Telefónica ha solicitado a un tribunal de EE.UU. que haga cumplir un laudo arbitral contra Colombia de más de 380 millones de dólares más los intereses (en torno a 500 millones de dólares) relacionado con la reversión de activos de una concesión de telecomunicaciones, informaron a EFE fuentes conocedoras del caso.La disputa se remonta a 1994, cuando Colombia otorgó una concesión de espectro radioeléctrico a la multinacional española para prestar servicios móviles en Colombia.Cuatro años después, el Estado colombiano aprobó una ley que establecía la reversión de determinados activos y espectro asociado a determinadas concesiones.En 2013, la Corte Constitucional de Colombia dictaminó que aplicar de forma retroactiva esas nuevas leyes a los contratos anteriores a esa nueva regulación vulneraba los derechos ya adquiridos en el contrato original.Pese a ello, un arbitraje celebrado en 2016 en la Cámara de Comercio de Bogotá dio la razón al Gobierno colombiano.Telefónica llevó en 2018 el caso al CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), un organismo del Grupo Banco Mundial, al considerar que Colombia había modificado de forma sustancial el marco regulatorio aplicable a su inversión.El tribunal falló el 12 de noviembre de 2024 a favor de Telefónica, al concluir que la actuación del Estado colombiano supuso una alternación del marco legal y vulneró el estándar de trato justo y equitativo recogido en el tratado bilateral de inversiones entre España y Colombia.Como consecuencia, el CIADI ordenó a Colombia indemnizar a Telefónica con 380 millones de dólares, cantidad a la que se añaden intereses de un 5 % anual.Tras el laudo, el Gobierno colombiano solicitó la suspensión de la ejecución y la anulación de la decisión arbitral.Sin embargo, a comienzos de 2026, el CIADI rechazó la petición al considerar que Colombia no había aportado las garantías requeridas.Telefónica presentó el 2 de junio una solicitud en un tribunal estadounidense para obtener el reconocimiento y la ejecución del laudo arbitral, después de que el Gobierno colombiano anunciara el pasado abril que pensaba agotar todos los recursos judiciales internacionales para defender los intereses del Estado.Telefónica cerró la venta de su delegación en Colombia a Millicom por 214 millones de dólares el pasado febrero dentro del proceso de desinversiones en Hispanoamérica, donde únicamente mantiene su filial de Venezuela, activo del que también quiere desprenderse.
El colombiano Alfonso Gómez será el nuevo consejero delegado de Movistar Plus+, en reemplazo de Daniel Domenjó, quien dejará el cargo en los próximos meses.Sin embargo, la forma en la que se da su salida no está del todo clara. Mientras algunas versiones como la del Economista apuntan a que se trata de una decisión voluntaria para asumir nuevos proyectos, otros medios locales en España señalan que el cambio estaría relacionado con una reestructuración interna.En medio de este panorama, Gómez llega desde su rol como presidente de Telefónica Hispanoamérica y también se integrará al comité de dirección de Telefónica España. Su nombramiento responde a la intención del grupo de darle un nuevo impulso a su negocio audiovisual, uno de los frentes más estratégicos en la actualidad.Gómez cuenta con más de 20 años de trayectoria en el sector de las telecomunicaciones, gran parte de ellos dentro de Telefónica. A lo largo de su carrera ha liderado procesos clave en América Latina, incluyendo el desarrollo de redes como 4G y la expansión de la fibra óptica.Su experiencia reciente ha estado enfocada en mejorar la eficiencia operativa y maximizar el valor de los activos del grupo en la región, lo que ahora buscará replicar en el negocio de contenidos.El nuevo CEO asumirá el liderazgo de una plataforma que ha venido creciendo en número de usuarios y en oferta de contenidos, pero que también enfrenta un entorno altamente competitivo, debido a la presencia de múltiples plataformas de streaming.Entre sus principales desafíos estarán mantener el crecimiento, fortalecer la propuesta de valor y seguir apostando por contenidos diferenciales, especialmente en deportes y entretenimiento.
