más de 14.000 empleos en la explotación de carbón tras cuatro años de fuertes disputas entre el gobierno y el sector privado.El Gobierno actual se opuso a la explotación del carbón desde el primer momento y declaró como objetivo económico transitar hacia una economía libre de fósiles, algo que intentó llevar a la práctica con múltiples estrategias incluyendo aumentos de impuestos al sector, una regulación más estricta y la prohibición de vender carbón a Israel. Sin embargo, ahora que el poder quedará en manos del derechista Abelardo de la Espriella, la expectativa del sector es que lleguen vientos de cambio."Esto hubiera sido, podido ser muchísimo más profundo si la asociación y el gremio no hubiera contenido estos 4 años todo lo que contuvo. Aquí está el sector todavía vivo, aquí está el sector todavía vivo para apostarle a esos próximos 4 años en los cuales hay muchísimo, muchísimo que hacer entre todos los sectores económicos y mucho que aportar entre todos para reconstruir la confianza en el país y, por supuesto, a través del desarrollo de los sectores, apostarle a estabilizar las finanzas públicas y generar oportunidades a los colombianos", dijo a Blu Radio el presidente de la ACM ( Asociación Colombiana de Minería) Juan Camilo Nariño.Y es que durante estos cuatro años la asociación tuvo que emitir al menos 800 documentos técnicos para responder a lo que considera fue una presión regulatoria sin precedentes.Nariño estima que el gobierno entrante podría llegar a atraer unos 2.600 millones de dólares en inversiones solo con destrabar un puñado de proyectos, especialmente en cobre, que están pendientes de trámites, licencias y apoyo. Mientras tanto las inversiones en exploración de minerales podrían llegar a representar unos 200 millones de dólares por año si se dan las condiciones para atraer inversionistas y darles confianza. Los proyectos están centrados en la explotación de oro y de cobre, este último considerado uno de los minerales más importantes para la transición energética y la electrificación.
La Secretaria de Gobierno encendió las alarmas tras los disturbios registrados este viernes en la calle 72, luego de evidenciar el uso de elementos de alta peligrosidad que, según las autoridades, no se habían detectado en protestas anteriores.“Si bien hoy se presentaron desmanes en la calle 72, la dinámica de los violentos fue diferente”, señaló Gustavo Quintero.En ese sentido desde la administración Distrital aseguran que durante los enfrentamientos fueron hallados artefactos con componentes similares a metralla, situación que llevó al Distrito a advertir sobre un cambio en la forma de actuar de los grupos que protagonizaron los desmanes.De acuerdo con Gustavo Quintero, las autoridades consideran que detrás de los hechos violentos existiría un nivel de coordinación previo, debido a la manera en que se desarrollaron los ataques y a los elementos utilizados durante la jornada.La situación se presentó en inmediaciones de la Universidad Pedagógica Nacional, donde el rector, Helberth Choachí, manifestó preocupación por la posible presencia de personas ajenas a la comunidad universitaria participando en los disturbios.“Frente a la denuncia del rector de la Universidad Pedagógica sobre presunta presencia de individuos sospechosos y externos a la Universidad Pedagógica, la Administración Distrital dispuso equipos y agotó rápidamente las etapas que activan el uso de la fuerza. La intervención de la UNDMO, que finalizó a las 3:28, estuvo orientada a la protección de los estudiantes y el campus”, señaló Quintero.
