Polémica en la Fiscalía por resolución tras reorganización de la Dirección contra la Corrupción
La Dirección Especializada contra la Corrupción se reorganizó para llegar a los territorios y atender los fenómenos delictivos que afectan la administración pública y el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana.
La Fiscalía General oficializó la Resolución 376 de 2025, con la que se anunció la “reorganización de la Dirección Especializada contra la Corrupción para hacer presencia en los territorios”, creando cinco regionales conformadas por 31 fiscales y sus respectivos equipos de trabajo del CTI y la Dijín.
El objetivo oficial, según explicó la entidad, es descentralizar las investigaciones y fortalecer la capacidad de respuesta en regiones donde se concentran casos que afectan la administración pública y los mecanismos de participación ciudadana. La Fiscalía aseguró que “esto cambia radicalmente: la Dirección Especializada contra la Corrupción se reorganizó para llegar a los territorios y atender los fenómenos delictivos que afectan la administración pública y el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana, así como para facilitar y garantizar la denuncia ágil y oportuna de estas conductas en cualquier ciudad”.
Sin embargo, al interior del ente acusador no todos están satisfechos con la medida. Algunos fiscales y funcionarios expresaron su inconformidad por presuntos favoritismos en los traslados, la falta de consenso en los cambios y la incertidumbre laboral que generaría la redistribución. De acuerdo con fuentes internas, los criterios de “experiencia e idoneidad” mencionados en la resolución fueron interpretados por algunos trabajadores como “una forma de demeritar el trabajo de otros fiscales con trayectoria al tomar decisiones sobre los traslados”.
Uno de los puntos más sensibles es el ajuste a la unidad que investiga delitos electorales, que, según los funcionarios, pasó a solo tres despachos. La Fiscalía, en respuesta, aseguró que en realidad “pasará de cinco a siete fiscales y, además de Bogotá, tendrá presencia en Villavicencio, Cali, Barranquilla y Medellín”; sin embargo, esa ampliación no quedó claramente consignada en el documento oficial, lo que ha alimentado las dudas internas.
Para justificar la reestructuración, la entidad argumentó que “responde a un riguroso diagnóstico de la carga laboral y busca hacer frente a la excesiva concentración de talento humano y recursos investigativos en la capital”. Pero entre los fiscales se advierte que los traslados podrían retrasar investigaciones debido a tutelas y recursos interpuestos por quienes se oponen a su reubicación, además de los problemas logísticos de traslado y adaptación en nuevas ciudades.
En cuanto al manejo de casos de alto impacto, la Fiscalía aclaró que “todos los procesos de relevancia y connotación nacional o que avanzan en etapa de juicio seguirán a cargo de los fiscales del nivel central que los han conocido, para garantizar continuidad y evitar prescripciones”. Entre estos expedientes se encuentran las investigaciones por las chuzadas a Marelbys Meza, los presuntos recursos de campañas electorales, la campaña presidencial Petro y otros casos de corrupción de alto perfil como *Papá Pitufo*.
Aunque la entidad insiste en que la medida busca eficiencia y transparencia, la resolución ha generado una presunta molestia y fractura interna entre el discurso oficial y el sentir de buena parte de los fiscales y trabajadores.
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