La Fiscalía General de la Nación dio a conocer este sábado, 24 de febrero, que seis extrabajadores de Telecom fueron condenados a 6 años de prisión y a una multa de más de 200 millones de pesos por el delito de fraude procesal. Tras casi 15 años, un juzgado penal de Montería, Córdoba, determinó que la tutela interpuesta por los responsables procedió de manera ilegal, lo que afectó el patrimonio de la entidad.El caso inició el 28 de noviembre de 2008, cuando las personas involucradas presentaron dicho mecanismo para exigir el pago de prestaciones sociales y salarios que no se les había reconocido por el fuero sindical y su posterior despido. En consecuencia, Telecom se vio obligada a desembolsar lo requerido por cada petición.Tras esto, el 27 de abril de 2009, los exempleados impusieron otra tutela solicitando una nueva indemnización por parte de la entidad, caso que falló a favor de los demandantes. Posteriormente, la Corte Constitucional revocó esta última decisión, argumentando que las personas indujeron al error al juez y afectaron el patrimonio de la entidad. Acto seguido, se solicitó la devolución de las sumas que ya se les había desembolsado.Con esto, las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación dieron como responsables a Gladys María Montes, Naver Emelson Garrido, Rodrigo Antonio López, Remberto Ballestas, Neftalí Zapata y Benjamín José Corrales de participar en un entramado delincuencial para defraudar a la desaparecida empresa de telecomunicaciones Telecom.
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, informó que el Gobierno ya comenzó el proceso para la venta del 32,5% de su participación en Movistar Colombia, a través de Coltel.Se trata de la banca de inversión que evaluará el costo de estas acciones.“El Gobierno contrató a un consorcio de banca de inversión integrado por el Banco BNP Paribas, Bank of America y Bancolombia para la valoración de las acciones que tiene en Coltel, empresa que opera la telefonía fija y móvil en Movistar, donde la Nación es accionista con 32,5”, explicó Cárdenas.El funcionario argumentó que esta venta se realizará por recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), pues el Gobierno debe ser regulador y no operador en el sector telecomunicaciones. Vea aquí: "Sin Claro, Movistar y Tigo Une, subasta para ampliar el espectro seguirá adelante“Esa es una inversión no estratégica del Gobierno porque en el sector de las telecomunicaciones el sector privado puede proveer todos esos servicios y la OCDE ha recomendó que el Estado sea el regulador y no el operador”.Actualmente, la compañía cuenta con un pasivo pensional de 4.4 billones de pesos, del cual el Gobierno ha manifestado que asumirá 1.4 billones de pesos, para encargarse de pagar a los pensionados de la antigua Telecom.
Por orden de la Corte Constitucional, en marzo, el Ministerio de Tecnologías y Telecomunicaciones tendrá que presentar un plan para reubicar en nuevos empleos a 864 personas, padres y madres cabezas de familia, que se quedaron sin trabajo cuando se liquidó la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom.Además, la sentencia de la Corte obliga a que, en un plazo no mayor a un año, la mayoría de trabajadores cuenten con un empleos similares a los que tenían en Telecomunicaciones pues para la Corte es claro que en el momento de ordenarse la liquidación de la empresa estas personas se encontraban en un especial estado de vulnerabilidad.La decisión ratifica una sentencia del 2014 en la que se les dio la razón a los trabajadores que acudieron a la tutela para hacer valer sus derechos. Sin embargo, está sentencia no se ha cumplido porque según el Ministerio de las Tic y el Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom las funciones desempeñadas en por estas personas específicas de esa entidad y, en efecto, muchos de los cargos que ejercían ya no existen, este es por ejemplo el caso de los telefonistas, guarda líneas o supervisores de cuadrillas. Además, han argumentado que por temas salariales y de ubicación se ha imposibilitado cumplir con esta sentencia."Resulta inviable reubicar a los exempleados de Telecom en las mismas condiciones que tenían antes de su desvinculación, toda vez que la mayoría de vacantes reportadas al PAR TELECOM se encuentran ubicadas en la ciudad de Bogotá, lo cual no se compagina con la realidad laboral de la empresa al momento de su liquidación, quien tenía distribuida su planta de personal a lo largo y ancho del territorio nacional", han argumentado también las entidades.