Con velas en mano y en medio de un ambiente de indignación, habitantes del occidente de Bogotá se reunieron en una manifestación pacífica para rechazar los hechos ocurridos en la noche del 11 de abril en una carnicería del sector, donde un joven empleado resultó herido por arma de fuego.De acuerdo con la comunidad, dos hombres armados ingresaron al establecimiento, robaron el dinero del día y dispararon contra el trabajador, quien, según versiones preliminares, tendría 19 años. El caso dejó indignados a los habitantes del barrio, donde los residentes aseguran que los robos se han vuelto casi diarios.La protesta se concentró en el Parque Central de Occidente Dos, en la localidad de Engativá, donde los asistentes realizaron una velatón y exigieron mayores garantías de seguridad.Entre sus principales reclamos está la instalación de un CAI en la zona, ya que denuncian que no cuentan con presencia policial cercana y que la respuesta del cuadrante es tardía.Manifestaciones en Bogotá generaron bloqueos en la calle 80TransMilenio informó que durante la jornada se registraron bloqueos intermitentes sobre la calle 80, a la altura de la carrera 114. Aunque hubo momentos en los que la vía fue liberada, los manifestantes retomaron la restricción como medida de presión.La empresa de transporte indicó que varias rutas tuvieron que hacer desvíos, entre ellos los servicios:1-2 Garcés Navas1-3 Villas Granada1-4 Cortijo1-5 Colsubsidio1-6 Bolivia Oriental1-8 Calle 801-10 Bolivia Bochica II.La ruta dual DL81 hizo retornos desvíos en la carrera 107.Hacia las 9:34 p.m., los manifestantes despejaron la vía, lo que permitió la reanudación progresiva de la operación habitual.Por su parte la Secretaría de Gobierno manifestó que funcionarios y autoridades adelantaron labores de sensibilización para mitigar el impacto en la movilidad y propusieron la instalación de una mesa de diálogo con entidades distritales, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Alcaldía Local de Engativá para atender las demandas ciudadanas.La comunidad insiste en que estas manifestaciones buscan evitar que hechos como el ocurrido se repitan y piden acciones concretas que garanticen la seguridad en el sector.
Se aproximan las primeras jornadas electorales del año y, en ese contexto, miles de ciudadanos se desplazarán a los puestos de votación para participar en la elección de los integrantes de las dos cámaras del Congreso de la República correspondientes al periodo 2026-2030.En el caso del Senado, se escogerán 103 senadores, mientras que en la Cámara de Representantes se elegirán 183 congresistas. No obstante, para que las personas habilitadas puedan ejercer su derecho al voto es obligatorio presentar el documento de identidad vigente.Esta exigencia puede convertirse en una dificultad para quienes hayan extraviado su cédula, ya que, si solicitaron un duplicado, el proceso de entrega puede tardar alrededor de 20 días antes de recibir el nuevo documento, por lo que, posiblemente, los afectados no logren votar en las elecciones del 8 de marzo.Cuando la cédula de ciudadanía se pierde en Bogotá, existe la posibilidad de que haya sido entregada al Banco de Documentos Extraviados, administrado por la Secretaría de Gobierno.Antes de iniciar el trámite para obtener un duplicado, se recomienda verificar en el sistema del banco, ya que el documento puede recuperarse sin ningún costo. De acuerdo con la Secretaría de Gobierno, cada semana llegan miles de documentos extraviados a esta entidad.Con corte al 14 de febrero del presente año, se reportan 2.480 documentos bajo custodia, de los cuales 1.631 corresponden a cédulas de ciudadanía que aún esperan ser reclamadas por sus propietarios.¿Cómo consultar y recuperar la cédula en el Banco de Documentos Extraviados?A continuación, se detalla el procedimiento para reclamar la cédula u otro documento perdido que se encuentre en el banco de la entidad:Ingresar al sitio web oficial de la Secretaría de Gobierno.Verificar en la plataforma si la cédula se encuentra registrada.Realizar el registro y programar una cita.Acudir personalmente a la sede ubicada en la calle 11 # 8-17 para reclamar el documento.Es fundamental precisar que el trámite para recuperar la cédula es completamente gratuito, no requiere intermediarios ni implica pagos adicionales. Asimismo, las personas deben presentar una copia de algún documento que permita confirmar su identidad.La mayoría de las cédulas que llegan al banco lo hacen gracias a la solidaridad de los bogotanos; sin embargo, estos documentos solo se conservan durante un periodo máximo de 60 días.
