Una ofensiva contra las finanzas del tráfico de migrantes llevó a la ocupación por parte de la Fiscalía de 47 bienes que, según las autoridades, habrían estado al servicio de una red dedicada al traslado clandestino de extranjeros desde las costas del Golfo de Urabá hacia países de Centroamérica.La medida recayó sobre un patrimonio valorado preliminarmente en 29.106 millones de pesos y compuesto por ocho inmuebles, tres sociedades, cuatro establecimientos de comercio, ocho vehículos y 24 embarcaciones presuntamente utilizadas para garantizar el tránsito irregular de migrantes por una de las rutas más utilizadas hacia el norte del continente. De acuerdo con la investigación, la organización criminal no solo habría coordinado el transporte marítimo de ciudadanos extranjeros, sino que también habría utilizado parte de sus propiedades y empresas para ocultar, administrar y dar apariencia de legalidad a los recursos obtenidos por esta actividad ilícita.Los elementos probatorios recopilados durante el proceso indican que la red habría facilitado el traslado irregular de al menos 800.000 ciudadanos provenientes de países como Afghanistan, Iraq, Saudi Arabia, Haiti, Venezuela, Costa Rica y China, entre otros, quienes buscaban llegar a territorio centroamericano para continuar su recorrido hacia Norteamérica. Las diligencias de embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión fueron ejecutadas de manera simultánea por funcionarios de la Fiscalía y unidades de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol en las ciudades de Medellín, Apartadó, Necoclí, Unguía y Quibdó.
Luego de una paciente labor de inteligencia por parte de la Policía Nacional, en coordinación con el Ejército nacional, Migración Colombia y el CTI de la Fiscalía lograron desmantelar una red de tráfico de migrantes que intentaban ingresar al país de manera ilegal a por lo menos 120 personas, la mayoría de ellas de nacionalidad venezolana.Entre las personas rescatadas se hallaban mujeres y varios menores de edad, que fueron abordados, según un testigo, en las terminales de transportes de Tulcán en el Ecuador e Ipiales en el sur de Nariño.Según el comandante de la Policía en Nariño, el coronel John Jairo Urrea, la operación se cumplió en Ipiales en donde, según las investigaciones, la organización tenía su centro de operaciones delincuenciales.La acción se llevó a cabo en el sector de Los Chilcos donde fueron sorprendidas tres personas transportando en buses, de manera irregular que tenían como destino ciudades como Cúcuta y otros más al norte del país, según explicó el coronel.Estas personas eran engañadas por organizaciones criminales que les exigían altas sumas de dinero a cambio de supuestos alojamientos y traslados ilegales.Por otro lado, gracias a este operativo se logró la captura de tres hombres en situación de flagrancia y acusados del delito de tráfico de migrantes; además, las personas rescatadas fueron puestas a disposición de Migración Colombia para su atención y protección.Los capturados presentan antecedentes judiciales de crímenes como concierto para delinquir, tráfico de migrantes y enajenación ilegal de medicamentos.Esta acción representa un duro golpe y evidencia “el compromiso institucional de la Policía Nacional con la protección de los derechos humanos y la lucha contra los delitos transnacionales”, según el coronel. Asimismo, las autoridades trabajan en la búsqueda de otros integrantes de la banda que lograron huir al notar la presencia de las autoridades.
Una redada de la Policía Judicial de Migración Colombia, el CTI y la Fiscalía General de la Nación a lo largo de tres poblaciones del Caribe dio con la captura de cuatro personas que harían parte de una organización dedicada al tráfico de migrantes.Las autoridades llevaron a cabo una serie de allanamientos en Barranquilla, Valledupar y en el municipio del Carmen de Bolívar, donde materializaron cuatro órdenes de captura y le dieron un duro golpe a esta organización.Los capturados son un auxiliar administrativo de la Registraduría, que prestaba sus servicios en el Carmen de Bolívar, y tres tramitadores, quienes deberán responder por los delitos de tráfico de migrantes, concierto para delinquir y falsedad en documento público.Otra captura similarEn enero pasado, en la ciudad de Bogotá, se realizó la captura de una mujer de 60 años dedicada al tráfico de migrantes, a través de trámites fraudulentos para la obtención de la visa americana de turismo y de estudiante. Se trató de Bibiana Díaz Méndez, mujer detenida, quien es dueña de una agencia de viajes en la que usaba el nombre de un Instituto localizado en Estados Unidos y por la cual habría tramitado hasta casi 500 visas.Díaz era la encargada de la modificación y la información irregular de los formularios I-20 y DS-160 de las personas aplicantes a visas americanas. Así, la mujer ajustaba los perfiles socioeconómicos de los solicitantes, lo que hacía que la aprobación de las visas se realizara de manera errónea.El juez profirió medida de aseguramiento privativa de la libertad domiciliaria en su lugar de residencia, allanándose a los cargos por el delito de tráfico de migrantes.