El concejal asesinado, Carlos Arturo Londoño, perteneciente del Partido Conservador, el día de su muerte dio su última entrevista a un medio local del municipio de Tuluá, Valle, donde se refirió frente a los retos cumplidos en los primeros 100 días y la proyección a futuro como cabildante.En dicha entrevista aseguró sentirse satisfecho con los proyectos presentados por la actual administración por incluir iniciativas y obras que beneficiarían a la comunidad tulueña."Seguimos trabajando por la comunidad, acabamos de aprobar el plan de desarrollo, que es el proyecto de acuerdo más importante que se firma en los cuatro años, ahí el alcalde va a poder comenzar a ejecutar todo lo que prometió en su plan de gobierno y desarrollo", dijo Carlos Arturo Londoño, concejal asesinado.En medio de la entrevista, indicó que su proyección era velar por el bienestar de las madres cabeza de familia que en el pasado fueron víctimas del conflicto armado, la idea contemplaba legalizar algunos terrenos."Venimos trabajando con esta comunidad, son un grupo de personas que se encuentran en el corregimiento de La Marina, estas personas tienen un terreno que está en como dato y por medio de esta organización queremos lograr la titulación para ellos, la idea es que en lo que falta de este año, estas personas logren tener los títulos de sus tierras", expresó el concejal fallecido.Carlos Arturo Londoño, era el vicepresidente del concejo de Tuluá, y este sería su tercer periodo en el hemiciclo de ese municipio. Autoridades ofrecieron una recompensa de hasta $50 millones de pesos para esclarecer el atentado que además cobró la vida de otra funcionaria pública.Así fue el atentado sicarialEl violento hecho se registró en la noche de este viernes a las afueras del coliseo Manuel Victoria Rojas del municipio de Tuluá, en el Valle del Cauca, cuando hombres armados dispararon indiscriminadamente contra el concejal que se encontraba en el lugar.Londoño murió minutos después del ataque. Los hechos se registraron posterior al evento de los 100 días de gestión del alcalde de ese municipio, Gustavo Vélez.El concejal fue trasladado hasta un centro asistencial para recibir atención médica inmediata debido a la gravedad de sus heridas, pero falleció. Por su parte, a través de su cuenta de X, el actual mandatario, Gustavo Vélez, hizo un llamado urgente al Gobierno nacional.Otra funcionaria publica que acompañaba al concejal, también resulto herida y murió en un centro asistencial cuando recibía atención médica, se trata de Clarivet Ocampo Fernández, Coordinadora De la Oficina Municipal De Discapacidad.
Luego de los duros cuestionamientos que se emitieron en el 7mo Encuentro y Ferias Renovables Latam en Barranquilla por las ‘trabas’ para implementar proyectos de energías no convencionales en el país, la subdirectora de Evaluación de Licencias Ambientales de la ANLA, Ana María Llorente, confirmó que se encuentran preparando un proyecto de ley que permita acortar tiempos en materia de adjudicación de permisos ambientales.Llorente detalló que, según el decreto 1076, tienen 90 días hábiles para emitir un pronunciamiento sobre una nueva licencia y hasta 60 días para hacer modificaciones, sin embargo, el proyecto de ley haría que se reduzcan estos tiempos por lo menos a la mitad.Llorente también expresó que ya está listo el borrador del proyecto para el cambio de competencias de la ANLA, con el fin de que, de manera estandarizada, se efectúe la celeridad en trámites de evaluación de proyectos de generación de energía eólica/solar mayores a los 50 megavatios.Por su parte, como presidente de la Comisión Accidental para hacer seguimiento a la implementación de los proyectos de energías renovables en el país, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Juan Espinal, anunció que la próxima semana también estarán radicando un proyecto de licenciamiento express, a 2030, que permita sacar adelante los proyectos que hoy se encuentran ‘trabados’.La idea, según explicó Espinal, es la de garantizar la seguridad jurídica que necesitan los proyectos de energías no convencionales para implementarse en el país, obligando al Estado colombiano a diseñar una “ventanilla única” que logre evitar la declinaciones."Para tratar de buscar más seguridad jurídica para que los proyectos de energías no convencionales no se nos vayan, como lo anunció en estos días Celsia, que está preocupado ante la incertidumbre e inseguridad jurídica y que, inclusive, está pensando en declinar varios proyectos que son fundamentales para nuestro país", dijo. Y es que, tal como se reveló en el 7mo Encuentro de Energías Renovables, Latam, la expectativa que hoy tiene la industria de energías renovables en Colombia es cerrar el 2024 con 22 proyectos en operación, de los cuales 13 ya están inyectando energía al sistema y otros nueve entrarían a operar a final de año para atender a un total de 2.5 millones de colombianos en el territorio.Lo anterior son pasos significativos, pero el avance podría ser aún mayor si no fuera porque un proyecto de energías limpias "se está demorando de 3 a 6 años en entrar operación y el 70% del tiempo se va en trámites".