Diciembre avanza sin pausa y llega con una oportunidad clave para quienes planean iniciar estudios en 2026. La Secretaría de Gobierno de Bogotá y la Alcaldía de Soacha anunciaron una convocatoria conjunta para entregar 100 becas virtuales en áreas ‘tech’ y económicas, las más demandadas hoy por el mercado laboral colombiano.En total, serán 50 becas para Bogotá y 50 para Soacha, otorgadas en alianza con EDUCA EDTECH Group, con el objetivo de facilitar el acceso a educación superior sin importar la capacidad económica de los aspirantes.Tatiana Fuentes, gerente de Operaciones de EDUCA EDTECH Group, explicó que con esta iniciativa se busca apoyar a quienes quieren iniciar un pregrado en 2026 o actualizar su perfil profesional en las áreas con mayor valoración empresarial. Las becas aplican para pregrados, maestrías y doctorados completamente virtuales.¿Cómo aplicar a las becas?Los interesados podrán postularse hasta el 20 de diciembre ingresando a www.alcaldiascol.com, eligiendo Bogotá o Soacha y cargando su hoja de vida, documento de identidad y diploma de bachiller (para pregrado) o título universitario (para maestría o doctorado).No habrá puntajes mínimos, entrevistas ni filtros adicionales.La convocatoria incluye 40 becas de pregrado, 40 de maestría y 20 de doctorado, respaldadas por universidades internacionales como E-Campus University (Italia), Universidad UDAVINCI (México) y Unimiami International University (Estados Unidos). Las clases iniciarán en enero, en modalidad virtual.Oferta académicaLos pregrados más demandados por su salida laboral incluyen: Marketing Digital, Ingeniería de Internet de las Cosas, Ingeniería en Seguridad Informática e Ingeniería de Software.En maestrías sobresalen programas como Ciberseguridad, Data Science, Project Management, Energías Renovables, Eficiencia Energética y Sostenibilidad, Ciudades Inteligentes Sostenibles e Inteligencia Artificial.La oferta de doctorados incluye Administración y Sistemas Computacionales.Los tiempos de formación serán de tres años para pregrados, un año para maestrías y tres años para doctorados.Los títulos son susceptibles de convalidación en Colombia. Para ello, los beneficiarios deberán apostillar sus diplomas y realizar el trámite ante el Ministerio de Educación Nacional. EDUCA EDTECH Group acompañará el proceso.La convocatoria ya está abierta y las autoridades locales esperan una alta participación, especialmente de jóvenes y profesionales que buscan dar un salto académico en 2026.
La Alcaldía Mayor de Bogotá dio inicio al Primer Congreso de la Bogotaneidad, un espacio que busca reflexionar sobre la identidad, la cultura ciudadana y el sentido de pertenencia en la capital. Bajo el lema “Bogotá se piensa para transformar”, este encuentro reúne a académicos, artistas, líderes sociales y ciudadanos para debatir sobre el papel de la 'bogotaneidad' en la construcción de una ciudad más incluyente, solidaria y sostenible.El evento, organizado por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, se llevará a cabo durante varios días con conferencias, paneles y talleres en los que se abordarán temas como el reconocimiento de la diversidad, la convivencia, el espacio público y la memoria colectiva. La iniciativa busca que los bogotanos se reconozcan como parte de una comunidad diversa, donde el respeto por las diferencias sea el punto de partida para el desarrollo social.Durante la apertura, el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, destacó que este congreso es una oportunidad para “repensar quiénes somos como ciudadanos, cómo nos relacionamos y qué valores queremos proyectar como capital del país”. Asimismo, invitó a los asistentes a aportar desde sus experiencias a la construcción de una nueva narrativa de ciudad basada en el cuidado, la empatía y la corresponsabilidad.El Congreso de la Bogotaneidad forma parte de la estrategia distrital “Bogotá se piensa para transformar”, un proceso de diálogo ciudadano que busca fortalecer la cultura ciudadana y el sentido de pertenencia en cada una de las localidades. De esta manera, la administración distrital reafirma su compromiso con la promoción de una ciudad más humana, donde las diferencias culturales y sociales sean motivo de encuentro y no de división.Con este congreso, Bogotá da un paso importante hacia la consolidación de una identidad colectiva que refleje la riqueza y pluralidad de sus habitantes. Se espera que las conclusiones del encuentro sirvan como base para futuras políticas públicas de cultura ciudadana y convivencia, que contribuyan a fortalecer el tejido social y la transformación positiva de la capital.
