William Brownfield, exembajador de Estados Unidos en Colombia y principal asesor del Centro para Estrategias y Asuntos Internacionales, habló en Mañanas BLU sobre los señalamientos que hizo sobre el paro nacional, en el sentido de que detrás de las protestas habría “presencia e involucramiento” de “organizaciones narcotraficantes”. “Es un proceso lógico y me pregunto: ¿hay personas, hay organizaciones, hay grupos criminales que tienen interés en una situación de falta de estabilidad, una situación caótica en las calles y ciudades de Colombia? Y la respuesta es sí”, dijo el exdiplomático. “Sin duda alguna, una organización criminal, una organización narcotraficante, por ejemplo, tiene mucho interés en tener 20.000 o 30.000 policías en las calles para responder a las marchas, en vez de hacer investigaciones y en vez de aplicar la ley en contra de la droga ilícita”, indicó. Según Brownfield, hablando del caso colombiano, pero también de Perú, Ecuador y Chile, hay evidencia de esta situación. “Todos han indicado que hay evidencias de intromisión de elementos criminales y quizás ideológicos de otros países en las marchas y las protestas”, sostuvo. “Si hay bastante humo, probablemente hay fuego abajo”, declaró. Le puede interesar: Extrañamos el apoyo de Juanes, Vives o Silvestre en concierto del paro: Doctor KrápulaEl exembajador estadounidense, aseguró que no se puede generalizar frente a la filtración de ilegales en las protestas. “La gran mayoría, 99 % de los que protestan, de los que marchas son personas sinceras, son personas que tienen peticiones auténticas, tienen interés en el mejoramiento de sus vidas y la vida nacional de la República de Colombia. En eso no hay duda alguna, al menos en mi mente, pero lo que digo también es que elementos que no son sinceros, elementos que protestan”: William Brownfield.“En otras palabras, no creo que 200.000 jóvenes o manifestantes están manipulados, creo que 200.000 manifestantes están protestando y dos o tres organizaciones criminales quieren aprovecharse de sus protestas”, aclaró. Escuche esta entrevista: Entérese con el equipo de BLU Radio sobre las noticias de Colombia y sus regiones, los acontecimientos más relevantes e información sobre los hechos que son noticia, llevados a ustedes por un grupo de periodistas, analistas y líderes de opinión.
En diálogo exclusivo con Blu Radio, William Brownfield, exdiplomático de carrera y exembajador de los Estados Unidos en Colombia, defendió la opción que evalúa el gobierno del presidente Donald Trump de incluir a Venezuela en la lista de países patrocinadores del terrorismo junto con Irán, Syria, Sudán y Corea de Norte. Bronwfield dice que existen vínculos de Venezuela con la guerrilla del ELN, las Farc, Hezbollah y Hamas, organizaciones consideradas terroristas por el Departamento de Estado. Ver también: Venezuela está próxima a convertirse en un "narcoestado": William Brownfield El exembajador considera que la designación de país patrocinador del terrorismo sirve para ejercer mayor presión internacional sobre el régimen de Maduro y promover un cambio positivo en el gobierno. La solicitud fue presentada formalmente por el senador republicano, Marco Rubio y las diferentes agencias del gobierno involucradas en el proceso analizan el impacto que podría tener esta decisión porque automáticamente corta los fondos de asistencia humanitaria que Estados Unidos ejecute en Venezuela. Brownfield también considera que el grado de involucramiento de funcionarios e instituciones venezolanas con organizaciones internacionales de criminales, hacen que Venezuela sea ya un “mafia estado”. El exdiplomático estadounidense sostiene que la crisis migratoria de Venezuela requiere una solución de fondo urgente porque en la medida en que los refugiados no tengan posibilidades de subsistencia en los países a los que han emigrado, la situación podría generar problemas de violencia. Brownfield es uno de los nombres que la administración considera para el cargo de enviado especial para el tema de Venezuela, debido a su conocimiento sobre el país y la región durante 30 años de carrera diplomática.
