A falta de un mes y medio para que acabe el año, la llegada de inmigrantes al archipiélago español de las Canarias, situado frente a África, superó en 2023 el récord de 2006, según cifras oficiales publicadas este jueves.Entre el 1 de enero y el 15 de noviembre, 32.436 inmigrantes llegaron a estas islas españolas próximas al noroeste de África, frente a 31.678 en el conjunto de 2006, según un informe quincenal del ministerio de Interior.Según cifras de otro organismo, Frontex, la agencia europea de guardacostas y vigilancia fronteriza, el número de inmigrantes llegados a las Canarias solamente en octubre 13.006 representa un récord mensual desde que empezó a recoger datos en 2009.Desde hace varios años, la ruta migratoria hacia las Canarias, por el océano Atlántico, es particularmente usada por los emigrantes a causa del endurecimiento de la vigilancia en el mar Mediterráneo.Les naufragios son frecuentes en esta travesía larga y peligrosa, efectuada a bordo de embarcaciones muy precarias desde Marruecos o el Sáhara occidental, a unos 100 km, pero también desde lugares más remotos como Mauritania, Senegal e incluso Gambia.Según la ONG española Caminando Fronteras, que recaba llamadas de emergencia de emigrantes irregulares en el mar o de sus familiares, más de 7.800 migrantes murieron entre 2018 y 2022 intentando llegar a las islas Canarias.En el primer semestre de 2023, murieron 778. Ante el reciente aumento del número de llegadas, el Gobierno español reforzó sus medios de vigilancia y la cooperación con Senegal y Mauritania con el objetivo de frenarlas.Antes de ser investido de nuevo presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez aseguró a los diputados que su ejecutivo "está haciendo todo lo necesario para redistribuir a los migrantes" por centros de acogida de toda España para quitar presión a las Canarias.Le puede interesar:
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, lanzó una alerta debido al aumento de migrantes irregulares de diferentes nacionalidades que están saliendo de la isla de San Andrés a Países Centroamericanos, sin los debidos niveles de seguridad que en muchas oportunidades terminan naufragando en el mar Caribe.En lo corrido de este año, las autoridades han rescatado a 392 personas, 89 de ellas menores de edad. Los migrantes se exponen a naufragios, abandono, desapariciones de embarcaciones, entre otras situaciones, que ponen en riesgo su seguridad, integridad y vida.“A finales de octubre pasado fue reportado la desaparición de 32 migrantes y dos tripulantes en ese recorrido, con lo que se demuestra una vez más que no es una ruta migratoria segura”, explicó el Defensor del Pueblo Carlos Camargo.Los reportes sobre los lamentables hechos son notificados a las autoridades marítimas luego de un periodo prolongado, lo que dificulta las labores de búsqueda, ubicación y rescate de las personas que pierden la vida.“En muchos casos, los migrantes son abandonados en los cayos del sur, sin sus pertenencias, y en algunas ocasiones, bajo el engaño de estar en Nicaragua”, afirmó el defensor del Pueblo.Según cifras de la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de Lucha contra el Tráfico de Migrantes, este año han sido reportadas 25 capturas por tráfico de migrantes en ocho departamentos: Cundinamarca (siete), Nariño (cinco), Antioquia (tres), Valle del Cauca (tres), Santander (dos), Meta (dos), San Andrés (dos) y Risaralda (una captura).El Defensor del Pueblo aseguró que la entidad continúa haciéndole seguimiento a esta problemática, a partir de mesas de trabajo con autoridades de la isla de San Andrés, comunidad y gremios relacionados con la atención a turistas y viajeros.“El Gobierno nacional debe impulsar estrategias que garanticen los derechos de los migrantes, así como medidas de contingencia en los aeropuertos para evitar el tránsito irregular de personas”, recalcó Camargo.Le puede interesar:
En lo corrido de 2023, según datos de la Defensoría del Pueblo, más de 413.000 personas han buscado cruzar la frontera entre Colombia y Panamá para continuar su ruta hacia centro y Norteamérica.Al ser un fenómeno con múltiples aristas, también las soluciones suponen el trabajo conjunto de diferentes gobiernos y entidades involucradas para disminuir la grave situación humanitaria de miles de personas que arriesgan su vida en el camino de llegar a un destino que les permita un mejor futuro.A propósito de recientes visitas relacionadas con el tema por parte de mandatarios norteamericanos como el alcalde de Nueva York, Eric Adams, Blu Radio conversó con Blas Núñez-Neto, subsecretario adjunto de Política Fronteriza y Migración del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.Sobre el panorama o radiografía actual que desde el norte del continente hacen sobre la migración, el funcionario reconoció que tras su visita también al Darién hace pocas semanas lo que se vive en esa zona es una verdadera crisis humanitaria.“El Darién no es una ruta, es un lugar muy remoto y a estas personas que están poniendo en peligro su vida en manos del crimen organizado necesitamos darles mejores opciones para que no tengan que hacer eso, pero también para las personas que insisten y cruzan fronteras de manera ilegal tiene que haber consecuencias“, explicó.Para este fin, Núñez-Neto recordó que desde la semana pasada se anunció la disposición de vuelos chárter de repatriación, especialmente con ciudadanos venezolanos que no cumplen las condiciones legales para estar en el territorio, y que se estarán llevando a cabo en los próximos días.“Yo creo que hay tres cosas fundamentales que se tienen que hacer. Primero, hay que hacer frente a la raíz del problema que es la falta de oportunidades económicas en los países de orígen. Estamos comprometidos con ese reto y proveer asistencia para el desarrollo. Las otras dos soluciones las hemos estado implementado y es que tenemos que brindar oportunidad para que los quieran migrar lo puedan hacer y hemos aumentado los canales legales, pero la otra cara de los canales legales es que tienen que haber consecuencias para las personas que cruzan de manera ilegal y esas consecuencias necesitan incluir la repatriación”, aseguró el funcionario.Frente al trabajo mancomunado de diferentes gobiernos, desde los Estados Unidos reconocieron las buenas relaciones con Colombia, especialmente en la desarticulación de grupos ilegales que operan en zonas fronterizas, pero admitieron que hay algunas diferencias en la concepción de la migración con el Gobierno nacional.“Entendemos el punto de vista del Gobierno de Petro que la migración es un derechos humanos, pero también tenemos que subrayar que lo que está pasando en el Darién es una catástrofe humanitaria y que si bien las personas alguien piensa que tiene un derecho humano a migrar hay que aprobar los canales legales y ordenados para hacerlo”, destacó Núñez-Neto.Escuche el informe en el audio adjunto:
En un intento de frenar el tráfico de migrantes, la Fiscaíla General de la nación condeno a cinco hombres por este delito. Se trata de Adrián Ricardo Rojo Correa y Sebastián Carmona Mejía, señalados articuladores de la organización que recibieron penas de algo más de seis años de prisión; y Elkin Alonso Soto Meneses, Luis Alexander Jiménez Carmona y Damián Andrés Murillo Usme, condenados a cuatro años de prisión.Según la Fiscalía, la organización conformada por estos cinco hombres cobraban 300 dólares a los migrantes extranjeros para garantizar su paso por Colombia hacia el sueño americano.El director especializado contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía, Hugo Tovar Pérez, explicó que "contactaban ciudadanos extranjeros, especialmente haitianos y cubanos, y les brindaban transporte terrestre, manutención y hospedaje en un hotel de Medellín para, posteriormente, ser trasladados a Capurganá, en el departamento del Chocó, donde eran recogidos en lanchas y llevados a Panamá para que siguieran su camino hacia los Estados Unidos".La investigación dio cuenta de que los migrantes llegaban al país de forma ilegal a través de Ipiales, en Nariño. Finalmente un juez penal de Medellín avaló la negociación judicial que hicieron estos hombres y los condenó por los delitos de tráfico de migrantes y concierto para delinquir agravado.Hospital de Necoclí embargó a la alcaldía por deuda de más de $700 millones en atención a migrantesEl centro asistencial adelantó los trámites por el proceso de cobro coactivo contra la Alcaldía de Necoclí, pues desde 2021 no ha logrado recibir los recursos adeudados.Los pasivos ascienden a los 700 millones de pesos por atenciones a la población migrante que en su momento fueron de hasta 80 servicios al día, según el gerente del centro hospitalario, Neyder Pupo Nergrete."Nosotros hicimos un cobro partido que, como institución, podemos hacer este procedimiento las cuentas, ya se tomaron las medidas cautelares. Tomamos esa decisión, que no fue la mejor, pero no había más", explica el gerente.Pero la preocupación es que si la frontera se cierra, se regresarían de nuevo los migrantes, la mayoría venezolanos , y requerirían mayor atención en el hospital, como actualmente se hace pues llegan con diferentes dolencias.