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El “paquete social” tributario: la capucha plutocrática de Duque

Columna de opinión de Aurelio Suárez Montoya.

332113_BLU Radio // Aurelio Suarez // Foto: BLU Radio
BLU Radio // Aurelio Suarez // Foto: BLU Radio

Luego de presentado el “paquete social” tributario, la economista Juliana Londoño escribió: “Mi hermanito me tuvo que explicar que lo de tres días sin IVA no era una noticia de Actualidad Panamericana”. Si se le agregan las limitaciones en el monto y las mercancías objeto de dicha medida, el costo fiscal para la DIAN llegaría a $64 mil millones por día, que al año equivaldría a lo sumo a $200 mil millones, apenas 0,33% del total de $60 billones, que es el recaudo total del IVA, teniendo como referencia el año gravable 2018.

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En esa misma línea –maquillada como gran concesión en equidad– se proyecta para 2021 devolver el IVA al consumo de los “más pobres entre los pobres”. La medida, según se estima, bien por registros del Sisben, que están siendo “depurados”, o bien por los programas Familias en Acción o Colombia Mayor, ambos focalizados entre los “más vulnerables”, no sumará a partir de ese año más de $2 billones; un cálculo de $64 mil millones al mes para dos millones de hogares, esto es el 3,3% del recaudo. Es decir, el “paquete social” tan cacareado llegaría a cerca del 3,5% del recaudo total del IVA.

Tales disposiciones, no incluidas en el pliego del Comité Nacional del Paro y que no corresponden a las que sí están, no le quitan el carácter regresivo al IVA, que como impuesto indirecto es inequitativo en esencia, empezando por la desigualdad contra aquellos “vulnerables” que no lo sean tanto o contra aquellos pobres que no sean “los más” y contra la clase media, gran aportante al IVA en volumen y en proporción a su ingreso. ¿Intenta acaso el gobierno “encapuchar” así los enormes regalos que quiere dar a los megainversionistas con la antes llamada Ley de Financiamiento y ahora de Crecimiento?

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Tal parece cuando mantiene tres artículos que significarán al país para 2020 entre nueve y diez billones de pesos de costo fiscal a favor de personas jurídicas. El primero, devolver el 100% del IVA a las importaciones de equipos y similares y que valdrá $6,5 billones; otro, permitir el descuento del monto del impuesto de Industria y Comercio, 50% para 2020 y 2021 y 100% a partir de 2022, con costo fiscal de $1,7 billones y que en 2023 llegará hasta $7 billones; y el tercero, rebajarles la tarifa nominal del impuesto a la renta del 33% al 30%, que en 2020 le costará a la DIAN $1,7 billones y que crecerá hasta $4 billones en 2023.

En resumen, mientras lo de la pobrería estará lo más circunscrito posible, los nuevos beneficios a empresas llegarán hasta más de $20 billones en 2022, de los cuales, por la evidente desigualdad en utilidades y tamaño, la parte del león correrá a las arcas de las más poderosas.

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Esos beneficios tributarios a personas jurídicas, y otros más a agronegocios, en inversiones en TES o “economía naranja”, se añadirán a los ya existentes como los calculó un documento de la DIAN para 2017. Por solo rentas exentas sumaron entonces $2,54 billones, de los cuales $1,57 billones van para el sector financiero; por descuentos completaron $770 mil millones, cuya tercera parte es para las mineras; las zonas francas, que son 112, con menos de mil empresas, recibieron patrocinios por $709 mil millones y los 68 contratos de estabilidad jurídica, principalmente firmados por conglomerados financieros y trasnacionales, costaron $1,48 billones.

En total estas ventajas a personas jurídicas, algunas de las cuales disfrutan de varias –los Frankestein que denominara Guillermo Perry–, acorde con la DIAN (2017), valieron $15,2 billones, a los que se sumarán los nuevos aguinaldos.

En conclusión, el gobierno de Duque y su ministro Carrasquilla aprovecharon el Paro Nacional para ponerle capucha “social” a una reforma tributaria que jerarquiza intereses plutocráticos. No cambia en absoluto el carácter regresivo de la estructura actual y antes bien, lo ahonda, tanto que ni siquiera diferencia entre grandes holding financieros y fondos especulativos de capital extranjero, también premiados, y las PYMES e industrias, presentando -esta suerte de vandalismo fiscal- como un hito histórico. ¡Cuánto engaño!

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