El Departamento de Estado estadounidense clasificará como organización terrorista a grupos criminales de Colombia, El Salvador, México y Venezuela, como parte de un decreto del presidente Donald Trump contra esos grupos, publicó el diario New York Times.La lista incluye al Tren de Aragua de Venezuela, al 'Clan del Golfo' de Colombia y la Mara Salvatrucha (MS-13) señalada como salvadoreña aunque originada en California.La medida se adoptará luego de que Trump firmara el 20 de enero un decreto en el que pidió tomar acciones enérgicas contra los cárteles de la droga, que "constituyen una amenaza de seguridad nacional mayor que la del crimen organizado tradicional".Trump dio al secretario de Estado, Marco Rubio, dos semanas para hacer la designación de estos grupos como terroristas. La lista inicialmente tiene ocho agrupaciones pero podría variar.Citando a cinco fuentes en condición de anonimato, el New York Times indicó que la designación de terrorista se aplicará también a los mexicanos Cártel de Sinaloa, Cártel del Noreste, Cártel de Jalisco Nueva Generación, Familia Michoacana y Cárteles Unidos, por su participación en el tráfico de drogas y trata de migrantes.El Clan del Golfo es el principal cártel narcotraficante de Colombia y surgió de los restos de grupos paramilitares de extrema derecha que fueron desmovilizados en los años 2000.Fundado por los hermanos Dairo Antonio y Juan de Dios Usuga, alias 'Otoniel' y 'Giovanni', el grupo se hacía llamar "Ejército Gaitanista de Colombia" e insiste en ser tratado como organización política, no como cártel.Según el diario, el grupo colombiano trabaja con los cárteles mexicanos para suministrarles cocaína que contrabandean a Estados Unidos.Una de las fuentes citadas por la publicación dijo que también es señalado por su papel en el tráfico de migrantes, gracias a su control sobre la selva del Darién, por donde pasan migrantes hacia Panamá en su camino a Estados Unidos.El New York Times indicó también que los cárteles mexicanos citados trabajan estrechamente con el Clan del Golfo para trasladar clandestinamente a los migrantes a Estados Unidos.
El presidente Gustavo Petro publicó en su cuenta de X una foto en la que se ve a colombianos deportados desde Estados Unidos, traídos en un avión de la Fuerza Aérea ColombianaEn una publicación reciente en su cuenta oficial de X (anteriormente Twitter), el presidente Gustavo Petro compartió una imagen que muestra a un grupo de colombianos deportados desde Estados Unidos, repatriados en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC). Junto a la fotografía, Petro escribió: "Vienen nuestros connacionales desde EEUU libres, dignos, sin estar esposados. Estructuramos plan de crédito productivo, asociativo y barato para el migrante. El migrante no es un delincuente, es una persona humana libre"."En la madrugada llegarán nuestros connacionales a territorio colombiano. Los traerá nuestra aviación y llegarán sin estar esposados. Esta disposición: dignidad para el deportado, se pondrá a todos los países que nos envíen deportaciones, y es apoyada hoy por la ONU", había dicho en otro trino el presidente.Repatriación de colombianos: "un acto de dignidad"Este lunes, dos aviones de la FAC partieron hacia Estados Unidos para repatriar a 110 ciudadanos colombianos deportados. La operación se llevó a cabo en medio de un contexto de tensiones diplomáticas, luego de que el mandatario colombiano rechazara la llegada de dos aeronaves estadounidenses que transportaban migrantes en condiciones que consideró indignas.La primera aeronave despegó con destino a San Diego, California, mientras que la segunda partió hacia Houston, Texas. Según la Cancillería colombiana, el Gobierno dispuso un protocolo de retorno digno que incluye la presencia de funcionarios de Migración Colombia, personal sanitario y delegados de la Cancillería, quienes supervisaron las condiciones de los deportados y realizaron monitoreos médicos durante el viaje.Declaraciones del presidente Petro y respuesta de Estados UnidosLa decisión de rechazar los aviones estadounidenses se basó, según Petro, en que estos transportaban a los migrantes esposados, algo que calificó como inaceptable. En su cuenta de X, el mandatario afirmó el domingo: "Un migrante no es un delincuente y debe ser tratado con la dignidad que un ser humano merece. Por eso hice devolver los aviones militares estadounidenses que venían con migrantes colombianos".En medio de esta polémica, se generaron tensiones diplomáticas que llevaron a Estados Unidos, bajo la administración de Joe Biden, a manifestar su descontento inicialmente. Sin embargo, ambas partes lograron resolver el impasse rápidamente, permitiendo que Colombia se encargara de repatriar a sus ciudadanos con recursos propios.Aumenta el número de vuelos de deportación hacia ColombiaSegún cifras oficiales, en el último año el número de vuelos de deportación hacia Colombia ha ido en aumento. En julio de 2024, se registraron 17 vuelos con deportados, mientras que en noviembre y diciembre de ese mismo año se recibieron 8 y 10 vuelos, respectivamente. Ante esta situación, el Gobierno ha señalado la importancia de garantizar condiciones dignas para los connacionales retornados y reforzar las políticas de apoyo a los migrantes.Esta acción marca un nuevo enfoque del Gobierno colombiano respecto a la atención de los ciudadanos deportados, posicionando la dignidad humana como eje central de su política migratoria.