El drama de los migrantes se ha convertido en el negocio ilegal de varias organizaciones. Una de ellas, que es señalada como responsable de facilitar el ingreso irregular de ciudadanos africanos, asiáticos, cubanos, haitianos y venezolanosa Colombia durante el último año, fue impactada por cuenta de una operación de la Fiscalía, la Dijín de la Policía y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI/ICE).
Y es que fueron capturados nueve personas vinculadas a la red criminal en diferentes lugares del país, incluyendo Ipiales, Pasto, Neiva, Maicao, Soledad, Santander de Quilichao y Bucaramanga. La operación abarcó rutas desde Ipiales (Nariño) y Cúcuta (Norte de Santander) hasta Necoclí (Antioquia), así como desde la zona fronteriza con Venezuela hasta puntos limítrofes con Ecuador.
Estos individuos están siendo investigados por su participación en cinco eventos distintos que involucraron el transporte ilegal de 229 migrantes, incluyendo siete menores de edad. Se les imputan cargos de concierto para delinquir y tráfico de migrantes, aunque los detenidos no han aceptado los cargos.
Entre los señalados, se encuentran figuras clave de la red, como Carlos Alberto Coy Martínez (alias Patrón), quien se cree que lideraba la organización, y otros como Gilberto Ariza Carrillo (alias Pescuezo), Juan Pablo Delgado Escobar, Jhon Jairo Balaguera Peñate, Samuel Darío Meza Salavandia, Edwin Andrés Panqueva (alias Pochis), Hernando Cáceres Duarte, Hugo Robinson Rodríguez Regalado y Mauricio Álvarez Giraldo.
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Adicionalmente, a Carlos Alberto Coy Martínez se le imputa el delito de falsedad marcaria, relacionado con la alteración del número de chasis de uno de los autobuses de la organización. Este vehículo ha sido afectado con medidas cautelares con fines de comiso.
Los procesados han recibido medidas de aseguramiento, siendo seis de ellos recluidos en centros carcelarios, mientras que los conductores Álvarez Giraldo, Rodríguez Regalado y Cáceres Duarte permanecerán en sus lugares de residencia.
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La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 18 bienes e inmuebles valuados en más de 2.367 millones de pesos. Estos activos, presuntamente utilizados por la red para llevar a cabo sus operaciones, fueron intervenidos en procedimientos realizados en diversas ciudades del país.
Los detalles del ‘modus operandi’ de esta red se basan en traslados ilegales se llevaban a cabo en autobuses presuntamente propiedad de miembros del grupo delictivo, acompañados por motociclistas o "moscas" que proporcionaban seguridad y alertaban sobre la presencia de autoridades en la vía. En algunos casos, se habría pagado sobornos a miembros de la fuerza pública para facilitar el paso, así como la obtención de documentos de identidad y permisos migratorios falsos para los extranjeros.
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