La presidenta del Tribunal Superior de Bogotá, Diana Marcela Camacho, advirtió sobre las dificultades que enfrenta la administración de justicia por la reducción de los recursos asignados a la Rama Judicial y pidió al Gobierno Nacional adoptar medidas para atender la demanda del servicio. La magistrada señaló que Bogotá concentra cerca de una tercera parte de la demanda de justicia del país, pero no cuenta con suficientes despachos judiciales para responder al volumen de procesos que recibe.La preocupación se centra en el presupuesto proyectado para 2027. De acuerdo con las cifras expuestas, la Rama Judicial requiere 17,5 billones de pesos para su funcionamiento, pero el presupuesto quedó en 11,5 billones, lo que representa una brecha del 34 %. Esta diferencia, advirtió Camacho, limita la posibilidad de implementar medidas de descongestión y crear nuevos juzgados.La presidenta del Tribunal explicó que el aumento de la población y de los conflictos en Bogotá también se ha reflejado en un mayor ingreso de procesos judiciales, sin que haya crecido en la misma proporción el número de jueces disponibles para tramitarlos.“Lo que está pasando es que la población ha aumentado en la ciudad de Bogotá, los problemas también han aumentado. A nosotros nos han llegado muchísimos más procesos que en años anteriores y no tenemos la cantidad suficiente de jueces para tramitarlos”, afirmó.En ese sentido, hizo un llamado al Gobierno Nacional y al Consejo Superior de la Judicatura para que se asignen partidas adicionales que permitan crear nuevos despachos judiciales y adoptar medidas de contingencia. También se planteó alternativas que no impliquen nuevos gastos, entre ellas un decreto reglamentario para distribuir de manera equitativa las acciones de tutela en todo el territorio nacional.“Necesitamos partidas presupuestales adicionales para la creación de nuevos despachos judiciales”, insistió Camacho, quien también pidió un trato diferencial para Bogotá, con el propósito de que los procesos se resuelvan dentro de los términos y los ciudadanos reciban una respuesta oportuna.Frente a esta preocupación, el ministro de Justicia, Iván Cancino, reconoció las dificultades económicas que atraviesa la administración de justicia y aseguró que su cartera ha escuchado las propuestas de las altas cortes, los tribunales superiores, la Fiscalía y otras entidades para buscar alternativas.El funcionario sostuvo que se han adelantado conversaciones con representantes de distintas instancias judiciales y que algunas propuestas están en proceso de evaluación.Cancino también respondió a los señalamientos sobre una posible desfinanciación de la justicia como forma de persecución contra algunas instituciones. En particular, hizo referencia a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y sostuvo que los recortes no responden a una decisión dirigida contra esa entidad, sino a la situación de las finanzas del Estado.“Y aprovecho para decirle especialmente a la JEP que ellos tampoco son extraordinarios. Que la Honorable Corte Suprema de Justicia ha sufrido también un recorte. El Consejo de Estado, la Corte Constitucional, la Procuraduría y no lo han tomado como una persecución, sino ha entendido el estado de las finanzas del Estado colombiano”, manifestó.El ministro aseguró que el Gobierno estudiará las propuestas presentadas y buscará soluciones para mejorar la capacidad institucional y garantizar una justicia accesible, pronta y justa. También señaló que el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior, del que está encargado, afrontarán recortes presupuestales.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia encendió las alarmas frente al proyecto de Estatuto Antiterrorista impulsado por el Gobierno Nacional, advirtiendo sobre posibles vicios de inconstitucionalidad y riesgos significativos para las garantías fundamentales. En diálogo con Mañanas Blu, el presidente de la Sala Penal, el magistrado Carlos Roberto Solórzano, detalló las reparos presentados formalmente en el Consejo Superior de Política Criminal. Riesgos de inconstitucionalidad y el control de listas administrativasEl centro de la preocupación de los magistrados radica en la creación de un Registro Nacional de organizaciones y actores terroristas de carácter administrativo. Aunque la iniciativa busca prevenir acciones ilícitas, la Corte considera riesgoso que la simple inclusión en un listado permita imponer restricciones judiciales sin el debido soporte probatorio.Sobre este punto, el magistrado Solórzano manifestó: “Lo que nos preocupa y así lo planteamos es que es desde lo personal, es