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) detuvo en la primera semana de mandato del republicano Donald Trump al menos a 2.382 inmigrantes indocumentados y cursó 1.797 órdenes de captura contra ciudadanos susceptibles de ser deportados, según sus propias cifras.Sólo en la jornada de ayer domingo se produjeron 965 detenciones y se presentaron 554 órdenes de captura, una cifra récord para un sólo día, según datos de ICE, que publica a diario desde el 23 de enero las cifras de detenciones y órdenes de captura con fines de deportación derivadas de la ofensiva de Trump contra la inmigración irregular.Estas detenciones significan que "existe una causa probable para creer que la persona arrestada puede ser deportada de los Estados Unidos según la ley federal de inmigración", explica la institución.Según ICE, el pasado 25 de enero se saldó con 286 arrestos y 421 órdenes de detención sobre ciudadanos sospechosos de ser indocumentados, el 24 se ejecutaron 593 arrestos y se cursaron 449 órdenes y el 23 se totalizaron 538 arrestos y se tramitaron otras 373 órdenes de detención.Tal y como prometió durante la campaña electoral, Trump ha iniciado su política de restringir la inmigración con el aumento de la presencia militar en la frontera con México y la suspensión de la admisión de refugiados.Pero además, el Departamento de Seguridad Nacional autorizó los arrestos de migrantes en escuelas e iglesias, y comenzó a utilizar aviones militares para repatriar a personas sin estatus legal, en lo que se pretende sea la mayor deportación de la historia del país.Precisamente, sus políticas migratorias derivaron este domingo en una crisis sin precedentes en la relación con Colombia.Después de que el presidente Gustavo Petro rechazara recibir dos aviones de deportación con migrantes de su país, Trump anunció la imposición de aranceles del 25 % a Colombia y la revocación de visas para los altos cargos de ese país, sanciones que en la noche del domingo revocó tras un acuerdo de última hora con Bogotá para reanudar los vuelos de deportaciones.Trump estaría igualmente negociando con El Salvador un acuerdo que permitiría a Estados Unidos deportar inmigrantes de terceros países, incluidos supuestos miembros del crimen organizado, según informó CBS News.
El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio vía libre este martes a las redadas de migración en lugares previamente considerados "protegidos" como escuelas, iglesias y hospitales.Una normativa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) era la que dificultaba la detención de migrantes en “locaciones sensibles”, como escuelas, hospitales o lugares de culto religioso.Con esta nueva decisión, esta norma queda suspendida, por lo que agentes migratorios pueden arrestar a indocumentados en estos lugares. Solo en su primer día en la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, declaró una "emergencia nacional" en la frontera con México y allanó el camino para su promesa de deportaciones masivas de migrantes.Por medio de varios decretos, que firmó en el Despacho Oval rodeado de cámaras y periodistas, el republicano emitió una serie de órdenes ejecutivas que moldearán su promesa de militarizar la frontera, prohibir la entrada de migrantes y solicitantes de asilo y deportar a los más de 11 millones de personas que viven en EE.UU. sin un estatus legal.Citando una "emergencia nacional", autorizó en una extensa orden ejecutiva el uso de las fuerzas militares en la frontera con México para "asegurar" esa linde y repeler "formas de invasión", incluyendo la migración hacia EE.UU. y el tráfico de drogas.El documento ordena a las autoridades "deportar inmediatamente" a todos los migrantes que entren de manera irregular en EE.UU., indicando que se restaurarán las deportaciones en caliente.A su vez, restaura el programa conocido como 'Permanece en México', vigente durante su primer mandato (2017-2021) y que obligaba a los migrantes a esperar en el país vecino a que sus casos fueran procesados por las autoridades.Fin del CBP One y parole humanitarioEl presidente puso también fin a dos programas que fueron creados por su antecesor, Joe Biden (2021-2025), para disuadir la migración irregular: la aplicación móvil CBP One y el permiso humanitario (conocido como 'parole') para ciudadanos de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela.A través de CBP One, los migrantes que estaban en territorio mexicano podían rellenar un formulario con sus datos y solicitar una cita para presentarse a un puerto de entrada de la frontera sur.A través de esta aplicación, que empezó a funcionar en enero de 2023, más de 930.000 personas se presentaron para que las autoridades procesaran sus casos, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).El parole - que consistía en un permiso para viajar a EE.UU. por avión- permitió la entrada de más de 531.000 migrantes de los cuatro países beneficiarios.
