Tres estructuras delincuenciales con presencia en el Valle de Aburrá fueron el blanco de una ofensiva, que en las últimas horas las autoridades desplegaron para capturar a cuatro de sus presuntos integrantes en Medellín y Bello.Uno de los procedimientos se desarrolló en los barrios Buenos Aires, sector Bomboná II, y El Vergel, en la comuna 9 de Medellín. Allí fue detenido por orden judicial Edison Pino Beltar, conocido como alias ‘Tuerto’ o ‘Bizco’, señalado de coordinar las actividades de la estructura criminal Caicedo.Según la investigación, habría asumido el control de la distribución de drogas en Buenos Aires, La Milagrosa, El Salvador y Caicedo, además de ejercer presión sobre los habitantes mediante amenazas, intimidaciones y desplazamientos forzados.En otra intervención, realizada en La Candelaria y Villa Hermosa, fue capturada Lady Dayana Muñoz Tobón, alias ‘Marcela’ o ‘Daniela’, vinculada a ‘La Terraza’. Las autoridades la señalan de liderar una modalidad de hurto contra extranjeros en el sector del Parque Lleras, a quienes presuntamente atraía hacia alojamientos de renta corta para suministrarles escopolamina y apoderarse de sus pertenencias.El tercer operativo se desarrolló en el barrio El Trapiche, en Bello, donde fueron capturados en flagrancia Juan Daniel Pulgarín Castrillón y Juan Stiven Pulgarín Jiménez, señalados de integrar el grupo delincuencial ‘El Mesa’.De acuerdo con las autoridades, administraban laboratorios artesanales para procesar sustancias sintéticas que posteriormente eran distribuidas en fiestas y eventos de música electrónica del Valle de Aburrá, el oriente antioqueño y Caldas.Los procedimientos también permitieron incautar armas, marihuana, cocaína, 2CB, ketamina, MDMA, dinero en efectivo y equipos de comunicación. En Bello, además, fueron desmantelados los centros de producción identificados por los investigadores.
Una investigación que comenzó a partir de las alertas generadas en los controles migratorios del Aeropuerto Internacional El Dorado permitió avanzar en la desarticulación de una organización transnacional señalada de facilitar el tráfico de migrantes mediante la obtención fraudulenta de documentos y de la nacionalidad colombiana.En operativos simultáneos realizados esta semana en Bogotá, Neiva, Barranquilla y Soledad, Atlántico, fueron capturadas 15 personas, entre ellas tres funcionarios públicos y tres ciudadanos dominicanos.De acuerdo con la investigación adelantada por la DIJIN de la Policía Nacional, Migración Colombia, la Fiscalía y la Registraduría, con apoyo de autoridades españolas y de la Embajada de Estados Unidos, la estructura habría tramitado de manera irregular la nacionalidad colombiana de ciudadanos extranjeros. Posteriormente, estos documentos serían utilizados para facilitar su salida del país y su llegada a Estados Unidos y distintos países de Europa.Durante 2025, funcionarios de la entidad detectaron cerca de 300 ciudadanos extranjeros, principalmente de República Dominicana y Venezuela, que se identificaban como colombianos y portaban documentación que habría sido expedida de manera fraudulenta.Un primer resultado de este caso se dio en diciembre de 2025, cuando fue capturado en Medellín un funcionario de la Registraduría que, según la investigación, habría tramitado más de 20 cédulas de ciudadanía. A partir de ahí, las autoridades ampliaron las labores de investigación y fortalecieron los controles en diferentes puntos del país.Según Migración, la organización investigada no se habría limitado a facilitar el ingreso o tránsito de migrantes, sino que habría desarrollado un mecanismo para obtener documentación colombiana de manera fraudulenta.Los 15 capturados quedaron vinculados a las investigaciones que adelantan las autoridades para determinar las responsabilidades individuales dentro de la estructura y establecer el alcance de las operaciones realizadas.
