La Corte Constitucional declaró que las licencias para mujeres en la época del parto también son aplicables a hombres trans y a personas no binarias.Sin embargo, la magistrada Cristina Pardo votó en contra, en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, explicó la razón de su voto y lo que esto significa.La Corte Constitucional declaró que los hombres trans y las personas no binarias pueden aplicar a las licencias para mujeres en la época del parto, analizando las expresiones “trabajadora”, “madre” y “mujer” contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo.El fundamento de esta decisión se dio porque dichas expresiones estarían incurriendo en una omisión legislativa, teniendo en cuenta que excluiría de la licencia de maternidad a los hombres trans y a las personas no binarias.“Yo no estuve de acuerdo porque a mi modo de ver es un hecho notorio que solo las mujeres pueden dar a luz, ¿sí? Son las únicas que pueden ser personas gestantes. Las mujeres en el sentido del sexo femenino. Entonces, pues a mí me parecía que la palabra mujer, la palabra trabajadora, la palabra madre, no excluía a nadie”, dijo.En ese sentido, señaló que no puede haber cabida a confusiones con ciertas afirmaciones y conceptos, “cuando empezamos a introducir confusiones, como que ya no solamente las mujeres tienen derecho a la licencia de maternidad, sino que también los hombres y las personas no binarias, pues esto produce una serie de confusiones, y entonces los derechos que son, de las que son titulares las mujeres como mujeres, pues ya quedan como diluidos”, defendió.De esta manera resaltó que es “importante que por lo menos en el lenguaje de las leyes se entienda que hay derechos que dependen de la sexualidad y no de otras circunstancias. Eso es importante, eso da claridad sobre las luchas de las mujeres”.A continuación la entrevista:
Cinco días después de su dimisión, el expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, declara este viernes ante la justicia como investigado en el procedimiento abierto por un presunto delito de "agresión sexual" por su beso forzado a la jugadora Jennifer Hermoso.Citado para las 12H00 locales (10H00 GMT), el ya exdirigente llegó a pie al tribunal madrileño de la Audiencia Nacional hacia las 11H10 (09H10 GMT) acompañado de su abogada y sin realizar declaraciones a las decenas de periodistas que le aguardaban.Rubiales debe ser interrogado por el juez Francisco de Jorge, a cargo del caso, en una vista que se celebrará a puerta cerrada.Desde una reciente reforma del Código Penal español, un beso no consentido puede considerarse agresión sexual, una categoría penal que agrupa todos los tipos de violencia sexual.Las penas por un beso forzado pueden ir desde una multa hasta cuatro años de prisión, de acuerdo con fuentes de la Fiscalía.El ministerio público también contempla un supuesto delito de coacciones, ya que Hermoso afirmó en su declaración "que tanto ella como su entorno más próximo sufrieron una presión constante y reiterada por parte de Luis Rubiales y el entorno profesional de este, para que justificara y aprobara los hechos", de acuerdo con la querella de la Fiscalía.El expresidente de la RFEF desató una ola de indignación internacional cuando el pasado 20 de agosto besó en la boca a la jugadora Jenni Hermoso en la entrega de medallas del Mundial de Australia, tras la victoria de España.Esa acción, sus gestos en el palco llevándose la mano a los genitales y su posterior negativa a dimitir cinco días después llevaron a su suspensión por parte de la FIFA durante 90 días.Finalmente, con un expediente abierto por la justicia deportiva española y una querella de la Fiscalía, Rubiales anunció su dimisión el domingo."Fue un acto mutuo", explicó Rubiales, de 46 años, sobre el beso. "No fue intencionado. No había connotación sexual de ningún tipo, sólo fue un momento de felicidad, la gran alegría del momento", afirmó durante una entrevista a un programa de televisión británico emitida el martes"Mis intenciones eran nobles, 100% no sexuales, 100%, repito 100%", reiteró.Su versión choca, sin embargo, con la de Jenni Hermoso, quien ya había indicado que se sintió "vulnerable y víctima de una agresión" cuando recibió el beso, que a su juicio se trató de "un acto impulsivo, machista, fuera de lugar y sin ningún tipo de consentimiento". La jugadora, de 33 años, presentó una denuncia la semana pasada.¿Vuelven las campeonas? La declaración de Luis Rubiales ante la justicia coincide con el día en que la nueva seleccionadora femenina, Montse Tomé, debe presentar su primera lista de convocadas para los partidos del 22 y 26 de septiembre contra Suecia y Suiza en la Liga de Naciones.Todavía se desconoce, sin embargo, si la nueva entrenadora del equipo nacional -la primera mujer en ocupar el cargo- habrá logrado convencer a las 23 campeonas del mundo para que vuelvan a vestir la Roja, después de que a finales de agosto renunciaran a la selección, junto a otras decenas de jugadoras, hasta que no hubiera cambios en la dirección de la RFEF.Aunque las futbolistas no han comunicado todavía su decisión, la dimisión de Rubiales, la destitución del anterior seleccionador, Jorge Vilda, el nombramiento en su lugar de Tomé y las promesas de renovación por parte de la federación podrían facilitar su regreso."Hemos tenido conversaciones, yo creo que no va a haber ningún problema", indicó el martes en una entrevista con la radio Cadena Cope Rafael del Amo, uno de los pocos dirigentes de la Federación que criticó inmediatamente la actitud de Rubiales.
