Telefónica ha solicitado a un tribunal de EE.UU. que haga cumplir un laudo arbitral contra Colombia de más de 380 millones de dólares más los intereses (en torno a 500 millones de dólares) relacionado con la reversión de activos de una concesión de telecomunicaciones, informaron a EFE fuentes conocedoras del caso.La disputa se remonta a 1994, cuando Colombia otorgó una concesión de espectro radioeléctrico a la multinacional española para prestar servicios móviles en Colombia.Cuatro años después, el Estado colombiano aprobó una ley que establecía la reversión de determinados activos y espectro asociado a determinadas concesiones.En 2013, la Corte Constitucional de Colombia dictaminó que aplicar de forma retroactiva esas nuevas leyes a los contratos anteriores a esa nueva regulación vulneraba los derechos ya adquiridos en el contrato original.Pese a ello, un arbitraje celebrado en 2016 en la Cámara de Comercio de Bogotá dio la razón al Gobierno colombiano.Telefónica llevó en 2018 el caso al CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), un organismo del Grupo Banco Mundial, al considerar que Colombia había modificado de forma sustancial el marco regulatorio aplicable a su inversión.El tribunal falló el 12 de noviembre de 2024 a favor de Telefónica, al concluir que la actuación del Estado colombiano supuso una alternación del marco legal y vulneró el estándar de trato justo y equitativo recogido en el tratado bilateral de inversiones entre España y Colombia.Como consecuencia, el CIADI ordenó a Colombia indemnizar a Telefónica con 380 millones de dólares, cantidad a la que se añaden intereses de un 5 % anual.Tras el laudo, el Gobierno colombiano solicitó la suspensión de la ejecución y la anulación de la decisión arbitral.Sin embargo, a comienzos de 2026, el CIADI rechazó la petición al considerar que Colombia no había aportado las garantías requeridas.Telefónica presentó el 2 de junio una solicitud en un tribunal estadounidense para obtener el reconocimiento y la ejecución del laudo arbitral, después de que el Gobierno colombiano anunciara el pasado abril que pensaba agotar todos los recursos judiciales internacionales para defender los intereses del Estado.Telefónica cerró la venta de su delegación en Colombia a Millicom por 214 millones de dólares el pasado febrero dentro del proceso de desinversiones en Hispanoamérica, donde únicamente mantiene su filial de Venezuela, activo del que también quiere desprenderse.
El colombiano Alfonso Gómez será el nuevo consejero delegado de Movistar Plus+, en reemplazo de Daniel Domenjó, quien dejará el cargo en los próximos meses.Sin embargo, la forma en la que se da su salida no está del todo clara. Mientras algunas versiones como la del Economista apuntan a que se trata de una decisión voluntaria para asumir nuevos proyectos, otros medios locales en España señalan que el cambio estaría relacionado con una reestructuración interna.En medio de este panorama, Gómez llega desde su rol como presidente de Telefónica Hispanoamérica y también se integrará al comité de dirección de Telefónica España. Su nombramiento responde a la intención del grupo de darle un nuevo impulso a su negocio audiovisual, uno de los frentes más estratégicos en la actualidad.Gómez cuenta con más de 20 años de trayectoria en el sector de las telecomunicaciones, gran parte de ellos dentro de Telefónica. A lo largo de su carrera ha liderado procesos clave en América Latina, incluyendo el desarrollo de redes como 4G y la expansión de la fibra óptica.Su experiencia reciente ha estado enfocada en mejorar la eficiencia operativa y maximizar el valor de los activos del grupo en la región, lo que ahora buscará replicar en el negocio de contenidos.El nuevo CEO asumirá el liderazgo de una plataforma que ha venido creciendo en número de usuarios y en oferta de contenidos, pero que también enfrenta un entorno altamente competitivo, debido a la presencia de múltiples plataformas de streaming.Entre sus principales desafíos estarán mantener el crecimiento, fortalecer la propuesta de valor y seguir apostando por contenidos diferenciales, especialmente en deportes y entretenimiento.