Las diligencias de registro y allanamiento fueron realizadas por la Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Agencia del Servicio Secreto de los Estados Unidos (USSS), en Bogotá D.C. y el Valle del Cauca.Los procedimientos permitieron la captura de cinco personas, la desarticulación de un centro de producción litográfica clandestino y la incautación de 517.730 dólares falsos, así como de $350.950.000 de pesos colombianos falsificados, impidiendo la circulación de esta divisa fraudulenta en el comercio formal.En el primer procedimiento se ejecutó una orden de allanamiento en el barrio El Rincón, de la localidad de Suba, en Bogotá, donde fue capturado Omar Montes Deavila, alias ‘Damián’, quien presuntamente delinquía como enlace de acopio y comercialización al por mayor de dinero espurio. De acuerdo con las investigaciones, adquiría grandes cantidades de billetes adulterados para insertarlos en el comercio y ejecutar estafas.Las autoridades encontraron que alias ‘Damián’ tenía en su poder 266.010 dólares falsos y $350.950.000 de pesos colombianos falsificados, así como $500 dólares reales y $16.840.000 en efectivo nacional, presuntamente empleados como señuelos para maniobras engañosas. También hallaron una máquina impresora acondicionada para estafas, un uniforme de uso privativo del Ejército Nacional y tres teléfonos celulares.“Montes Deavila fue imputado por tráfico de moneda falsificada, tenencia de elementos para la falsificación de moneda y uso de uniformes e insignias de uso privativo de las Fuerzas Militares, disponiéndose en su contra medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia en Bogotá”, afirmó el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e INTERPOL.En el segundo procedimiento, uniformados de la DIJIN llevaron a cabo una diligencia de allanamiento y registro en un inmueble del barrio El Amparo, del municipio de La Unión, Valle del Cauca. En el sitio fue desarticulado un taller que producía papel moneda adulterado a escala industrial.Durante la intervención fueron capturados cuatro ciudadanos: Hugo Chávez, alias ‘Majinbu’, señalado como cabecilla de la estructura criminal; Jorge Ríos, encargado de las labores logísticas; Eduar Posso, colaborador logístico; y William Ibáñez, operario e impresor de la moneda espuria.En el lugar se incautaron 251.720 dólares falsos listos para su distribución, una máquina litográfica industrial, dos impresoras láser de alta definición, un computador portátil con insumos digitales de diagramación, seis teléfonos celulares y diversos insumos químicos, tintas y matrices para la elaboración de billetes.Los procesados fueron imputados por los delitos de falsificación de moneda nacional o extranjera; tráfico, elaboración y tenencia de elementos destinados para la falsificación de moneda; y concierto para delinquir. Un juez con función de control de garantías ordenó medida de aseguramiento intramural en el centro carcelario de Tuluá para alias ‘Majinbu’, Ríos Lizcano y Posso Ramírez, mientras que Ibáñez Rodríguez cumplirá detención domiciliaria en Cali.
El presidente Abelardo De La Espriella rechazó el pronunciamiento del ELN en el que hablan de la posibilidad de evaluar un canje para que los miembros de la DIJIN secuestrados el pasado 17 de agosto."El ELN confirmó que mantiene secuestrados al mayor Fredy Alexis Russi González, a los patrulleros Erika Tatiana Monroy Hurtado y Edinson Yesid Medina Traslaviña, integrantes de nuestra DIJIN, y a la ciudadana Angi Jácome", dijo el presidente De La Espriella en su mensaje.En el mismo sentido, el mandatario aseguró que desde el 17 de agosto ordenó desplegar todas las capacidades de la fuerza pública para lograr la liberación de las personas secuestradas y para llevar a los responsables ante la justicia."Y ahora pretende hablar de un posible “canje”. Que les quede claro: no habrá canje. La vida y la libertad de los colombianos no son moneda de negociación", señaló el mandatario.Por otro lado, el presidente dijo que cada ataque contra la fuerza pública tendrá una respuesta contundente por parte del Estado."Emplearemos toda la capacidad operacional legítima de nuestras Fuerzas Militares y de Policía contra sus estructuras, sus cabecillas y sus capacidades criminales, dentro de la Constitución y la ley. No habrá escondite ni territorio vedado para la Fuerza Pública. Los responsables serán perseguidos y sentirán todo el peso de la ley", señaló De La Espriella.