decir, la persona, se pueden tomar medidas individuales de control judicial antiterrorista”. Asimismo, explicó que con el marco procesal actual, la Fiscalía debe demostrar la autoría o participación con elementos probatorios e inferencia razonable, mientras que bajo este proyecto se podrían decretar medidas afectando derechos personales y jurídicos sin cumplir dichos estándares: “Pasamos de la suerte de un estatuto de pertenencia a una estructura terrorista a un estándar diferente”, advirtió el presidente de la Sala Penal. Separación de poderes y cautelas sobre bienesOtro aspecto crítico expuesto por el alto tribunal es la creación de la figura del Alto Comisionado contra el Terrorismo, a quien originalmente se le asignaban facultades de supervisión sobre el régimen penitenciario y sobre las medidas judiciales impuestas por los jueces. Para la Corte Suprema, esta disposición quiebra el principio de separación de poderes. “Una autoridad administrativa no podría estar ejerciendo funciones de supervisión de medidas de control judicial que imponen los jueces”, enfatizó Solórzano. En materia patrimonial, la Sala Penal cuestionó que se puedan adoptar medidas cautelares sobre propiedades o empresas al margen de la Ley de Extinción de Dominio (Ley 1708 de 2014) y de un proceso probatorio riguroso. “Tomar decisiones a punta de medidas de naturaleza administrativa que pueden ser planteadas por los fiscales a los jueces, pero sin un estándar probatorio razonable nos preocupa”, sostuvo el magistrado, señalando los peligros de suspender la personería jurídica o cuentas bancarias de un ciudadano o empresa a partir de una simple denuncia o inclusión en listados. Tipificación de delitos, protesta social y diálogo con el EjecutivoFrente al tratamiento de la protesta social y la tipificación de conductas, la Corte coincidió con las observaciones de la defensora del Pueblo, Iris Marín, insistiendo en que el derecho constitucional a la protesta no puede resultar vulnerado por definiciones ambiguas de terrorismo. Por otro lado, al evaluar la propuesta de sancionar el desarme de la Fuerza Pública dentro de la figura del secuestro, el magistrado fue tajante: “Incluir el desarme como un secuestro, pues no tiene nada que ver. No es un acto de privación de la libertad”. Solórzano aclaró que, si bien la agresión a la Fuerza Pública debe tener una sanción penal específica y proporcional, no debe forzarse la estructura típica de los delitos ni incurrir en inflación punitiva. Escuche aquí la entrevista:
El movimiento político Esperanza, Paz y Libertad tomó una drástica decisión en las últimas horas luego de anunciar que podrían renunciar a su acreditación ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) si no los reconocen como víctimas del exterminio que, según denuncian, sufrieron sus integrantes después de la desmovilización del Ejército Popular de Liberación -EPL- en 1991.La decisión fue anunciada luego de que los representantes expresaran su inconformidad con el tratamiento que la JEP les ha dado, esto al considerar que el contexto histórico presentado no refleja la dimensión de la persecución contra sus militantes y simpatizantes.El abogado Javier Villegas aseguró que existe un trato desigual frente al reconocimiento de las víctimas. Según su postura, mientras la JEP ha tenido en cuenta testimonios de antiguos integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para documentar la violencia contra la Unión Patriótica, no habría valorado suficientemente las pruebas de acciones de exterminio contra Esperanza, Paz y Libertad."La existencia de un sesgo ideológico y una demostrada ineficiencia de la JEP que discrimina a las víctimas del genocidio perpetrado contra los llamados esperanzados resulta inaceptable. Se guarde silencio frente a las confesiones de alias 'HH' y 'Sor Teresa Gómez' sobre la alianza criminal entre el quinto frente de las Farc y Fidel Castaño. Esa omisión es un acto de negacionismo histórico", manifestó Villegas.Entre los antecedentes señalados está la masacre de La Chinita, ocurrida el 23 de enero de 1994 en Apartadó donde fueron asesinadas 35 personas. Los representantes también cuestionan que no se hayan incorporado plenamente al análisis declaraciones relacionadas con una presunta alianza criminal entre el Quinto Frente de las FARC y Fidel Castaño.Hay que recordar que en 2025, ya se había presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia en nombre de 891 víctimas directas y 3.462 indirectas, y ahora indican que formalizará su retiro de la JEP si consideran que se persiste en desconocer el exterminio denunciado.