El Gobierno anunció este miércoles que agotará todos los recursos disponibles ante los tribunales internacionales para defender los intereses del Estado en el litigio que le ordena pagar 379,8 millones de dólares más intereses a la española Telefónica."La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) ratifica que continuará defendiendo con firmeza los intereses de la Nación y que agotará todos los recursos jurídicos disponibles para suspender la ejecución del laudo", señaló ese organismo en un comunicado, ante informaciones sobre el posible cierre del litigio en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).Sin embargo, en la página de internet de ese tribunal, el caso ARB/18/3, con Telefónica como reclamante y la República de Colombia como contraparte, aparece aún como "pendiente".Según la ADNJE, "el laudo que condenó a Colombia a pagar la millonaria suma fue notificado a las partes el 12 de noviembre de 2024, tras un periodo excesivo de tres años de deliberaciones" y pocos días después esa entidad "solicitó su anulación y la suspensión de su ejecución hasta tanto se tome una decisión definitiva"."El próximo 3 y 4 de junio de 2026 se adelantará en París la audiencia del trámite de la solicitud de anulación, en donde un comité ad hoc escuchará a las partes y se harán los alegatos finales", agregó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.Disputa por inversionesTelefónica inició el 2 de febrero de 2018 un procedimiento de arbitraje internacional para reclamar los daños ocasionados por medidas de las autoridades colombianas para obtener la reversión de activos relacionados con las telecomunicaciones.Por esas medidas, Telefónica tuvo que pagar al Estado colombiano casi 380 millones de dólares en 2017, lo que, según la empresa, afectó sus inversiones en el país.Al recurrir al arbitraje internacional del Ciadi, Telefónica argumentó que las medidas del Gobierno colombiano violaron el "Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones" suscrito con España en septiembre de 2007, por lo que solicitó que se ordenara a la nación andina el reintegro de la suma pagada.El tribunal internacional le dio la razón a la empresa española y condenó Colombia a reintegrarle la suma de 379,8 millones de dólares."El resultado del caso Telefónica es completamente contrario al que adoptó, tres años atrás, otro tribunal arbitral en un caso iniciado por América Móvil sobre la base de los mismos hechos, aunque el tratado internacional aplicable y las violaciones alegadas eran distintos", señaló hoy la ANDJE.Por eso, dicha agencia solicitó al Ciadi la suspensión del laudo, que se hizo efectiva el 9 de diciembre de 2024.La compañía española cerró sus operaciones en Colombia en febrero pasado con la venta a Millicom del 67,5 % de las acciones que Telefónica Hispanoamérica tenía en Movistar Colombia como parte del plan estratégico para "reducir gradualmente la exposición en Hispanoamérica" y enfocarse en los mercados de España, Alemania, Reino Unido y Brasil.El pasado 25 de marzo el presidente Gustavo Petro dijo que el país se retirará del sistema de arbitraje internacional de inversión porque considera que esos tribunales terminan resolviendo las disputas a favor de los privados.Petro respondió así a una carta enviada por más de 200 economistas y académicos, incluidos el nobel estadounidense Joseph Stiglitz y el economista francés Thomas Piketty, en la que le solicitaron retirarse del Ciadi.
El presidente Gustavo Petro quiere revivir a la liquidada estatal Telecom, aprovechando la venta de Colombia Telecomunicaciones S.A., controlada por Telefónica Hispanoamérica y en la cual tiene una participación minoritaria el Estado colombiano.Petro se refirió a Telecom como una de las "tareas pendientes" de su Gobierno en el discurso que pronunció este miércoles en la Quinta de Bolívar, en Bogotá, con motivo de la firma de la polémica ley de la reforma laboral, que fue aprobada el pasado viernes en el Congreso."Siempre he pensado que las telecomunicaciones son fundamentales", dijo el mandatario, quien señaló que "Colombia como Gobierno tiene a Telecom como unas acciones en Movistar", que "se llama no Movistar, sino Telefónica", y añadió que "Telefónica es de los españoles".El pasado 13 de marzo Telefónica Hispanoamérica, filial 100 % propiedad del grupo español Telefónica, llegó a un acuerdo para la venta por 400 millones de dólares a Millicom Spain de sus acciones en Colombia Telecomunicaciones (Movistar), que representan el 67,5 % de su capital social.El 32,5 % restante de las acciones pertenece al Estado colombiano, que no ha decidido si venderá esa participación o pasará a ser socio de Millicom, que en Colombia opera bajo la marca Tigo en sociedad con Empresas Públicas de Medellín (EPM).Operación cruzadaTras subrayar que "Telecom es del Gobierno nacional", Petro dijo hoy que esa participación "solo son acciones que no deciden" y por lo tanto "tenemos una decisión que tomar"."Vendemos las acciones y fortalecemos Internexa", un operador mayorista de servicios e infraestructura de conectividad, especialmente en fibra óptica, y luego a "Internexa la convertimos en Telecom", manifestó.El presidente añadió que esa es "una posibilidad que estamos rumiando" y dijo que seguramente "ya aparecerán los enemigos de la idea porque también quieren que Telecom se acabe de la memoria" de los colombianos."Pero yo quiero revivir a Telecom para que maneje la fibra óptica de toda Colombia y la unión por fibra óptica de Colombia con (el archipiélago caribeño de) San Andrés, con Europa, con Norteamérica y con el este asiático y China", manifestó sin dar detalles de su proyecto.Para Petro, cuando se concrete esa idea se podrá decir "que este es el centro del mundo y podremos revivir la idea de (Simón) Bolívar de que la Gran Colombia tenía que ser igual que todas las naciones poderosas del mundo y ese sueño no lo vamos a bajar".Telecom, que acumulaba abultadas pérdidas, fue liquidada en 2003 y se creó una nueva empresa llamada Colombia Telecomunicaciones que luego fue adquirida por la española Telefónica e incorporada a la marca Movistar.La venta a Millicom de las acciones que Telefónica tiene en Colombia Telecomunicaciones está pendiente de las aprobaciones regulatorias colombianas y de lo que decida el Ministerio de Hacienda sobre la participación del Estado en la compañía, que es lo que Petro quiere usar para revivir a la antigua Telecom.