El Gobierno anunció este miércoles que agotará todos los recursos disponibles ante los tribunales internacionales para defender los intereses del Estado en el litigio que le ordena pagar 379,8 millones de dólares más intereses a la española Telefónica."La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) ratifica que continuará defendiendo con firmeza los intereses de la Nación y que agotará todos los recursos jurídicos disponibles para suspender la ejecución del laudo", señaló ese organismo en un comunicado, ante informaciones sobre el posible cierre del litigio en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).Sin embargo, en la página de internet de ese tribunal, el caso ARB/18/3, con Telefónica como reclamante y la República de Colombia como contraparte, aparece aún como "pendiente".Según la ADNJE, "el laudo que condenó a Colombia a pagar la millonaria suma fue notificado a las partes el 12 de noviembre de 2024, tras un periodo excesivo de tres años de deliberaciones" y pocos días después esa entidad "solicitó su anulación y la suspensión de su ejecución hasta tanto se tome una decisión definitiva"."El próximo 3 y 4 de junio de 2026 se adelantará en París la audiencia del trámite de la solicitud de anulación, en donde un comité ad hoc escuchará a las partes y se harán los alegatos finales", agregó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.Disputa por inversionesTelefónica inició el 2 de febrero de 2018 un procedimiento de arbitraje internacional para reclamar los daños ocasionados por medidas de las autoridades colombianas para obtener la reversión de activos relacionados con las telecomunicaciones.Por esas medidas, Telefónica tuvo que pagar al Estado colombiano casi 380 millones de dólares en 2017, lo que, según la empresa, afectó sus inversiones en el país.Al recurrir al arbitraje internacional del Ciadi, Telefónica argumentó que las medidas del Gobierno colombiano violaron el "Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones" suscrito con España en septiembre de 2007, por lo que solicitó que se ordenara a la nación andina el reintegro de la suma pagada.El tribunal internacional le dio la razón a la empresa española y condenó Colombia a reintegrarle la suma de 379,8 millones de dólares."El resultado del caso Telefónica es completamente contrario al que adoptó, tres años atrás, otro tribunal arbitral en un caso iniciado por América Móvil sobre la base de los mismos hechos, aunque el tratado internacional aplicable y las violaciones alegadas eran distintos", señaló hoy la ANDJE.Por eso, dicha agencia solicitó al Ciadi la suspensión del laudo, que se hizo efectiva el 9 de diciembre de 2024.La compañía española cerró sus operaciones en Colombia en febrero pasado con la venta a Millicom del 67,5 % de las acciones que Telefónica Hispanoamérica tenía en Movistar Colombia como parte del plan estratégico para "reducir gradualmente la exposición en Hispanoamérica" y enfocarse en los mercados de España, Alemania, Reino Unido y Brasil.El pasado 25 de marzo el presidente Gustavo Petro dijo que el país se retirará del sistema de arbitraje internacional de inversión porque considera que esos tribunales terminan resolviendo las disputas a favor de los privados.Petro respondió así a una carta enviada por más de 200 economistas y académicos, incluidos el nobel estadounidense Joseph Stiglitz y el economista francés Thomas Piketty, en la que le solicitaron retirarse del Ciadi.
El presidente Gustavo Petro quiere revivir a la liquidada estatal Telecom, aprovechando la venta de Colombia Telecomunicaciones S.A., controlada por Telefónica Hispanoamérica y en la cual tiene una participación minoritaria el Estado colombiano.Petro se refirió a Telecom como una de las "tareas pendientes" de su Gobierno en el discurso que pronunció este miércoles en la Quinta de Bolívar, en Bogotá, con motivo de la firma de la polémica ley de la reforma laboral, que fue aprobada el pasado viernes en el Congreso."Siempre he pensado que las telecomunicaciones son fundamentales", dijo el mandatario, quien señaló que "Colombia como Gobierno tiene a Telecom como unas acciones en Movistar", que "se llama no Movistar, sino Telefónica", y añadió que "Telefónica es de los españoles".El pasado 13 de marzo Telefónica Hispanoamérica, filial 100 % propiedad del grupo español Telefónica, llegó a un acuerdo para la venta por 400 millones de dólares a Millicom Spain de sus acciones en Colombia Telecomunicaciones (Movistar), que representan el 67,5 % de su capital social.El 32,5 % restante de las acciones pertenece al Estado colombiano, que no ha decidido si venderá esa participación o pasará a ser socio de Millicom, que en Colombia opera bajo la marca Tigo en sociedad con Empresas Públicas de Medellín (EPM).Operación cruzadaTras subrayar que "Telecom es del Gobierno nacional", Petro dijo hoy que esa participación "solo son acciones que no deciden" y por lo tanto "tenemos una decisión que tomar"."Vendemos las acciones y fortalecemos Internexa", un operador mayorista de servicios e infraestructura de conectividad, especialmente en fibra óptica, y luego a "Internexa la convertimos en Telecom", manifestó.El presidente añadió que esa es "una posibilidad que estamos rumiando" y dijo que seguramente "ya aparecerán los enemigos de la idea porque también quieren que Telecom se acabe de la memoria" de los colombianos."Pero yo quiero revivir a Telecom para que maneje la fibra óptica de toda Colombia y la unión por fibra óptica de Colombia con (el archipiélago caribeño de) San Andrés, con Europa, con Norteamérica y con el este asiático y China", manifestó sin dar detalles de su proyecto.Para Petro, cuando se concrete esa idea se podrá decir "que este es el centro del mundo y podremos revivir la idea de (Simón) Bolívar de que la Gran Colombia tenía que ser igual que todas las naciones poderosas del mundo y ese sueño no lo vamos a bajar".Telecom, que acumulaba abultadas pérdidas, fue liquidada en 2003 y se creó una nueva empresa llamada Colombia Telecomunicaciones que luego fue adquirida por la española Telefónica e incorporada a la marca Movistar.La venta a Millicom de las acciones que Telefónica tiene en Colombia Telecomunicaciones está pendiente de las aprobaciones regulatorias colombianas y de lo que decida el Ministerio de Hacienda sobre la participación del Estado en la compañía, que es lo que Petro quiere usar para revivir a la antigua Telecom.