En una entrevista con el programa En Blu Jeans, Sandra Clavijo, abogada especialista en migración a habló sobre las implicaciones de la llegada a Estados Unidos en el contexto del regreso de Donald Trump al poder del país norteamericano.En el contexto actual la incertidumbre en torno a la política migratoria de Estados Unidos ha sido elevada con el regreso de Trump a la presidencia. Sandra Clavijo, reconocida abogada experta en inmigración, explicó que, a pesar de la preocupación generalizada, es importante considerar la realidad de las cifras. "Aunque se habla de deportaciones masivas, es crucial hacer un balance; de hecho, Trump deportó menos que la administración actual".Consejos para quienes quieran migrar a Estados UnidosLa abogada Clavijo enfatizó la necesidad de conservar la calma y comportarse adecuadamente en EE.UU. En su opinión, el miedo no debe paralizar a quienes buscan emigrar. "Es esencial planificar el sueño americano desde el país de origen, evitando soluciones apresuradas como ingresar con visa de turista y luego intentar permanencias ilegales". Una de las dudas más comunes es la posibilidad de obtener visas de trabajo sin una carrera universitaria. Según la abogada Clavijo, existen más de cuarenta tipos de visas que permiten a personas con diferentes habilidades y formaciones acceder a EE.UU. Esto incluye visas para empleos que no requieren educación formal, que son igualmente válidas y útiles en términos de residencia legal.La legalidad en el proceso migratorio es clave, y la abogada Sandra Clavijo fue tajante en su advertencia sobre la desinformación. "La asesoría adecuada de un profesional es esencial para evitar errores que puedan perjudicar sus opciones futuras", comentó. Y, por otra parte, insiste en que información errónea puede ser perjudicial, y aconsejó a los migrantes buscar asesoría profesional concreta y bien fundamentada. La abogada Clavijo, por otra parte, mencionó que ha visto muchos casos en su práctica, donde el mal asesoramiento llevó a complicaciones adicionales. "Las decisiones deben basarse en un análisis claro de cada situación migratoria, no en lo que diga un amigo o un familiar". Con la eventual llegada de un nuevo presidente, hay posibilidades de que se introduzcan medidas favorables para ciertos grupos de migrantes, incluyendo los inmigrantes que ingresaron a los Estados Unidos durante su niñez conocidos como DACA y otros que se encuentran mermados en su legalidad. A medida que se acercan las elecciones, es posible que surjan nuevas propuestas que ofrezcan oportunidades y soluciones a más inmigrantes en el futuro. Clavijo pidió tener claridad sobre sus procesos migratorios y expresó: "Siempre busquen la información correcta y apoyen sus decisiones en asesorías reales y legales. Hay opciones viables, pero ¡hay que actuar con información!".
No es la primera vez que Valentina Gómez está en el ojo del huracán por sus posturas de extraña derecha en Estados Unidos, pero sí es la primera vez que sus acciones trascienden y llegan noticias hasta su país, Colombia. En un video que colgó en su cuenta de X (antes Twitter) Gómez, una joven política de origen colombiano, propuso la ejecución pública de inmigrantes, que según ella, "viole o mate a un estadounidense". Lo más grave es que ella es quien sostiene un arma y le dispara en la cabeza a un muñeco de trapo que simula a un inmigrante. Una acción que ha sido ampliamente rechazada en redes sociales. Incluso sobre ese episodio el presidente Gustavo Petro comentó en X: "Ella no es solo estadounidense fascista. Es colombiana. Y siendo migrante lo que quiere es desatar el odio a los migrantes. La mayoría de los estadounidenses son asesinados por estadounidenses".¿Quién es Valentina Gómez, la política colombiana en EE.UU.?Valentina Gómez, una inmigrante colombiana de 25 años y empresaria en el sector inmobiliario, ha generado polémica en su carrera política. Tras postularse sin éxito en las primarias republicanas para secretaria de Estado en Missouri, ahora busca un lugar en el Congreso representando al estado de Texas.Con un discurso abiertamente provocador, Gómez ha mostrado en sus redes sociales una fuerte inclinación por las armas, compartiendo contenido que resalta su afición por ellas. Sin embargo, su notoriedad creció en mayo de 2024 cuando se viralizó un video en el que realizó comentarios ofensivos hacia la comunidad LGBT. En el clip, afirmó: “En Estados Unidos, puedes ser lo que quieras. Así que no sean débiles y homosexuales. Mantente firme”, según un artículo del The New York Times.La controversia continuó en febrero del mismo año, cuando publicó un video quemando libros LGBTQ utilizando un lanzallamas casero, acción que justificó como una expresión de rechazo a lo que considera una "agenda débil". Posteriormente, en marzo, afirmó que los países que prohíben los lanzallamas son también "débiles y gays". Desde entonces, la frase homofóbica ha sido adoptada como un eslogan recurrente en su campaña.Gómez se presenta como una candidata disruptiva que apela al electorado conservador más radical, pero sus declaraciones han desatado intensos debates sobre los límites del discurso político.