Telefónica Hispanoamérica, S.A., filial 100% propiedad de Telefónica, anunció que "ha alcanzado un acuerdo para la venta a Millicom Spain, S.L. de la totalidad de las acciones que ostenta en Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC, representativas del 67,5% de su capital social"."El precio total por las acciones representativas del 67,5% del capital social de Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC cuya transmisión se ha acordado, asciende a 400 millones de dólares estadounidenses (aproximadamente, 368 millones de euros al tipo de cambio actual) y estará sujeto a los ajustes de precio habituales en este tipo de transacciones", ha anunciado la compañía mediante un comunicado.El cierre de la operación queda sujeto a determinadas condiciones, incluyendo las pertinentes aprobaciones regulatorias y a acuerdos con la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público de la República de Colombia y a acuerdos con Empresas Públicas de Medellín.Además, Millicom ha informado en un comunicado que también ha acordado ofrecer adquirir el 32,5 % restante de las acciones de Coltel, propiedad del Estado colombiano y otros inversores, al mismo precio de compra por acción que ha ofertado a Telefónica con el fin de hacerse con el 100 % de la compañía.Telefónica notificó el pasado mes de julio de un acuerdo no vinculante entre su filial Telefónica Hispanoamérica y el grupo Millicom para explorar una posible operación corporativa con respecto a los activos que ambos grupos tenían en Colombia, lo que podía implicar la venta de las acciones.Según ha explicado ahora, esta operación se enmarca dentro de la política de gestión de carteras de activos del grupo "y está alineada con su estrategia de reducir gradualmente la exposición a Hispanoamérica".Se trata, además, de la segunda gran operación corporativa del presidente de Telefónica, Marc Murtra, que el pasado 18 de enero sustituyó en ese cargo a José María Álvarez Pallete, después de que el pasado febrero alcanzara un acuerdo para vender su filial argentina a Telecom Argentina, participada por el Grupo Clarín, por 1.245 millones de dólares (1.189 millones de euros).La estrategia de desinversión de Telefónica en la unidad de Hispam comenzó en 2019, ya antes de aprobar el plan estratégico de Telefónica hasta 2023, que contemplaba reforzar el mercado de sus cuatro territorios principales (España, Alemania, Reino Unido y Brasil) y simplificar su negocio en Latinoamérica.Así, por ejemplo, además de las operaciones de Argentina y Colombia, también se ha informado sobre posibles salidas de México y Uruguay.La compañía también anunció en febrero que su filial en Perú había entrado en concurso de acreedores con el objetivo de lograr una "reestructuración ordenada" de sus pasivos que arrastraban dificultades económicas desde hacía tiempo.Telefónica ingresó el pasado ejercicio 9.032 millones de euros en su unidad de Hispam, que abarca toda Hispanoamérica salvo Brasil, lo que supone un 7,8 % más que en 2023 y el 22 % de los ingresos totales de la multinacional española en 2024.
El reciente anuncio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) de suspender provisionalmente la ejecución del laudo que condenaba a Colombia al pago de 379 millones de dólares a Telefónica marca un giro temporal en este controvertido caso. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado logró un respiro en la disputa internacional, aunque el camino hacia la anulación definitiva del fallo sigue siendo incierto.Suspensión provisional: un triunfo temporalEn declaraciones a Blu Radio, Yebrail Haddad, director de defensa jurídica internacional de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, explicó que la solicitud de anulación del laudo fue presentada el pasado 27 de noviembre, junto con una petición de suspensión provisional. Esta última fue aceptada el 6 de diciembre, paralizando temporalmente cualquier proceso de ejecución.“La suspensión evita que Telefónica pueda iniciar un proceso para cobrar los 379 millones de dólares más intereses y costas, que suman alrededor de 450 millones de dólares. Esto representa un alivio inmediato para Colombia”, aseguró Haddad. Sin embargo, enfatizó que esta decisión no es definitiva y dependerá de la constitución de un comité ad hoc, encargado de evaluar las causales de anulación.¿Qué implica un comité ad hoc?El proceso de anulación en el CIADI no cuenta con una segunda instancia o apelación, pero sí permite la creación de un comité ad hoc que evalúe las irregularidades del fallo. Este comité, compuesto por árbitros imparciales elegidos por las partes, tendrá la tarea de decidir si se anula o no el laudo.