A dos meses de sus capturas y tras haber aceptado los cargos imputados, en las últimas horas se conocieron las primeras condenas en medio de las investigaciones por la desaparición del ingeniero Forestal Andrés Camilo Peláez Yepes en el norte de Antioquia en 2022.Un juez de Ituango impuso cinco años de internamiento contra Juan Diego Echavarría, alias ‘Se lo Juro’ y Bryan Andrei Palacio, alias ‘El Cabo’, tras ser encontrados responsables del delito de desaparición forzada agravada en relación con los hechos ocurridos en el municipio de San Andrés de Cuerquia.Mientras que Echavarría fue notificado de la nueva orden de captura mientras permanecía recluido en Santa Rosa de Osos por otros delitos, Palacio fue capturado en el municipio de Bello y fueron juzgados bajo la Ley de Infancia y Adolescencia al tener 17 años de edad al momento de la comisión de los delitos.Según las investigaciones, alias ‘Se lo Juro’ fue responsable de participar activamente en la planeación y ejecución de la desaparición, además de estar vinculado a la posterior eliminación de evidencias relacionadas con el paradero de la víctima.Por su parte, alias ‘El Cabo’ habría vigilado los movimientos del ingeniero para coordinar el momento en que sería interceptado por integrantes del grupo delincuencial El Mesa y también habría custodiado el lugar donde permaneció retenido.Claudia Yepes, madre de Andrés Camilo, ya había indicado que toda la situación habría respondido a un caso de secuestro extorsivo para que el grupo criminal recuperara un dinero que había perdido producto del microtráfico."Era conocido por ellos, lo buscaban, le pedían plata y hubo un momento en que, como decimos por acá, los paisas, se les alumbró el bombillo con el ingeniero, tuvieron un desfalco de microtráfico y la mejor forma era de recuperar esa plata con un secuestro extorsivo. El secuestro se les sale de las manos con mi hijo y termina desaparecido", explicó.Sobre la reciente decisión de la justicia se pronunció el abogado del caso, Miguel Ángel del Río, quien indicó que “vendrán más capturas y más condenas”.Al caso también está vinculado Weimar Alexander Castillo, alias ‘300’, señalado de conducir la camioneta en la que habrían trasladado al ingeniero; Juan Fernando Tobón Correa, alias ‘El Paisa’, quien presuntamente participó en la interceptación y retención de la víctima; y Willinton Ortiz Muñoz, alias ‘Willy’, investigado por su posible participación en la desaparición forzada.
La construcción de la cárcel metropolitana para personas sindicadas, que se levanta en zona rural de Medellín alcanza un avance del 47 %. El proyecto busca ampliar la capacidad de reclusión de Medellín y reducir la presión que actualmente soportan las estaciones de Policía, donde permanecen personas privadas de la libertad a la espera de que se resuelva su situación judicial.La infraestructura representa una inversión superior a los 675.000 millones de pesos y tendrá capacidad para albergar a 1.339 internos. En el frente de obra, las celdas de los cinco primeros pabellones ya llegaron al cuarto nivel de construcción.De manera paralela, avanzan los trabajos relacionados con las cubiertas, las redes internas y las edificaciones complementarias destinadas a servicios de salud, formación, educación y visitas. También se ejecutan las áreas administrativas y los espacios de servicio necesarios para el funcionamiento del complejo.El diseño contempla seis pabellones. Cinco tendrán capacidad para 240 personas cada uno, mientras que el sexto dispondrá de 139 cupos y contará con una Unidad de Tratamiento Especial, además de instalaciones adaptadas para personas con discapacidad. Esto dijo el alcalde Federico Gutiérrez."Acá lo cierto esque los criminales no van a estar de vacaciones, van a estar pagando por el daño que le han hecho a la sociedad. Que sea una cárcel que tenga todas las medidas de seguridad, pero sobre todo también proteger a la gente de afuera, pues vemos cómo las cárceles se han convertido en paraísos y universidades del crimen", dijo el alcalde Federico Gutiérrez.La obra también tiene efectos sobre el empleo local. Durante su ejecución ha generado 563 puestos de trabajo directos, una cifra que representa oportunidades laborales para habitantes de Medellín y sectores cercanos al lugar de construcción, entre ellos San Cristóbal.El proyecto se desarrolla bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP), una modalidad que contempla la participación de actores privados en la construcción y operación de infraestructura pública. El esquema establecido para esta cárcel prevé una concesión de 15 años: tres destinados a la etapa constructiva y los 12 restantes a su operación.