En el marco de una indagación adelantada por una Fiscalía de la Dirección Especializada contra la Corrupción, funcionarios de la Dijín de la Policía Nacional realizaron una diligencia de inspección en la sede del Polo Democrático, en Bogotá.El procedimiento contó con el aval previo de un juez de control de garantías y tuvo como propósito recopilar documentos, cuentas y otros soportes financieros y contables relacionados con la consulta interna realizada por el movimiento político para escoger candidato presidencial. En esa consulta participaron Iván Cepeda Castro y Diana Carolina Corcho Mejía.De acuerdo con la Fiscalía, la información recolectada busca determinar si los datos que reposan ante la autoridad electoral corresponden a los verdaderos financiadores de las campañas o si existen diferencias entre lo reportado oficialmente y los recursos que efectivamente fueron aportados.La diligencia hace parte de una etapa de indagación, en la que el ente investigador recopila elementos para establecer las circunstancias de los hechos y determinar si existen eventuales responsabilidades.
En medio de la controversia por la expedición del Decreto 1368 sobre la regulación y permisos del porte de armas de fuego en Colombia, el general en retiro Fernando Murillo, exdirector de la Dijin de la Policía Nacional entre 2020 y 2022, defendió la efectividad de la medida al asegurar que la tenencia y el porte legal ejercen un efecto de contención directo sobre la delincuenciaSegún el alto oficial en retiro, el deterioro de la seguridad ciudadana ha llevado a la población a demandar herramientas legítimas para proteger su vida y su patrimonio frente a una criminalidad que “ya no respeta ni la institucionalidad, no respeta la vida, no respeta la integridad”.Disuasión y la necesidad de autoprotecciónPara el general (r) Murillo, la sola probabilidad de que los ciudadanos estén armados legalmente altera el cálculo de los criminales en las calles. “El solo hecho que el delincuente común hoy sepa que hay ciudadanos que tienen un porte legal de armas, es disuasivo para todos los hechos de violencia que estamos viendo”, sostuvo en diálogo con Mañanas Blu.Al ser cuestionado sobre si la protección no debería recaer exclusivamente en las instituciones del Estado, Murillo señaló que existía una realidad ineludible en materia de seguridad: “Ese es el deber ser... Pero también hay que tener en cuenta que en seguridad ciudadana el ciudadano tiene corresponsabilidades y la corresponsabilidad es la autoprotección”.Requisitos rigurosos y diferencia entre porte y tenenciaFrente a las críticas de quienes temen un descontrol de armamento en las calles, Murillo enfatizó que la decisión gubernamental “no es una patente de corso” ni autoriza la comercialización libre. Aclaró que la venta de armas se mantiene bajo el monopolio de las Fuerzas Militares a través de Indumil y requiere la evaluación de un comité especializado tras someterse a exámenes médicos, psicotécnicos, revisión de antecedentes y referencias personales.Asimismo, precisó la diferencia técnica entre las licencias existentes en la legislación colombiana: “La tenencia es cuando usted compra un arma legalmente al estado y la tiene en un lugar, ya sea su residencia, su en su actividad económica, en su finca... no la puede transportar permanentemente”, mientras que “el porte es cuando la persona adquiere un arma precisamente para que lo acompañe a toda a su actividad personal o laboral”. Además, recordó que existen prohibiciones tajantes, como la imposibilidad de portar armamento bajo los efectos del alcohol.Los riesgos de convivencia y el debate sobre las armas ilegalesAl evaluar los posibles riesgos de violencia intrafamiliar o accidentes en los hogares, el exdirector de la Dijin reconoció que “puede haber un riesgo en el mal uso del arma de fuego, pero eso ya es la condición de la persona” . Sin embargo, insistió en que el objetivo principal es permitir la legítima defensa cuando el Estado no puede brindar una respuesta inmediata.Por su parte, el experto en seguridad ciudadana y exsubsecretario de Seguridad de Bogotá, Andrés Nieto, aportó una perspectiva crítica basada en cifras e investigaciones internacionales. Nieto advirtió que la flexibilización suele provocar “un aumento en los primeros 3 años de hasta el 26% de riñas entre familiares, conocidos o amigos que terminan... con estas armas en medio de esas discusiones”.No obstante, Nieto coincidió en que el verdadero problema radica en el mercado negro: “El problema en este país no son las armas legales... sino son las ilegales”, estimando en más de tres millones los dispositivos no regulados en manos de la delincuenciaFinalmente, el experto recordó que el permiso legal no otorga impunidad penal: “Usted puede tener ahora un permiso, un salvoconducto, tanto de tenencia como deporte y eso no lo va a exonerar de responder ante las autoridades por un homicidio”, resaltando la alta complejidad jurídica para demostrar la legítima defensa ante un juez. Escuche aquí la entrevista:
La Policía señaló a la estructura delincuencial ‘La Plancha’ como la organización a la que pertenecerían los tres hombres capturados tras el homicidio del intendente de la Sijín Edilberto Pinilla Cárdenas, ocurrido durante la reacción de las autoridades a un triple homicidio en Ciudad Bolívar.El comandante de la Policía de Bogotá, general Giovani Cristancho, explicó que Pinilla participaba en la persecución de los responsables del triple homicidio cuando se produjo un intercambio de disparos en el que murió el uniformado. La reacción policial permitió capturar a tres personas e incautar dos revólveres y un arma artesanal.“Podemos decir que son del grupo delincuencial común organizado, 'La Plancha', que delinquen en Ciudad Bolívar, que en su modus operandi trafican estupefacientes. Estas personas ya también es un grupo delincuencial que lo tenemos reconocido”, afirmó Cristancho.El general agregó que la Policía ya había adelantado operaciones contra esta organización y recordó que un día antes había sido capturado alias ‘Miguel’, señalado por su presunta participación en un doble homicidio ocurrido en febrero de este año.El general Cristancho advirtió que aún no se puede confirmar si las armas incautadas fueron utilizadas en el homicidio del intendente o en el triple asesinato. Los elementos serán sometidos a cotejos balísticos como parte de la investigación. La Policía anunció además que intensificará los operativos en Ciudad Bolívar y trabajará con la Fiscalía para ampliar los procesos judiciales contra ‘La Plancha’ y establecer la responsabilidad de los capturados en los hechos violentos.
La senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico, fue detenida y será trasladada a las instalaciones de la Dijin de la Policía en Bogotá, esto mientras culmina la indagatoria que debe rendir ante la Corte Suprema de Justicia.La razón es que la diligencia que comenzó desde ayer jueves no logró terminarse este viernes y se retomará el próximo lunes 22 de junio. Mientras tanto, la congresista debe permanecer detenida hasta ese momento con la diferencia de que ya no será en su vivienda, como se planteó inicialmente, sino en dicha instalación policial.La restricción de libertad fue ordenada por la magistrada Cristina Lombana de dicho tribunal, quien tomó la decisión ante un posible riesgo de comparecencia, es decir, que Peralta pudiera evadir el proceso judicial.Ante esto, la defensa de la senadora radicó una solicitud de libertad vía hábeas corpus alegando que Lombana no había justificado lo suficiente la decisión. Sin embargo, la magistrada defendió su medida y pidió negar el hábeas por improcedente. Ahora es un juez de familia de Bogotá el que deberá definir el futuro de este recurso.Peralta fue mencionada por el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Olmedo López, de haberse quedado con un contrato de maquinaria amarilla en La Guajira, departamento del que ella es oriunda.“Estoy tranquila, y no es casualidad que esto haya pasado días antes de las elecciones presidenciales. Aquí vine a defenderme y demostrar la verdad”, dijo la senadora antes de la jornada de este viernes.
Una investigación de más de un año permitió a las autoridades desmantelar una red señalada de apropiarse ilegalmente de millonarios recursos destinados a programas sociales para población vulnerable en el país.La estructura criminal, que inició sus operaciones en Medellín y varios municipios de Antioquia, terminó extendiendo su alcance a otras regiones del país, con presencia en ciudades como Ibagué, Montería y Barranquilla.El operativo ejecutado por la Dijin y la Fiscalía General llevó a la captura de 11 presuntos integrantes de la organización. Según las autoridades, el entramado delincuencial habría desviado más de 3.000 millones de pesos pertenecientes a subsidios administrados por el Departamento para la Prosperidad Social.De acuerdo con las investigaciones, el modus operandi consistía en infiltrarse ilegalmente en el software utilizado para registrar las huellas dactilares de los beneficiarios legítimos de los subsidios del Gobierno nacional. Una vez obtenían acceso al sistema, reemplazaban los registros biométricos originales por las huellas del cabecilla de la organización y de otros integrantes de la estructura.Con esa manipulación, los delincuentes lograban presentarse en puntos de pago como si fueran los verdaderos beneficiarios y retiraban los recursos. El coronel Elver Vicente Alfonso, director de la Dijin, también explicó que para fortalecer el fraude, la organización recurría a la falsificación de documentos de identidad y a la captación de colaboradores encargados de efectuar los cobros en distintas ciudades del país."Se llevaron a cabo diligencias de allanamiento en Medellín, Montería, Barranquilla, por los delitos de concierto para delinquir agravado. Acceso abusivo de sistemas informáticos. Falsedad personal y abuso de confianza", destacó Alfonso.El uniformado también explicó que la investigación se originó tras las denuncias presentadas por una red multiservicios de giros, que detectó irregularidades repetitivas en varios de sus puntos de pago.Posteriormente, auditorías internas y análisis técnicos adelantados por peritos judiciales permitieron descubrir el mecanismo fraudulento y rastrear la expansión de la red criminal desde Medellín hacia otros departamentos del país.