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó al estado de Texas por haber instalado sin autorización federal una barrera de boyas en el Río Grande, frontera natural con México, con el objetivo de frenar el paso de los migrantes.La Fiscalía estadounidense había dado al gobernador de Texas, el republicano Gregg Abbott, un plazo que concluyó este lunes para que retirara las boyas por los riesgos ambientales y humanitarios para los migrantes que supone dicha barrera.La demanda civil presentada exige la retirada de las boyas al considerar que Texas vulnera la Ley de ríos y puertos de 1899 por haberlas instalado sin autorización del Gobierno del demócrata Joe Biden."Esta barrera flotante supone una amenaza para la navegación y la seguridad pública, además de suscitar riesgos humanitarios. Además, ha provocado la protesta diplomática de México, poniendo en riesgo la política exterior de Estados Unidos", dijo en un comunicado la fiscal general adjunta Vanita Gupta.El Departamento de Justicia del Gobierno de Biden había amenazado la semana pasada con demandar al estado, pero el gobernador texano respondió este mismo lunes que se negaba a retirar las boyas.Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznFEn una carta enviada a Biden, Abbott lo acusó de inacción ante la llegada de migrantes a la frontera sur del país y afirmó que "Texas utilizará plenamente su autoridad constitucional para lidiar" con esta crisis.El gobernador texano ordenó a principios de mes la instalación de la barrera de boyas, además de un alambrado para impedir el cruce de migrantes desde México.Esta barrera ha provocado el rechazo de grupos proinmigrantes y ambientalistas, como también del Gobierno de México, que envió una nota diplomática a Estados Unidos advirtiendo que la barrera viola el Tratado de Aguas entre ambos países.La Administración de Biden reivindica además que los cruces fronterizos han caído a sus niveles más bajos de los últimos dos años desde que en mayo comenzó a aplicarse la nueva política de restricciones en al frontera que sustituyó al llamado Título 42, la norma sanitaria que permitía expulsar a migrantes por la pandemia de la COVID-19.Un alto cargo del Gobierno dijo a la prensa que los republicanos "no tienen soluciones" y que "solo quieren el caos".Abbott, conocido por su discurso antiinmigración, comenzó el año pasado a fletar autobuses para enviar migrantes que cruzaban la frontera mexicana con Texas a estados gobernados por demócratas. Le puede interesar:
A dos meses del fin del Título 42 estadounidense, la cantidad de migrantes en tránsito en Ciudad Juárez, uno de los principales puntos de la frontera norte de México, se ha reducido de 25.000 a 5.000, según estiman los albergues, pero hay señales de un retorno a la normalidad.El padre Francisco Javier Bueno, director de la Casa del Migrante en Ciudad Juárez, señaló a EFE que ya no puede hablarse de una crisis migratoria, sino de una realidad migratoria que exige una coordinación entre todos los niveles de Gobierno y los grupos humanitarios.“Se sigue hablando de una crisis migratoria, pero como ciudad ya tenemos que hablar de que es una realidad migratoria la que estamos viviendo. Porque ya no es tanto una cuestión de que en dos meses va a bajar, en tres años va a bajar, sino que ya es una cuestión de que ya se va a quedar con nosotros esta situación de la migración", dijo.El 11 de mayo fue el último día del Título 42, una política estadounidense que duró 38 meses para expulsar a migrantes de forma inmediata con el argumento de la pandemia de COVID-19.Pero el presidente Joe Biden reemplazó esta medida con el Título 8, la norma que históricamente ha regido la migración, y mayores restricciones al asilo legal.Por ello, el padre Bueno pidió "estar pendientes de qué manera se está moviendo la gente" ahora."¿Entonces ahorita cuál es la necesidad concreta de los migrantes? Tener un lugar seguro, donde ellos se sientan acogidos, con internet de alta velocidad, donde puedan recibir la ayuda necesaria, porque no solo es asistencialismo lo que nosotros brindamos, no solo es techo y comida, sino es una ayuda integral", indicó.LA FLUCTUACIÓN MIGRATORIA EN MÉXICOLo que ocurre en la frontera muestra que el flujo de migrantes que atraviesan territorio mexicano hacia Estados Unidos va en aumento otra vez, pese a una caída inicial tras el fin del Título 42 en mayo, como señaló la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) en México a EFE el mes pasado.El director de la Casa del Migrante