“El comité no revisa el fondo del caso, sino si hubo errores procedimentales o falta de motivación en la decisión inicial”, explicó Haddad. Según las reglas del CIADI, las partes deben acordar condiciones para elegir a los árbitros, lo que puede tomar hasta seis meses. Haddad aclaró que Colombia exigirá que el proceso sea en español y que los árbitros no tengan relación directa con las partes implicadas.En caso de anulación, “el escenario retrotraería todo al punto inicial, como si el laudo nunca hubiera existido. Sin embargo, esto también abre la posibilidad de que Telefónica pueda reiniciar el proceso arbitral”, advirtió.Doble estándar en los fallos: el caso América MóvilUno de los puntos más polémicos del caso Telefónica es que se basa en circunstancias similares a las del litigio con América Móvil, en el que el CIADI falló a favor de Colombia. Ambos casos están relacionados con la reversión de activos tras la terminación de contratos de telecomunicaciones.“En el caso de Telefónica, el tribunal consideró que Colombia violó el estándar de trato justo y equitativo. No obstante, creemos que esta conclusión carece de justificación. Varios argumentos de Colombia fueron ignorados, y el tribunal demoró tres años en emitir una decisión, generando incluso intereses adicionales por su mora”, denunció Haddad.Este contraste entre los fallos ha sido un punto clave en la defensa de Colombia, que busca demostrar que el laudo contra Telefónica es inconsistente y carece de fundamento jurídico sólido.El debate sobre el CIADI y la postura del GobiernoLa controversia también ha reavivado el debate sobre la participación de Colombia en organismos internacionales como el CIADI. En su momento, el presidente Gustavo Petro criticó los fallos adversos contra el país y sugirió reevaluar la permanencia de Colombia en estos mecanismos. Sin embargo, paradójicamente, esta vez el CIADI concedió la razón a Colombia en la suspensión provisional del laudo.“El Gobierno colombiano ha sido crítico con el CIADI, pero esta decisión muestra que el sistema puede favorecer a los Estados cuando se presentan argumentos sólidos. No obstante, el proceso para alcanzar una resolución definitiva será largo y complejo”, concluyó Haddad.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) presentó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) una solicitud de anulación del laudo arbitral que favoreció a Telefónica S.A. El fallo, emitido el 12 de noviembre de 2024, ordena al Estado colombiano reembolsar a la compañía 379,8 millones de dólares por presunta violación del Tratado de Inversiones entre Colombia y España, firmado en 2005.El conflicto surgió tras una decisión de 2017, cuando Telefónica pagó dicha suma al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) por una resolución del arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. Según el tribunal del Ciadi, Colombia incumplió su obligación de trato justo y equitativo hacia la empresa española.La ANDJE considera que el fallo debe anularse debido a varias irregularidades. Argumenta que el tribunal excedió sus facultades, violó normas fundamentales de procedimiento y no justificó adecuadamente sus conclusiones sobre responsabilidad y daños. Además, señala que el tribunal actuó como una corte de apelación sobre decisiones ya resueltas por la Corte Constitucional y el arbitraje colombiano, lo que contradice principios del derecho internacional.Otro punto de controversia es la ausencia de análisis sobre defensas clave presentadas por Colombia, como la falta de expectativas legítimas por parte de Telefónica y el incumplimiento del principio de irretroactividad de la ley. La ANDJE también cuestiona la orden de pagar intereses que penalizan al Estado por la demora del tribunal en emitir el laudo, una espera que superó los tres años y medio.Adicionalmente, la Agencia solicitó suspender automáticamente la ejecución del laudo hasta que un comité ad hoc del CIADI resuelva la solicitud de anulación. Colombia buscará que esta suspensión se mantenga mientras se toma una decisión definitiva.
El Gobierno nacional anunció su intención de renegociar cláusulas específicas en algunos tratados internacionales que afectan las inversiones extranjeras en el país. Esta decisión, según lo explicado por el ministro de Industria y Comercio, Luis Carlos Reyes, busca reafirmar la soberanía nacional y evitar que controversias entre empresas y el Estado sean dirimidas por tribunales internacionales de arbitraje, considerados por el Gobierno como desfavorables para los intereses nacionales.En una entrevista con Mañanas Blu con Néstor Morales, el ministro Reyes señaló que esta iniciativa no pretende desincentivar la inversión extranjera, sino establecer condiciones más equilibradas para todas las partes. “Lo que estamos haciendo es renegociar unos cuantos artículos en algunos tratados. Esto se puede lograr sin afectar las posibilidades de inversión en Colombia”, afirmó.El ministro destacó que muchos acuerdos bilaterales de inversión firmados por el país en el pasado otorgaron “prerrogativas muy importantes” a las empresas extranjeras, lo cual podría generar desventajas para Colombia. Retirar a Colombia del CIADIEl ministro Luis Carlos Reyes explicó que la decisión de retirar a Colombia del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) está en evaluación, en línea con la directriz del presidente Petro de renegociar las cláusulas desfavorables en tratados internacionales.“Cuando se toma la decisión de salir de alguno de estos tribunales, las decisiones, los casos que están ante ellos no son retroactivos. […] Uno puede hacer un balance de la imparcialidad y la conveniencia a futuro de estar ante un tribunal. Si, eso es, y eso es lo que queremos hacer”, dijo.En cuanto a las alternativas para resolver disputas entre empresas extranjeras y el Estado colombiano, el ministro planteó que estas podrían dirimirse en tribunales nacionales, siguiendo ejemplos como el de Estados Unidos y la Unión Europea. “Entre EE.UU. y la Unión Europea, las disputas se resuelven en las cortes de cada país, respetando su soberanía. Aquí también podemos adoptar un modelo similar sin afectar la inversión extranjera”, aseguró.De acuerdo con Reyes, muchos países ya invierten en Colombia sin depender de mecanismos como el CIADI, lo que demuestra que es posible atraer capital bajo otras condiciones. “Queremos que las inversiones lleguen, pero en términos que respeten la justicia soberana y sean equitativos para todas las partes”, concluyó.Críticas a los tribunales de arbitraje internacionalesEl fallo reciente del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) en contra de Colombia por $380 millones a favor de la empresa española Telefónica fue uno de los detonantes de esta revisión. El presidente Petro calificó estos tribunales como “una justicia al servicio del socio”, en referencia a cómo algunas decisiones parecen favorecer sistemáticamente al capital extranjero.El ministro Reyes respaldó esta posición al subrayar que “la justicia debe estar en manos de los estados soberanos, no en las de tribunales privados. Una justicia que favorezca sistemáticamente al capital por encima de los intereses nacionales no puede ser considerada justa”.Sin embargo, el ministro también admitió que el problema no se limita al caso puntual de Telefónica ni al CIADI, sino a un análisis más amplio sobre la imparcialidad de estos mecanismos internacionales: “Es un balance general. No es por un fallo específico, sino porque creemos que estas instancias no siempre favorecen las condiciones óptimas para el país”.Impacto en la inversión extranjeraUno de los argumentos recurrentes contra la salida de Colombia de los tribunales de arbitraje internacionales es el posible desincentivo a la inversión extranjera. Ante esto, Reyes insistió en que no todos los países dependen de estos mecanismos para atraer capital. Citó como ejemplo la relación comercial con la Unión Europea, donde no existen cláusulas específicas de arbitraje en el tratado de libre comercio.“El hecho de que no contemos con estos tribunales no significa que la inversión extranjera desaparezca. Muchos países invierten en Colombia sin depender de ellos. Lo que queremos es establecer un modelo más justo y transparente”, argumentó.Además, el ministro adelantó que el gobierno ya está explorando opciones para sustituir estos mecanismos en caso de avanzar con la retirada. “Hay todo un rango de posibilidades. Las disputas podrían resolverse en los tribunales nacionales, como sucede en otras naciones”, señaló.¿Renegociar los TLC?Reyes reconoció que renegociar cláusulas en tratados internacionales no es un proceso sencillo y que requiere el consenso de las partes involucradas. Sin embargo, expresó optimismo sobre la posibilidad de dialogar con socios comerciales clave, incluyendo a Estados Unidos.“Creo que incluso con gobiernos como el de Donald Trump se pueden encontrar puntos de coincidencia. Muchos tratados firmados en los años 90 no están en condiciones óptimas ni para nosotros ni para ellos. Podría ser una oportunidad para revisar estos acuerdos en beneficio mutuo”, indicó.El ministro concluyó reiterando el compromiso del gobierno con la justicia y la soberanía nacional. Según Reyes, esta revisión no se basa únicamente en un fallo adverso, sino en la necesidad de establecer relaciones más justas en un escenario global. “No es cierto que tengamos que aceptar cualquier condición para atraer inversión. Queremos inversión, pero bajo términos que sean justos para todos”, puntualizó.La iniciativa marca un nuevo capítulo en la política económica y comercial de Colombia, donde la búsqueda de equilibrios entre inversión extranjera y soberanía nacional será el eje central.
