El próximo Gobierno debe sacar de la crisis que viene afrontando Ecopetrol

Ecopetrol está en crisis. La empresa más importante del país viene siendo sometida, en los últimos cuatro años, a un cóctel de situaciones que han llevado a que la principal fuente de divisas del Estado colombiano afronte su momento más oscuro, marcado por escándalos de corrupción, el fin del gobierno corporativo y la sobreideologización que ha terminado por marchitar el corazón del negocio: la exploración y la explotación de petróleo y gas.

Pero conviene una precisión técnica que la opinión pública tiende a pasar por alto: esta no es una crisis operativa, es una crisis de gobernanza, porque si bien los técnicos de Ecopetrol siguen entregando resultados notables, los problemas, vienen de los niveles directivos.

En las últimas horas varios elementos confirman la crisis: por un lado, el presidente encargado de Ecopetrol Juan Carlos Hurtado dio a conocer los resultados de la empresa, que no son nada satisfactorios: las ganancias cayeron 7,7% durante el primer trimestre de este año, alcanzando los $2.8 billones de pesos, en lo que se convierte en el peor comienzo de año desde la pandemia, sin que hoy tengamos condiciones críticas externas que llevaron a esa situación en 2020.

Hurtado tuvo que entregar este balance, tras haber asumido el cargo porque Ricardo Roa, presidente titular de la compañía, fue imputado el 11 de marzo por la Fiscalía por tráfico de influencias en la compra de su apartamento y el martes pasado por irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Y aquí hay un detalle jurídicamente delicado: no es una salida formal, es una licencia de vacaciones. Un presidente imputado que conserva la titularidad del cargo deja a la compañía en un limbo institucional que ningún código de gobierno corporativo del mundo recomienda para una empresa que cotiza en la Bolsa de Nueva York y está sujeta al escrutinio de la SEC.

A propósito, el presidente Petro, irrespetando las buenas prácticas del gobierno corporativo, presionó la salida de Juan Gonzalo Castaño de la Junta Directiva. Castaño llegó en febrero en la plancha del propio Gobierno. Su “pecado” fue actuar técnicamente: está en contra de la salida del Permian —un activo que produce 91.800 barriles diarios y que está superando las metas anunciadas— y planteó internamente que Ricardo Roa debía apartarse del cargo mientras enfrenta la justicia.

Lo que viene ocurriendo no es opinión editorial: está documentado en los mercados internacionales. En menos de un mes, las dos calificadoras más importantes del mundo rebajaron la nota a Ecopetrol. S&P la bajó a BB-. Moody's la rebajó a Ba2 con perspectiva negativa el 23 de abril, citando textualmente “mayor riesgo de interferencia gubernamental y menor previsibilidad de los mecanismos de soporte”.

La sobreideologización, lejos de ser un concepto abstracto, tiene factura concreta. Colombia se sienta sobre reservas gasíferas en aguas profundas del Caribe —lo acaba de comprobar el pozo Copoazú‑1—, pero hoy importa gas natural licuado por Puerto Bahía y Buenaventura para abastecer el mercado interno. La producción de gas cayó 12,6% en un año; las ventas locales, 23,1%. El resultado lo paga el bolsillo del colombiano: el precio del gas sube 34% para 2026. Mientras tanto, la cuenta por cobrar al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles llega a 4,2 billones de pesos.

Ecopetrol necesita un segundo aire. No puede morir. Eso dependerá, en parte, de quién sea el próximo presidente. Pero dependerá, sobre todo, de si Colombia entiende que el accionista mayoritario —sea del color político que sea— tiene que respetar las reglas del gobierno corporativo que la propia ley le exige a una empresa listada en la bolsa de Nueva York.