La JEP señaló que está presta a iniciar el proceso de empalme con el equipo que designe el presidente electo, Abelardo De La Espriella. Aunque indicó que hasta el momento no ha recibido una comunicación oficial, manifestó la disposición de la jurisdicción para sostener un diálogo con la nueva administración.El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Alejandro Ramelli, manifestó este jueves que el tribunal está presto para iniciar el proceso de empalme con el gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella.El presidente de la JEP señaló que, por ahora, la entidad no ha recibido una comunicación oficial por parte del gobierno entrante. Sin embargo, aseguró que existe disposición para reunirse con el equipo que sea designado y avanzar en una conversación sobre el funcionamiento de la jurisdicción.“Nosotros estamos prestos a hacer el empalme con el equipo que designe el señor presidente electo. Por el momento, no hemos recibido ninguna comunicación, pero aprovechamos este escenario para decir que estamos listos para reunirnos con el equipo que el señor presidente electo designe y sostener un diálogo técnico sobre los avances, los retos y los desafíos que tiene la jurisdicción”, afirmó Ramelli.El magistrado explicó que ese eventual encuentro buscaría exponer el estado actual de la JEP y los principales retos que enfrenta la entidad.Las declaraciones se producen en medio de las críticas que el presidente electo ha expresado en distintas oportunidades contra la Jurisdicción Especial para la Paz. En diferentes entrevistas, Abelardo De La Espriella ha asegurado que “la JEP es fruto de la burla de la voluntad popular del constituyente primario, que dijo no”. También ha sostenido que “la JEP no es un tribunal judicial; es un directorio jurídico disfrazado de tribunal”.Además, desde su campaña se ha señalado que durante su gobierno no se promovería una extensión del mandato de la jurisdicción, ya que “fue creada como un mecanismo transitorio, no como una institución permanente”.
La Fiscalía General de la Nación y la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenaron a José Cresencio Arias Jiménez, Arnulfo Rico Tafur, Eduardo Alexander Carvajal Rodas y José Wilton Bedoya Rayo. Los condenados, quienes actuaban como cabecillas, patrulleros, escoltas y articuladores financieros, fueron hallados responsables de 29 delitos cometidos entre 1999 y 2005, entre ellos homicidios selectivos, torturas, secuestros y desplazamientos forzados.Las víctimas de estas personas serían ciudadanos que no seguían o se oponían a las directrices de estos exintegrantes del grupo paramilitar, así como personas señaladas de colaborar con otras organizaciones armadas ilegales con presencia en el departamento del Tolima.Entre los casos documentados está la tortura, desaparición y homicidio de una mujer y su sobrino menor de edad en San Luis, Tolima, el 8 de abril de 2002. Hombres armados los interceptaron, amarraron y transportaron en una camioneta a una finca conocida como La Carolina. En ese punto, el niño fue separado de su tía y trasladado a un destino desconocido, sin que se conozca, a la fecha, su paradero. Entre tanto, la mujer fue asesinada y desmembrada.Otro hecho está relacionado con el homicidio y desaparición de ciudadanos del municipio de Rovira, quienes fueron retenidos por integrantes del Bloque Tolima de las AUC. También fueron intimidados y obligados a abandonar sus tierras, en compañía de sus familias.Los cuatro condenados recibieron penas de entre 20 y 40 años de cárcel, además de multas entre los 9.000 y 58.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La aparición del excontratista Emilio Tapia en el Festival Vallenato desató una nueva controversia nacional alrededor de la sanción social hacia personas condenadas por corrupción. Las imágenes del empresario en eventos sociales en Valledupar generaron críticas en redes sociales y reabrieron el debate sobre los límites entre la vida privada, la resocialización y la responsabilidad pública de quienes han enfrentado procesos judiciales por corrupción en Colombia.En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, Tapia defendió su derecho a reconstruir su vida personal y aseguró que actualmente vive de actividades privadas relacionadas con el desarrollo inmobiliario y negó que su patrimonio provenga de recursos públicos o actos ilícitos.“Yo tengo una vida tranquila, gracias a Dios, y tengo que seguir trabajando, y lo hago desde el sector privado”, afirmó el excontratista durante la conversación radial.Emilio Tapia responde por críticas tras el Festival VallenatoLa controversia comenzó luego de que circularan fotografías de Emilio Tapia en una fiesta durante el Festival Vallenato en Valledupar. Para muchos usuarios en redes sociales, la presencia pública del excontratista representó una provocación, teniendo en cuenta sus condenas por los escándalos del carrusel de la contratación en Bogotá y Centros Poblados.Sin embargo, Tapia aseguró que asistió al evento por invitación de su esposa, la congresista Saray Robayo, y rechazó las interpretaciones que califican su presencia como un desafío a la sociedad.Durante la entrevista, Tapia insistió en que se encuentra en un proceso de resocialización y señaló que ya cumplió las sanciones judiciales impuestas en su contra.