No se detiene la polémica por las inspecciones adelantadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad que depende de la Presidencia de la República, a la Registraduría, a la Cancillería y a la firma Thomas Greg & Sons, presuntamente relacionadas con denuncias sobre posibles prácticas anticompetitivas para quedarse con contratos estatales.
A pesar de las explicaciones de la Superintendente Cielo Rusinque en Blu Radio, la tormenta no cesó, porque se conocieron nuevas denuncias hechas por los trabajadores del Ministerio de Relaciones Exteriores, relacionadas con la posible vulneración de los derechos de algunos servidores públicos.
Según el sindicato de empleados de la Cancillería, “han sido claras las violaciones al debido proceso en la notificación a funcionarios interrogados” y denuncian que se realizaron backups de equipos con información sensible, lo cual puede tener implicaciones serias sobre la reserva legal de casos como extradiciones, trámites judiciales de menores de edad, personas desaparecidas y solicitudes de refugio ante el Gobierno colombiano.
Dice el sindicato que esas actuaciones no solamente ponen en peligro las actuaciones en curso, sino también a las personas involucradas en ellos. Y agregan que los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio revisaron un teléfono celular de uso personal de un funcionario de la Cancillería, sin una orden judicial que respaldara la extracción de la información personal, vulnerando sus datos privados, denotando una extralimitación de funciones y una violación de los derechos fundamentales de los trabajadores citados.
En otro documento, el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Relaciones Exteriores radicó un derecho de petición en el despacho de la Superintendente Cielo Rusinque con 11 preguntas sobre la inspección que se hizo a la Cancillería, entre las que llama la atención una en la que le piden que explique “cuál fue el motivo para obtener una copia de información de seguridad nacional que no estaba relacionada con el trámite de la diligencia y cómo se manejará la misma por parte de la SIC”.
Con el paso de los días crecen las dudas y las preocupaciones sobre los alcances de las inspecciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, porque pareciera repetirse el patrón en el que piden información que desborda los límites de las indagaciones que adelantan, acopiando información de seguridad nacional de la Cancillería y sobre el Censo Electoral de la Registraduría. En este escenario es clave el trabajo de la Fiscalía y de la Procuraduría para determinar si hay una eventual extralimitación de funciones y en caso de que esté ocurriendo, los colombianos sepan con qué objetivo.
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