El primer gran pulso entre Iván Duque y Juan Manuel Santos, presidentes entrante y saliente, se está dando en torno a un tema trascendental y que marcará el talante del nuevo gobierno frente a los acuerdos de paz con las Farc.
Mientras Santos intenta hasta ahora de manera infructuosa, sacar adelante la ley que permitiría poner a funcionar a la Justicia Especial de Paz, por medio de su reglamentación, Duque ha dado la orden de aplazar el debate hasta conocer un fallo de la Corte Constitucional, algo que se tardaría como mínimo, un mes más.
La Corte todavía está estudiando la ley estatutaria de la JEP, que fue aprobada por el Congreso en medio de dificultades, en noviembre de 2017 y que es la hoja de ruta para la justicia transicional creada al amparo del acuerdo del teatro Colón.
La pugna se da porque el Centro Democrático está pidiendo que primero la Corte apruebe esa ley estatutaria para que luego el Congreso pueda sacar adelante la reglamentación de la JEP.
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El problema es que mientras el uribismo, ahora partido de gobierno y responsable de las mayorías en el Congreso quiera hundir esta norma para volverla a presentar el próximo 20 de julio, el acuerdo de paz queda en el limbo, porque el corazón del mismo, la Justicia Transicional para garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas, no puede funcionar de manera adecuada.
Resulta curioso que a pesar de que las críticas a la JEP han sido porque decidió darse su propio reglamento para funcionar ante la demora de la Corte y del Congreso, hoy el mismo parlamento esté atravesándose como mula muerta para quitarle esa facultad a los magistrados.
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Vea aquí: Primer pulso entre Santos y Duque por aplazamiento del reglamento de la JEP
Hoy, en teoría, la JEP es un tigre de papel, no puede funcionar de manera adecuada sin sus reglamentos, y casos como el de la extradición de Jesús Santrich, y los procesos contra exintegrantes de las Farc y de las Fuerzas Militares por crímenes graves, o están paralizados o serán cuestionados porque se definirán con unas normas que no son dictadas por el Congreso.
En el fondo, este pulso le dirá al país si el presidente Duque pretende hacer modificaciones por consenso al acuerdo de paz, o si, pese a que lo ha negado insistentemente, terminará haciendo trizas el pacto que le quitó siete mil fusiles a las Farc.
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