en Juárez recordó que desde 2022 y hasta el 12 de mayo de 2023 las autoridades y asociaciones humanitarias estimaron una cantidad promedio constante de 25.000 migrantes en Ciudad Juárez.Durante la segunda semana de mayo, previo al fin del Título 42, los migrantes se apostaron frente a varias de las puertas del muro fronterizo, en espera de su arresto y traslado a los centros de detención en Estados Unidos para iniciar un proceso migratorio.En las siguientes dos semanas, la cifra de migrantes en Juárez bajó a 2.500 migrantes, pero antes de iniciar junio empezó el incremento en dos sentidos: tanto de quienes habían cruzado las puertas sin cita migratoria y ahora los deportaban de Estados Unidos, como de quienes seguían llegando desde el sur.“Ahorita se estima que rebasamos los 5.000 migrantes, estamos hablando otra vez de un número bastante grande", comentó el párroco.Dijo que los comedores donde las asociaciones humanitarias atienden a los migrantes están recibiendo a personas retornadas de Estados Unidos, pero se desconoce a cuántos han deportado.LOS MIGRANTES NO SE DETIENENLos cambios políticos no detienen a migrantes como Fidencio Constantino, un agricultor de 65 años procedente de Quito, Ecuador, que salió de su país tras ser extorsionado y ahora lleva dos meses de viaje, pidiendo dinero o vendiendo dulces, y durmiendo en las calles.Otros buscan reunirse con su familia, como Yubisay Pérez, de Venezuela.“Vengo acá a los Estados Unidos, yo tengo allá un hijo que se vino hace 7 meses, por lo mismo se vino, por los problemas que hay allá. Él me dijo: papi, véngase para acá, yo le ayudo con el pasaje y también tiene que venir pidiendo, y trabajando porque es muy costoso”, narró Pérez, quien trajo desde Caracas a sus hijos Derek y Oriana, de 8 y 3 años.Ellos atravesaron el Tapón del Darién, una zona selvática entre Colombia y Panamá dominada por delincuentes, en donde lo que más les impresionó fue ver cadáveres de niños.“Yo vengo a buscar (una) mejor vida para mis hijos, es lo primordial, para ayudar a mi familia. Queremos ir a Nashville, queremos llegar allá para ir a trabajar, pero espero que nos den la oportunidad”, agregó.Conéctese a la señal en vivo de Blu Radio:
La fiscal general de Florida, Ashley Moody, anunció este lunes que invitó al director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, a testificar el próximo octubre ante el Consejo Estatal sobre la Trata de Personas por el uso de su plataforma por parte de criminales que explotan a las víctimas.El objetivo de invitar a Zuckerberg a testificar es conocer lo que "Meta planea hacer para evitar que los traficantes de personas usen sus plataformas para promover este horrible crimen", dijo Moody en un comunicado.Según el resultado de una encuesta realizada con los datos de las oficinas de los alguaciles de los 67 condados del estado y los departamentos policiales de las principales ciudades de Florida, más de la mitad de los casos de utilización de las redes sociales por los traficantes de personas reportados en este estado corresponde a Meta, que engloba a Facebook, Instagram, Messenger y WhatsApp, entre otras redes.Además, según los informes CyberTipline 2022 del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados por Proveedores de Servicios Electrónicos, más de 27 millones (el 85 %) de los incidentes informados ese año fueron de plataformas Meta, dijo Moody.La próxima reunión del Consejo Estatal de Trata de Personas de Florida está programada para el 2 de octubre y la fiscal general solicitó en su carta a Zuckerberg una respuesta para el 5 de septiembre como límite."Antes de lanzar nuevos productos (Threads) o perder el tiempo preparándose para una pelea (...) que probablemente nunca sucederá, Zuckerberg debería trabajar para hacer que las plataformas existentes de Meta sean más seguras para los usuarios y para evitar que las personas vulnerables se vean obligadas a realizar trabajo sexual ilícito", subrayó la fiscal general en un comunicado.Según Moody, Zuckerberg debe "prestar atención de inmediato a esta amenaza a la seguridad pública y testificar ante nuestro consejo sobre lo que está haciendo Meta para evitar que sus plataformas se utilicen para ayudar, facilitar o apoyar la trata de personas".En EEUU, según un informe federal, en 2022 hubo 183 nuevos casos penales de tráfico humano abiertos en el sistema judicial federal, lo que significó un 24 % de descenso respecto al año anterior.Las plataformas más comúnmente usadas por los traficantes investigados en esos casos para reclutar a sus víctimas fueron, por este orden, Snapchat, Instagram, Kik, Grindr, Video Games, Facebook, Discord, Yubo, Tinder, Omegle, Live.me y Gate of Chaos.Le puede interesar:
Esta nueva medida se trata de un proceso en que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por siglas en inglés) y el Departamento del Trabajo trabajan en conjunto para garantizar la igualdad de derechos a los trabajadores que teman denunciar algo relativo a su empleo debido a su estatus legal, según indicó Hochul en un comunicado.El pasado enero el DHS publicó una guía sobre este nuevo proceso para que trabajadores inmigrantes obtengan protección temporal contra la deportación y autorización de trabajo si están involucrados en una disputa laboral, tras evaluar cada caso individualmente.Esa protección es una "acción diferida", que estará vigente por dos años en los que la agencia de Seguridad Nacional se compromete a no solicitar la deportación del trabajador involucrado en la investigación, y el permiso puede renovarse si la investigación se prolonga."Esta importante asociación con el Departamento de Seguridad Nacional no solo ayudará a proteger la integridad de nuestras investigaciones laborales, sino también la seguridad de los trabajadores vulnerables", señaló la gobernadora."Continuaremos trabajando con nuestros socios locales, estatales y federales para garantizar que todos los trabajadores disfruten de su derecho a la equidad y la seguridad en el lugar de trabajo, independientemente de su estado migratorio", afirmó.Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznFUna vez que se abra una investigación, los trabajadores, su portavoz o abogado deben presentar una solicitud al Departamento del Trabajo para que respalde se le otorgue la acción diferida y hacer también el reclamo a Seguridad Nacional.El Departamento del Trabajo tiene que informar al DHS de que está investigando el conflicto y que necesita que el o los trabajadores estén protegidos contra la deportación para que puedan así colaborar con el proceso."El miedo a las represalias paraliza a cualquier trabajador, pero es especialmente terrible para los inmigrantes. En el Departamento de Trabajo investigamos todas las denuncias, independientemente del estado migratorio", recordó en el comunicado conjunto Roberta Reardon, comisionada del Departamento del Trabajo del estado.Le puede interesar: "Bienvenidos uribistas, anti uribistas, quinteristas o arrepentidos”: Federico Gutiérrez
Miami fue testigo de una masiva manifestación en la ciudad de Homestead, ubicada al sur de la ciudad, en rechazo a la ley migratoria SB1718 que entró en vigencia este 1 de julio en el estado de Florida. Centenares de personas, en su mayoría mexicanos y centroamericanos que trabajan en los campos de cultivo y sus familias, se congregaron frente a la Alcaldía para expresar su descontento y defender la contribución de los inmigrantes a la cultura y economía del estado.Con banderas y carteles alusivos, los manifestantes escucharon a dirigentes comunitarios, líderes religiosos y disfrutaron de actuaciones folclóricas antes de iniciar una marcha por la ciudad. Esta protesta se suma a otras que tuvieron lugar en distintas partes de Florida, donde los inmigrantes exigen la detención de la aplicación de la ley y la protección de sus derechos.Antonia Catalán, activista mexicana de la organización Soy Poderosa, que brinda apoyo a mujeres inmigrantes en el sur de Florida, expresó: "Sin los sin papeles como los trabajadores del campo y todos los otros que hacen los trabajos duros, Florida se cae". Catalán también criticó las restricciones al aborto legal y otras leyes impulsadas por el gobernador Ron DeSantis. Desde temprano, la activista estuvo presente en la plaza donde se llevó a cabo la concentración bajo el lema "Libertad para todos".Catalán señaló que existe "pánico" entre los indocumentados que han decidido quedarse en Florida, a diferencia de otros que han migrado hacia estados como Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur para trabajar. "Ahora que entró en vigor la ley, no quieren salir de sus casas", indicó. Aunque invitó a algunas personas a unirse a la marcha, recibió respuestas negativas.Rosa Elera, portavoz de la Coalición de Inmigración de Florida (FLIC, por sus siglas en inglés), reconoció que la comunidad está "asustada", pero instó a los inmigrantes a luchar por sus derechos y confiar en que las organizaciones comunitarias los protegerán. Además, destacó que la ley, que entró en vigencia recientemente, inicialmente era mucho más severa, pero la presión logró que el Congreso de Florida, dominado