Fuentes de BLU Radio confirmaron que el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno será traslado este viernes a primera hora a la Escuela de Artillería, donde permanecía antes de su extradición.En este lugar de reclusión está el exmagistrado Gustavo Malo, uno de los que enfrenta un proceso como presunto integrante del cartel de la toga por las declaraciones que ha dado Moreno a la justicia.Ya está en curso una tutela de la defensa de Moreno con la que se busca que el exfuncionario sea trasladado a Cespo por motivos de seguridad; recurso interpuesto ante la negativa de las autoridades.En el documento tutelan los derechos de Moreno a la vida, a la integridad personal, al acceso a la administración de justicia y al debido proceso.En su momento, el entonces director de la Policía, general Óscar Atehortúa, dijo que “la Escuela de Posgrados de la Policía Nacional ‘Miguel Antonio Lleras Pizarro’, antes CESPO, cumple una misión especial en la capacitación, entrenamiento y formación del personal uniformado y no uniformado de la institución en diferentes ámbitos del saber y que la directora de la escuela indicó que no cuenta con la disponibilidad para recluir al Luis Gustavo Moreno Rivera, que la institución educativa se halla ocupada en un 100% de su capacidad instalada, en tal sentido la petición no puede ser atendida favorablemente por la imposibilidad planteada”.
Este miércoles Estados Unidos ejecutó a una mujer que había asesinado a una embarazada para robarle el feto, la primera ejecución federal de una mujer en casi 70 años, en uno de los últimos actos de la presidencia de Donald Trump.Lisa Montgomery recibió una inyección letal "de acuerdo con la pena capital recomendada por unanimidad por un jurado federal e impuesta por la Corte del Distrito de Estados Unidos" de Misuri, informó el departamento de Justicia.En 2004, la mujer, incapaz de tener un nuevo hijo, identificó a su víctima en internet y acudió a su domicilio en Misuri con la excusa de comprarle un terrier.En su lugar, la estranguló, le abrió el útero, tomó el bebé, que sobrevivió, y abandonó a la joven de 23 años en un charco de sangre.Los abogados de la mujer habían señalado que ella padecía de trastornos mentales graves, consecuencia de las agresiones y violaciones en grupo que sufrió cuando era niña, y no comprende el sentido de su condena, una condición indispensable para que sea ejecutada.Un juez federal había ordenado el lunes suspender la ejecución a petición de la defensa, pero el ministerio de Justicia apeló esa decisión del magistrado y un tribunal de apelación anuló el fallo este martes.La Unión Europea "lamentó profundamente" la ejecución, declaró el portavoz de la diplomacia europea, Peter Stano.
El ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, anunció que fue autorizada la deportación a Colombia del exjefe del Bloque Resistencia Tayrona de las Autodefensas, Hernán Giraldo Serna. El ministro señaló que el consulado general de Colombia en Houston confirmó la aprobación de la deportación del exjefe paramiliar, quién cumplió su condena por narcotráfico en los Estados Unidos.Giraldo Serna tiene órdenes de captura vigentes que fueron reactivadas por el juzgado penal del circuito con función de ejecución de sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, por delitos relacionados con masacres, desapariciones forzadas, secuestros, homicidios, desplazamientos, accesos carnales violentos contra menores de edad y personas protegidas, además de otras acciones delictivas. Igualmente fue expedida notificación roja por parte de la Interpol, en contra del exjefe del Bloque Resistencia Tayrona.
A las 8:20 de la mañana, del 19 de junio de 2018, el coronel Fredy González Prieto se mostró bastante enojado cuando un soldado le pidió papeles a su esposa."Cómo quiere que lo trate soldado (…) qué le pasa con mi mujer, ¿por qué le pide documentos? Soldado hp”, dijo González quien luego le pegó un puñetazo en el pecho.El soldado agredido, Jonathan Ruiz, se encontraba en su turno de guardia verificando los documentos para el ingreso de las personas al Batallón de Policía Militar PM 13, cuando fue increpado y agredido por el coronel.En ese momento intervino un cabo tercero, John Ever Vinasco, suboficial de módulo, quien detuvo al coronel.La queja del soldado ante la Procuraduría, los testimonios de testigos más videos grabados de la agresión fueron determinantes para que el órgano de control declarara responsable al coronel por la falta disciplinaria catalogada como gravísima.Es por eso que el ente suspendió e inhabilitó por cuatro meses al alto oficial y desestimó los argumentos de la defensa que sugirió que la identificación de la esposa del coronel a la entrada de la unidad militar era innecesaria, “pues era su lugar de residencia y conocidas por los militares que rutinariamente prestaban el servicio de seguridad en los módulos de ingreso”.Lo curioso de este hecho, es que el oficial se desempeñó como que como director operacional de Derechos Humanos del CEDE 11 del Ejército Nacional para la época de la agresión contra el soldado.