Telefónica Hispanoamérica, S.A., filial 100% propiedad de Telefónica, anunció que "ha alcanzado un acuerdo para la venta a Millicom Spain, S.L. de la totalidad de las acciones que ostenta en Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC, representativas del 67,5% de su capital social"."El precio total por las acciones representativas del 67,5% del capital social de Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC cuya transmisión se ha acordado, asciende a 400 millones de dólares estadounidenses (aproximadamente, 368 millones de euros al tipo de cambio actual) y estará sujeto a los ajustes de precio habituales en este tipo de transacciones", ha anunciado la compañía mediante un comunicado.El cierre de la operación queda sujeto a determinadas condiciones, incluyendo las pertinentes aprobaciones regulatorias y a acuerdos con la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público de la República de Colombia y a acuerdos con Empresas Públicas de Medellín.Además, Millicom ha informado en un comunicado que también ha acordado ofrecer adquirir el 32,5 % restante de las acciones de Coltel, propiedad del Estado colombiano y otros inversores, al mismo precio de compra por acción que ha ofertado a Telefónica con el fin de hacerse con el 100 % de la compañía.Telefónica notificó el pasado mes de julio de un acuerdo no vinculante entre su filial Telefónica Hispanoamérica y el grupo Millicom para explorar una posible operación corporativa con respecto a los activos que ambos grupos tenían en Colombia, lo que podía implicar la venta de las acciones.Según ha explicado ahora, esta operación se enmarca dentro de la política de gestión de carteras de activos del grupo "y está alineada con su estrategia de reducir gradualmente la exposición a Hispanoamérica".Se trata, además, de la segunda gran operación corporativa del presidente de Telefónica, Marc Murtra, que el pasado 18 de enero sustituyó en ese cargo a José María Álvarez Pallete, después de que el pasado febrero alcanzara un acuerdo para vender su filial argentina a Telecom Argentina, participada por el Grupo Clarín, por 1.245 millones de dólares (1.189 millones de euros).La estrategia de desinversión de Telefónica en la unidad de Hispam comenzó en 2019, ya antes de aprobar el plan estratégico de Telefónica hasta 2023, que contemplaba reforzar el mercado de sus cuatro territorios principales (España, Alemania, Reino Unido y Brasil) y simplificar su negocio en Latinoamérica.Así, por ejemplo, además de las operaciones de Argentina y Colombia, también se ha informado sobre posibles salidas de México y Uruguay.La compañía también anunció en febrero que su filial en Perú había entrado en concurso de acreedores con el objetivo de lograr una "reestructuración ordenada" de sus pasivos que arrastraban dificultades económicas desde hacía tiempo.Telefónica ingresó el pasado ejercicio 9.032 millones de euros en su unidad de Hispam, que abarca toda Hispanoamérica salvo Brasil, lo que supone un 7,8 % más que en 2023 y el 22 % de los ingresos totales de la multinacional española en 2024.