El senador de la Alianza Verde Ariel Ávila se refirió a la nueva ley de sometimiento a la justicia que el gobierno de Abelardo De La Espriella llevaría al Congreso, y señaló que uno de los principales puntos de discusión estará en los beneficios jurídicos que recibirían los integrantes de estructuras criminales que decidan someterse.Ávila explicó en Meridiano Blu que el mecanismo contempla la entrega de verdad y bienes a cambio de una reducción de la pena. Según el senador, esa verdad podría incluir información relacionada con las rutas del narcotráfico y los socios de las organizaciones criminales.“Lo que yo creo que va a pasar, toca ver la letra menuda, es que la persona que entregue bienes y entregue verdad, verdad son rutas de narcotráfico y socios, se le van a dar entre 6 y 8 años de cárcel”, afirmó.El senador agregó que, según su interpretación de lo planteado hasta ahora, esas penas serían intramurales y sin los beneficios penitenciarios conocidos popularmente como permisos o reducciones adicionales de condena.La diferencia entre paz y sometimientoÁvila explicó que la legislación colombiana diferencia entre las negociaciones tradicionales de paz y los procesos de sometimiento a la justicia. Mientras las primeras contemplan una agenda política y reconocimiento político, el sometimiento parte de la entrega de verdad y bienes a cambio de una reducción de pena.En ese sentido, sostuvo que la nueva legislación sería necesaria para permitir procesos colectivos, pues actualmente existe el sometimiento individual mediante figuras como el principio de oportunidad.“La ley lo que haría es que fuera colectivo, no individual”, señaló.La “letra menuda” del proyectoEl senador manifestó que podría respaldar inicialmente la existencia de un marco jurídico para el sometimiento, aunque advirtió que su posición dependerá del contenido definitivo del proyecto.Ávila sostuvo que la legislación debería estar dirigida hacia estructuras criminales actuales y no hacia la devolución de derechos políticos a antiguos paramilitares.“Estas leyes tienen que mirar hacia adelante, pero devolver derechos políticos a paramilitares y eso, eso pues esa vaina sí ya nos pone a nosotros a votar en contra”, afirmó.El senador también señaló que el Gobierno buscaría que la presión militar sobre las organizaciones criminales contribuya a que sus integrantes consideren la posibilidad de someterse a la justicia bajo las condiciones que establezca el nuevo marco jurídico.Escuche la entrevista completa acá:
El Consejo de Estado confirmó una sentencia que negó las pretensiones del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga contra la DIAN, en un proceso relacionado con la declaración del impuesto de renta correspondiente al año gravable 2016.El caso se originó después de que el Acueducto de Bucaramanga presentara en 2017 su declaración de renta, en la que registró un saldo a pagar de $2.339.168.000. Posteriormente, la DIAN inició un proceso de fiscalización en el que cuestionó, entre otros aspectos, deducciones relacionadas con inversiones del proyecto Piedras Blancas y una cartera considerada como manifiestamente perdida.La actuación de la DIAN llevó a determinar un saldo a pagar de $12.556.232.000, además de sanciones relacionadas con la declaración tributaria. La compañia acudió a la jurisdicción contencioso-administrativa buscando dejar sin efecto las actuaciones de la autoridad tributaria.En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones del Acueducto y lo condenó en costas. El AMB apeló la decisión, pero la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 9 de abril de 2026, confirmó en su totalidad el fallo.El alto tribunal también determinó que el AMB deberá asumir las costas de la segunda instancia, incluidas agencias en derecho equivalentes a un salario mínimo mensual legal vigente al momento de la ejecutoria de la providencia."Siguen las directivas del Acueducto de Bucaramanga cometiendo errores que pagamos todos los usuarios con las tarifas tan altas", dijo el veedor ciudadano, Ramiro Vásquez. Uno de los puntos analizados estuvo relacionado con recursos que el Acueducto había intentado recuperar después de pagos considerados indebidos. El Consejo de Estado señaló, entre otros aspectos, que una parte importante de esos valores, $1.332 millones, correspondía a intereses moratorios derivados de un proceso ejecutivo.El proceso judicial no corresponde a una nueva condena por $2.339 millones, sino a una controversia tributaria sobre la declaración de renta de 2016 y las actuaciones posteriores de la DIAN. El fallo del Consejo de Estado dejó en firme la decisión desfavorable para el Acueducto y la condena en costas.
El Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de los demandantes y confirmó, en primera instancia, la elección de Cristian Portilla como alcalde de Bucaramanga.La decisión quedó registrada el 1 de septiembre de 2026 en el sistema de actuaciones judiciales SAMAI, donde aparece una actuación denominada “Sentencia de primera instancia” y la anotación señala que se niegan las pretensiones.De esta manera, el Tribunal mantiene vigente la elección de Portilla mientras avanza el proceso judicial. La actuación también registra que el 2 de septiembre de 2026 se realizó una actuación ante la Secretaría para efectos de notificación y comunicación de la sentencia.La elección de Cristian Portilla como alcalde de Bucaramanga había sido objeto de demandas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en las que los demandantes buscaban que se dejara sin efecto el resultado electoral.Con la decisión de primera instancia, el Tribunal Administrativo de Santander desestimó las pretensiones y mantuvo la elección, aunque el proceso puede continuar por las vías judiciales correspondientes, dependiendo de los recursos que puedan presentar las partes.La decisión representa un nuevo capítulo en la controversia jurídica alrededor de la elección de la Alcaldía de Bucaramanga.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 12 comparecientes, entre ellos nueve antiguos integrantes del Ejército, dos miembros de la Policía y un funcionario del área de seguridad de Ecopetrol, por su presunta participación en hechos relacionados con la toma paramilitar de Barrancabermeja, Santander, ocurrida entre 1998 y 2000.De acuerdo con la JEP, durante ese periodo fueron identificadas 473 víctimas y 14 masacres en el municipio, además de asesinatos selectivos, desapariciones forzadas y actos de persecución contra habitantes de los barrios orientales, integrantes de la Unión Sindical Obrera (USO) y miembros de la organización defensora de derechos humanos CREDHOS.Entre los llamados a juicio se encuentran los exgenerales retirados del Ejército Nacional Héctor Eduardo Peña Porras, Fernando Millán Pérez y Alberto Bayardo Bravo Silva.Para la JEP, los hechos no pueden ser entendidos simplemente como un enfrentamiento entre grupos armados. La jurisdicción señaló que la incursión paramilitar hizo parte de un plan sistemático dirigido contra personas que fueron señaladas como enemigas, en algunos casos únicamente por el lugar donde vivían, su pertenencia a organizaciones sindicales o su labor de defensa de los derechos humanos.La investigación busca establecer las responsabilidades individuales y los posibles niveles de colaboración o apoyo que habrían permitido la consolidación de la estructura paramilitar en Barrancabermeja durante esos años.La JEP también llamó a juicio al coronel retirado del Ejército José Eduardo González Sánchez, quien se desempeñaba como jefe de seguridad de la refinería de Barrancabermeja.Según la jurisdicción, González Sánchez habría apoyado a estructuras paramilitares comandadas por Ernesto Báez y Camilo Morantes, en hechos que ahora son objeto de juzgamiento dentro del proceso de justicia transicional.En total, son 12 comparecientes imputados por estos hechos. La JEP les otorgó un plazo de 15 días hábiles para que reconozcan por escrito los hechos y su responsabilidad.La toma paramilitar de Barrancabermeja marcó uno de los episodios más graves de violencia en la historia reciente del puerto petrolero. Entre finales de la década de 1990 y comienzos de los años 2000, diferentes estructuras paramilitares disputaron el control territorial y social de la ciudad, particularmente en sectores donde existía una fuerte presencia sindical, comunitaria y de organizaciones defensoras de derechos humanos.La decisión de la JEP busca avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido, identificar las responsabilidades de quienes habrían participado o colaborado con los grupos paramilitares y contribuir al reconocimiento de las víctimas.El caso también pone nuevamente bajo escrutinio la actuación de miembros de la Fuerza Pública y de funcionarios que, según la investigación, habrían facilitado o apoyado las acciones de las estructuras paramilitares que operaron en Barrancabermeja entre 1998 y 2000.
