A menos de seis semanas de las elecciones presidenciales, las amenazas y el ruido que hay en torno a la seguridad no solamente de los candidatos, sino también de líderes políticos regionales que en la actualidad tienen cargos públicos, enrarecen el ambiente preelectoral que vivimos los colombianos.
En las últimas semanas se ha conocido una cascada de denuncias sobre aparentes planes para cometer atentados contra los candidatos Iván Cepeda, Paloma Valencia, Abelardo De La Espriella y Luis Gilberto Murillo, sumado a las denuncias que hizo el alcalde de Barranquilla Alejandro Char.
En el caso de Iván Cepeda, la denuncia original provino del presidente Gustavo Petro, quien dijo que la CIA, poderosa agencia de inteligencia estadounidense, ya había sido informada de esa situación. Sin embargo, el ministro de Defensa Pedro Sánchez salió a aclarar que los estadounidenses no le habían informado sobre ese particular, aunque luego advirtió que “un organismo de inteligencia del Estado, externo al Ministerio de Defensa”, le confirmó que había entregado la información a las autoridades estadounidenses.
Desde la campaña de Paloma Valencia, la denuncia provino del expresidente Álvaro Uribe, quien dijo que recibió información por parte de interlocutores del ELN según la cual, los cabecillas Pablito Arauca y Antonio García son los responsables directos de un intento de magnicidio contra la candidata presidencial del Centro Democrático.
Hace dos semanas, el candidato presidencial Abelardo De La Espriella denunció un supuesto plan para atentar contra su vida, luego de que el presidente Gustavo Petro confesara en sus redes sociales una supuesta interceptación de sus comunicaciones.
El hecho más reciente en medio de este crispado escenario se produjo este domingo en horas de la noche, cuando el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien dijo que recibió información por parte de la Policía Nacional sobre un plan de bandas criminales para atentar en su contra y contra su familia. De inmediato el ministro del Interior Armando Benedetti anunció que se adoptarán las medidas necesarias, tras rechazar el hecho.
Mas allá de la falta de información y el aparente cruce de versiones, hay que tomarse en serio todas las amenazas y el Estado tiene el deber de reforzar la seguridad de candidatos y servidores públicos, para cerrarle el paso a los violentos.
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En ese escenario, se abre la posibilidad de la realización de debates entre los candidatos presidenciales, tras la decisión de Iván Cepeda de aceptar su asistencia a esos escenarios, aunque bajo condiciones que todavía no se conocen específicamente, solamente se sabe que pide condiciones equitativas para definir el temario, los moderadores y el escenario.
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