El reciente anuncio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) de suspender provisionalmente la ejecución del laudo que condenaba a Colombia al pago de 379 millones de dólares a Telefónica marca un giro temporal en este controvertido caso. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado logró un respiro en la disputa internacional, aunque el camino hacia la anulación definitiva del fallo sigue siendo incierto.Suspensión provisional: un triunfo temporalEn declaraciones a Blu Radio, Yebrail Haddad, director de defensa jurídica internacional de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, explicó que la solicitud de anulación del laudo fue presentada el pasado 27 de noviembre, junto con una petición de suspensión provisional. Esta última fue aceptada el 6 de diciembre, paralizando temporalmente cualquier proceso de ejecución.“La suspensión evita que Telefónica pueda iniciar un proceso para cobrar los 379 millones de dólares más intereses y costas, que suman alrededor de 450 millones de dólares. Esto representa un alivio inmediato para Colombia”, aseguró Haddad. Sin embargo, enfatizó que esta decisión no es definitiva y dependerá de la constitución de un comité ad hoc, encargado de evaluar las causales de anulación.¿Qué implica un comité ad hoc?El proceso de anulación en el CIADI no cuenta con una segunda instancia o apelación, pero sí permite la creación de un comité ad hoc que evalúe las irregularidades del fallo. Este comité, compuesto por árbitros imparciales elegidos por las partes, tendrá la tarea de decidir si se anula o no el laudo.“El comité no revisa el fondo del caso, sino si hubo errores procedimentales o falta de motivación en la decisión inicial”, explicó Haddad. Según las reglas del CIADI, las partes deben acordar condiciones para elegir a los árbitros, lo que puede tomar hasta seis meses. Haddad aclaró que Colombia exigirá que el proceso sea en español y que los árbitros no tengan relación directa con las partes implicadas.En caso de anulación, “el escenario retrotraería todo al punto inicial, como si el laudo nunca hubiera existido. Sin embargo, esto también abre la posibilidad de que Telefónica pueda reiniciar el proceso arbitral”, advirtió.Doble estándar en los fallos: el caso América MóvilUno de los puntos más polémicos del caso Telefónica es que se basa en circunstancias similares a las del litigio con América Móvil, en el que el CIADI falló a favor de Colombia. Ambos casos están relacionados con la reversión de activos tras la terminación de contratos de telecomunicaciones.“En el caso de Telefónica, el tribunal consideró que Colombia violó el estándar de trato justo y equitativo. No obstante, creemos que esta conclusión carece de justificación. Varios argumentos de Colombia fueron ignorados, y el tribunal demoró tres años en emitir una decisión, generando incluso intereses adicionales por su mora”, denunció Haddad.Este contraste entre los fallos ha sido un punto clave en la defensa de Colombia, que busca demostrar que el laudo contra Telefónica es inconsistente y carece de fundamento jurídico sólido.El debate sobre el CIADI y la postura del GobiernoLa controversia también ha reavivado el debate sobre la participación de Colombia en organismos internacionales como el CIADI. En su momento, el presidente Gustavo Petro criticó los fallos adversos contra el país y sugirió reevaluar la permanencia de Colombia en estos mecanismos. Sin embargo, paradójicamente, esta vez el CIADI concedió la razón a Colombia en la suspensión provisional del laudo.“El Gobierno colombiano ha sido crítico con el CIADI, pero esta decisión muestra que el sistema puede favorecer a los Estados cuando se presentan argumentos sólidos. No obstante, el proceso para alcanzar una resolución definitiva será largo y complejo”, concluyó Haddad.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) presentó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) una solicitud de anulación del laudo arbitral que favoreció a Telefónica S.A. El fallo, emitido el 12 de noviembre de 2024, ordena al Estado colombiano reembolsar a la compañía 379,8 millones de dólares por presunta violación del Tratado de Inversiones entre Colombia y España, firmado en 2005.El conflicto surgió tras una decisión de 2017, cuando Telefónica pagó dicha suma al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) por una resolución del arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. Según el tribunal del Ciadi, Colombia incumplió su obligación de trato justo y equitativo hacia la empresa española.La ANDJE considera que el fallo debe anularse debido a varias irregularidades. Argumenta que el tribunal excedió sus facultades, violó normas fundamentales de procedimiento y no justificó adecuadamente sus conclusiones sobre responsabilidad y daños. Además, señala que el tribunal actuó como una corte de apelación sobre decisiones ya resueltas por la Corte Constitucional y el arbitraje colombiano, lo que contradice principios del derecho internacional.Otro punto de controversia es la ausencia de análisis sobre defensas clave presentadas por Colombia, como la falta de expectativas legítimas por parte de Telefónica y el incumplimiento del principio de irretroactividad de la ley. La ANDJE también cuestiona la orden de pagar intereses que penalizan al Estado por la demora del tribunal en emitir el laudo, una espera que superó los tres años y medio.Adicionalmente, la Agencia solicitó suspender automáticamente la ejecución del laudo hasta que un comité ad hoc del CIADI resuelva la solicitud de anulación. Colombia buscará que esta suspensión se mantenga mientras se toma una decisión definitiva.