Uno de los 20 delincuentes más buscados del área metropolitana de Bucaramanga fue capturado. Se trata de un hombre conocido con el alias de “Panda”, quien hacia parte de una red de venta de alucinógenos en varios municipios donde, al parecer, tenía apoyo de un líder comunitario.La Policía Metropolitana de Bucaramanga logró capturar a un hombre identificado como Andris Manuel Rosario Hernández conocido con el alias de "Panda", de 37 años, uno de los más buscados por las autoridades por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado. El hombre fue capturado en la avenida el Libertador del norte de la capital de Santander.“La captura se desarrolló tras el seguimiento que venía realizando la Policía Nacional a través de uniformados de la Seccional de Investigación Criminal Sijin. El capturado es indiciado de pertenecer al grupo de delincuencia común organizada denominado Los Tamaleros quién era el responsable del expendio y seguridad, así mismo tenían apoyo de un líder comunitario del barrio Claverianos donde comercializaban estupefacientes en presencia de niños, niñas y adolescentes”, dijo el coronel de la Policía Diego Pinzón.Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para seguir entregando información que permita capturar a las personas que aparecen en el cartel de los más buscados del área metropolitana de Bucaramanga entre los que aún quedan 15 personas delinquiendo diariamente.“El capturado es dejado a disposición de la autoridad solicitante para que le defina su situación jurídica. La Policía Nacional continua trabajando incansablemente a través del nuevo modelo de seguridad orientado a las personas y los territorios para garantizar la seguridad y la convivencia de los ciudadanos y poner a buen recaudo ante la autoridades competentes a los delincuentes”, agregó el Coronel Pinzón.
La sequía generada por el fenómeno de El Niño está afectando a más de 1.600 familias lecheras de Santander que están trabajando a pérdidas debido a que no hay pasto para darle a las vacas y deben comprar otro tipo de productos.Productores de leche de la cuenca de abasto de Sabana de Torres en Santander explicaron que la sequía que se está presentando en este momento redujo por completo el pasto para el ganado y están siendo obligados a darle otro tipo de alimentos que cuestan más del doble, por ese motivo están trabajando a pérdidas en este momento.“Efectivamente, pasto para ganado no hay, estamos utilizando heno, silo de maíz, pero es muy costoso porque la tonelada de silo de maíz está por encima de los 550 mil pesos en el comercio y nos toca complementar con lo que nos brindan los subproductos de la región, pero en este momento pastadas no hay para el ganado”, explicó Ricardo Silvestre, uno de los productores de leche de esta región.En Sabana de Torres, en este momento, se producen 75 mil litros de leche diarios, de los cuales, 60 mil son comercializados por una empresa privada y 15 mil por comerciantes de queso, una cadena de producción que está siendo afectada por la sequía del fenómeno de El Niño en Santander.“En este momento la realidad es que la gran industria no baja el precio tampoco, en los supermercados usted encuentra leche alrededor de los 4.000 pesos o 7.000 mil pesos el litro cuando a nosotros nos pagan a 1.300 pesos o 1600 pesos el litro, ellos comercializan litros de 900 centímetros y a nosotros nos compran litros de 1.000 y eso también nos tiene afectados”, agregó Silvestre.Teniendo en cuenta la situación que están viviendo los lecheros de Santander, se realizó una reunión con la Gobernación departamental para buscar salidas que permitan que las familias puedan seguir en el negocio de la leche, así las cosas, se determinó junto a la Secretaria de Agricultura de la región hacer próximamente una especie de cooperativa u organización de productores de leche que les permita competir con otras empresas privadas.
Por tercer día consecutivo, el Vía Parque Isla Salamanca (VPIS) arde en llamas como consecuencia del incendio que se desató en el sector de Los Guayacanes y cuyas dimensiones hacen concluir a las autoridades que se trata de la conflagración más grande que ha sufrido esta reserva natural en lo corrido del año.La gravedad del asunto radica en que el fuego no solo está arrasando con enea, sino con los manglares del parque, que son vitales para el equilibrio del ecosistema y, más preocupante aún, los bomberos y brigadistas no cuentan con agua cerca para extinguir las llamas de manera oportuna. Para acceder a la zona del incendio, los socorristas deben caminar hasta cuatro horas por un terreno complejo, por lo que piden apoyo de la Fuerza Aérea para hacer traslados en helicóptero que permitan llegar más rápido y contener con mayor prontitud el fuego que, además, está calcinando vivos a múltiples especies de animales.Eric Lechuga, uno de los bomberos encargado de combatir las llamas en el sector de Los Gayacanes, afirma que hasta ahora han logrado controlar el 40% del incendio."Hemos logrado contener el avance en dos direcciones que están determinadas por el viento, pero el incendio se está registrando en una sola zona prendida, ardiendo en todo su alrededor, por lo que se vuelve más complejo el control" dijo Lechuga. Así mismo, también explicó que "luego de que esté controlado, debemos ingresar a toda esa área afectada a apagar los troncos que hayan quedado encendidos y esa labor es más difícil por el tema de que no hay agua".Los brigadistas esperan, por lo menos, dejar controlado el incendio por completo este sábado, para avanzar entonces con la ardua tarea de liquidar de un todo la conflagración.