El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, afirmó en una entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu que hay suficiente tierra para construir tanto el multicampus universitario como la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO Norte). Esta declaración se produce tras la reciente decisión del Concejo de Bogotá de revivir el proyecto de la ALO Norte, una avenida cuyo desarrollo fue detenido durante la administración de Claudia López.Al respecto, el presidente Gustavo Petro expresó su desacuerdo con la decisión del Consejo de Bogotá mediante su cuenta de X, donde criticó la autorización del trazado original de la autopista ALO Norte. Petro afirmó que este proyecto pondría en peligro la reserva forestal del norte y eliminaría la construcción del multicampus universitario en Suba, lo que rompería el compromiso establecido con la nación para mejorar la educación superior pública en esa localidad.Sin embargo, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, sostuvo que ambos proyectos son viables y que el plan de desarrollo de Bogotá contempla la construcción de la ALO Norte y el multicampus.“Lo que nosotros estamos proponiendo desde el Plan de desarrollo es multicampus y ALO. Las dos cosas. Ahí se presenta un falso dilema”, dijo Quintero.El proyecto inicial del multicampus se ubicaba sobre el trazado original de la ALO Norte. Con el nuevo diseño, se ha decidido mantener la vía en su trazado original y desplazar el multicampus a otros predios en la misma zona, según informó el secretario.“El diseño cambia, pero la idea original de tener un multicampus, una oferta educativa en el borde noroccidental de la ciudad, sigue firme”, explicó Quintero.En cuanto a las 13,000 viviendas que se iban a construir en ese sector bajo un contrato con la constructora Las Galias, Quintero indicó que dicho contrato está siendo reevaluado. “Tenemos que hablar ahora con Las Galias para ver cuál es la mejor forma de salir del contrato”, mencionó.El impacto que tendrá la ALO NorteLa comunidad de Suba, que supera el millón de habitantes, ha mostrado preocupación tanto por la movilidad como por las promesas de nuevos equipamientos educativos y de salud. Quintero aseguró que estas promesas se mantendrán: “Vamos a seguir con esa idea porque esa población necesita atención”. Además, subrayó la importancia de mantener la conectividad de los residentes del occidente de Bogotá, evitando su aislamiento.En relación con las críticas de la exalcaldesa Claudia López sobre la ampliación de la ALO Norte, Quintero explicó que los estudios de flujo vehicular justifican la necesidad de mantener seis carriles, cuatro para vehículos particulares y dos para transporte público.“Los análisis de flujo vehicular sobre ese sector de la ciudad nos indican que la ALO se tiene que mantener en su trazado original”, puntualizó Quintero.El diseño de la ALO NorteEl secretario de Gobierno también habló sobre los estudios y diseños para la ALO Norte y el multicampus, esperando dejarlos listos al final de la administración actual. “Esperamos dejarlos listos al final de la administración y que ahí mismo arranque la construcción”, afirmó.En cuanto al financiamiento, Quintero reconoció la necesidad de recursos del gobierno nacional para completar ambos proyectos.“Tenemos algunas fuentes seguras y tenemos que buscar algunas otras fuentes alternativas de financiación. Mantendremos una conversación constante con el gobierno nacional para lograr el cierre financiero de estos proyectos”, indicó.Rediseño del Corredor VerdeOtro tema que quedó en el plan de desarrollo es el rediseño del Corredor Verde en la Carrera Séptima, una propuesta bandera de la exalcaldesa Claudia López. Quintero señaló que la administración actual busca recuperar el flujo para vehículos particulares en esa vía, justificando el cambio por la demanda de transporte.“Queremos preservar el flujo vehicular particular continuo”, explicó.