Dos hombres fueron condenados a más de ocho años de prisión por hechos violentos ocurridos en los municipios de Girón y Piedecuesta, luego de que las pruebas recopiladas por la Fiscalía General de la Nación permitieran establecer sus responsabilidades.En el primer caso, Brayan Steven Torres Álvarez fue condenado a 8 años y 6 meses de prisión por el delito de homicidio, tras aceptar su responsabilidad mediante un preacuerdo suscrito de manera libre y voluntaria, y con la asesoría de su abogado.Los hechos ocurrieron el 13 de abril de 2025, en el barrio Portal Campestre de Girón, donde, en medio de una riña, Torres Álvarez atacó con un arma cortopunzante a un hombre, quien sufrió graves heridas.De acuerdo con la investigación, la víctima intentó escapar para salvar su vida y huyó en una motocicleta, pero poco después cayó del vehículo. Al sitio llegaron uniformados de la Policía Nacional, quienes intentaron auxiliarlo, pero constataron que había fallecido como consecuencia de las heridas.Las labores de policía judicial permitieron identificar a Torres Álvarez como el presunto responsable del ataque, por lo que fue capturado y posteriormente judicializado. Tras el preacuerdo con la Fiscalía, un juez de conocimiento impuso la condena de 8 años y 6 meses de prisión.En un segundo caso, Juan Pablo Acuña Cáceres fue sentenciado a 8 años y 5 meses de prisión por su responsabilidad en un intento de homicidio ocurrido en Piedecuesta.Los hechos se registraron el 11 de mayo de 2026, en el barrio La Feria, donde Acuña Cáceres atacó con un arma cortopunzante a una persona, causándole graves heridas que obligaron a realizarle múltiples intervenciones quirúrgicas para intentar salvarle la vida.Tras el ataque, el hombre huyó e intentó esconderse, pero fue localizado y capturado por la Policía Nacional. Durante el procedimiento, las autoridades encontraron en su poder 500 dosis de estupefacientes.Ante las pruebas recopiladas durante la investigación, Acuña Cáceres aceptó voluntariamente su responsabilidad y suscribió un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, con asesoría de su abogado. El acuerdo fue avalado por un juez de conocimiento.Finalmente, fue condenado a 8 años y 5 meses de prisión como responsable de los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.Los dos procesos corresponden a hechos independientes ocurridos en municipios del área metropolitana de Bucaramanga. Las condenas se produjeron luego de investigaciones de la Fiscalía y procedimientos de la Policía Nacional que permitieron identificar, capturar y judicializar a los responsables de los ataques.
MiLoto realiza este lunes 9 de noviembre de 2026 un nuevo sorteo, en el que los participantes buscan acertar la combinación de cinco números para acceder al premio mayor.La combinación ganadora del sorteo de MiLoto de este lunes, 9 de noviembre de 2026 es: MiLoto es un juego en el que los participantes seleccionan una combinación de cinco números. La mecánica contempla premios para quienes acierten desde dos hasta los cinco números de la combinación sorteada.¿De cuánto es el acumulado de MiLoto?Para este lunes, 9 de noviembre de 2026, el acumulado de MiLoto era de $600 millones. Los participantes pueden verificar sus tiquetes y comparar los números registrados con los resultados oficiales antes de reclamar cualquier premio.