“He hecho absolutamente de todo para tratar de resarcir no solamente el tema jurídico, porque ya el tema jurídico quedó superado (…) pero la resocialización también lo estoy haciendo”, expresó.“No me he robado un peso”: Tapia defiende su patrimonioUno de los momentos más tensos de la entrevista se produjo cuando el equipo periodístico cuestionó directamente el origen de la fortuna del excontratista. Tapia rechazó categóricamente que su patrimonio provenga de corrupción.El empresario aseguró que los procesos judiciales relacionados con contratación pública le generaron pérdidas económicas y defendió que sus ingresos actuales provienen exclusivamente del sector privado.“Afortunadamente yo desarrollo negocios en el sector privado, y eso es lo que me ha podido no solamente sostener a mi familia, sino también solventar todos estos procesos judiciales”, explicó.Tapia también señaló que lleva más de 20 años trabajando en proyectos de desarrollo inmobiliario y urbano, actividades que —según dijo— existían antes de los escándalos de corrupción que marcaron su carrera pública.El debate sobre Centros Poblados y las condenas por corrupciónDurante la entrevista, Emilio Tapia reconoció nuevamente las dos condenas judiciales que pesan sobre él, aunque insistió en diferenciar entre delitos cometidos “por acción” y “por omisión”.Respecto al caso Centros Poblados, defendió que no existió apropiación indebida de recursos y aseguró que la Contraloría General lo exoneró de responsabilidad fiscal.“Yo no me robé 70 mil millones de pesos”, afirmó. No obstante, los periodistas le recordaron que fue condenado por delitos relacionados con corrupción y peculado. Tapia respondió argumentando que aceptó responsabilidad como parte de una estrategia jurídica para evitar un proceso más largo y desgastante para su familia.“Prefería asumir la responsabilidad, pero esto lo más pronto posible”, explicó. Además, confirmó que ha pagado cerca de diez años de cárcel y que actualmente se encuentra en libertad condicional.Niega interés en nuevos contratos públicosOtro de los temas abordados en la entrevista fue la denuncia reciente de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, sobre supuestos intentos de participación de empresas relacionadas con Tapia en procesos contractuales del Estado.El excontratista negó estar buscando nuevos contratos públicos y aseguró que, por el contrario, fue él quien denunció el uso fraudulento de experiencias empresariales vinculadas a compañías de su propiedad. “Tomé la decisión de vida de no tener un solo negocio público con el Estado”, aseguró.Tapia sostuvo que actualmente no tiene interés en participar en proyectos estatales y reiteró que toda su actividad económica se desarrolla en el ámbito privado.
Son muchos los interrogantes en torno a la muerte de la subteniente Jenyfer Marciales al interior de la estación de Policía de Providencia y por eso, tanto la justicia ordinaria como la Justicia Penal Militar, se han puesto a la tarea de investigar cómo fue que su cuerpo terminó tendido en el piso y con un impacto de bala.La Policía informó que, “desde el momento en que se tuvo conocimiento del hecho, se activaron de manera inmediata los actos urgentes en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal, para adelantar la investigación y determinar, con total rigor técnico y científico, las circunstancias de lo ocurrido”.A su vez, la Institución sostuvo que “de manera paralela, y en estricto respeto por la autonomía de las autoridades judiciales, se dio apertura a una indagación previa por parte de la Inspección General y la Justicia Penal Militar”.Y es que el caso activó todas las alertas luego de que familiares de la subteniente contaron que desde finales de marzo, la uniformada había notificado a sus superiores que venía siendo víctima de presunto acoso laboral por parte de un teniente con el que compartía la comandancia de la estación. De hecho, días antes de su muerte, ella misma entregó información relevante a un abogado y un compañero de la Policía.Al respecto, la Policía aseguró que mantiene “una política de cero tolerancia frente a cualquier conducta que afecte la dignidad, integridad y bienestar de sus integrantes” y que continuará “brindando toda la colaboración necesaria a las autoridades judiciales, con el propósito de esclarecer este lamentable hecho y garantizar verdad y justicia”. Así mismo, informó que ha dispuesto “un acompañamiento integral a la familia, que incluye apoyo psicosocial y jurídico, así como el traslado de familiares a la zona de los hechos”.