La vivienda turística en Medellín se ha consolidado como una industria que mueve cerca de $76.000 millones mensuales, en medio del crecimiento de las rentas cortas y el alojamiento para visitantes.En Antioquia hay más de 15.143 propiedades listadas, cifra que representa cerca del 22 % de la oferta nacional, según cálculos de Confecámaras con base en datos del Registro Nacional de Turismo (RNT).Ante este panorama, la ciudad enfrenta el reto de lograr que el crecimiento de la oferta esté acompañado por mayores niveles de formalización, profesionalización y estándares para la operación de los alojamientos turísticos.Por tercera ocasión, la Asociación Colombiana de Prestadores de Servicios Turísticos (ASOHOST) y la Secretaría de Turismo y Entretenimiento de Medellín lanzarán el programa INN Host Medellín.La iniciativa ofrece formación gratuita para 150 prestadores de servicios turísticos que, en conjunto, podrían representar más de 1.000 Registros Nacionales de Turismo activos. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de septiembre.Los interesados deberán contar con un RNT vigente y desarrollar actividades relacionadas con vivienda turística, rentas cortas u oficinas de representación turística en Medellín. El programa comenzará el próximo 13 de octubre.Juan Camilo Vargas, director de ASOHOST, señaló que Medellín atraviesa una transformación en este sector y destacó la necesidad de avanzar en la profesionalización de quienes participan en el mercado de vivienda turística.“Medellín es hoy uno de los mercados más dinámicos del país en vivienda turística, pero ese crecimiento exige más profesionalización y mejores estándares de operación”, afirmó Vargas.El programa contempla capacitación en el marco regulatorio de la vivienda turística en Colombia, aspectos fiscales y contables, preparación de propiedades, tecnologías avanzadas e inteligencia artificial aplicada a la gestión de alojamientos.También incluye formación en finanzas estratégicas para proyectos de alojamiento y herramientas orientadas a mejorar la operación y la rentabilidad de los establecimientos turísticos.Entre los beneficios para los participantes están el acceso durante un año a una plataforma de aprendizaje, un manual digital interactivo, certificaciones impresas y tecnologías para la gestión de rentas cortas.La formación también contempla herramientas como un PMS, un channel manager, una plataforma de experiencias turísticas con inteligencia artificial y el Sello Vivienda Turística Responsable.Este distintivo busca acreditar ante autoridades, plataformas digitales e inversionistas el cumplimiento legal de los operadores que hacen parte de la iniciativa.Desde ASOHOST señalaron que la profesionalización también busca prevenir problemas asociados con la informalidad, las malas prácticas, la convivencia y la pérdida de confianza en el sector.En materia de rentabilidad, las estimaciones ubican el retorno neto entre el 8 % y el 12 % en zonas de alta demanda como El Poblado, específicamente Provenza.En estos sectores, los ingresos brutos mensuales por unidad pueden alcanzar los $16 millones, mientras que en zonas como Laureles-Estadio las rentabilidades netas estimadas están entre el 6 % y el 9 %.La dinámica de este mercado también ha impulsado la expansión del modelo hacia otros municipios del Valle de Aburrá, como Envigado y Sabaneta, y más recientemente hacia diferentes sectores del Oriente antioqueño.El crecimiento de la vivienda turística se suma al comportamiento del turismo en Medellín. Durante 2025, la ciudad registró cerca de $4 billones en gasto turístico medido mediante transacciones con tarjeta.De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, esas operaciones representaron alrededor de 16 millones de transacciones. Debido a que Credibanco procesa aproximadamente el 45 % de los pagos con tarjeta, el Distrito estimó que el gasto turístico total podría acercarse a $9 billones.La cifra estimada no incluye los pagos realizados en efectivo, por lo que el impacto económico del turismo en la ciudad sería mayor al registrado mediante las transacciones con tarjeta.Para ASOHOST, la profesionalización es clave para que la industria de vivienda turística continúe creciendo con responsabilidad y mejores estándares de servicio.El proceso busca que los prestadores conozcan la normativa, cumplan sus obligaciones, mejoren la atención a los huéspedes, incorporen tecnología y gestionen de manera más eficiente sus ingresos.La iniciativa plantea además la necesidad de diferenciar entre los operadores que cumplen las reglas y aquellas prácticas que pueden generar impactos negativos en la convivencia, el mercado inmobiliario o la seguridad.En ese contexto, ASOHOST considera que la profesionalización de los actores de la vivienda turística es una de las principales herramientas para acompañar el crecimiento de esta industria en Medellín y Antioquia.