por el Partido Republicano, la "suavizara".La ley migratoria SB1718 Esta ley prohíbe y declara ilegal contratar, reclutar o emplear a inmigrantes sin estatus migratorio regularizado. También establece sanciones penales, como cinco años de prisión y multas de hasta 5,000 dólares, para aquellos que utilicen documentos falsos o de otras personas para obtener empleo. La ley prohíbe a las autoridades locales otorgar fondos para emitir documentos de identificación a inmigrantes indocumentados. Además, exige a los hospitales que aceptan Medicaid preguntar sobre el estatus migratorio de los pacientes, aunque responder es opcional. La ley también invalida los permisos y licencias de conducir expedidos por otros estados a inmigrantes indocumentados. Asimismo, destina 12 millones de dólares al programa de transporte de inmigrantes no autorizados de DeSantis, con el objetivo de trasladarlos a otros estados. La ley también requiere que los empleadores con 25 o más trabajadores utilicen el sistema E-Verify para nuevas contrataciones. Otorga facultades a funcionarios estatales, como el jefe de seguridad interior de Florida, para coordinar acciones de aplicación de la ley de inmigración, entre otras disposiciones.Le puede interesar:
La ley promovida por el republicano Ron DeSantis, gobernador de Florida y que entró en vigor este sábado, 1 de julio, se trata de la normativa más restrictiva de todo Estados Unidos, lo que ha causado preocupación entre los trabajadores inmigrantes indocumentados.La nueva ley contempla diversas medidas: se destinarán 12 millones de dólares para enviar a los inmigrantes indocumentados a otros estados o a sus países de origen. Además, se impondrán sanciones penales a quienes oculten, alberguen, transporten o protejan a inmigrantes que hayan entrado de forma ilegal en Estados Unidos.La legislación también afecta a las matrículas y permisos de conducción emitidos por otros estados a inmigrantes irregulares, los cuales no serán reconocidos como válidos en Florida. Asimismo, se exige a los hospitales que soliciten información sobre el estatus migratorio de los pacientes en los registros de admisión. Se incrementarán las multas por emplear, contratar o referenciar a inmigrantes en situación irregular tanto en el ámbito público como privado.Uno de los aspectos más destacados de esta ley es la obligación impuesta a las empresas con más de 25 empleados de utilizar el sistema E-Verify para verificar el estatus migratorio de los trabajadores. En caso de contratar a indocumentados, se impondrán multas de 1.000 dólares al día."Florida no será un estado santuario que permita que los extranjeros ilegales usurpen nuestras leyes. Las identificaciones emitidas por jurisdicciones santuario se invalidarán en el estado de Florida y el uso de una identificación falsa para obtener empleo ahora se considerará un delito grave", aseguró Ron DeSantis en mayo pasado, al firmar la ley.Según estudios del Instituto de Políticas Migratorias de Florida, esta ley afectará a casi un millón de inmigrantes indocumentados en el estado. Se estima que un 24% de ellos trabaja en la construcción, cerca de un 17% en labores agrícolas, un 15% en hostelería y servicios, y un 9% en el comercio minorista.Le puede interesar:
Después de una persecución, la Policía de Bogotá capturó a un ladrón de carros que acababa de robar una camioneta en la localidad de Puente Aranda. Y también fue capturado otro delincuente en Ciudad Bolívar cuando estaba guardando otro vehículo hurtado en un parqueadero.Inicialmente, en el sector de Puente Aranda, el señalado delincuente se robó una camioneta a Toyota. Tras el hecho emprendió la huida por la calle Sexta con carrera 30 y allí los uniformados verificaron y encontraron que el vehículo iba hacia el norte de la capital del país.De acuerdo con el reporte del Ojo de la noche para Mañanas Blu, cuando la Policía se percató del hecho inició la persecución y fue en la calle 19, con carrera 30, donde se produjo el cruce de disparos.El delincuente trató de escapar, y realizó algunos disparos, por lo que la Policía tuvo que responder para poder capturarlo. Blu Radio habló con la comandante del CAI del Galán, la teniente Jessica Gutiérrez, quien narró los momentos que vivieron:“Nosotros, realizando las actividades de patrullaje, observamos a la altura de la Sexta con 30 la camioneta, la cual indicaba el cuadrante. Esta se percata de la presencia policial y emprende la huida”, inició contando la teniente.La policía también detalló que cuando lograron hacer que el señalado ladrón se bajara del vehículo, empezó a correr, por lo que fue allí cuando con otro uniformado pudieron capturarlo.