El Gobierno nacional anunció su intención de renegociar cláusulas específicas en algunos tratados internacionales que afectan las inversiones extranjeras en el país. Esta decisión, según lo explicado por el ministro de Industria y Comercio, Luis Carlos Reyes, busca reafirmar la soberanía nacional y evitar que controversias entre empresas y el Estado sean dirimidas por tribunales internacionales de arbitraje, considerados por el Gobierno como desfavorables para los intereses nacionales.En una entrevista con Mañanas Blu con Néstor Morales, el ministro Reyes señaló que esta iniciativa no pretende desincentivar la inversión extranjera, sino establecer condiciones más equilibradas para todas las partes. “Lo que estamos haciendo es renegociar unos cuantos artículos en algunos tratados. Esto se puede lograr sin afectar las posibilidades de inversión en Colombia”, afirmó.El ministro destacó que muchos acuerdos bilaterales de inversión firmados por el país en el pasado otorgaron “prerrogativas muy importantes” a las empresas extranjeras, lo cual podría generar desventajas para Colombia. Retirar a Colombia del CIADIEl ministro Luis Carlos Reyes explicó que la decisión de retirar a Colombia del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) está en evaluación, en línea con la directriz del presidente Petro de renegociar las cláusulas desfavorables en tratados internacionales.“Cuando se toma la decisión de salir de alguno de estos tribunales, las decisiones, los casos que están ante ellos no son retroactivos. […] Uno puede hacer un balance de la imparcialidad y la conveniencia a futuro de estar ante un tribunal. Si, eso es, y eso es lo que queremos hacer”, dijo.En cuanto a las alternativas para resolver disputas entre empresas extranjeras y el Estado colombiano, el ministro planteó que estas podrían dirimirse en tribunales nacionales, siguiendo ejemplos como el de Estados Unidos y la Unión Europea. “Entre EE.UU. y la Unión Europea, las disputas se resuelven en las cortes de cada país, respetando su soberanía. Aquí también podemos adoptar un modelo similar sin afectar la inversión extranjera”, aseguró.De acuerdo con Reyes, muchos países ya invierten en Colombia sin depender de mecanismos como el CIADI, lo que demuestra que es posible atraer capital bajo otras condiciones. “Queremos que las inversiones lleguen, pero en términos que respeten la justicia soberana y sean equitativos para todas las partes”, concluyó.Críticas a los tribunales de arbitraje internacionalesEl fallo reciente del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) en contra de Colombia por $380 millones a favor de la empresa española Telefónica fue uno de los detonantes de esta revisión. El presidente Petro calificó estos tribunales como “una justicia al servicio del socio”, en referencia a cómo algunas decisiones parecen favorecer sistemáticamente al capital extranjero.El ministro Reyes respaldó esta posición al subrayar que “la justicia debe estar en manos de los estados soberanos, no en las de tribunales privados. Una justicia que favorezca sistemáticamente al capital por encima de los intereses nacionales no puede ser considerada justa”.Sin embargo, el ministro también admitió que el problema no se limita al caso puntual de Telefónica ni al CIADI, sino a un análisis más amplio sobre la imparcialidad de estos mecanismos internacionales: “Es un balance general. No es por un fallo específico, sino porque creemos que estas instancias no siempre favorecen las condiciones óptimas para el país”.Impacto en la inversión extranjeraUno de los argumentos recurrentes contra la salida de Colombia de los tribunales de arbitraje internacionales es el posible desincentivo a la inversión extranjera. Ante esto, Reyes insistió en que no todos los países dependen de estos mecanismos para atraer capital. Citó como ejemplo la relación comercial con la Unión Europea, donde no existen cláusulas específicas de arbitraje en el tratado de libre comercio.“El hecho de que no contemos con estos tribunales no significa que la inversión extranjera desaparezca. Muchos países invierten en Colombia sin depender de ellos. Lo que queremos es establecer un modelo más justo y transparente”, argumentó.Además, el ministro adelantó que el gobierno ya está explorando opciones para sustituir estos mecanismos en caso de avanzar con la retirada. “Hay todo un rango de posibilidades. Las disputas podrían resolverse en los tribunales nacionales, como sucede en otras naciones”, señaló.¿Renegociar los TLC?Reyes reconoció que renegociar cláusulas en tratados internacionales no es un proceso sencillo y que requiere el consenso de las partes involucradas. Sin embargo, expresó optimismo sobre la posibilidad de dialogar con socios comerciales clave, incluyendo a Estados Unidos.“Creo que incluso con gobiernos como el de Donald Trump se pueden encontrar puntos de coincidencia. Muchos tratados firmados en los años 90 no están en condiciones óptimas ni para nosotros ni para ellos. Podría ser una oportunidad para revisar estos acuerdos en beneficio mutuo”, indicó.El ministro concluyó reiterando el compromiso del gobierno con la justicia y la soberanía nacional. Según Reyes, esta revisión no se basa únicamente en un fallo adverso, sino en la necesidad de establecer relaciones más justas en un escenario global. “No es cierto que tengamos que aceptar cualquier condición para atraer inversión. Queremos inversión, pero bajo términos que sean justos para todos”, puntualizó.La iniciativa marca un nuevo capítulo en la política económica y comercial de Colombia, donde la búsqueda de equilibrios entre inversión extranjera y soberanía nacional será el eje central.