Un juez de conocimiento condenó a 28 años de prisión a un hombre hallado responsable de abusar sexualmente de su hija y su hijastra, ambas de 10 años, en hechos ocurridos en el municipio de Puente Nacional.Según informó la Fiscalía General de la Nación, las investigaciones permitieron establecer que los abusos se prolongaron durante cuatro años, entre 2016 y 2020, y se cometieron de manera reiterada en la vivienda donde convivían las menores con el agresor.El ente acusador precisó que una de las víctimas es hija biológica del condenado y la otra su hijastra. La denuncia fue interpuesta por la compañera sentimental del hombre, lo que permitió el avance del proceso judicial y la recolección de pruebas.Tras valorar el material probatorio presentado por la Fiscalía, el juez determinó la responsabilidad del acusado por los delitos de incesto, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años, todas las conductas agravadas.Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar cualquier caso de violencia contra menores.
Desde Armenia, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, dijo que los traslados de los internos que estuvieron en la escandalosa fiesta de la cárcel de Itagüí están a la espera de revisar quiénes participaron y quiénes no.“El presidente dio una directriz en el Consejo de Ministros de trasladar a las personas que participaron en la fiesta y esa ya es otra complejidad: y es que no todos participaron de la fiesta. Eso fue en el patio 1 y en el patio 3, y la fiesta fue en el patio 1. Entonces, estamos tratando de identificar cuáles sí, cuáles no”, manifestó Cuervo en declaraciones desde Armenia.“Pero ojo: el traslado es complejo porque, si los diálogos están suspendidos, la idea del Gobierno es continuar, retomar esos diálogos y que ellos estén reunidos en Itagüí porque ellos estaban asignados inicialmente en otras cárceles. Esas fueron medidas para facilitar la negociación”, agregó el ministro de Justicia.“Entonces, cualquier medida de traslado que se adopte tiene que ser muy cuidadosa, por decirlo así, para proteger que ese proceso de negociación se recupere”, concluyó Cuervo en sus declaraciones.Más seguridad en ItagüíAdemás del aumento de seguridad en el centro penitenciario con la presencia del Ejército en la parte externa, el funcionario nacional también puntualizó que, por demoras en la contratación, hasta fin de este mes se instalarán las cámaras de seguridad que se necesitan allí.“En el tema de cámaras: el 30 de abril se instalan las cámaras porque el proceso de contratación tuvo complicaciones en el camino: se suspendió; no llegaban las vigencias presupuestales, cosas que nada tienen que ver con eso”, manifestó Cuervo al referirse a las medidas para reforzar la vigilancia en el penal.“Ya tengo la información del director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) de que el 30 de abril se instalan las cámaras en la cárcel de Itagüí”, agregó el ministro Jorge Iván Cuervo.ReflexionesSobre este episodio de la cárcel de Itagüí, el funcionario concluyó que se abusó de los beneficios que se dieron para la negociación con las organizaciones delincuenciales del Valle de Aburrá.“Al día de hoy, lo que yo puedo entender es que esos beneficios para facilitar la negociación fueron abusados; digamos, se abusó de ellos”, afirmó Cuervo en su balance sobre lo ocurrido en el centro penitenciario.“Por lo tanto, el regreso a la mesa de negociación tendría que estar condicionado a que estas cosas no vuelvan a pasar y, seguramente, eso va a implicar unos ajustes”, añadió el ministro.“A medida que uno va teniendo información, va teniendo evidencia, va tomando decisiones y haciendo ajustes, y la idea es que esto no vuelva a pasar”, concluyó Jorge Iván Cuervo.Para el Quindío, el ministro, oriundo de esta región, anunció como prioridad la construcción de una morgue para el departamento y el seguimiento a la construcción de un pabellón nuevo en la cárcel Peñas Blancas de Calarcá.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo que va a generar todo un debate jurídico tras estudiar tres tutelas contra juzgados de ejecución de penas de Bogotá, Antioquia y Popayán, que habían rechazado reconocer estos beneficios bajo el argumento de que la norma solo permitía redimir tiempo de prisión por trabajo.En su decisión, la Corte Suprema de Justicia explicó que la Ley 2466 de 2025 no puede leerse de forma aislada ni limitada únicamente al trabajo, pues su contenido abarca las llamadas “actividades productivas y ocupacionales”, dentro de las cuales también se encuentran el estudio y la enseñanza.En ese sentido, advirtió que no hay razones constitucionales para dar un trato distinto a estas actividades dentro del proceso de resocialización de las personas privadas de la libertad.La clave de este fallo está en que el alto tribunal fijó como criterio que la regla de redención de dos días de pena por tres días de actividad también puede aplicarse a labores de estudio y enseñanza.En ese sentido, la Corte dejó sin efectos las decisiones de los jueces que negaron el beneficio y ordenó que, en un plazo de cinco días, vuelvan a estudiar las solicitudes de los accionantes bajo este nuevo enfoque.El fallo marca un antes y un después en materia penitenciaria, al ampliar el alcance de los beneficios de redención de pena y refuerza el enfoque resocializador del sistema penal colombiano.