La Corte Suprema de Justicia puso un nuevo límite a la forma en que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tramita los procesos judiciales de protección al consumidor. La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural determinó que la entidad debe admitir obligatoriamente el llamamiento en garantía cuando una de las partes lo solicite y se cumplan los requisitos legales.En términos sencillos, el llamamiento en garantía permite que una persona o empresa demandada vincule al mismo proceso a un tercero que podría tener responsabilidad en el problema. Por ejemplo, si un consumidor demanda a una compañía por una falla y esta considera que el daño fue causado por uno de sus proveedores, puede pedir que ese proveedor participe en el mismo juicio y, si corresponde, responda directamente o reembolse el dinero que la empresa tenga que pagar.La Corte señaló que los procesos de protección al consumidor que adelanta la SIC en ejercicio de funciones judiciales deben seguir las mismas reglas procesales que aplican ante los jueces ordinarios. Esto significa que la condición de autoridad administrativa de la SIC no puede convertirse en una razón para limitar las herramientas de defensa que tienen las partes dentro de un proceso judicial.El pronunciamiento también cuestiona la práctica de la SIC y de algunos tribunales que habían rechazado esta figura o restringido su utilización casi exclusivamente a casos relacionados con el sector turístico. Para la Corte, no es jurídicamente válido establecer mediante interpretaciones limitaciones o trabas que no están contempladas expresamente en la ley.Puntualmente, el alto tribunal le exige a la SIC aplicar de manera rigurosa el artículo 24 del Código General del Proceso, norma que establece las reglas para el ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de determinadas autoridades. La Corte busca garantizar que las partes tengan las mismas oportunidades para defenderse, presentar pruebas y ejercer sus derechos, independientemente de que el proceso sea tramitado ante la SIC o ante un juez.El caso que llevó a esta decisión surgió por una tutela presentada por dos empresas constructoras y una sociedad fiduciaria, demandadas ante la SIC por supuestas fallas relacionadas con un inmueble. Las compañías pidieron que fuera vinculada al proceso la empresa encargada de elaborar el estudio de suelos de la obra, pero esa solicitud fue negada.La Corte Suprema protegió entonces su derecho de defensa y ordenó al Tribunal Superior emitir una nueva decisión en la que estudie la vinculación de esa empresa. Con este pronunciamiento, el alto tribunal deja establecido que las posibles responsabilidades entre los distintos integrantes de una cadena de consumo pueden discutirse dentro del mismo expediente, bajo las garantías procesales previstas por la ley.Para los consumidores y ciudadanos, la decisión no elimina ni reduce la responsabilidad que tienen los productores y proveedores frente a sus clientes. La responsabilidad solidaria que establece la ley se mantiene. Es decir, cuando corresponda, el consumidor podrá continuar reclamando frente a los responsables de la cadena de producción o comercialización, aunque durante el proceso se incorpore a otros actores que puedan tener responsabilidades internas.Para las empresas, proveedores, fabricantes, contratistas y demás integrantes de la cadena comercial, el fallo representa la posibilidad de discutir dentro de un mismo proceso quién debe asumir finalmente las consecuencias económicas de una eventual condena. Esto puede evitar que una empresa tenga que iniciar posteriormente otro pleito para intentar recuperar de un proveedor o contratista el dinero que tuvo que pagar al consumidor.