El Gobierno colombiano solicitará la anulación del laudo arbitral que le exige pagar cerca de 380 millones de dólares a la empresa española Telefónica. Según el ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), Mauricio Lizcano, el fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) aún no está en firme, por lo que existe la posibilidad de impugnarlo.El ministro Lizcano afirmó que ha pedido a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que lideró la defensa de Colombia en este proceso, que explique los detalles del caso y revise la información presentada durante el arbitraje. "Nosotros tenemos la teoría desde el Ministerio, que ese es un fallo que se puede pedir la anulación", dijo Lizcano en una entrevista concedida a Mañanas Blu. Además, calificó la decisión del Ciadi como "muy extraña" y enfatizó que, en su opinión, el asunto sigue siendo debatible.El conflicto surgió después de que Telefónica iniciara un procedimiento de arbitraje internacional el 2 de febrero de 2018, argumentando que una serie de decisiones de las autoridades colombianas perjudicaron sus inversiones en Colombia Telecomunicaciones. La compañía española denunció que el Estado colombiano aplicó medidas que afectaron la reversión de activos relacionados con su negocio de telecomunicaciones, lo que obligó a la empresa a pagar casi 380 millones de dólares en 2017.El 12 de noviembre, el Ciadi emitió un laudo en favor de Telefónica, argumentando que Colombia no proporcionó un trato "justo y equitativo" a las inversiones de la empresa. Como resultado, se ordenó a Colombia pagar la suma mencionada, más un 5 % de intereses compuestos y los honorarios legales de la compañía.Lizcano explicó que el mecanismo de anulación se puede presentar ante la misma corte del Ciadi en un plazo de 120 días. Aunque reconoció que las causales para anular un fallo son muy específicas, el ministro confía en que existen fundamentos jurídicos sólidos para defender los intereses del país. "Estoy consciente que son unas causales muy precisas. El fallo no lo conocemos en detalle. Esta es una decisión que los abogados defensores del Gobierno y la defensa jurídica del Estado están revisando", explicó.El ministro también destacó que el contrato original con Telefónica se firmó en 1994, y en 1998 se introdujo una ley que modificó las condiciones del negocio, sin que se cambiara el contrato. "Apenas nosotros nos adherimos a las competencias en el 2005 y un tribunal colombiano en el 2017 le da la razón a Colombia. Entonces, esto es un fallo en contra de un tribunal colombiano", afirmó.Lizcano subrayó que la defensa jurídica del Estado será la encargada de evaluar los argumentos y presentar la anulación, si corresponde. "No voy a ser yo quien haga esa demanda. Si el Gobierno lo que yo he pedido es en estos momentos no podemos. Tenemos que dar hasta la última pelea y eso será la defensa jurídica del Estado", aseguró.
Telefónica le ganó a Colombia un caso de arbitraje internacional y ahora el Gobierno tendría que pagar 379 millones de dólares, los honorarios de los abogados de Telefónica e intereses.La historia comenzó en 2014 cuando la Corte Constitucional emitió un fallo en el que aseguraba que tanto Claro como Movistar tenían que regresar las antenas al Gobierno cuando vencieran sus contratos porque así lo estipulaban las cláusulas firmadas. En 2017 se dio la reversión de las antenas, pero en lugar de devolverlas, Telefónica tuvo que pagarle al Gobierno unos 379 millones de dólares.La compañía inició entonces un pleito contra el Gobierno ante el Centro Internacional para la resolución de Disputas sobre la Inversión y ayer ese centro notificó a Telefónica del fallo a su favor."La Corte ha establecido que Colombia falló en cumplir con sus obligaciones para garantizar un trato justo y equitativo a las inversiones de Telefónica bajo el artículo 2 del APRI (Acuerdo de Protección de Inversiones entre Colombia y España)", señaló la compañía en un comunicado.Según la compañía, ya se cumplieron todos los procedimientos arbitrales y no habría lugar a apelaciones por parte del Gobierno colombiano.