Venezuela está próximo a convertirse en un "narcoestado", afirmó el viernes un alto diplomático responsable de la lucha antinarcóticos de Estados Unidos. William Brownfield, subsecretario adjunto de la oficina de asuntos internacionales de narcóticos del Departamento de Estado, consideró que "sin duda alguna" el gobierno de Nicolás Maduro está "penetrado" e "influenciado" por el tráfico de drogas. "Narcoestado para mí quiere decir un Estado cuyo gobierno es formado o dominado por representantes de la industria de la droga ilícita y en este momento Venezuela se acerca a ese punto", dijo en declaraciones en español durante una conferencia de prensa telefónica. Lea también: Canadá anuncia sanciones económicas a Nicolás Maduro y figuras de su gobierno El diplomático defendió las sanciones impuestas por Washington a Caracas, en particular las emitidas contra Maduro y algunos de sus colaboradores, a los que acusa de quebrantar la democracia, propiciar la corrupción o violar derechos humanos. "Es importante recordarles no solo a los venezolanos, sino (al resto del mundo) qué tipo de personas están en este momento involucrados en el gobierno", dijo. "Probablemente habrá más sanciones durante los meses que vienen y la verdad es que creo que sería buena idea hacerlo", añadió, al señalar el "hecho irrefutable" de que muchos miembros del gobierno de Maduro están involucrados en actividades de narcotráfico. Brownfield, que fue embajador en Caracas entre 2004 y 2007, deploró la situación en este país sudamericano, sumido en los últimos años en una grave crisis política y económica. "La Venezuela de hoy es muy distinta a la Venezuela de hace diez años. Y en casi todos los aspectos de una manera negativa", opinó. Brownfield subrayó el compromiso de Estados Unidos con el principio de no intervención en los asuntos internos de un Estado, algo que reitera Caracas cada vez que recibe cuestionamientos de Washington. Sin embargo, el diplomático instó a considerar el "derecho de una comunidad de naciones" de garantizar que un pueblo tiene acceso a alimentación, atención médica, seguridad y respeto de los derechos humanos y políticos. "Tenemos que ver hasta qué punto un gobierno puede insistir en su derecho de no intervención, en comparación con la obligación de cuidar de su propio pueblo", resumió, advirtiendo que "explosión" en Venezuela tendrá impacto en toda la región. Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.
El subsecretario de Estado para Asuntos Antinarcóticos de Estados Unidos, William Brownfield, consideró que Colombia no debería ser desertificada por su colaboración en la lucha contra el narcotráfico. Esto en relación con la advertencia que hizo, hace unas semanas, el presidente Donald Trump, quien dijo que si para el próximo año Colombia no reduce sustancialmente los cultivos, se podría tomar esa determinación. Le puede interesar: Comunicado de EE.UU. no refleja lo que hace Colombia en lucha antidrogas: Pardo. “No creo que Colombia merece, ni mereció y, ojalá, ni merecerá una decisión de decir que ha fallado concretamente en sus obligaciones”, agregó. Brownfield pidió rigor en la selección de miembros de las Farc que podrían ser extraditados a los Estados Unidos.
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El secretario adjunto de Estado de EE.UU. para Seguridad y Lucha Antinarcóticos, William Brownfield, renunciaría a su cargo en el mes de septiembre, de acuerdo al reporte de la revista Foreign Policy. Esto sucede cuatro meses después de que su esposa, Kristie Kenney, uno los funcionarios más antiguos del servicio exterior en el Departamento de Estado, anunciara también su renuncia. Brownfield ocupaba ese cargo desde el 10 de enero de 2011. De momento, el Departamento de Estado de Estados Unidos no ha hecho un pronunciamiento oficial al respecto. Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.
El presidente Juan Manuel Santos y el secretario de Estado adjunto de EE.UU. para Narcóticos y Seguridad, William Brownfield, analizaron el posconflicto y el aumento de los cultivos de coca y producción de cocaína en el país andino durante el último año, según datos de EE.UU. y la ONU. A la reunión, que se desarrolló a puerta cerrada en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, también asistieron el embajador de EE.UU. en Colombia, Kevin Whitaker, la canciller colombiana, María Angela Holguín; el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. Asimismo, el Alto Consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo; el almirante de Guardia costera de los Estados Unidos, Paul F. Zukunft; el director de seguridad Presidencia colombiana, Juan Carlos Restrepo; y el general en retiro Oscar Naranjo. La Presidencia de Colombia no ofreció detalles de la reunión, aunque sí fotografías y un vídeo de la sesión de trabajo que se extendió por más de dos horas. La reunión fue precedida de una realizada el martes, también a puerta cerrada ni declaraciones posteriores, entre Villegas, Brownfield y el embajador Whitaker. Según medios locales, el consejero Pardo explicó a la delegación estadounidense los convenios que gestiona el Gobierno con comunidades campesinas para que, de forma voluntaria, sustituyan 50.000 hectáreas sembradas de coca. Por su lado, Villegas ahondó en que si el Gobierno no logra acuerdos con los pequeños cocaleros, se procederá a la erradicadación forzosa a través de los diferentes mecanismos que tiene para estos fines. Un informe anual sobre cultivos ilícitos del Departamento de Estado de EE.UU. enviado el pasado sábado al Congreso señala que los cultivos de coca en Colombia aumentaron un 42 % en 2015 respecto a 2014, mientras que en el mismo periodo se incrementó en un 60 % la producción de cocaína. Otro estudio, divulgado el mismo día en Viena por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de Naciones Unidas indica que la superficie dedicada al cultivo de coca aumentó en Colombia desde las 69.000 hectáreas de 2014 a las 96.000 de 2016, un 39 por ciento más.