Antes de que culmine el mes de diciembre se definirá la suerte de la placa de inauguración del puente Pumarejo. Dos abogados barranquilleros interpusieron un derecho de petición para que sea retirada debido a que "viola la ley" al ser una obra que se hizo con recursos públicos.En dicha placa figuran el presidente Iván Duque, el exalcalde Alejandro Char y el exalcalde Eduardo Verano.Tal como sucedió con la placa del Túnel de la Línea, los abogados barranquilleros Roberto Tapia y Fernando Borda interpusieron un derecho de petición en el que solicitan que sea retirada la placa que contiene los nombres de los funcionarios que estuvieron en la inauguración del Puente Pumarejo.El abogado Roberto Tapia aseguró que el derecho de petición no solo cobija al Puente Pumarejo, sino que también pide que se retiren las placas de, por lo menos, unas 20 obras públicas que hay en la ciudad.Tapia explicó que antes de que finalice el mes deben dar respuesta al derecho de petición. En caso de que resulte negativo, los abogados ya tienen preparada una acción de cumplimiento.
En la mañana de este jueves comenzó la audiencia de imputación de cargos contra los jueces penales de Barranquilla Alberto Oyaga Machado y Rafael Uribe Henríquez, lo mismo que al fiscal Gustavo Adolfo Orozco, capturados esta semana por posibles fallos amañados en la larga disputa judicial por el control de la Universidad Metropolitana. Ninguno aceptó los cargos.El proceso está relacionado con una orden de medida de aseguramiento con detención domiciliaria contra el rector de la universidad, Juan José Acosta Osío, y el asesor de ese centro de educación y primo del anterior, Alberto Acosta Pérez, lo mismo que con un fallo que ordenó el restablecimiento de los derechos para favorecer a Ivone Acosta Acero y su esposo Carlos Jaller Raad, la contraparte.La pelea familiar entre dos vertientes de la familia Acosta comenzó en 2014 con la muerte del fundador de la universidad, el exsenador Gabriel Acosta Bendek.A partir de ese momento se formaron dos bandos: el de la hija única de su primer matrimonio, Ivonne Acosta Acero, y el esposo de esta, Carlos Jaller Raad, contra Alberto Acosta Pérez, medio hermano de Ivonne, y sus primos Juan Jose y Luis Fernando Acosta Osío.La Fiscalía argumenta que los dos fallos en mención, que favorecieron a Carlos Jaller e Ivonne Acosta, estuvieron plagados de irregularidades.El ente acusador les imputó cargos a los dos jueces y el fiscal por los delitos de prevaricato por acción, fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y abuso de autoridad."Todo hace parte de un entramado de corrupción que ha afectado, a través de decisiones judiciales, a mis representados", comentó el jurista Arcila, quien agregó que el fiscal Gustavo Orozco fue capturado porque fue quien llevó las investigaciones en contra de sus defendidos.Durante seis años, la justicia ha emitido fallos contradictorios a favor de los dos bandos.Recientemente estalló un escándalo nacional por la revelación de unos audios filtrados en los que se escucha al senador Eduardo Pulgar ofrecer "200 barras" (que serían $200 millones) a un juez de Usiacurí (Atlántico) para, presuntamente, favorecer al empresario Luis Fernando Acosta Osío.También son investigados por la Fiscalía dos magistrados del Tribunal Superior de Barranquilla, Jorge Mola Capera y Demóstenes Camargo, por decisiones que favorecieron al bando de los Acosta Osío.
El Gobierno Nacional confirmó que está pendiente de la extradición de Salvatore Mancuso y reveló que nuevamente se solicitó al Gobierno de Estados Unidos su traslado para que responda por sus crímenes.El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, manifestó que es prioritario para el Gobierno la llegada del exjefe paramilitar y recordó que es importante que se someta ante la justicia para no solo cumplir sus penas, sino reparar a las víctimas.El Gobierno Nacional también confirmó que el exjefe paramilitar Hernán Giraldo Serna, quien se encuentra recluido en una cárcel de los Estados Unidos, llegará al país entre finales de enero y comienzos del mes de febrero.El ministro de justicia advirtió que Giraldo Serna deberá responder por todos sus delitos en Colombia, que incluyen condenas que lo obligan a reparar a las víctimas del paramilitarismo.Hernán Giraldo, conocido como el ‘señor de la sierra’ o ‘el patrón’, hizo parte del Bloque Resistencia Tayrona de las AUC y fue extraditado a los Estados Unidos en 2008.El delito por el que se le condenó en ese país fue el de narcotráfico por operar rutas para enviar droga hacia los Estados Unidos desde el norte de Colombia.Giraldo era conocido como un depredador sexual y tiene múltiples denuncias por acceso carnal abusivo a menores de edad.De hecho, se calcula que tendría 35 hijos, muchos de ellos con mujeres que cuando eran niñas fueron abusadas.