La Cámara de Comercio de Bucaramanga será escenario este jueves 9 de abril de un encuentro académico que busca acercar el derecho a las regiones. Se trata del Precongreso de Derecho Procesal, un evento que reunirá a 18 expertos de la región para debatir sobre los principales retos de la justicia en Colombia.La jornada, que se desarrollará entre las 8:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde, es organizada por el Instituto Colombiano de Derecho Procesal y tendrá entrada gratuita, lo que ha generado gran interés entre estudiantes, abogados y profesionales del sector, con más de 600 inscritos.Según explicó Johnny Batalla, director de capítulos regionales del instituto, el objetivo es descentralizar el conocimiento jurídico. “La idea es llevar ese saber que muchas veces está concentrado en Bogotá a las regiones, para que los estudiantes y profesionales tengan acceso directo a quienes están construyendo el derecho procesal en el país”, señaló.Durante el evento se abordarán temas en distintas áreas como derecho procesal penal, laboral, administrativo y arbitraje, incluyendo discusiones sobre nuevas tendencias y reformas. Entre ellas, Batalla destacó la necesidad de analizar no solo las normas, sino también la forma en que se toman las decisiones judiciales.“Hoy se habla de sesgos, de prejuicios y de cómo influyen factores humanos en los jueces. Eso también debe discutirse si queremos una justicia más justa. Mi ponencia tiene que ver con el impacto de la piel negra en el sistema penal. Es decir, el derecho se tiene que abrir a otras disciplinas como la psicología cognitiva, la psicología del testimonio la antropología y la sociología porque el juez es humano”, indicó.Por su parte, el abogado Fabián Díaz, vicepresidente del capítulo Santander del instituto, calificó el encuentro como “un evento de lujo y sin precedentes en la región”. Agregó que el propósito es abrir espacios de discusión sobre temas actuales y de impacto para el sistema judicial.Díaz participará con una ponencia sobre nulidades en procesos arbitrales, un tema que ha generado debate jurídico. “Existe una discusión sobre si en ciertos casos se pueden presentar nulidades en el arbitraje. Vamos a plantear una postura que propone que sí es posible, bajo una interpretación del Código General del Proceso y el Estatuto Arbitral”, explicó.El evento también servirá como plataforma para impulsar mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como el arbitraje, que ha venido creciendo en Santander. En este contexto, se anunciará la creación de la Red Juvenil Santandereana de Arbitraje, integrada por estudiantes de distintas universidades de la región.