El presidente Juan Manuel Santos se reunió con el subsecretario de la Oficina de Asuntos Internacionales sobre Narcóticos y Aplicación de la Ley de EE.UU., William Brownfield, quien en las últimas horas advirtió que podría haber recortes en las ayudas de su país ante el aumento de los cultivos ilícitos. Al encuentro también asistieron la canciller, María Ángela Holguín; el alto consejero para el posconflicto, Rafael Pardo; el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas; el alto consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo; el director de seguridad Presidencial; Juan Carlos Restrepo; el general Oscar Naranjo y próximo vicepresidente; el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker; y el almirante de Guardia costera de los Estados Unidos, Paul F. Zukunft. La semana pasada las Naciones Unidas reveló que en Colombia se dispararon los cultivos ilícitos y Estados Unidos evalúa cómo será el apoyo ante este panorama. Cabe recordar que hace unas semanas la canciller se comunicó telefónicamente con el Secretario de Estado de EE.UU., Rex Tillerson, quien le aseguró que continuará el trabajo conjunto para apoyar a Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Y justamente este martes el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dijo que espera que Estados Unidos no disminuya los aportes para hacerle frente a este flagelo.
¡Mucho cuidado! Autoridades en Medellín alertan a comerciantes por suplantación de funcionarios y cobros indebidos. Aseguran que ninguna persona puede cobrar dinero por agilizar procesos o realizar visitas.Sobre la alertaLa Alcaldía de Medellín lanzó una alerta dirigida a comerciantes, propietarios y administradores de establecimientos abiertos al público ante posibles casos de suplantación de servidores públicos y falsos inspectores sanitarios que estarían realizando cobros indebidos.Es por esta razón que la Administración Distrital recordó que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero o beneficios económicos a cambio de realizar visitas, entregar conceptos favorables o agilizar trámites.La subsecretaria Administrativa y Financiera de la Secretaría de Salud, María Rivera, indicó que la advertencia se relaciona con las labores de inspección, vigilancia y control sanitario que adelantan las autoridades en diferentes zonas de la ciudad.“En Medellín, hacemos un llamado a los comerciantes y propietarios de establecimientos abiertos al público, recuerden que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero, dádivas o beneficios económicos a cambio de visitas sanitarias, conceptos, trámites o para evitar medidas sanitarias”, dijo.Ante una visita, la recomendación de la Alcaldía de Medellín es que los comerciantes soliciten la identificación del funcionario y verifiquen su nombre, cargo y entidad. Además, pidió desconfiar de personas que prometan evitar sanciones o gestionar visitas a cambio de dinero.Las autoridades en la capital de Antioquia hizo un llamado a los comerciantes para mantenerse atentos frente a posibles intentos de engaño y verificar siempre la identidad de quienes se presenten como funcionarios encargados de realizar controles sanitarios.