La congresista Juanita Goebertus criticó y pidió el archivo del proyecto de decreto que el Gobierno Nacional estudia para crear el Programa Presidencial para la Prevención del Terrorismo en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.La estrategia para la prevención de la radicalización o extremismo violento, según la funcionaria, parte de un diagnóstico equivocado para un país como Colombia.“Estas son expresiones propias de grupos armados o de crimen organizado que usan violencia extrema para promover objetivos religiosos como ISIS, Al Qaeda y Al Shabaab. Para tener paz se debe promover una cultura de no estigmatización, pero este decreto busca dividir, excluir y callar a quienes piensan distinto”, informó.
A 40 meses de prisión fue condenada la exjueza Quinta Civil del Circuito de Bucaramanga, Wilma Cecilia Duarte Boada, tras ser hallada culpable de manipular procesos de remates en viviendas de la ciudad.Según el fallo, conocido en primicia por Blu Radio, la exjueza fue denunciada en 2011 por la abogada Saray Lizcano Blu ante el Consejo Superior de la Judicatura por serias irregularidades en un proceso de remate en una casa ubicada en el barrio Real de Minas de Bucaramanga.“Estaba programada la realización de la diligencia de remate de un bien debidamente embargado a las 8:30 a.m., pero no se cerró a la hora sino hasta unos minutos antes de las 10:00 a.m. y cuando salió la juez de su despacho ya traía abiertos los sobres de los oferentes, lo cual para ella está abiertamente en contravía de lo plasmado en el 527 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto debió abrirlos frente a los oferentes, máxime cuando se habló de una nulidad a la misma lo cual además no quedó plasmado en el acta de la diligencia”, manifestó en su momento la abogada que denunció. Según fuentes cercanas al proceso, la exjueza no se presentó durante los años que duró el proceso y habría salido del país.El Consejo Superior de la Judicatura, en fallo del 27 de enero del 2016, la inhabilitó por 10 años para ejercer cargos públicos.A la exjueza no le concedieron el beneficio de casa por cárcel por la gravedad de los hechos.
Tras analizar siete tutelas de las 11 instauradas en contra de la Alcaldía Mayor de Bogotá, para que se atienda la problemática de aglomeraciones y uso de espacio público en San Victorino, el Juzgado 65 Penal Municipal con Función de Control de Garantías falló a favor del Distrito.En el fallo, el juez del caso reconoció que el Distrito, desde el mes de mayo, ha venido trabajando en la problemática de San Victorino estableciendo una estrategia de acción especial para organizar a los vendedores informales y atender las peticiones del comercio formal.Según la Secretaría de Gobierno, el juez también manifestó que el Distrito ha sido respetuoso con el derecho al trabajo.“A la necesidad de obtener un mínimo vital de los vendedores ambulantes, a quienes incluso se les han ofrecido varias alternativas de recuperación económica”, indicó.Frente a la atención y apoyo a los vendedores ambulantes, el Juez del caso indicó que “se observa que se ofrecen alternativas de protección a la informalidad, permitiéndoles la inserción económica de una manera legal, así como también propenden por la protección del espacio público, la concienciación y educación de la ciudadanía”.“Pero les pedimos también que lo hagan de manera organizada, no podemos exponer la salud y la vida, ni perder lo ganado durante estos meses”, insistió el funcionario.Por medio de siete tutelas, y argumentando la violación de derechos fundamentales como la salud y el trabajo diferentes comerciantes formales pedían a este Tribunal que obligara al Distrito a actuar en pro de solucionar los problemas de aglomeraciones de personas y ocupación del espacio público de San Victorino.