En un procedimiento realizado por autoridades nacionales e internacionales se logró la captura en el municipio de Donmatías a un hombre que es señalado como el enlace del Clan los Gallegos, facción del Tren de Aragua, y las mafias europeas para el envío de estupefacientes hacia otras partes del mundo.Lo que se ha podido conocer hasta el momento es que el hombre tenía circular roja de la Interpol pues sería una de las piezas claves en un entramado criminal de tráfico de drogas transnacional y que, al parecer, se estaba escondiendo en esta zona del Norte antioqueño.El general William Rincón, director de la Policía Nacional, mencionó en su cuenta de X que, “con más de 5 años de trayectoria criminal, sería el responsable de facilitar el envío de estupefacientes conectando redes transnacionales con organizaciones locales”.La captura se efectuó por una orden emitida por la Audiencia Provincial de Madrid y aseguró el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, que el hombre también inyectaba altas sumas de dinero para la ejecución de las actividades ilícitas."Esta persona cumplía un rol estratégico dentro de la estructura criminal, aportando recursos superiores a mil millones de pesos para el financiamiento de actividades ilícitas, además de coordinar encuentros en el Norte del departamento para facilitar el envío de estupefacientes hacia Europa", mencionó el uniformado.Los recursos obtenidos de estas actividades ilegales eran destinados al fortalecimiento, expansión y sostenimiento de la estructura criminal, incluyendo acciones que afectan la seguridad y la integridad de la Fuerza Pública en el departamento de Antioquia.
Han pasado exactamente 91 días desde el 10 de agosto, y aún Cali se está recuperando del daño que sufrió durante el terremoto, principalmente en la atención a más de 20.000 familias damnificadas en la ciudad.De esas 20.000, hay 700 que están siendo priorizadas, debido a que prácticamente quedaron en la calle, al perder por completo sus hogares, a estas personas son a las que se les está agilizando las soluciones de vivienda, para después continuar con el resto de la recuperación de la ciudad."Estamos priorizando recuperar u ofrecer soluciones de vivienda para quienes ya perdieron definitivamente sus casas, que en este momento son 700 familias, para que tengan una solución lo más rápido posible. El objetivo que le he puesto al equipo y el que le propuse al ministro de Vivienda es que de aquí a diciembre, todos estos caleños y caleñas tengan respuesta", explicó el alcalde de Cali, Alejandro Eder.El proceso de reconstrucción es otro de los factores que están en la lista de prioridades, sin embargo, es algo que toma tiempo. El alcalde explicó que una vez los lotes de edificios colapsados o demolidos estén listos para iniciar obra, se debe contar con la documentación y los permisos requeridos."Una vez los edificios colapsados o los demolidos, ya están liberados de los escombros, ya entran además a revisar el tema de la reconstrucción. Para uno reconstruir tiene que hacer diseños, tiene que hacer estudios de suelo, tiene que sacar todas las nuevas licencias, sacar todos los papeles. Solo ese primer paso, puede durar unos seis meses y de ahí una construcción puede durar 18 meses. Por eso el llamado a la ciudadanía es de paciencia", agregó el mandatario.En cuanto al pago de los auxilios económicos más de 15.500 familias han recibido ya los dos primeros giros del millón 50 mil pesos. Se están adelantando los trámites para que a más tardar la próxima semana se realice el tercer y último pago de estas ayudas."En este momento ya lo tenemos aprobado, ya la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo nos ha mencionado que ya se encuentran listos los recursos, sin embargo, estamos alistando la logística, estamos en este momento todavía terminando de pagar el primero y el segundo giro, pero una vez vayamos avanzando en la dispersión de estos, pues empezaremos con el tercer pago", señaló el secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Ricardo Peñuela.