Ya son 32 los cuerpos recuperados en el Cementerio Universal de Medellín, en un proceso humanitario realizado a nivel regional que, además, ha permitido hallar a más de 100 personas con vida y entregar más de 200 cuerpos recuperados a sus familias.Tras culminar su quinta fase de intervención en el Jardín Cementerio Universal de Medellín, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas recuperó 14 cuerpos de personas reportadas como desaparecidas, sumando un total de 32 recuperaciones en este camposanto desde el año 2020.Las labores recientes permitieron intervenir igual número de bóvedas en las galerías Mausoleo Municipal, Coonaltef, Ferroviarios y Aspenjudas.Este sitio de interés forense ha sido históricamente el principal punto de inhumación de cuerpos no identificados y no reclamados en la ciudad, albergando a víctimas de desaparición procedentes, tanto de zonas urbanas del Valle de Aburrá como de áreas rurales de Antioquia, incluidas personas en situación de vulnerabilidad, habitantes de calle y víctimas del conflicto armado vinculadas a los ríos Medellín, Porce y Cauca.“Históricamente, este sitio o este camposanto ha sido un epicentro para la inhumación de cuerpos de no solo el Valle de Aburrá, sino de todo noroccidente. A la fecha, en el marco de nuestra investigación humanitaria, ha realizado un total de cinco fases de intervención desde el 2020 a la fecha y hemos recuperado un total de 32 cuerpos”, aseveró.A nivel regional, la Unidad de Búsqueda registra un universo de más de 33.000 personas dadas por desaparecidas en el noroccidente del país que comprende los departamentos de Antioquia, Caldas y Chocó, apoyadas por 19 Planes Regionales y un registro de 9.712 personas buscadoras. En esta demarcación, la labor humanitaria ha permitido hallar a 122 personas con vida y recuperar 1.628 cuerpos, de los cuales 224 han sido entregados dignamente a sus familias.“Tenemos aproximadamente un universo de más de 33,000 personas dadas por desaparecidas. A la fecha hemos recuperado más de 1,600 cuerpos. Tenemos un resultado de 122 personas encontradas con vida y hemos realizado 124 entregas dignas”, puntualizó.En el panorama nacional, la entidad ha logrado ubicar un total de 5.721 cuerpos y a 633 personas con vida, consolidando procesos de investigación extrajudiciales que buscan dar respuesta a las familias que continúan buscando a sus seres queridos en el país.
Volkswagen llamó a revisión más de 2,8 millones de vehículos VW y Audi en todo el mundo por un riesgo de "ruptura de los tornillos" de la dirección, informó este viernes la agencia alemana del automóvil (KBA) en un comunicado.El problema puede provocar una "ruptura de los tornillos", lo que puede "acarrear un fallo de la dirección", precisó KBA.En concreto, la medida afecta a 2,16 millones de vehículos de VW y a 700.000 de la marca Audi. De todos ellos, un tercio se encuentran en Alemania.Cuáles son los carros VW y Audi llamados a revisiónEn el caso de VW, los cinco modelos -Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran et Caddy- fueron fabricados entre 2013 y 2024. En cuanto a Audi, se trata de modelos Q3 fabricados de 2017 a 2024."Estamos retirando de forma preventiva los vehículos afectados, sin que haya habido daños corporales", dijo a la AFP un portavoz del grupo, que indicó que se había detectado "un fenómeno de corrosión en el tornillo".Según él, el peligro "no es tan grave como para inmovilizar el vehículo" inmediatamente y dijo que los particulares pueden acudir al concesionario al volante del vehículo, "conduciendo". Allí, les proporcionarán nuevos tornillos más resistentes a la corrosión, precisó.Un nuevo revés para el primer fabricante de vehículos europeo, que a principios de septiembre alcanzó un acuerdo con los sindicatos para suprimir hasta 100.000 puestos de trabajo de aquí a 2030.