Desde el 15 de enero, a las 8:00 de la noche hasta las 4:00 de la mañana del lunes 18 del mismo mes, Bogotá vivirá una cuarentena estricta, según informó la alcaldesa Claudia López. Durante esta medida solo podrán estar abiertos al público establecimientos esenciales y podrán movilizarse aquellas personas que cumplan con las excepciones.En diálogo con BLU Radio, José David Riveros, subsecretario de Gobierno de Bogotá, explicó que este sábado 16 de enero, el comportamiento de las personas ha dado un balance positivo.El funcionario señaló que entre la Secretaría de Gobierno y las alcaldías locales han realizado 853 operativos hasta el mediodía del 16 de enero. Además, las autoridades han recorrido la ciudad asegurándose de que los ciudadanos cumplan las medidas.“Nosotros tenemos más de 5.100 policías en toda la ciudad, tenemos de personal de la Alcaldía y de las alcaldías locales más de 2.900 y, tenemos cerca de 400 personal del Ejército haciendo operativos día y noche, patrullajes diarios y móviles en los barrios”, agregó.Dentro de estos operativos las autoridades encontraron una fiesta clandestina en Chapinero y un billar abierto en el barrio Lisboa en Suba.“En esa fiesta hicimos 35 comparendos, impusimos la suspensión de la actividad comercial de este establecimiento, lo mismo hicimos en el billar en el barrio Lisboa en donde encontramos a cerca de 40 personas ahí en un establecimiento que tiene que estar cerrado”, explicó el subsecretario.Sobre la ocupación de camas UCI para el COVID-19 en Bogotá, que hoy amaneció con el 93.8%, Riveros dijo que el sistema hospitalario “todavía tiene la capacidad de atender a todos los que lo requieran, pero en un momento difícil”.A partir del lunes continúan en cuarentena estricta las localidades de Kennedy y Fontibón hasta el 21 de enero. Las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Usme, Rafael Uribe, Tunjuelito, y Puente Aranda siguen en cuarentena estricta hasta el 28 de enero.
Desde el encuentro que desarrolla el presidente Iván Duque en el Chocó, informó que en una operación conjunta de la Policía Nacional y todas las fuerzas públicas se hizo efectiva la captura de alias ‘Milton’ en Cúcuta.“Este sujeto que fue capturado en la ciudad de Cúcuta, portaba un fusil de asalto, tenía armamento que representa una amenaza y que, además, constituye el delito de porte ilegal de armas”, dijo Duque.Además, confirmó que el capturado ha estado involucrado en el asesinato de líderes sociales, personas en proceso de reintegración y en amenazas contra la comunidad del Catatumbo.“Este representa uno de los golpes más contundentes a la estructura de ‘Los Pelusos”, agregó.Por último, señaló que en estos días se han hecho efectivas las capturas de presuntos delincuentes como alias ‘Chepe’ y alias ‘El Mono’, quien, según el presidente, fue uno de los autores materiales de Llano Verde.
El Instituto Nacional de Salud confirmó este sábado, 16 de enero, un total de 1158 nuevos contagios de COVID-19 en Atlántico.De estos nuevos casos, 537 fueron en Barranquilla y 621 en los demás municipios.En Barranquilla ya se han confirmado 62.573 casos de COVID-19 a lo largo de la pandemia, mientras que en el resto del departamento ya son 41.602 los infectados.Es así como el total de casos confirmados en el Atlántico, incluida Barranquilla, asciende a 104.175.El más reciente boletín del Instituto Nacional de Salud registró 13 muertes a causa del coronavirus en el Atlántico.De estas nuevas víctimas mortales que deja la pandemia, siete vivían en Barranquilla, cuatro en Soledad, uno Malambo y otro en Galapa.
El Atlético de Madrid femenino se hizo este sábado con su primera Supercopa después de vencer con holgura al Levante (0-3), en una final que desde el principio tuvo color rojiblanco, con las madrileñas mostrándose muy cómodas sobre la hierba del Estadio de los Juegos Mediterráneos de Almería.Corría el minuto seis cuando Leicy probaba a Paraluta. Poco más tarde reaccionaría el Levante cuando Toletti buscaba sorprender a Lindahl en una internada, topándose con la reacción de la sueca.No se llegaba todavía a los primeros veinte minutos cuando Deyna adelantaba a las madrileñas, tras un centro desde la derecha que la futbolista rojiblanca remataba para romper el candado levantinista.Apenas un par de minutos después, Tounkara, con la cabeza, perforaba la meta granota, pero su tanto era anulado por falta en el salto. Pero era en el minuto 21 cuando Ajara, uno de los refuerzos invernales, sí ponía el segundo. La camerunesa recibía desde el costado diestro un pase de Ludmila y no perdonaba.Tan sencillo le estaba resultando al conjunto madrileño que a la media hora la debutante Ajara firmaba el tercero, segundo de su cuenta particular, de nuevo a pase de Ludmila. La final estaba ya prácticamente sentenciada.A partir de ahí y hasta el final del encuentro, el Levante buscaba recortar distancias, pero se encontraba una y otra vez con la férrea defensa rojiblanca.
El Instituto Nacional de Salud reportó un total de 1.333 nuevos casos de COVID-19 para este sábado, 16 de enero, en el Valle del Cauca.Así las cosas, el departamento ya alcanzó la cifra de 154.000 personas que se han contagiado con este virus desde que inició la pandemia.A su vez, el INS precisó que también hubo 35 nuevas muertes por culpa de esta enfermedad en el Valle.El reporte indicó además que 21 de las muertes se dieron en Cali, Palmira 5, Florida 3, Tuluá 2, Dagua 2, Pradera 1, El Cerrito 1.