Con el propósito de acercar la justicia a las comunidades y reducir las barreras de acceso en zonas alejadas, la Fiscalía General de la Nación anunció la puesta en marcha de tres nuevos Puntos de Atención de Fiscalía (PAF) en los municipios de Confines, Guapotá y El Palmar.Estos nuevos espacios permitirán que cerca de 8.000 habitantes de estas poblaciones accedan de manera más ágil a los servicios de la entidad, evitando largos desplazamientos hacia otros municipios para interponer denuncias o adelantar trámites judiciales.En los PAF, los ciudadanos podrán presentar denuncias relacionadas con delitos querellables, así como radicar peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS). Además, recibirán orientación jurídica y serán redireccionados a la institución competente en caso de que sus solicitudes no correspondan al ámbito penal.La iniciativa hace parte de una estrategia de fortalecimiento institucional en el departamento, donde históricamente comunidades rurales han enfrentado dificultades para acceder a la justicia por factores geográficos y de conectividad.Según la entidad, durante 2026 se tiene previsto habilitar 16 nuevos Puntos de Atención de Fiscalía en Santander, con lo que se busca ampliar la cobertura y garantizar una atención más oportuna y cercana a la ciudadanía.Con estas acciones, la Fiscalía avanza en su objetivo de descentralizar los servicios judiciales y fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones, especialmente en regiones donde el acceso a la justicia ha sido limitado.
Fueron condenados los principales líderes de las extintas Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC) por su responsabilidad en homicidios y desapariciones forzadas ocurridos hace más de tres décadas, entre los años 2003 y 2004. Los casos se registraron en los municipios de Villanueva, Monterrey, Aguazul y Yopal, afectando a la comunidad del oriente colombiano.Entre los condenados se encuentran Héctor Germán y Nelson Orlando Buitrago Parada, conocidos como ‘Martín Llanos’ y ‘Caballo’, respectivamente; Josué Darío Orjuela Martínez, alias ‘Solín’; y Héctor Gregorio Hernández León, alias ‘Pocholo’; quienes aceptaron su responsabilidad en los crímenes a través de la figura de sentencia anticipada, reconociendo su participación y el daño causado.Según la investigación adelantada por la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, los cabecillas de la ACC impartieron directrices a las diferentes estructuras armadas bajo su mando para identificar y atacar violentamente a cualquier persona que se opusiera a sus actividades, denunciara los delitos cometidos por el grupo o supuestamente colaborara con otros actores armados ilegales.En ese contexto, 15 personas fueron asesinadas y dos más desaparecieron, entre ellas una joven de 16 años, cuyo paradero continúa siendo desconocido.El Juzgado Penal del Circuito Especializado de Yopal dictó 26 años y 8 meses de prisión para los hermanos Buitrago y Orjuela Martínez, por los delitos de homicidio agravado y desaparición forzada.Por otra parte, Hernández León fue condenado a 17 años y 11 meses de prisión por homicidio agravado. Además, la sentencia establece el pago de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes como indemnización por perjuicios morales a favor de los familiares de cada víctima.
Una persona falleció y otras 10 sufrieron quemaduras y lesiones luego de que una vivienda que servía como fábrica de juegos pirotécnicos explotara en hechos ocurridos en un barrio del municipio de La Unión, en el norte de Nariño.Zuly Bastidas, residente de ese municipio, dijo a Blu Radio que todo ocurrió a la 1:20 de la tarde de este viernes 26 de junio, cuando escucharon una fuerte detonación que generó pánico en toda la población.Según la angustiada madre, la onda expansiva provocó daños materiales en más de cinco viviendas aledañas a la fábrica de juegos pirotécnicos, la cual estaba ubicada en el barrio Valencia, pleno centro de La Unión, Nariño.En su relato, la señora Bastidas dijo que, por la caída de vidrios y porque otros fueron alcanzados por las llamas, varias personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros médicos cercanos a esa población del norte de Nariño.Un día laboral se convirtió en una tragedia para familias de la zona, y se desconoce los móviles que produjeron dicha explosión, la cual se escuchó a varios kilómetros a la redonda, dijo doña Zuly Bastidas.En videos que circulan en redes sociales se pueden escuchar los desesperados llamados que hacían los habitantes de La Unión tras el estallido, así como el sonido de las ambulancias.“Necesitamos que nos ayuden en La Unión porque escuchamos explosiones”, decía una mujer que grababa con su celular, mientras de fondo se escuchaban varias detonaciones.Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Unión, Nariño, y de otras poblaciones cercanas controlaron el incendio, mientras las autoridades iniciaron la evaluación de escombros y de los permisos de funcionamiento de la fábrica, según informó el alcalde de ese municipio nariñense, Jaime Montenegro.