Una coalición de organizaciones comunitarias, sindicales y religiosas presionó este martes al ayuntamiento de Los Ángeles (California) para que apruebe la ordenanza que convertiría a la ciudad en un “santuario” para la protección de inmigrantes, ante la amenaza de deportaciones masivas anunciadas por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.Desde las escaleras de la alcaldía, decenas de activistas e indocumentados instaron al concejo de Los Ángeles a concluir el trámite de la medida que impide la colaboración de la Policía local con las autoridades migratorias.“Deberíamos poder llamar a la Policía o a los bomberos sin sentir miedo”, expresó en una conferencia de prensa Zeneida Meneses, inmigrante nicaragüense que trabaja en limpieza. “El Gobierno federal no puede estar metido entre nuestra comunidad”, añadió Meneses, refiriéndose a los agentes de inmigración.En septiembre pasado, Trump afirmó que entre sus planes figura solicitar al Congreso una ley que prohíba las ‘ciudades santuario’ para inmigrantes. Protección aún en espera de aprobación en Los ÁngelesEl concejo municipal de Los Ángeles ya había avanzado el año pasado en una propuesta para declarar oficialmente a la ciudad como 'santuario' de inmigrantes, lo que implica prohibir el uso de recursos locales en la aplicación de leyes migratorias federales. Sin embargo, la medida aún no ha sido completamente aprobada.Ante la victoria de Trump, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, urgió a los concejales la semana pasada a ratificar la ordenanza, que también busca negar a las agencias federales de Inmigración el acceso a las bases de datos de la ciudad.En 2017, el entonces alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, emitió una orden ejecutiva limitando la colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). No obstante, aún no existe una legislación permanente que consolide estas normas.Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos del Inmigrante en Los Ángeles (CHIRLA), resaltó en la manifestación los aportes anuales de 10.000 millones de dólares en impuestos por parte de los inmigrantes residentes. “Debemos sentirnos seguros en esta ciudad”, subrayó la activista de origen mexicano.Más de 1,3 millones de inmigrantes viven en Los Ángeles, representando el 34 % de la población, es decir, 1 de cada 3 personas nacidas fuera de Estados Unidos.La amenaza de deportaciones masivas en EE.UU.Martha Arévalo, directora del Centro de Recursos Centroamericanos (Carecen), advirtió que, aunque “no se puede controlar” lo que ocurre a nivel federal, la ciudad debería tener autonomía sobre lo que sucede localmente. “Debemos estar del lado correcto de la historia”, enfatizó.Los activistas también enviaron un mensaje de preparación a la comunidad indocumentada, anticipando la llegada de Trump y su equipo. El republicano designó a Tom Homan, con décadas de experiencia en el cumplimiento de leyes de inmigración, como “zar de la frontera”, encargado de implementar las deportaciones masivas.Homan ha criticado enérgicamente las ‘ciudades santuario’, destacando en particular a California por aprobar la Ley Santuario de Inmigrantes (SB54), que prohíbe a las agencias estatales y locales investigar, interrogar o detener personas con el fin de cumplir con leyes migratorias.Durante el mandato de Trump (2017-2021), su administración restringió fondos federales de seguridad a estados que promovieran ‘ciudades santuario’. California llevó el caso a los tribunales y ganó la disputa.La ciudad de Los Ángeles, a través de su entonces fiscal Mike Feuer, también demandó al Departamento de Justicia (DOJ) de EE.UU. por retener más de un millón de dólares anuales destinados a la seguridad.