La crisis humanitaria en Nuquí, en el departamento de Chocó, continúa generando preocupación por el desplazamiento de comunidades indígenas que han tenido que abandonar sus territorios debido a los enfrentamientos entre grupos armados ilegales.De acuerdo con John Jaramillo Pandales, personero municipal de Nuquí, más de 300 personas permanecen actualmente en la cabecera municipal, luego de salir de la comunidad indígena de Villa Nueva. Según explicó, las familias tuvieron que abandonar sus hogares con lo que llevaban puesto y necesitan atención humanitaria urgente. El funcionario aseguró que la capacidad de respuesta de la administración municipal está desbordada, por lo que solicitó la intervención de otras entidades para atender a la población afectada.“Por eso la personería municipal ha solicitado la intervención de otras autoridades como competentes para que nos ayude a hacer digamos todo el tema de intervenciones para poder ayudar a esta comunidad indígena”, señaló Jaramillo.Frente a esta situación, el personero hizo un llamado a la solidaridad de los ciudadanos y pidió donaciones de alimentos, ropa para bebés, niños y adultos, kits de aseo, sábanas y toldillos.“Necesitamos kit de aseo, necesitamos ropa para bebés, ropa para adultos, ropa para las mujeres, ropa general, necesitamos lo que es sábana, toldillo”, dijo.La necesidad de estos elementos también está relacionada con las condiciones de salud de la zona. Según Jaramillo, hay una alerta por la presencia de zancudos y los riesgos de enfermedades como el paludismo y el dengue.La Unidad para las Víctimas ya activó su ruta de atención y, según la información que recibió la Personería, se esperaba la llegada de ayudas humanitarias durante el fin de semana. Sin embargo, el funcionario insistió en que se requiere una respuesta más amplia y sostenida.Desde la Personería señalan, además, que esta emergencia también ha afectado la educación de la comunidad, debido a que 65 niños y niñas tuvieron que interrumpir sus clases, mientras las autoridades locales buscan alternativas para que puedan terminar su jornada escolar de fin de año.Asimismo, la entidad pidió que se garantice acompañamiento psicosocial permanente para las familias. El funcionario advirtió que la atención no debería limitarse a una intervención temporal, sino que debe incluir seguimiento a las afectaciones emocionales de la comunidad.“El llamado que hacemos es que eso no sea solamente de manera provisional, sino es que hay un tema emocional con esta comunidad y que la intervención no sea solamente 15 días, sino es que sea, digamos, se haga un seguimiento frente a estas situaciones”, pidió el personero Jaramillo.Finalmente, desde la Personería de Nuquí reiteran el llamado al Gobierno nacional y a las autoridades competentes para que aumenten su presencia y atención en el municipio, con el fin de garantizar asistencia humanitaria, protección y acompañamiento a las comunidades afectadas.
En la capital del Atlántico avanza la transformación de la Casa de la Selección y del Junior de Barranquilla con la remodelación del estadio Metropolitano, donde en las últimas horas se estuvieron realizando nuevas pruebas sobre la tecnología que se estrenará el próximo 21 de noviembre, durante la final de la Copa Sudamericana.El alcalde Alejandro Char mostró un nuevo video sobre los avances de las obras de modernización, en el que se observa la instalación de las pantallas 360 que tendrá el nuevo ‘Supermetro’, una tira led de 500 metros lineales que le da la vuelta a toda la cancha. Las primeras pruebas sobre su funcionamiento apenas se hicieron sobre la cinta LED del costado occidental y ya la apariencia empieza a cautivar a propios y visitantes.Alerta amarilla hospitalariaY a propósito de la Copa Sudamericana, Barranquilla también tiene lista su red de atención en salud para este encuentro internacional. La ciudad tendrá alerta amarilla hospitalaria entre el sábado 14 y el lunes 23 de noviembre, informó la secretaría de Salud del Distrito, Stephanie Araujo."Esta medida es con el fin de activar nuestro plan de contingencia y dar respuesta y capacidad instalada en toda la red pública y privada del distrito. Tendremos una articulación 24 horas con el CRUE Distrital de Barranquilla y las IPS públicas y privadas, para así tener talento humano en salud, capacidad, suficiencia hospitalaria y de red", indicó.Dentro del estadio, habrá apoyo de MiRed IPS, que dispondrá de 14 médicos, cuatro enfermeras y cuatro integrantes del personal administrativo, quienes respaldarán la labor de los socorristas habilitados para el encuentro.También estará disponible un Módulo de Estabilización y Clasificación de Pacientes (MEC), ubicado en la parte inferior de la gradería noroccidente, con dos médicos y cuatro enfermeras. A esto se suma la disponibilidad de seis ambulancias, de las cuales dos son de transporte asistencial medicalizado y cuatro de transporte básico. Las medicalizadas estarán ubicadas en zona de emergencias del escenario.La atención médica también tendrá presencia en las tribunas. En Norte y Sur habrá un médico en cada una de las zonas altas y bajas, mientras que en Occidental y Oriental se dispondrá de ocho médicos, dos por cada división. Clínicas de apoyo y atención de pacientesLas clínicas Campbell y La Victoria atenderá los casos de urgencia, es decir, aquellos que requieren atención inmediata. La Clínica Iberoamérica y la Clínica Murillo se encargarán del nivel intermedio, y el CAMINO Murillo, del nivel bajo. Además, la Clínica de la Policía se sumará como institución de apoyo.