Para garantizar un viaje seguro y fluido durante el puente festivo de “San Pedro y San Pablo”, la Concesionaria Vial Andina (Coviandina) y las autoridades han implementado un plan especial de manejo de tráfico.El próximo lunes 29 de junio de 2026, la Policía de Tránsito y Transporte realizará un reversible en el sentido Villavicencio-Bogotá. El cierre de la vía se realizará en el sector del Uval a la 1:00 p. m. La carretera quedará en un solo sentido y el flujo vehicular hacia Bogotá se habilitará desde las 3:00 p. m. hasta las 10:00 p. m.También hay restricciones para el tránsito de vehículos de carga. Si conduce un vehículo de carga con peso igual o superior a 3,4 toneladas, tenga en cuenta las siguientes medidas: el viernes 26 habrá restricción de 2:00 p. m. a 10:00 p. m. en el sentido Bogotá-Villavicencio.El sábado 27 la restricción será de 6:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde, en ambos sentidos. El domingo 28 no habrá restricción para los vehículos de carga, pero el lunes 29 la restricción será de 10:00 a. m. a 1:00 a. m. en ambos sentidos.Para el ingreso a Bogotá el domingo 28 de junio, se aplicará el pico y placa regional según la terminación de la placa del vehículo. Las placas pares (0, 2, 4, 6, 8) podrán ingresar únicamente entre las 12:00 m. y las 4:00 p. m., y las placas impares (1, 3, 5, 7, 9) podrán ingresar únicamente entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m.
El sector del Sistema Moda y Confecciones en Colombia en 2025 muestra un comportamiento interesante: las exportaciones crecen de forma leve, 1,8%, alcanzando USD 920,6 millones, lo que indica estabilidad y presencia en mercados internacionales. Sin embargo, las importaciones avanzan mucho más rápido, con un aumento de 16,6%, llegando a USD 3.821,6 millones.¿Cómo se comportaron las cifras en exportaciones?Aunque el crecimiento es moderado, refleja que la industria mantiene su presencia en mercados internacionales pese a un entorno global exigente. A nivel regional, Antioquia se consolidó como el principal exportador con USD 340,6 millones, equivalente al 37% del total. Le siguió Bogotá D.C. con USD 272,9 millones (29,6%) y Atlántico con USD 100,3 millones (10,9%), destacando además su crecimiento de doble dígito. En contraste, Cundinamarca cayó 0,9% y Risaralda retrocedió 23,1%.En productos, la exportación estuvo liderada por la ropa de cocina o tocador con USD 69,0 millones, seguida por fajas con USD 51,9 millones y tejidos de punto con USD 38,0 millones, aunque este último bajó 4,2%. También sobresalen los calcetines de algodón, que crecieron de forma extraordinaria 358% hasta USD 20,1 millones, y las camisetas de algodón con un aumento del 46% (USD 34,4 millones).En destinos, Estados Unidos sigue siendo el principal socio con USD 255,8 millones (27,8%), aunque cayó 7,4% frente al año anterior. Luego aparecen Ecuador con USD 149,3 millones (16,2%) y México con USD 102,9 millones (11,2%). En contraste, Canadá creció 38,1%, Venezuela 24,4% y Guatemala 16,8%, mostrando nuevos focos de dinamismo.En logística, la vía aérea dominó las exportaciones con USD 448,8 millones (48,7%), seguida del transporte marítimo con USD 312,2 millones (33,9%), que fue el único en caer (-5%). El transporte terrestre aportó USD 159,7 millones (17,3%) y fue el de mayor crecimiento relativo.¿Cómo se comportaron las datos en importaciones?En distribución interna, Bogotá D.C. concentró el 45,5% de las importaciones (USD 1.739,8 millones), seguida por Antioquia con USD 792,7 millones (20,7%) y Cundinamarca con USD 422,7 millones (11,1%). Los mayores crecimientos se registraron en Valle del Cauca y Santander, ambos con 29,6%.Por productos importados, lideran los calzados con suela de caucho o plástico (USD 185,7 millones) y los de suela plástica con parte superior textil (USD 165,0 millones). También destacan los hilados de poliéster (USD 100,9 millones), mientras que los hilados mezclados con algodón cayeron 6,3%.En origen de compras, China domina ampliamente con USD 2.152,9 millones (56,3%), seguida por Vietnam (USD 262,3 millones) e India (USD 230,7 millones). Brasil y Bangladesh muestran variaciones más moderadas.En transporte de importaciones, la vía marítima concentra el mayor volumen con USD 2.401,3 millones (62,8%), seguida del transporte terrestre con USD 997,8 millones (26,1%) y el aéreo con USD 422,5 millones (11,1%).Finalmente, la balanza comercial confirma el reto estructural del sector: un déficit de USD -2.723,2 millones en 2025, tendencia que continúa en 2026 con un saldo negativo de USD -866,8 millones, evidenciando que las importaciones siguen superando ampliamente a las exportaciones.