El Gobierno colombiano solicitará la anulación del laudo arbitral que le exige pagar cerca de 380 millones de dólares a la empresa española Telefónica. Según el ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), Mauricio Lizcano, el fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) aún no está en firme, por lo que existe la posibilidad de impugnarlo.El ministro Lizcano afirmó que ha pedido a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que lideró la defensa de Colombia en este proceso, que explique los detalles del caso y revise la información presentada durante el arbitraje. "Nosotros tenemos la teoría desde el Ministerio, que ese es un fallo que se puede pedir la anulación", dijo Lizcano en una entrevista concedida a Mañanas Blu. Además, calificó la decisión del Ciadi como "muy extraña" y enfatizó que, en su opinión, el asunto sigue siendo debatible.El conflicto surgió después de que Telefónica iniciara un procedimiento de arbitraje internacional el 2 de febrero de 2018, argumentando que una serie de decisiones de las autoridades colombianas perjudicaron sus inversiones en Colombia Telecomunicaciones. La compañía española denunció que el Estado colombiano aplicó medidas que afectaron la reversión de activos relacionados con su negocio de telecomunicaciones, lo que obligó a la empresa a pagar casi 380 millones de dólares en 2017.El 12 de noviembre, el Ciadi emitió un laudo en favor de Telefónica, argumentando que Colombia no proporcionó un trato "justo y equitativo" a las inversiones de la empresa. Como resultado, se ordenó a Colombia pagar la suma mencionada, más un 5 % de intereses compuestos y los honorarios legales de la compañía.Lizcano explicó que el mecanismo de anulación se puede presentar ante la misma corte del Ciadi en un plazo de 120 días. Aunque reconoció que las causales para anular un fallo son muy específicas, el ministro confía en que existen fundamentos jurídicos sólidos para defender los intereses del país. "Estoy consciente que son unas causales muy precisas. El fallo no lo conocemos en detalle. Esta es una decisión que los abogados defensores del Gobierno y la defensa jurídica del Estado están revisando", explicó.El ministro también destacó que el contrato original con Telefónica se firmó en 1994, y en 1998 se introdujo una ley que modificó las condiciones del negocio, sin que se cambiara el contrato. "Apenas nosotros nos adherimos a las competencias en el 2005 y un tribunal colombiano en el 2017 le da la razón a Colombia. Entonces, esto es un fallo en contra de un tribunal colombiano", afirmó.Lizcano subrayó que la defensa jurídica del Estado será la encargada de evaluar los argumentos y presentar la anulación, si corresponde. "No voy a ser yo quien haga esa demanda. Si el Gobierno lo que yo he pedido es en estos momentos no podemos. Tenemos que dar hasta la última pelea y eso será la defensa jurídica del Estado", aseguró.
Telefónica le ganó a Colombia un caso de arbitraje internacional y ahora el Gobierno tendría que pagar 379 millones de dólares, los honorarios de los abogados de Telefónica e intereses.La historia comenzó en 2014 cuando la Corte Constitucional emitió un fallo en el que aseguraba que tanto Claro como Movistar tenían que regresar las antenas al Gobierno cuando vencieran sus contratos porque así lo estipulaban las cláusulas firmadas. En 2017 se dio la reversión de las antenas, pero en lugar de devolverlas, Telefónica tuvo que pagarle al Gobierno unos 379 millones de dólares.La compañía inició entonces un pleito contra el Gobierno ante el Centro Internacional para la resolución de Disputas sobre la Inversión y ayer ese centro notificó a Telefónica del fallo a su favor."La Corte ha establecido que Colombia falló en cumplir con sus obligaciones para garantizar un trato justo y equitativo a las inversiones de Telefónica bajo el artículo 2 del APRI (Acuerdo de Protección de Inversiones entre Colombia y España)", señaló la compañía en un comunicado.Según la compañía, ya se cumplieron todos los procedimientos arbitrales y no habría lugar a apelaciones por parte del Gobierno colombiano.
El papa León XIV aterrizó este viernes en el aeropuerto parisiense de Orly para iniciar su visita de cuatro días a Francia y a la Unesco, que le llevará también al santuario mariano de Lourdes y a la localidad de Metz.El Santo Padre fue recibido en la escalera del avión por un séquito encabezado por el presidente francés, Emmanuel Macron, con quien mantendrá un primer encuentro en el salón de autoridades del aeródromo tras el recibimiento protocolario de jefe de Estado.Mientras en el país repicaban las campanas de las iglesias, un grupo de niños, con el lema de la visita, "Para que el mundo tenga vida", coreaba el nombre del Santo Padre.La primera visita de León XIV a Francia ha levantado una gran expectación en el país, con dos momentos clave, el encuentro con jóvenes que tendrá lugar este viernes en el Estadio de Francia, al que asistirán 80.000 personas, y la misa que este sábado celebrará en la plaza de la Concordia, para la que se han inscrito más de 