Un combate entre tropas del Ejército Nacional y presuntos integrantes del ELN permitió el hallazgo de dos mulas que transportaban 100 minas antipersonales. Los animales fueron abandonadas por los hombres armados durante el enfrentamiento y posteriormente trasladados a un centro de bienestar animal.De acuerdo con la información conocida, los hechos ocurrieron en la vereda La Tirana de Anorí, cuando soldados que adelantaban labores de patrullaje observaron a dos hombres que se movilizaban con los semovientes, cargados con costales.Al percatarse de la presencia de los uniformados, los sujetos se enfrentaron con las tropas y, tras el combate de encuentro, huyeron y dejaron abandonadas las dos mulas. Al inspeccionar la carga, los militares encontraron 100 artefactos explosivos improvisados activados.En un audio conocido recientemente se oye a un delincuente planeando el transporte de los artefactos explosivos que tenían como propósito atentar contra la Fuerza Pública y atemorizar a la población del Nordeste antioqueño."Vea hermano, eso coja dos, tres bestias, montele las yucas, móntele las pepas, eso, tanta mula que pasa por ahí, no las van a esculcar. Eso tiene que mirar hermano, que queden parecidas a las de todos los vecinos, para que no hagan colocar sospecha ahí. Eso al fin y al cabo, eso es para que amarrados no van a mirarlas todas miras. Pues confíe en usted nomás que arman que necesitamos esa vuelta", se escucha.Hay que mencionar que en el operativo fueron hallados 40 kilogramos de explosivo tipo pólvora negra, 50 kilogramos de ANFO, 20 metros de mecha de seguridad, 700 metros de cable eléctrico, 1.200 jeringas y otros elementos utilizados para la fabricación e instalación de estos artefactos.El material explosivo fue incautado y posteriormente destruido por las tropas, mientras que los dos animales quedaron bajo protección en un centro de bienestar animal.
A partir de este 9 de noviembre, cinco estaciones del Metro de Medellín dejarán de contar con taquillas para la venta y recarga de la tarjeta Cívica. La medida hace parte de la estrategia de autogestión de pagos para fortalecer el uso de canales digitales y máquinas automáticas.¿Qué estaciones del Metro de Medellín no tendrán taquillas?Las estaciones donde dejarán de funcionar estos puntos de atención son Itagüí, Envigado, Ayurá, La Floresta y Parque Berrío, lugares en donde los usuarios deberán recurrir a las máquinas automáticas instaladas en las estaciones, las aplicaciones Cívica, Bancolombia y Nequi.Según explicó el Metro, para mitigar el cierre de las taquillas se habilitaron máquinas, que permiten la devolución de dinero cuando el usuario realiza una transacción en efectivo, y estarán distribuidas 9 en Itagüí, 11 en Envigado, 6 en Ayurá, 5 en La Floresta y 14 en Parque Berrío.A pesar de que la medida ha causado rechazo entre los adultos mayores y quienes no están familiarizados con los sistemas automáticos, el Metro de Medellín anunció que contará con guías educativos y orientadores de experiencia para acompañar a los usuarios.Asimismo, el Metro aclaró que la eliminación de las taquillas no implicará despidos, ya que los cerca de 270 trabajadores que desempeñaban estas funciones continuarán vinculados y asumirán labores de orientación, atención de inquietudes y acompañamiento en diferentes estaciones.