Otro centro de salud de primer nivel en Antioquia le cierra sus puertas a la Nueva EPS. Se trata de la Clínica Sommer de Rionegro, cuya administración tomó la decisión de suspenderlos servicios ante la creciente deuda millonaria.Este es uno de los centros asistenciales más importantes para todo el Oriente de Antioquia, y que es también de vital importancia para el departamento, porque también atiende pacientes del Valle de Aburrá, anunció que cierra todos los servicios de salud a la Nueva EPS.Como ha ocurrido con otras clínicas y hospitales de primer nivel del país que cortan con la Nueva EPS, la principal razón son las millonarias deudas que le debe esta EPS a los centros de salud, y en la clínica Sommer no ha sido la excepción, ya que la acreencia supera los $115.000 millones.La administración de este centro asistencial dejó en claro que “esta decisión no obedece a una falta de voluntad, sino a la necesidad de preservar la estabilidad de una institución que durante décadas ha trabajado por el cuidado de la vida y la salud de la comunidad”.Así mismo, indicó que agotaron todos los esfuerzos para mantener la atención de los afiliados de esta entidad; sin embargo, afirmaron que la medida está relacionada con los servicios de alta complejidad, pero que se seguirá brindando atención a las personas que ingresen con condiciones de urgencia que pongan en riesgo inmediato su vida.La Clínica Somer recordó que en octubre pasado se había adoptado esta misma medida debido al crecimiento de la deuda que en su momento llegaba a los $100.000 millones.Este nuevo caso en el que un centro de salud le cierra sus puertas a una EPS sucede en menos de 20 días, si se tiene en cuenta que la Clínica Prado en Medellín anunció la suspensión de servicios a usuarios de Coosalud. Lo mismo hizo el Hospital General a principios de junio.
El Tribunal Administrativo de Santander sancionó a la Ministra de Ambiente, Irene Vélez, por desacato y presunta negligencia en la socialización del proceso de delimitación del páramo de Santurbán. La funcionaria debía ratificar un cronograma, adoptar medidas verificables, ejercer liderazgo y garantizar la participación comunitaria.El Tribunal revisó la polémica en torno a la protección del Páramo Jurisdicciones-Santurbán-Berlín y encontró que no se han cumplido varios de los compromisos. La decisión judicial castiga formalmente lo que la magistratura consideró una conducta negligente en la gestión de este ecosistema estratégico, el cual lleva más de siete años sin una línea de protección definitiva tras el fallo de la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional.La alta corte regional aclaró de manera tajante que la Ministra Vélez Torres no es responsable de todo el retraso histórico acumulado desde 2017, sino de su gestión específica desde que asumió el encargo ministerial en agosto de 2025. El despacho judicial comprobó que la funcionaria desatendió órdenes explícitas para enderezar el rumbo del proceso participativo, las cuales incluían ratificar un cronograma con fechas ciertas y liderar las mesas de concertación con los municipios afectados. En lugar de ejecutar acciones concretas, la defensa de Vélez Torres solicitó archivar el incidente argumentando que las demoras provenían de administraciones previas.Para los magistrados, esta postura jurídica constituyó una "culpa por negligencia", puesto que el Ministerio volvió a postergar la fecha final de la delimitación para mediados de 2026. A raíz de esto, el Tribunal multó a la ministra con cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, una sanción que deberá costear con su patrimonio personal y que fue calificada como moderada debido a que el Gobierno sí demostró gestiones logísticas e institucionales parciales en el territorio.Además de la sanción económica, el dictamen judicial otorgó un plazo perentorio de diez días hábiles para que la cartera ambiental radique un informe exhaustivo con las fechas definitivas del proyecto de delimitación municipio por municipio. La providencia advierte con vehemencia que la simple realización de reuniones y socializaciones masivas no sustituye la expedición formal del acto administrativo que ordene el territorio.El Tribunal dejó la puerta abierta a nuevas sanciones en caso de que persista la renuencia gubernamental.