En el marco de la reunión bilateral celebrada en Washington entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de China, Xi Jinping, el diplomático y académico chileno Jorge Heine, exembajador de Chile en China, analizó el alcance de este diálogo políticoEn diálogo con Mañanas Blu, el especialista destacó la dimensión económica de ambos actores, recordando que "entre Estados Unidos y China representan un 44% del producto mundial"A su juicio, la reunión refleja una tregua comercial y una distensión notable entre las dos superpotencias, abriendo un espacio crucial para discutir la estabilidad internacional.Diálogo y distensión en medio de un mundo en policrisisAl abordar la coyuntura geopolítica actual, cruzada por conflictos en Europa y Medio Oriente, Heine contextualizó la importancia de la relación bilateral."Estamos viviendo en un mundo en policrisis", afirmó el exembajador, agregando que "en el corazón de todos estos conflictos está la tensión, está la pugna entre Beijín y Washington. Eso es lo que hace de motor de la política internacional hoy en día".En ese sentido, calificó como una señal positiva la continuidad de los contactos en cumbres como la de APEC en Shenzhen y el G20 en Miami, señalando que "si estas dos potencias se ponen de acuerdo en bajar las tensiones a nivel mundial, todos nos vamos a beneficiar"Asimismo, resaltó el cambio pragmático de Washington, indicando que la Casa Blanca comprendió que "China, la verdad que es un gigante, con China no se juega y ha decidido hacer negocio".La carrera de la inteligencia artificial y el debate de regulaciónUno de los ejes clave de la conversación fue el desarrollo y la competencia en torno a la inteligencia artificial, una tecnología que, según Heine, "está tomando el mundo por asalto".El diplomático valoró el principio de acuerdo para establecer un punto de comunicación permanente que permita reaccionar ante situaciones de riesgo tecnológico.No obstante, hizo hincapié en las marcadas diferencias de enfoque entre ambas potencias al momento de ejercer control.Por un lado, las grandes tecnológicas estadounidenses plantean "introducir ciertos valores humanos a estos proyectos", mientras que la visión de Pekín consiste en "aplicar sanciones a las empresas y a los ejecutivos de ellas, si es que se pasan de la raya".América Latina frente al "no alineamiento activo"Al analizar la posición estratégica de América Latina entre la iniciativa de la Ruta de la Seda impulsada por China y los proyectos de Washington, Heine describió la vulnerabilidad de la región."América Latina en alguna medida está, como diríamos en Chile, como el jamón del sándwich en esta pugna que se está dando entre China y Estados Unidos", aseveró.Frente a esta encrucijada, el exembajador recomendó la adopción del "no alineamiento activo", postura desarrollada junto al académico Carlos Fortin."El alinearse en este momento con una de las dos grandes potencias en pugna no es una buena idea", concluyó Heine, instando a los países latinoamericanos a preservar su independencia, evaluar las oportunidades de ambas partes y actuar con base en sus propios intereses soberanos.Escuche aquí la entrevista:
“Nuestros arroyos no son basureros”, así lo está dejando muy claro el alcalde Alejandro Char, quien criticó el actuar de esos que dicen querer a Barranquilla y convierten estos cauces y las calles en ríos de basura.A raíz de las impresionantes imágenes que se difundieron esta semana, en las que se observa la trampa del arroyo León con toneladas de neveras de icopor, plásticos y madera, el mandatario se comprometió a “identificar a la empresa responsable de arrojar estos residuos” y tomar “las medidas correspondientes”.Se presume que los desechos de icopor estarían siendo arrojados justamente por empresas dedicadas a reciclaje o chatarrería en el suroccidente de Barranquilla; sin embargo, la advertencia también va para los ciudadanos del común: todo a aquel que se le demuestre que arrojó basuras a cuerpos de agua o bienes de carácter público se le impondrá multas.Estas multas son de 16 salarios mínimos diarios legales vigentes, que equivalen a $976.673 por cada infractor individualizado, y el procedimiento será adelantado ante los inspectores de Convivencia y Paz.Entretanto, la Agencia Distrital de Infraestructura continúa la limpieza de los arroyos. Dice el gerente de la ADI, Jose Luis Romero, gerente de ADI, que en lo corrido del 2026 han limpiado 15 kilómetros de arroyos en Barranquilla, incluido el arroyo León que se hizo viral esta semana y es uno de los más contaminados.