600.000 fieles que coparán los Campos Elíseos y varias avenidas aledañas.El viaje a Francia se inscribe en el deseo del papa de marcar el incremento de vocaciones detectado en ese país y se produce casi tres años después de que su antecesor, Francisco I, acudiera a Marsella para participar en unas jornadas sobre el Mediterráneo."Voy a Marsella, no a Francia", dijo entonces Francisco, marcando así una distancia con la iglesia francesa que León XIV parece no mantener con uno de los países que más importancia concede al laicismo en el mundo.Aunque persisten algunos puntos controvertidos, como los abusos sexuales en el seno de la iglesia francesa o el avance en Francia del derecho a la eutanasia.León XIV ha querido dar una dimensión internacional a su visita a Francia, pero también una parte popular inspirada en buena medida en la que efectuó en junio a España.Tras una reunión en el Elíseo con Macron, primera escala de su viaje a Francia, junto al que pronunciará un discurso, el Santo Padre mantendrá un encuentro con la sociedad civil y, posteriormente, se trasladará a la sede de la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), agencia de la ONU que tiene su sede en París.Un primer baño de masas seguirá posteriormente cuando León XIV se traslade en el 'papamóvil' desde la iglesia de Notre Dame de Champs hasta la catedral de Notre Dame, donde presidirá un oficio religioso con obispos, sacerdotes y diáconos.Desde allí, se trasladará al Estadio de Francia, en Saint-Denis (afueras de París), para el multitudinario encuentro con los jóvenes.En su primer acto del sábado, el Santo Padre abordará la parte más social de su viaje con la visita a un centro de acompañamiento a refugiados y emigrantes de París, tras la que mantendrá un encuentro de carácter religioso y la multitudinaria misa en el centro de la capital, que pondrá fin a su etapa parisina del viaje.Por la tarde, el papa se trasladará al santuario mariano de Lourdes, en el suroeste de Francia, uno de los puntos de peregrinación más populares de la cristiandad, donde seguirá los pasos de Juan Pablo II y Benedicto XVI, que también acudieron al lugar donde la iglesia católica ha certificado 72 milagros.El domingo celebrará un encuentro con los obispos del país y oficiará una misa en el santuario. En esa ciudad recibirá, a título personal, a siete víctimas de abusos en la iglesia francesa.El lunes la visita del papa cobra una dimensión europea en Metz, la tierra de Robert Schuman, uno de los padres de la construcción europea, católico ferviente y cuyo proceso de beatificación está en curso.Macron, que no asistirá a ningún acto religioso del papa, estará presente en el discurso que León XIV pronunciará y al que el Elíseo ha invitado a los jefes de Estado y Gobierno de los 27.Una misa en la catedral de la ciudad y un encuentro interreligioso cerrarán los actos en Francia del papa, que por la noche pondrá rumbo a Roma. EFE
La cadena CNN denunció este jueves que la Casa Blanca negó el acceso a dos de sus corresponsales a la llegada del líder chino Xin Jinping para una cena de Estado con el presidente Donald Trump, pese a que en la mañana entró en vigor una decisión judicial que restablecía las credenciales de acceso de los integrantes de este medio, luego del veto que el mandatario estadounidense impuso el 19 de septiembre.De acuerdo con la cadena, un reportero y un productor intentaron acceder al evento y personal de la Casa Blanca les negó el paso pidiéndoles que se comunicaran con el director de comunicaciones, Steven Cheung.CNN agregó que pudieron observar que a los periodistas de MS NOW, la otra cadena que junto a CNN y Politico fueron vetados por Trump, también se les negó el acceso.La llegada de Xi a la Casa Blanca fue cubierta por decenas de medios que si pudieron entrar al espacio sin restricciones como las denunciadas por CNN.El incidente sucede pese a que el juez Timothy Kelly, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Washington, emitió una orden para restablecer el acceso durante la madrugada de este jueves al considerar que el veto de Trump se produjo sin el "debido proceso adecuado".Sin embargo, la Casa Blanca volvió a denegar el acceso al recinto a los periodistas que intentaron entrar ante lo que los abogados de los tres medios pidieron una audiencia inmediata y el juez solicitó al Gobierno del presidente Trump que explicara el cumplimiento de la orden antes de las 12:30 (16:30 GMT).Los principales canales reaccionaron a la prohibición con un boicot de la cobertura audiovisual del presidente, mientras que organizaciones profesionales calificaron la decisión como un veto a "la libertad prensa".La Agencia EFE se ha sumado al comunicado en defensa de la libertad de prensa y el derecho a informar impulsado por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y, al igual que otras grandes agencias de noticias como Associated Press, Reuters, AFP y Bloomberg News, manifiesta su adhesión "en firme defensa de la libertad de prensa" y condena "cualquier intento de restringir su capacidad de informar sobre el Gobierno".