“Más adelante la interceptamos a la altura de la 30 con 19. El ciudadano desciende del vehículo corriendo junto con mi compañero de patrulla logramos dar la captura y minutos antes él realiza unos impactos contra la humanidad de él. Este ciudadano lo dejamos a disposición de las autoridades competentes”, relató.Un caso similar el que se vivió en la localidad de Ciudad Bolívar, donde la Policía encontró un camión que habrían hurtado en el sector de Rafael Uribe Uribe.El delincuente iba a guardarlo en un parqueadero, pero fue interceptado por los uniformados y en fue trasladado hasta la estación de Policía y posterior a eso judicializado en la Uri del sector de Molinos.Escuche el reporte del Ojo de la noche en el audio adjunto:
La Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) se encuentra en la búsqueda de una niña de 9 años de edad que se encuentra desaparecida desde el pasado domingo 26 de noviembre en el barrio El Muelle, localidad de Engativá, en el noroccidente de Bogotá.La menor, identificada como Eva Luna España Navarro, salió de su casa hacia las 5:20 de la tarde con destino a la casa de su abuela, ubicada a tres cuadras de distancia. Sin embargo, nunca llegó a su destino.Según el relato de sus familiares, la niña fue vista por última vez por una cámara de seguridad en la calle 79 sur con carrera 100. En las imágenes se observa que la niña camina sola y desorientada.La menor tiene una estatura de 1.30 metros, cabello castaño claro, ojos marrones y viste un pantalón jean azul, una blusa gris con un peluche en el pecho y unas chancletas moradas, según le dijo a Blu Radio el papá de la menor."La niña sí me dijo que quería salir, como ir al parque, debido a que era domingo y quería hacer un poco de bici. La niña alcanza a recorrer cierta parte del barrio. La niña tiene un blue jean, pantaloncito de color azul, tiene una blusita, como un suetercito gris, con un peluche sobre la altura del pecho. Tiene unas chancleticas de color morado, como de gomita. Nosotros esperamos pues que, si alguna persona de pronto la vea, la reconozca, diga que pues ojalá piense en que es la niña que estamos buscando, pues nos lo puede hacer saber a través de algún medio", manifestó.Las autoridades hacen un llamado a la comunidad para que, en caso de tener información sobre el paradero de la menor, se comunique a la línea de emergencia 123 o a la Fiscalía General de la Nación. La familia de la menor está desesperada y pide ayuda a la ciudadanía para encontrarla.Le podría interesar:
La fiscal de la Nación de Perú, Patricia Benavides, anunció que denunció en el Congreso a la presidenta Dina Boluarte y el primer ministro, Alberto Otárola, por cuatro muertes en las protestas antigubernamentales de 2022 y 2023, al replicar a una investigación abierta en su contra por la supuesta conformación de una red criminal en el Ministerio Público."Informo que he formulado una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra los ciudadanos Dina Boluarte y Luis Alberto Otárola", dijo en una declaración en la que aseguró que la investigación abierta en su contra "tienen como propósito" amedrentarla para que no continúe su "lucha contra la impunidad".También contra los tres exministros de Interior que ocuparon la cartera durante la ola de protestas, César Cervanes, Víctor Rojas y Vicente Romero. A los cinco los denuncia por la presunta comisión de delito de homicidio calificado.Este lunes se llevó a cabo la operación "Valquiria V", a cargo del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder (Eficcop), que acusa a Benavides de ser la cabeza de una red criminal de tráfico de influencias.Como parte de este operativo, detuvo al que era hasta ayer el gerente central del Despacho de la Fiscalía, Jaime Villanueva.Benavides afirmó en su mensaje que esta investigación es "un ataque premeditado" de quienes se oponen a su labor."Esta madrugada, el Ministerio Público ha sido objeto de un ataque premeditado de quienes se oponen a la labor que la ley nos encarga: luchar contra la impunidad y la corrupción orquestada en las más altas esferas del poder", dijo Benavides.La fiscal indicó que la institución que dirige tiene a cargo casos de máxima relevancia con personas que van a intentar utilizar su poder para "obstruir la justicia"."Las últimas horas son una demostración de quienes no quieren ser investigados y tienen aún la capacidad de ejercer represalias contra la institución que represento. Con este acto torpe que pretende desestabilizar