Una alerta técnica fue presentada ante la Gobernación de Santander por el estado de dos puentes metálicos considerados estratégicos para la conectividad del departamento: el puente Baraya, ubicado sobre el río Fonce en la Ruta del Petróleo, y el puente sobre el río Suárez que comunica con los municipios de El Hato y Palmar.La advertencia fue realizada por la Sociedad Santandereana de Ingenieros, cuyos integrantes, durante un recorrido reciente por la Ruta del Petróleo, identificaron varias afectaciones que, según advierten, requieren una intervención prioritaria para evitar riesgos en la seguridad vial y en la estabilidad de las estructuras.Uno de los puntos que genera mayor preocupación está en el puente Baraya. La sociedad señala que el estribo norte de la estructura estaría en riesgo de perder estabilidad debido a la socavación que ha sufrido el lecho del río.De acuerdo con la alerta, “a pocos metros aguas abajo del puente funciona una concesión minera dedicada a la extracción de material pétreo. Los ingenieros advierten que, según lo manifestado por habitantes de la zona, antes de que comenzara esta explotación el nivel del río coincidía con la base de la pila, mientras que actualmente el cauce habría descendido cerca de tres metros”.La Sociedad Santandereana de Ingenieros pidió que la autoridad ambiental revise el impacto de esta actividad y ejerza los controles correspondientes sobre la explotación minera y sobre otras operaciones similares ubicadas en puntos considerados críticos para la infraestructura vial de Santander.El segundo llamado de atención corresponde al puente sobre el río Suárez, ubicado en el ramal que conduce hacia El Hato y Palmar. Allí, los ingenieros encontraron un deterioro aún mayor de la pintura anticorrosiva y una afectación en uno de los elementos de la estructura metálica.Según el documento, la primera diagonal de la cercha norte, en el costado occidental, fue golpeada por un vehículo y permanece doblada. La Sociedad Santandereana de Ingenieros advierte que esta deformación afecta las condiciones de trabajo de la estructura y genera riesgos para su estabilidad. Aunque aparentemente la baranda fue reparada, el elemento estructural no habría recibido la misma intervención.La organización recordó que ambos puentes tienen cerca de un siglo de construcción. Fueron levantados en 1938 y, pese a su antigüedad, continúan prestando servicio y hacen parte de la red vial del departamento, con importancia para la movilidad, la actividad económica y el turismo.Ante este panorama, la Sociedad Santandereana de Ingenieros solicitó al gobernador Juvenal Díaz Mateus instruir a la Secretaría de Infraestructura para que realice una inspección técnica prioritaria, determine el alcance de los daños y establezca las intervenciones necesarias.También pidió coordinar con las autoridades ambientales la revisión de la licencia y de la operación de la concesión minera ubicada cerca del puente Baraya, debido a la preocupación por la posible relación entre la extracción de material y la acelerada socavación del lecho del río.
Las Unidades Tecnológicas de Santander (UTS) dieron un nuevo paso en su proceso de fortalecimiento institucional al convertirse en una institución universitaria, cambio que abre la posibilidad de ampliar su oferta académica y ofrecer programas de formación de posgrado.La transformación se concretó después de ocho años de proceso y representa un cambio que va más allá del nombre de la institución, pues permitirá a las UTS ampliar sus niveles de formación y avanzar en una oferta académica que incluya programas de posgrado.Uno de los primeros proyectos será la Maestría en Administración de Empresas, cuyo proceso avanza ante el Ministerio de Educación Nacional y que, de acuerdo con las proyecciones de la institución, podría comenzar a ofrecerse el próximo año.El rector de las UTS, Omar Lengerke, destacó que esta transformación permitirá ampliar las oportunidades de formación para los estudiantes de Santander y anunció que la institución proyecta nuevos programas en diferentes áreas del conocimiento.“Ingresan a una nueva institución. Se matricularon en las Unidades y hoy ingresan a la Universitaria Tecnológica de Santander, una universidad acreditada en alta calidad. Vamos a tener programas en el área de la salud, posgrados, maestrías y doctorados. Con orgullo, de aquí en adelante van a decir: estudian en la Universitaria Tecnológica de Santander”, afirmó Lengerke.De acuerdo con el rector, entre las áreas que se busca fortalecer están salud, comunicación y humanidades, con nuevos programas que respondan a las necesidades de formación de la región.Otro de los aspectos destacados es el acceso a la educación superior. Según Lengerke, actualmente el 98 % de los estudiantes de las UTS cuenta con gratuidad, una condición que, aseguró, hace parte del compromiso de la institución de facilitar el acceso de los jóvenes a la educación superior.Con este cambio, las UTS buscan ampliar progresivamente su oferta académica y consolidarse como una institución con nuevos niveles de formación para estudiantes y profesionales de Santander.