Un terremoto de magnitud 5,6 sacudió este viernes el centro de Japón, informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), un sismo que coincide con las fuertes lluvias y el riesgo de inundaciones provocados por el avance de dos tormentas tropicales sobre el archipiélago.El sismo tuvo lugar a las 22:29 hora local (13:29 GMT) y tuvo su epicentro a 20 kilómetros de profundidad en la prefectura de Yamanashi, cerca de la zona conocida como Cinco Lagos en la base del Monte Fuji, según la JMA.La agencia meteorológica indicó que no existe riesgo de tsunami a causa de este terremoto, que se dejó notar con mayor intensidad en la localidad de Fujikawaguchiko, donde se registró un nivel 6 de siete posibles según la escala japonesa, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo de los temblores.Por el momento, las autoridades no han reportado víctimas ni daños materiales, mientras Japón aguarda la llegada al unísono de dos tormentas tropicales este sábado, Mekkhala e Higos, lo que ha llevado a ordenar la evacuación de unos dos millones de personas en zonas consideradas de riesgo por posibles inundaciones y deslizamientos de tierra.El sismo sigue a otro esta misma mañana de magnitud 5,8, que sacudió el este de Japón y se dejó notar con intensidad en Tokio, así como a uno de mayor intensidad el pasado jueves con una magnitud de 6,9 y que afectó a la parte norte del país, dejando al menos diez heridos según las autoridades.Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.
A las 3:30 de la madrugada de este viernes 26 de junio, dos aeronaves Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana despegaron desde la rampa militar del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) con rumbo a Maiquetía, Venezuela, llevando a bordo una misión humanitaria cuyo objetivo principal es salvar vidas entre los escombros que dejaron los fuertes terremotos registrados el pasado 24 de junio en territorio venezolano.En total, las aeronaves transportaron a 62 especialistas en búsqueda y rescate urbano, además de cerca de 12 toneladas de herramientas, equipos y suministros destinados a fortalecer las labores de atención de la emergencia. La operación hace parte de la respuesta inmediata del equipo USAR Colombia-1, del cual hace parte la Fuerza Aeroespacial Colombiana y que reúne capacidades de distintas instituciones del país.El contingente desplazado hacia Venezuela está integrado por personal del Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil y Bomberos de Colombia, organismos especializados en operaciones de rescate en estructuras colapsadas y atención de desastres de gran magnitud.Junto al personal fueron transportados equipos tecnológicos para la localización de víctimas atrapadas bajo escombros, herramientas de corte y penetración de concreto y hormigón reforzado, dispositivos médicos y de biomedicina para la atención inicial de los afectados, así como unidades caninas entrenadas en la búsqueda y localización de personas vivas en escenarios de colapso estructural.El despliegue logístico se desarrolló durante la noche y bajo condiciones de alta exigencia operativa. La misión representó un reto adicional debido a que los aeropuertos habilitados por las autoridades venezolanas para la recepción de ayuda humanitaria solo operan durante el día, en medio del intenso flujo de aeronaves y equipos internacionales que han llegado para apoyar las labores de emergencia.Ante este escenario, la capacidad de las tripulaciones colombianas para ejecutar operaciones nocturnas fue determinante para garantizar el traslado oportuno del personal y de la ayuda humanitaria, permitiendo que los equipos de rescate llegaran en las primeras horas de la mañana para iniciar su trabajo sobre el terreno.
A las 3:30 de la madrugada de este viernes 26 de junio, dos aeronaves Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana despegaron desde la rampa militar del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) con rumbo a Maiquetía, Venezuela, llevando a bordo una misión humanitaria cuyo objetivo principal es salvar vidas entre los escombros que dejaron los fuertes terremotos registrados el pasado 24 de junio en territorio venezolano.En total, las aeronaves transportaron a 62 especialistas en búsqueda y rescate urbano, además de cerca de 12 toneladas de herramientas, equipos y suministros destinados a fortalecer las labores de atención de la emergencia. La operación hace parte de la respuesta inmediata del equipo USAR Colombia-1, del cual hace parte la Fuerza Aeroespacial Colombiana y que reúne capacidades de distintas instituciones del país.El contingente desplazado hacia Venezuela está integrado por personal del Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil y Bomberos de Colombia, organismos especializados en operaciones de rescate en estructuras colapsadas y atención de desastres de gran magnitud.Junto al personal fueron transportados equipos tecnológicos para la localización de víctimas atrapadas bajo escombros, herramientas de corte y penetración de concreto y hormigón reforzado, dispositivos médicos y de biomedicina para la atención inicial de los afectados, así como unidades caninas entrenadas en la búsqueda y localización de personas vivas en escenarios de colapso estructural.El despliegue logístico se desarrolló durante la noche y bajo condiciones de alta exigencia operativa. La misión representó un reto adicional debido a que los aeropuertos habilitados por las autoridades venezolanas para la recepción de ayuda humanitaria solo operan durante el día, en medio del intenso flujo de aeronaves y equipos internacionales que han llegado para apoyar las labores de emergencia.Ante este escenario, la capacidad de las tripulaciones colombianas para ejecutar operaciones nocturnas fue determinante para garantizar el traslado oportuno del personal y de la ayuda humanitaria, permitiendo que los equipos de rescate llegaran en las primeras horas de la mañana para iniciar su trabajo sobre el terreno.
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jhonatan Steven Villalobos Aguilón, alias 'Tom', y Yeiner Enrique Freyde Tolimán, alias 'Trenzas', señalados de integrar una red de apoyo de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc y de participar presuntamente en el atentado terrorista perpetrado contra el cantón militar Pichincha, en Cali ,Valle del Cauca, el pasado 24 de abril, ataque que dejó dos mujeres heridas y ocasionó cuantiosos daños materiales.De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, las evidencias recopiladas indican que alias 'Tom' habría adquirido por 20 millones de pesos la buseta escolar que posteriormente fue utilizada en el atentado. Según el ente acusador, además de realizar el trámite de traspaso del vehículo, lo habría puesto a disposición de otros integrantes de la organización para acondicionarlo con cilindros bomba que posteriormente fueron activados en las inmediaciones de la instalación militar.Por su parte, alias 'Trenzas' es investigado por, presuntamente, movilizarse en una motocicleta de su propiedad para alertar sobre la presencia de controles de la fuerza pública y facilitar el recorrido de la buseta hasta el lugar donde fueron detonados los artefactos explosivos improvisados.Los dos procesados fueron capturados durante diligencias de registro y allanamiento adelantadas de manera conjunta por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y unidades de la Policía Nacional en las comunas 3, 13 y 15 de Cali. Durante los operativos fueron incautadas varias bolsas con pentolita, teléfonos celulares, cordón detonante, cartillas y material impreso alusivo a las disidencias de las Farc, además de una motocicleta que haría parte de los elementos de prueba dentro de la investigación.Un fiscal especializado contra el Crimen Organizado imputó a los capturados, de acuerdo con su presunta participación individual, los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en grado de tentativa, terrorismo, daño en bien ajeno y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.Durante las audiencias preliminares, ninguno de los dos procesados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. No obstante, el juez consideró procedente imponerles medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario mientras avanzan las investigaciones por su presunta participación en el atentado contra el Cantón Militar Pichincha de Cali.
El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció este viernes el primer integrante de su gabinete ministerial. A través de sus redes sociales confirmó que Rodrigo Lara será el nuevo ministro del Interior, el primer nombre oficial de su equipo de gobierno.En la publicación, De La Espriella destacó la trayectoria política y profesional de Lara, a quien describió como "emprendedor, abogado, docente universitario, senador de la República, presidente de la Cámara de Representantes y zar anticorrupción". Además, resaltó que "nunca, a pesar de haber sido víctima de la violencia, dejó de trabajar por su patria", y aseguró que "nunca renunció a sus principios" ni dejó de legislar "para las madres, los estudiantes y los pacientes que esperaban una oportunidad".El mandatario electo también exaltó que Rodrigo Lara "nunca ha dejado de combatir", en un mensaje con el que presentó oficialmente al dirigente político como el encargado de liderar el Ministerio del Interior durante el próximo cuatrienio.Con este anuncio comienza la conformación del gabinete del nuevo gobierno. Se espera que en el transcurso del día el presidente electo revele nuevos nombres de quienes asumirán las diferentes carteras ministeriales y tendrán la responsabilidad de ejecutar las principales políticas de su administración.¿Quién es Rodrigo Lara Restrepo?Con una trayectoria de más de dos décadas en el sector público y la academia, Rodrigo Lara es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en el Instituto de Estudios Políticos de París y magíster de la Escuela Nacional de Administración de Francia (ENA). A lo largo de su carrera ha ocupado cargos estratégicos relacionados con la modernización del Estado, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional.En el ámbito gubernamental, se desempeñó como asesor externo del Ministerio del Interior en temas de ordenamiento territorial y como asesor del Alto Consejero Presidencial para la Acción Social. En 2006 fue designado director del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, responsabilidad por la que fue reconocido como el "zar Anticorrupción" del Gobierno.Desde 2002 ha ejercido como docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia, donde ha participado en estudios sobre reformas del Estado, fortalecimiento de los organismos de control y desarrollo de las entidades territoriales. Además, ha publicado diversos artículos especializados sobre control fiscal, regionalización, finanzas territoriales y los sistemas presidencial y parlamentario.En su carrera política, Lara asumió en abril de 2008 una curul en el Senado como vocero de Cambio Radical, en reemplazo de Germán Vargas Lleras. Posteriormente fue representante a la Cámara por Bogotá durante el periodo 2014-2018. En 2023, fue candidato a la Alcaldía de Bogotá.