la independencia y autonomía del Ministerio Público utilizando para tal deleznable propósito el mecanismo de utilizar a algunos fiscales", señaló en el pronunciamiento.También anunció que continuará investigando a altos funcionarios responsables de las "trágicas muertes que ocurrieron entre diciembre de 2022 y marzo de 2023" en las protestas, así como otros "casos emblemáticos"."Hoy es un día difícil, pero fundamental es la lucha contra la impunidad, contra la corrupción y contra los poderosos que no quieren que en nuestro país se haga justicia", dijo al añadir que no teme a las represalias que puedan seguirse tomando contra su persona.El pasado 24 de octubre, la Fiscalía extendió por ocho meses adicionales la investigación por las muertes en las protestas.Por ese caso, Boluarte acudió a declarar a la Fiscalía el pasado 27 de septiembre, cuando ratificó las explicaciones que ya dio en junio pasado sobre las decenas de muertes que se produjeron durante las manifestaciones antigubernamentales desarrolladas de diciembre a marzo pasado en su país y pidió que se cierre la investigación que se sigue en su contra.La mandataria fue citada como parte de la investigación preliminar abierta contra ella y otras altas autoridades de su gobierno por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y abuso de autoridad, a raíz de la muerte de 77 personas en las movilizaciones, 49 de ellas en enfrentamientos directos con las fuerzas de seguridad.
El objetivo es desembarcar al menos 600 hombres en Santa Rosa, una de las poblaciones junto a Montecristo, Arenal y Morales, que viven el recrudecimiento de la guerra entre el Clan del Golfo y la guerrilla del ELN por el control territorial.Estos hombres “reforzarán los dispositivos de seguridad en la región, con el fin de evitar los desplazamientos masivos y las confrontaciones entre grupos armados ilegales, generadas por mantener el control de las rutas del narcotráfico, la explotación ilícita de yacimientos y demás economías ilegales presentes en el territorio”, señalaron fuentes militares.Los enfrentamientos entre los grupos armados completan más de cinco días en las zonas rurales de estos municipios en donde, según la Defensoría del Pueblo, se han tenido que desplazar un total de 1400 personas, el equivalente a 556 familias.Lo que está sucediendo en el sur de Bolívar no es una situación nueva, ya que desde la Defensoría del Pueblo advertimos la grave problemática a través de nuestras alertas tempranas 018 del 2021 y 034 del 2023”, aseguró el defensor Carlos Camargo el pasado 25 de noviembre.Le puede interesar:
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, regresará esta semana a Israel y a la Cisjordania ocupada en su tercera visita a Oriente Medio desde el inicio de la guerra de Gaza, anunció este lunes su oficina.El jefe de la diplomacia estadounidense, que está en Bruselas para participar en la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN, alargará su viaje más allá del miércoles para visitar también Macedonia del Norte, Israel, Cisjordania y Dubái."En sus reuniones en Oriente Medio, el secretario enfatizará la necesidad de mantener el creciente flujo de ayuda humanitaria a Gaza, asegurar la liberación de todos los rehenes y mejorar la protección de los civiles en Gaza", explicó un portavoz del Departamento de Estado.Blinken insistirá además en la importancia de "establecer un Estado palestino independiente" y de evitar que la guerra de Gaza se convierta en un conflicto regional, añadió la misma fuente.El secretario de Estado participará también en la cumbre del clima COP28 de Dubái en representación del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien no acudirá a la cita a diferencia de los dos años anteriores.El anuncio del viaje a Oriente Medio del jefe de la diplomacia estadounidense llega el mismo día en que Israel y el grupo islamista palestino Hamás acordaron prolongar durante dos días más la tregua que comenzó el viernes a cambio de la liberación de rehenes.Será la tercera visita de Blinken a la región desde el inicio de la guerra, que comenzó el 7 de octubre tras el ataque del brazo armado de Hamás contra Israel que dejó 1.200 muertos. La posterior ofensiva del Ejército israelí contra Gaza se ha cobrado la vida de 15.000 personas.La Administración de Joe Biden ha mostrado desde el inicio su apoyo inquebrantable a Israel, aunque durante las últimas semanas ha aumentado la presión sobre el Gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para que frene las muertes de civiles palestinos. Le podría interesar:
