Una nueva controversia quedó planteada entre el gobierno del presidente Iván Duque y Naciones Unidas, por cuenta del informe anual sobre situación de Derechos Humanos en Colombia.
Aunque el reporte fue presentado el miércoles en Bogotá, la andanada del Gobierno se produjo 24 horas después, justo cuando la Alta Consejera de la ONU para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, hacía la presentación del documento en Ginebra, Suiza.
El presidente Iván Duque dijo que algunos apartes del informe son una “intromisión indebida” de Naciones Unidas, la Canciller Claudia Blum dijo que en el documento se presentan “opiniones sesgadas”, mientras que el alto consejero Emilio Archila dijo que espera que Alberto Brunori “haga mejor su trabajo”.
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Lo que le molestó al gobierno del informe de la ONU fue que, de nuevo, como lo han hecho muchos expertos, sugirió que se estudie la posibilidad de que la policía pase a ser un organismo eminentemente civil que dependa del ministerio del Interior y no del Ministerio de Defensa.
Tampoco le gustó al Gobierno que haya cuestionado los protocolos del Esmad, tras recordar el homicidio del joven Dilan Cruz y otros excesos de ese cuerpo policial durante las protestas de noviembre del año pasado.
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Pero uno de los temas que más le causó extrañeza al gobierno fueron las críticas a la implementación del acuerdo de paz, en donde se plantea una baja implementación de los llamados PDET o Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial y se advierte que se dispararon en el país el asesinato de líderes sociales y el número de masacres en el territorio nacional.
Lo que está en discusión es si la ONU tiene o no la potestad de hacer este tipo de recomendaciones, y según expertos consultados, de hecho esa es la principal función de una oficina como la de Alberto Brunori en el país, además teniendo en cuenta que a pesar de la demora y de los rumores, finalmente el presidente Iván Duque renovó el acuerdo con esa agencia en octubre del año pasado.
No es la primera vez que hay este tipo de desencuentros entre gobiernos colombianos y agencias de la ONU: desde la controvertida Almudena Mazarraza hasta Jan Egeland, pasando por Anders Kompass, tuvieron divergencias con delegados del gobierno de turno, pero no se recuerda una respuesta tan virulenta de múltiples entidades Estatales a Naciones Unidas.
Más allá de si en algo puede o no tener razón el gobierno, lo que deberían hacer quienes hoy critican el informe de la ONU es analizarlo con calma y admitir que ese organismo tiene razón en varios puntos. Por ejemplo, se necesita con urgencia un trabajo más efectivo del Estado para frenar el desangre que significa el asesinato de líderes sociales a la vista de todo el mundo y aquí actuamos como si no pasara nada.
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Vea aquí: Continúa arremetida del Gobierno por informe de la alta consejera de la ONU
Escuche esta columna de Ricardo Ospina en Mañanas BLU:
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