Varias subregiones de Antioquia registran emergencias por las recientes precipitaciones y fuertes vientos. Las autoridades reportan daños en viviendas, cultivos y vías en los municipios de Santa Bárbara, Apartadó, Carepa y Chigorodó.En el municipio de Santa Bárbara, un fuerte vendaval afectó sectores urbanos como la calle Sucre, Alto de las Guacas y Alto de las Hermanas, así como las veredas Corozal, Los Charcos, El Vergel, La Úrsula y Guayabales. El saldo preliminar es de 40 familias damnificadas por daños en cubiertas, interrupciones en el servicio de energía y afectaciones en cultivos de plátano, café y mango.Por otra parte, en la subregión del Urabá antioqueño, las fuertes lluvias provocaron inundaciones y desbordamientos. En Apartadó, los habitantes sufren su cuarta inundación del año debido al desbordamiento de afluentes, a pesar de las obras de mitigación realizadas previamente con muros de contención con llantas recicladas y cemento.En Carepa, el desborde del río Vijagual y las anegaciones en el barrio El Oasis dejaron cerca de 30 personas afectadas y problemas de movilidad; una damnificada del municipio cuenta lo que perdió tras la inundación."Era de día, empezó a llover, yo no pensé que se subía. Y, a pesar de que atranqué mi puerta con bolsas, trapos, cuñas, siempre entró como dos hileras de adobe. Se mojó mi basecama, pero pude salvar lo de más", indicó la mujer afectada.Entre tanto, en Chigorodó, las intensas lluvias generaron familias damnificadas y daños viales críticos en la vereda Remigio, donde la pérdida total de la banca dejó incomunicada a la comunidad. Asimismo, las autoridades evalúan procesos erosivos en la zona. "Se mantienen activos todos los protocolos y los procesos de atención de la emergencia para control de inundaciones. Y en el municipio de Chigorodoque se presenta afectación vial de una de las veredas principales. Ya el Dagran dispuso maquinaria en territorio para dar conectividad inmediata a las personas que se encuentran incomunicadas en este momento", señaló la directora del DAGRAN, Vanessa Paredes Zúñiga.Los consejos municipales de gestión del riesgo de Carepa y Apartadó, en articulación con el Dagran, mantienen activos los protocolos de atención desde el pasado 6 de febrero para adelantar la caracterización de daños, la entrega de ayudas humanitarias y la recuperación de las vías afectadas en el Urabá.
Los terremotos registrados en Colombia y Venezuela durante los últimos meses ocurrieron en zonas diferentes y a profundidades muy distintas, pero ambos hacen parte de una dinámica geológica regional que los expertos identifican como un mismo “contexto tectónico”.La explicación fue entregada por Raúl Pérez, geólogo del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), en entrevista con la agencia EFE, al analizar el movimiento de magnitud 7,4 registrado en Colombia y compararlo con los fuertes terremotos que afectaron a Venezuela el pasado 24 de junio.Para el especialista, la conexión está en la interacción de las placas tectónicas que atraviesan esta parte de Suramérica. Sin embargo, esto no significa que el terremoto ocurrido en Colombia haya sido provocado directamente por los sismos de Venezuela.¿Qué relación tienen los terremotos de Colombia y Venezuela?Pérez explicó que ambos fenómenos se encuentran dentro de una misma configuración tectónica regional, aunque las placas involucradas directamente no son exactamente las mismas.En Venezuela, la actividad sísmica está relacionada principalmente con la interacción entre la placa del Caribe y la placa Sudamericana. En el occidente colombiano, por su parte, interviene la placa de Nazca, que interactúa con la placa Sudamericana.El geólogo explicó que, al seguir la estructura geológica asociada con la zona donde se produjeron los terremotos venezolanos hacia el oeste y hacia abajo, se llega al área relacionada con los eventos sísmicos registrados en Colombia.Por eso, Pérez habla de un mismo contexto tectónico, pero no de un único terremoto ni de una conexión directa de causa y efecto.Hay una diferencia clave entre ambos terremotosAunque existe esa relación regional, los terremotos presentan una diferencia fundamental: la profundidad a la que ocurrieron.Los terremotos registrados en Venezuela el 24 de junio tuvieron profundidades cercanas a los 10 kilómetros, mientras que el movimiento colombiano ocurrió aproximadamente a 100 kilómetros de profundidad.También existe una considerable distancia geográfica. De acuerdo con Pérez, los epicentros de ambos eventos están separados por alrededor de 1.000 kilómetros.Estas diferencias hacen que las consecuencias sobre la superficie puedan ser distintas, incluso cuando los dos fenómenos se encuentran dentro de un contexto tectónico relacionado.