Fue judicializado Daniel Felipe Duque Duque, señalado de utilizar diferentes perfiles en redes sociales y líneas telefónicas para acosar, amenazar, hostigar y suplantar a 21 personas en los municipios de Sabaneta y Envigado, Antioquia.De acuerdo con la investigación, las víctimas identificadas hasta el momento son 20 mujeres y un hombre. La Fiscalía documentó los casos y recopiló elementos materiales probatorios con los que señala a Duque Duque como responsable de este patrón de comportamiento.Uno de los casos corresponde a una mujer que denunció haber sido contactada a través de más de 500 perfiles creados, presuntamente, para asediarla. La Fiscalía también señala que el investigado habría creado centenares de cuentas para enviar mensajes injuriosos y degradantes, así como contenidos sexuales y relacionados con violencia de género dirigidos contra mujeres de una comunidad educativa y psicólogas.La investigación también documenta presuntas suplantaciones de las víctimas mediante perfiles falsos. A través de esas cuentas, el señalado habría contactado a familiares y personas conocidas de las víctimas y realizado publicaciones en las que las difamaba y les atribuía participación en hechos delictivos.Otra de las prácticas que hacen parte de los casos documentados consistía, de acuerdo con la Fiscalía, en divulgar los números telefónicos de algunas de las personas afectadas para que fueran incluidos en grupos de mensajería instantánea en los que circulaba contenido sexual. A partir de esta situación, algunas víctimas habrían comenzado a recibir mensajes provenientes de otros países.Entre los casos también se encuentra el de un joven que, según la investigación, habría sido hostigado y constreñido desde los 15 años para que entregara números telefónicos de mujeres e información relacionada con reuniones y fiestas.Otras personas denunciaron llamadas durante la noche y la madrugada, además del envío de imágenes de armas cortopunzantes acompañadas de amenazas de muerte.Con los elementos recopilados durante la investigación, la Fiscalía obtuvo la orden de captura contra Duque Duque. La detención fue materializada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, en un inmueble ubicado en Envigado.Durante el procedimiento fueron incautados celulares, cartuchos calibre 9 milímetros y 26 armas cortopunzantes, entre otros elementos que quedaron a disposición de las autoridades.Fue imputado por los delitos de acoso sexual, constreñimiento ilegal, amenazas, hostigamiento agravado, calumnia e injuria agravadas, acceso abusivo a sistema informático y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios partes o municiones y enviado a la carcel.
El Ministerio de Justicia impugnó el fallo del Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa que suspendió el plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio en Putumayo. El recurso fue presentado por Linda Gisselle Suárez Villamizar, directora (e) de Política de Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia, y secretaria Técnica del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE)En el recurso, el Gobierno sostiene que el juez aplicó de manera amplia el principio de precaución, sin establecer de forma concreta la gravedad, probabilidad y nivel de riesgo que justificarían la suspensión.También cuestiona el uso de jurisprudencia relacionada con el programa de aspersión con glifosato. Según el Ministerio, decisiones como la T-236 de 2017, el Auto 387 de 2019 y la SU-545 de 2023 corresponden a situaciones específicas del uso con ese herbicida y no pueden trasladarse automáticamente al nuevo plan piloto experimental, limitado y temporal en el que se buscan determinar el alcance del uso de glufosinato de amonio.“La Resolución 007 de 2026 no dispuso la reanudación general del PECIG ni adoptó un nuevo programa nacional de aspersión aérea. Por el contrario, configuró una fase experimental, controlada, limitada, temporal y evaluable, cuya finalidad es generar evidencia específica acerca de eficacia, precisión, deriva, riesgos e impactos y suficiencia de las medidas de manejo, y precisó expresamente que el piloto “no equivale a la reanudación, adopción o autorización definitiva de un programa de alcance general o nacional”. La diferencia es jurídicamente determinante”, se puede leer en el documento.Otro de los argumentos es que el fallo habría confundido requisitos que todavía están en trámite con incumplimientos. El Ministerio sostiene que en la resolución que establecía el plan piloto en el Putumayo queda claro que mientras no se cumplan las condiciones ambientales, sanitarias, técnicas y operativas previstas en la ley, no puede comenzar las aspersiones aéreas.También se cuestiona que la sentencia haya presumido posibles afectaciones a comunidades o territorios sin identificar de manera concreta cuáles resultarían afectados. Incluso en el documento, el Ejecutivo deja claro que de 40.565 hectáreas con cultivos de coca identificados en el departamento de Putumayo, quedaron excluídas del plan piloto 35.164 hectáreas, quedando susceptibles de intervención 5.401 hectáreas y de las cuales el plan piloto sólo busca abarcar un máximo de 1.000 hectáreas.Finalmente, el Gobierno considera que la tutela no era procedente porque el piloto aún no había comenzado y, según su argumentación, no se acreditó una amenaza cierta e inminente ni un perjuicio irremediable. Además, recuerda que existen otros mecanismos judiciales, como la acción popular; los medios de control ante la jurisdicción contencioso-administrativa; y las medidas cautelares que pueden adoptarse incluso con carácter urgente.Por eso, el documento solicita a la juez Ana Pilar Vidal Uribe revocar la sentencia y declarar improcedentes las acciones de tutela acumuladas; o de no hacerlo revocar el amparo concedido. Además se pide que se precise en detalle cuáles son los requisitos que deben cumplirse de “manera expresa, concreta y verificable” y bajo qué condiciones podría levantarse la suspensión.
