Gobierno, uribistas y antiuribistas deben respetar el estado de derecho: opinión de Ricardo Ospina

Corte Suprema debe estar libre de presiones para tomar la decisión sobre el futuro de Álvaro Uribe en derecho, sin pretender imponerle el Estado de opinión.

BLU Radio. Álvaro Uribe Vélez // Foto: AFP

No es fácil la situación para el expresidente Álvaro Uribe tras la indagatoria que duró cerca de seis horas y 40 minutos, luego de la cual, la Corte Suprema lo vinculó formalmente a una investigación por soborno y fraude procesal en concurso homogéneo y sucesivo.

El magistrado César Augusto Reyes le formuló a Uribe más de 200 preguntas concretas sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar de su relación con el abogado Diego Cadena, un opaco defensor de narcos y “paras” que al parecer terminó buscando en las cárceles a varios delincuentes para que declararan a favor del expresidente.

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La ‘almendra’ del interrogatorio estuvo en las preguntas del magistrado Reyes a Uribe sobre si tenía comunicación con el abogado Cadena antes y después de sus visitas a las prisiones y si estaba enterado de la entrega de dinero o del ofrecimiento de beneficios a varios exparamilitares, entre ellos Juan Guillermo Monsalve, Carlos Enrique Vélez y alias Diana, para que supuestamente testificaran a su favor.

Aunque en principio se pensó que la indagatoria de Uribe podría durar hasta tres días, el cuestionario del magistrado Reyes, quien estuvo acompañado solamente por su magistrada auxiliar y por su secretaria, fue muy concreto y logró evitar que el expresidente se extendiera sin necesidad en sus respuestas o intentara desviarse hacia elementos irrelevantes para el caso.

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Todos los hechos presuntamente delictivos que involucran a Uribe dentro de la investigación y que fueron el eje del interrogatorio, ocurrieron después de febrero de 2018, es decir, luego de que la Corte archivara la investigación a Iván Cepeda, denunciado en su momento por el expresidente.

Aunque en teoría la Corte tiene 10 días para definir si archiva el proceso o sigue adelante hacia un juicio contra el senador Álvaro Uribe, seguramente tendremos que esperar varias semanas o incluso meses, porque este caso debe definirse en simultánea con el del representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada, quien hoy debía rendir indagatoria pero la diligencia fue aplazada de manera sorpresiva por la misma Corte.

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La gran pregunta que queda tras la indagatoria del expresidente Álvaro Uribe es cómo y dónde conoció al abogado Diego Cadena y por qué terminó dándole aval para que recogiera declaraciones y participara dentro de su proceso, teniendo a Jaime Granados y a Jaime Lombana, dos de los más prestantes penalistas del país, como sus abogados desde hace muchos años.

Ahora lo que se debe pedir con total claridad es que tanto el Gobierno, como los uribistas y los antiuribistas respeten el Estado de Derecho, la independencia de poderes y las determinaciones de la justicia, y le permitan a la Corte Suprema tomar la decisión sobre el futuro de Alvaro Uribe en derecho, sin pretender imponerle el Estado de opinión.

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