Los residentes de estratos 4, 5 y 6 en Bogotá tendrán que asumir desde 2027 un nuevo pago obligatorio para financiar el alumbrado público de la ciudad. El Concejo de Bogotá aprobó la creación de una sobretasa al impuesto predial, con la que la Administración Distrital busca recaudar recursos para modernizar este servicio.La medida fue aprobada durante el segundo debate de los proyectos de acuerdo 709 y 724 de 2026, con 24 votos a favor y 20 en contra. El nuevo cobro también alcanzará a otros tipos de predios, entre ellos los comerciales, industriales y financieros.¿Cuánto tendrán que pagar los estratos 4, 5 y 6 por alumbrado público?Las estimaciones presentadas por el Distrito durante la discusión del proyecto calculan que el pago promedio mensual será de aproximadamente $11.000 para las viviendas de estrato 4, $19.000 para las de estrato 5 y $29.000 para las de estrato 6.Sin embargo, estos valores son promedios y no significan que todos los propietarios de un mismo estrato tendrán exactamente el mismo cobro. La sobretasa estará vinculada al impuesto predial, con tarifas diferenciadas de acuerdo con el uso y las características de cada inmueble.Para los predios comerciales, la estimación promedio presentada por la Administración es de $67.000 mensuales.¿Los estratos 1, 2 y 3 tendrán que pagar?El nuevo cobro no se aplicará de la misma manera a todas las viviendas de Bogotá. Para los hogares de estratos 1, 2 y 3, el proyecto establece que no deberán pagar la sobretasa cuando la base utilizada para calcular el impuesto predial sea de hasta 20.000 UVT, equivalentes a cerca de $1.047 millones en 2026.Por eso, el estrato por sí solo no determina completamente si un inmueble quedará excluido. Una vivienda de estrato 1, 2 o 3 que supere el límite establecido puede quedar sujeta al cobro.El proyecto también contempla protecciones adicionales para hogares que se encuentren en condiciones de pobreza o vulnerabilidad.¿Qué pasará con el dinero de la sobretasa?Los recursos serán destinados a la prestación y modernización del alumbrado público de Bogotá. La propuesta contempla avanzar hacia una infraestructura con iluminación 100 % LED, sistemas de telegestión y una red de internet de las cosas.La Administración plantea que esta infraestructura pueda tener usos adicionales relacionados con seguridad, conectividad y movilidad, aprovechando la modernización del sistema de iluminación de la ciudad.La sobretasa hace parte del proyecto denominado Acuerdo por una Ciudad Inteligente, presentado por la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, que además incluye modificaciones al impuesto de Industria y Comercio (ICA), incentivos tributarios y medidas de alivio para contribuyentes con determinadas obligaciones pendientes.¿Cuándo comenzará el nuevo cobro en Bogotá?Aunque el proyecto había avanzado previamente en la Comisión de Hacienda y desde el 15 de septiembre se encontraba en segundo debate en la plenaria del Concejo, la votación de este jueves aprobó específicamente la creación de la sobretasa.El nuevo pago comenzará a aplicarse en 2027 y estará dirigido no solo a viviendas de estratos 4, 5 y 6, sino también a los predios comerciales, industriales y financieros contemplados dentro del esquema.
Fueron identificados los cuatro mineros que perdieron la vida en una emergencia registrada en una mina de carbón ubicada en la vereda El Carmen, en el municipio de Landázuri, Santander.Las víctimas fueron identificadas como Óscar Jhovanny Dávila Quiguanas, de 49 años; Michel Dávila Díaz, de 19; Jorge Mosquera, de 65, y Leonardo Antonio Vargas Hernández, de 21 años, de nacionalidad venezolana.Tras la emergencia, la comunidad y los bomberos voluntarios iniciaron las labores de rescate de los cuerpos, con el apoyo de un equipo de salvamento y seguridad minera de la Agencia Nacional de Minería y de la empresa Invercoa.El Cuerpo Técnico de Investigación dispuso el traslado de los cuerpos al municipio de Cimitarra, donde se adelantarán los actos urgentes y las diligencias judiciales correspondientes.Por su parte, el propietario de la mina asumió la responsabilidad y la logística del traslado de las víctimas, mientras avanzan las investigaciones para establecer las causas técnicas de la detonación.Este es el segundo accidente minero mortal registrado en Landázuri durante 2026. El pasado 9 de junio, dos mineros murieron en un derrumbe ocurrido en el corregimiento de Plan de Armas, cerca del cementerio de este centro poblado ubicado en la Serranía Yaríguies. La situación de la minería de carbón en este municipio de Santander genera preocupación por la recurrencia de emergencias y las condiciones en las que se desarrollan algunas explotaciones.Entre el 8 de noviembre de 2023 y el 24 de septiembre de 2026 se han registrado al menos 11 incidentes en minas de carbón en Landázuri, que han dejado un saldo de 18 personas fallecidas y 15 heridas.De acuerdo con la información suministrada, casi la totalidad de las explotaciones de carbón en el municipio se realizaría de manera ilegal, sin títulos mineros ni licencia ambiental.Las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la emergencia en la vereda El Carmen y determinar las responsabilidades correspondientes.
Las autoridades iniciaron el traslado de Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, máximo cabecilla de los Comandos de Frontera y exgestor de paz, desde la estación de Policía de Los Mártires hacia la base militar de CATAM en Bogotá, donde abordará un vuelo fijado para las 6:00 a.m.Alìas ‘Araña’ es requerido por la Corte del Distrito Sur de California por los delitos de concierto para distribuir cocaína y narcoterrorismo.La Presidencia de la República confirmó que el avión realizará una escala en Barranquilla, donde se prevé un pronunciamiento del presidente Abelardo De La Espriella antes de entregarlo a los agentes Marshals estadounidenses.Había sido capturado en febrero de 2025 en un hotel de Bogotá al cierre de un ciclo de diálogos, pero su entrega fue frenada por el gobierno del entonces presidente Gustavo Petro.Su extradición se concreta una semana después de que la Fiscalía le imputara 16 homicidios cometidos en Caquetá entre 2020 y 2024, entre los que figuran los asesinatos de la lideresa María Isabel Ramos Álzate y del firmante de paz Jorge Riaño Ramos.