¿Por qué sorprendió tanto el terremoto de Colombia?Para el geólogo del IGME, uno de los aspectos que deberán estudiar con especial atención es la cantidad de daños producidos por un terremoto que ocurrió a una profundidad considerable.Pérez calificó el fenómeno colombiano como “bastante complejo” y señaló que será necesario analizarlo a fondo, precisamente porque un sismo de estas características y profundidad puede presentar particularidades importantes.El experto explicó que se trató de un terremoto relacionado con la dinámica de la zona de subducción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana.La profundidad también es relevante para entender cómo se propagaron las ondas y por qué el movimiento pudo sentirse en una amplia zona del país.¿Por qué en algunas zonas el terremoto se sintió durante más tiempo?Otro elemento que ayuda a explicar las diferencias en la percepción del terremoto es el llamado efecto de sitio.Pérez explicó que las propiedades geológicas y mecánicas del terreno pueden modificar el comportamiento de las ondas sísmicas. En determinadas condiciones, el suelo puede amplificar tanto la frecuencia como la amplitud del movimiento.Esto no solo puede hacer que las personas perciban el terremoto durante más tiempo, sino que también puede incrementar el impacto sobre las construcciones ubicadas sobre determinados terrenos.El especialista recordó, sin embargo, que los terremotos no pueden predecirse y que el seguimiento posterior permite evaluar escenarios, no anticipar con certeza la hora o magnitud de un próximo movimiento.Por otro lado, Pérez mencionó el caso del volcán Puracé, que se encuentra en actividad moderada y presentó cambios que, según el experto, deben ser objeto de seguimiento.En este punto, el análisis científico busca establecer si existe algún tipo de interacción entre los diferentes procesos geológicos y evaluar su evolución.
La Gobernación de Antioquia y los consejos de gestión del riesgo desplegaron una operación de apoyo humanitario y técnico hacia los departamentos vecinos de Chocó y Risaralda, afectados por la emergencia.Desde el Puesto de Mando Unificado, encabezado por el gobernador Andrés Julián Rendón, se coordinó el envío de cuatro helicópteros civiles con 18 rescatistas especializados de la Cruz Roja y la Defensa Civil hacia el Chocó.Adicionalmente, por vía terrestre se movilizaron 100 soldados del Ejército, 22 unidades de la Cruz Roja y 11 de la Defensa Civil, acompañados de tres binomios caninos expertos en búsqueda y rescate. Edwin Montoya es coordinador de la misión por parte de la Cruz Roja."En total, la Cruz Roja se movilizó con 30 voluntarios de rescate. Vamos conectados con colegas de la defensa civil y vamos a conectar allá con bomberos locales. Ahí habrá un equipo de coordinación que nos conectará con las entidades que estén allá desarrollando acciones para nosotros entrar a apoyarlos de la mejor manera posible", expuso.Por su parte, desde la ciudad de Medellín se enviaron a Quibdó un equipo especializado de 21 bomberos, 2 ingenieros expertos en estructuras y 2 caninos de búsqueda, con equipos de rescate, drones, sistemas de localización y capacidad para levantar cargas.Asimismo, el municipio de Sabaneta desplegó un equipo especializado de 12 bomberos y 5 perros de búsqueda rumbo a Pereira. "Que se han desplazado a la ciudad de Pereira, 12 de nuestros bomberos más 5 caninos, acompañados por nuestro capitán Carlos Andrés, de nuestro cuerpo de bomberos voluntarios de Sabaneta, para apoyar las labores de búsqueda y rescate", destacó el alcalde de Sabaneta, Alder Cruz.Mientras tanto, el DAGRAN dispuso el desplazamiento del grupo COL-26, unidades de Ponalsar y más cuerpos de socorro hacia territorio risaraldense para apoyar las labores de salvamento. "Desde el departamento de Antioquia hemos desplegado toda nuestra capacidad operativa e institucional para atender esta emergencia y, sobre todo, la valoración de daños. Ya enviamos unidades de apoyo de la defensa civil y de la Cruz Roja a este, a la ciudad de Quibdó, y muy seguramente el día de mañana, vía terrestre, estamos enviando equipos y más personal de apoyo", expuso Vanessa Paredes Zúñiga, directora del DAGRAN.En cuanto al balance preliminar en Antioquia se evalúan afectaciones en 80 municipios, las autoridades reportan una persona fallecida, 12 lesionadas, 697 viviendas con daños, 39 iglesias afectadas y 122 instituciones educativas con perjuicios en su infraestructura.
