La investigación que adelanta la justicia desde hace 26 años contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta responsabilidad en el delito de concierto para delinquir agravado en relación con sus posibles vínculos con grupos paramilitares, por ahora seguirá en manos de la Fiscalía, luego de que la Corte Constitucional se inhibiera de definir si el caso debía pasar o no a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
Siete de los magistrados de la Corte consideraron que el conflicto de competencias, como se denomina jurídicamente esta discusión, había quedado mal planteado y por lo tanto se inhibieron de definirlo, ante lo cual, el proceso seguirá en manos de la Fiscalía Tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Dos magistrados, Jorge Enrique Ibáñez y Carlos Camargo, salvaron el voto pues consideraban que el caso debía ser asumido por la Comisión de Acusación de la Cámara.
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El asunto de fondo radica en las fechas en las que eventualmente, Álvaro Uribe habría tenido vínculos con el paramilitarismo: desde la Fiscalía se considera que la presunta responsabilidad del expresidente en las masacres de La Granja y El Aro, en 1996 y 1997, se habría dado cuando Uribe se desempeñaba como Gobernador de Antioquia, por lo que el caso debería ser asumido por la justicia ordinaria.
Otra opinión tiene la Comisión de Acusación de la Cámara, que radicó un documento ante la Corte argumentando que el proceso contra el expresidente Uribe debe ser asumido por esa célula legislativa, tras considerar que en el expediente se habla de un remezón de oficiales de la Fuerza Pública en 2003, presuntamente relacionado con los casos investigados, por lo que el delito eventualmente habría tenido continuidad en el tiempo, incluso cuando Uribe se desempeñó como jefe de Estado.
En cualquier caso, la puerta no quedó cerrada definitivamente para una nueva solicitud en el mismo sentido, que eventualmente podría llegar en otra oportunidad a la Corte Constitucional.
Mientras tanto, la Fiscalía ya fijó la fecha para la continuación de la indagatoria del expresidente Álvaro Uribe, que tendrá que comparecer el próximo 11 de diciembre.
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Hay que tener en cuenta que este mismo caso, el del expresidente Álvaro Uribe, que ha sido la principal bandera política de figuras de la izquierda como el caso del excandidato Iván Cepeda, ha producido una profunda división en el Pacto Histórico sobre quién debe asumir el proceso contra el exjefe de Estado.