“En la trampa de basura hemos recogido en todo este año 4.421 toneladas de basura, la cual ha sido depositada en nuestro relleno sanitario de Los Pocitos. También iniciamos todas las limpiezas de varios arroyos en Barranquilla, como Bicentenario, Las Malvinas, entre otros arroyos que tenemos en la ciudad”, informó Romero.Los ciudadanos pueden denunciar a cualquier persona o empresa que esté arrojando basuras, llamando a la línea 123 de la Policía o a la línea 116 de la empresa Triple A. Y en ese mismo contacto de la empresa de aseo pueden solicitar la recolección de residuos voluminosos o de gran tamaño, cuando lo requiera.Memorando de entendimiento Frente a una problemática global en la que cientos de miles de toneladas de plástico ingresan a los océanos del mundo a través de los ríos cada año, la Alcaldía de Barranquilla y The Ocean Cleanup, organización internacional sin ánimo de lucro, han formalizado la firma de un Memorando de Entendimiento, como parte de los esfuerzos internacionales para proteger las cuencas hídricas, mitigar la contaminación ambiental y salvaguardar los ecosistemas del Caribe colombiano.Este acuerdo conjunto con Barranquilla busca implementar soluciones tecnológicas de barrera e ingeniería ambiental diseñadas a la medida para frenar el flujo de residuos plásticos directamente en la fuente.La estrategia de protección hídrica abordará dos frentes de acción fundamentales en el Atlántico mediante el despliegue de los sistemas flotantes interceptores desarrollados por esa organización.Entre las áreas que podrían ser consideradas para la instalación de estas soluciones avanzadas se encuentran algunos cuerpos de agua asociados a la cuenca baja del río Magdalena en su tramo final antes de la desembocadura al mar, así como el Arroyo León, con el objetivo de contribuir a la protección de la ciénaga de Mallorquín y de otros ecosistemas marino-costeros.
Una red dedicada al tráfico de migrantes hacia Estados Unidos quedó al descubierto tras una investigación adelantada por la Policía, la Fiscalía y la agencia estadounidense HSI. La operación, denominada ‘Thunder II’, dejó cinco personas capturadas en diligencias realizadas de manera simultánea en Villavicencio y Mesetas, Meta.Según las autoridades, la organización utilizaba una fachada de turismo para captar a ciudadanos colombianos que buscaban llegar a Estados Unidos. Les ofrecía supuestos paquetes turísticos con destino inicial a México, pero una vez allí eran trasladados hacia la frontera suroeste estadounidense para intentar ingresar clandestinamente por pasos no autorizados.El traslado irregular tenía un costo de entre $10 millones y $15 millones por persona. Las investigaciones establecieron que, desde 2022, la estructura habría facilitado la salida e ingreso irregular de más de 300 migrantes, generando millonarias rentas mediante este mecanismo.La red, además, habría preparado a los viajeros para enfrentar los controles migratorios. De acuerdo con el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol, los integrantes les indicaban qué hacer si eran interceptados por las autoridades estadounidenses.En esos casos, según la investigación, los migrantes eran instruidos para presentar solicitudes de asilo político sustentadas en denuncias falsas, relacionadas con supuestas amenazas de grupos armados organizados en Colombia. Esta estrategia habría sido utilizada para intentar justificar su permanencia en territorio estadounidense.Los cinco capturados son señalados de los delitos de tráfico de migrantes y concierto para delinquir y serán presentados ante un juez de control de garantías para las audiencias de legalización de captura, imputación y solicitud de medida de aseguramiento.La Fiscalía anunció que pedirá medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras continúa el proceso judicial y se establece el papel que habría cumplido cada integrante dentro de la estructura.