El sorteo 2.733 de Baloto, de este lunes 9 de noviembre de 2026, espera por un ganador del premio mayor, quien debe acertar los cinco números y la superbalota.Combinación ganadora del Baloto Los billetes impresos con los siguientes números obtuvieron los principales reconocimientos del juego tradicional:Números de la suerte:Súper Balota (SB): Combinación ganadora de Revancha Para la modalidad alternativa, las balotas extraídas determinaron el siguiente resultado:Números de la suerte: Súper Balota (SB): ¿Cómo jugar Baloto y Revancha? Participar en Baloto y Revancha es un proceso sencillo. Para realizar una apuesta, los jugadores deben seleccionar cinco números diferentes entre el 1 y el 43, sin repetir ninguno, y elegir una Superbalota entre el 1 y el 16. Esta combinación será la que les permitirá participar por los premios acumulados que ofrece el juego.Por su parte, quienes deseen participar también en Revancha pueden hacerlo utilizando los mismos números seleccionados para Baloto. Para ello, deben pagar un valor adicional de $3.000, IVA incluido, con el que tendrán la oportunidad de competir por el acumulado multimillonario de esta modalidad. Es importante tener en cuenta que para jugar Revancha es obligatorio realizar primero una apuesta en Baloto.Próximo sorteo programadoFecha del evento: Miércoles 11 de noviembre de 2026.Bolsa conjunta en juego: Más de $24.200 millones de pesos entre ambas modalidades.Puntos de venta: Redes autorizadas de SuperGIROS, SuRed y plataformas digitales oficiales en línea.
La Lotería del Tolima juega este lunes 9 de noviembre de 2026 su sorteo número 4195, una nueva oportunidad para que los participantes puedan ganar el premio mayor y los diferentes premios secos que ofrece este tradicional juego de azar. En esta oportunidad, el premio mayor de $3.500 millones fue para el número XXXX de la serie XXX.Resultados del último sorteo de la Lotería del TolimaEstos fueron los números ganadores del sorteo 4195, realizado el 9 de noviembre de 2026:Los participantes deben comprobar tanto el número como la serie de sus billetes para establecer si obtuvieron alguno de los premios.¿A qué hora juega la Lotería del Tolima hoy?El sorteo 4195 está programado para este lunes 9 de noviembre a las 10:30 p. m. en Colombia. La programación oficial establece que el siguiente sorteo será el número 4196, previsto para el martes 17 de noviembre de 2026.¿Cómo reclamar los premios de la Lotería del Tolima?El billete completo de la Lotería del Tolima tiene un costo de $12.000 y está compuesto por tres fracciones de $4.000 cada una.Los interesados pueden adquirirlo en los puntos Gana Gana y en más de 10.000 establecimientos de venta distribuidos en diferentes zonas del país, incluidos puntos de Efecty, Gelsa y Codesa.En caso de resultar ganador, el participante debe presentar el billete o la fracción correspondiente, en formato físico o virtual, en las instalaciones de la Lotería del Tolima o en la agencia distribuidora donde fue comercializado el número.Por su parte, los premios por aproximaciones pueden reclamarse directamente con el lotero o en la agencia distribuidora correspondiente.
La Lotería de Cundinamarca prepara una nueva jornada de juegos de suerte y azar este lunes 9 de noviembre de 2026. La entidad realizará el sorteo 4828, que tendrá un premio mayor de $10.000 millones. En esta oportunidad, el número ganador del premio mayor fue el XXXX, de la serie XXX.El sorteo está programado para las 11:15 p. m. y los resultados se conocerán una vez finalice la transmisión oficial.Premios secos de la Lotería de CundinamarcaAdemás del premio principal, la jornada entregó diferentes premios secos, con valores entre $10 millones y $500 millones.Los participantes pueden consultar la imagen oficial publicada por la Lotería de Cundinamarca para verificar los resultados y comprobar si alguno de sus números obtuvo un premio.¿A qué hora juega la Lotería de Cundinamarca?La Lotería de Cundinamarca realiza habitualmente sus sorteos los lunes a las 11:15 p. m. (hora colombiana). Cuando la fecha coincide con un día festivo, la jornada se traslada al siguiente día hábil, por lo que algunos sorteos se llevan a cabo los martes.La transmisión se puede seguir a través de Canal 1 y de los canales oficiales habilitados por la entidad.Los billetes se comercializan mediante distribuidores autorizados, entre ellos Lottired, Loti Colombi y Paga Todo, tanto en puntos físicos como en sus canales de venta disponibles.¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Cundinamarca?Las personas que resulten ganadoras deben cumplir con los requisitos establecidos para solicitar el pago de sus premios. De acuerdo con las condiciones informadas, el plazo máximo para reclamar es de 30 días contados a partir de la fecha del sorteo.Para realizar el trámite, se deben presentar los siguientes documentos:Billete original: debe conservarse en buen estado, sin alteraciones, deterioros o rayones que impidan verificar su autenticidad.Documento de identidad: el ganador debe presentar su identificación para adelantar el procedimiento de cobro.Los premios también están sujetos a los impuestos y retenciones establecidos por la normativa vigente. Estos descuentos se aplican durante el proceso de pago.Antes de iniciar la reclamación, se recomienda consultar con la Lotería de Cundinamarca los requisitos y procedimientos actualizados.Historia de la Lotería de CundinamarcaLa historia de esta entidad se remonta al 16 de febrero de 1812, cuando realizó su primer sorteo bajo el nombre de Lotería Popular de Cundinamarca.Desde entonces, ha formado parte de la tradición de los juegos de suerte y azar en Colombia y se ha mantenido como una de las entidades históricas del sector.¿Cuáles son los premios de la Lotería de Cundinamarca?El plan de premios vigente contempla un premio mayor de $10.000 millones, además de diferentes categorías de premios secos.Entre las principales modalidades se encuentran:Premio mayor: $10.000 millones.Balsa Millonaria: $500 millones.Tunjo de Oro: $300 millones.Guaca Secreta: $100 millones.Tres premios secos: $50 millones cada uno.20 premios secos: $20 millones cada uno.35 premios secos: $10 millones cada uno.Los valores corresponden a los premios brutos anunciados. El dinero que recibe cada ganador puede variar por los impuestos y las retenciones aplicables.Para conocer los resultados, verificar los números ganadores y consultar las condiciones de pago, los participantes pueden ingresar a la página oficial de la Lotería de Cundinamarca.
El Super Astro Luna es uno de los juegos de suerte y azar que cuenta con una dinámica diferente a la de los chances tradicionales. Para participar, cada apostador debe elegir un número de cuatro cifras y uno de los doce signos del zodiaco. Ambos datos deben coincidir con el resultado oficial para obtener el premio mayor.Resultado del Super Astro Luna hoy lunes 9 de noviembre de 2026El resultado del sorteo de este domingo es el . Los participantes podrán comprobar su jugada con los siguientes datos una vez se conozca la combinación ganadora:Número ganador:Dos últimas cifras: Tres últimas cifras: Signo zodiacal: Los resultados oficiales pueden consultarse después de cada sorteo a través de los canales autorizados.¿A qué hora juega Super Astro Luna?El horario de Super Astro Luna cambia según el día de la semana. La programación es la siguiente:Lunes a viernes: 10:40 p. m.Sábados: 10:42 p. m.Domingos y festivos: 8:30 p. m.¿Cómo se juega Super Astro Luna?Para participar, cada jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, y combinarlo con uno de los doce signos zodiacales disponibles:AriesTauroGéminisCáncerLeoVirgoLibraEscorpiónSagitarioCapricornioAcuarioPiscisEl premio mayor se obtiene cuando coinciden tanto las cuatro cifras seleccionadas como el signo zodiacal anunciado en el resultado oficial.¿Qué modalidades de apuesta ofrece Super Astro Luna?Los participantes cuentan con distintas alternativas para registrar sus jugadas. Una de ellas permite apostar un mismo número con los doce signos zodiacales, de manera que la combinación incluya todas las opciones de signo.Además, cada tiquete admite hasta cuatro apuestas diferentes, lo que permite registrar varias combinaciones de números y signos en una sola compra.¿Cuánto cuesta jugar Super Astro Luna?El valor de cada apuesta puede ajustarse al presupuesto del participante, dentro de los límites establecidos:Valor mínimo: $500.Valor máximo: $10.000 por apuesta.¿Cómo verificar los resultados del Super Astro Luna?Después de cada sorteo, los jugadores deben comparar los datos registrados en su tiquete con la combinación publicada por los canales oficiales.La revisión del número y del signo zodiacal permite confirmar si la apuesta fue ganadora y determinar si corresponde iniciar el proceso de reclamación del premio.