A través de su cuenta en la red social X, Ernesto Vera Pico, el joven que recibió una brutal agresión en 2019 cuando departía con un grupo de amigos en una discoteca de Bucaramanga, dio a conocer el fallo judicial que ratifica la indemnización de 200 millones de pesos que le debe pagar La Cerve y la empresa de logística Staff Pro. Cabe recordar que este joven sufrió fracturas en su mandíbula y rostro durante una agresión perpetrada por el personal de seguridad del establecimiento.El fallo judicial, emitido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en Sala Civil - Familia de Decisión, confirma la sentencia proferida en el proceso ordinario declarativo de responsabilidad civil contractual y extracontractual instaurado por Ernesto Vera Pico y otros demandantes contra Johana Estela Uribe Benítez y Óscar Eduardo Calderón Pérez. La decisión establece que ambos propietarios son condenados de manera solidaria a pagar la indemnización a los demandantes.Ernesto Vera Pico, la víctima de la agresión, expresó su satisfacción con el fallo, declarando: "Una vez más la verdad sale a la luz y la Justicia me da la razón. Espero con esto poner punto final a este capítulo y seguir con los tratamientos que aún, 4 años después, me hacen falta, además de estar a la espera del proceso penal contra dos de los dueños. En la vida uno debe actuar bien, ser empático y ponerse en los zapatos del otro, no pisotear a nadie porque tarde o temprano, la verdad siempre sale a la luz y la vida le da a cada quien lo que le corresponde".El proceso penal contra los administradores de la discoteca La Cerve continúa, y se espera una decisión en el futuro.Según el fallo judicial, los involucrados tienen 10 días para hacer efectivo el pago de la indemnización al joven.
Después de esclarecer el asesinato de Óscar Javier Rueda Beltrán, el hombre de 28 años que fue hallado sin vida en el río Suratá, en la vía que comunica al municipio de Matanza con Bucaramanga en julio pasado, la Fiscalía General de la Nación ya judicializó a las responsables.El pasado 6 de septiembre funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía con el apoyo del Ejército Nacional capturaron por orden judicial a Nancy Natalia Pérez Bermúdez, de 27 años, y a su mamá Analsi Bermúdez Reyes por su presunta responsabilidad en el homicidio de Óscar Javier.Las mujeres fueron presentadas ante un Juez de Control de Garantías y en medio de la diligencia se relató que, al parecer, Nancy Natalia habría atacado con arma blanca a Óscar Javier Rueda Beltrán en una vivienda del barrio Betania de la capital santandereana. Posteriormente, en compañía de su madre y con el fin de ocultar el cuerpo sin vida, lo habrían arrojado a la fuente hídrica.La Fiscalía les imputó cargos por los delitos homicidio agravado, ocultamiento y destrucción de material probatorio, encubrimiento por favorecimiento y ocultamiento de acuerdo con sus responsabilidades penales individuales a los cuales ninguna se allanó.No obstante, Nancy Natalia Pérez Bermúdez fue cobijada con medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que a su mamá le fueron impuesta medidas no privativas de la libertad.Cabe recordar que la captura de las dos mujeres, madre e hija se llevó a cabo en el barrio Balcones del Kennedy. Las sospechosas, según el reporte de los investigadores, se habían cambiado de residencia, en un aparente intento de evadir a las autoridades.
Más de 5.000 madres cabeza de familia podrán quedar en libertad a cambio de que hagan labor social como una medida sustitutiva de su pena. A través de un decreto, se establecieron las reglas para que estas mujeres accedan a este beneficio, las cuales explicó Camilo Umaña, viceministerio de Política Criminal y Justicia Restaurativa.En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el viceministro detalló que cerca del 30 % o 40% van a poder acceder a “este sustituto”. Sobre la cifra exacta de cuántas podrás recuperar su libertad, dijo que es difícil de calcular, pues la ley permite que serán las mujeres que estén condenadas por “delitos menores o que lo hayan cometido en condición de marginalidad”.Estas son las condiciones“Son mujeres que deben ser cabeza de familia, deben haber sido condenadas por delitos cuya sentencia no exceda los ocho años de prisión o por delitos relacionados con temas de hurto y ciertos temas de estupefacientes y que hayan cometido el delito en condiciones de marginalidad”, indicó el viceministro Umaña.En ese sentido, aclaró que no se otorgará en casos de reincidencia de delitos y, sobre los delitos en marginalidad, explicó que, de acuerdo con la ley, es cuando las mujeres se vieron sometidas a condiciones las cuales “afectaban la manutención de su hogar y no tuvieron de otra que cometer un delito para sostener su hogar”.Para estos procesos en específico, aseveró que será el juez de ejecución de penas quien deberá valorar caso por caso para determinar si el delito en cuestión ocurrió bajo esas condiciones: “El decreto sencillamente establece unas reglas para que el juez pueda decidir en el caso a caso”.Sobre por qué el decreto solo aplica para mujeres cabeza de familia y no para hombres en las mismas condiciones, el funcionario respondió que, tal vez, se podría “avanzar para que acoja” a más, pero lo que se busca “es solventar las condiciones de vulnerabilidad” que “alimentan la criminalidad en el país”.Así, recalcó que el “sustituto de la pena” será un servicio en beneficio de las comunidades por parte de las mujeres que quedarán en libertad.Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales:
El joven de 25 años que, según testigos, pretendía a Maria Daniela, y quien fue aprehendido por la comunidad, sigue internado en un centro asistencial después de que los vecinos intentaron lincharlo por presuntamente haber asesinado a María Daniela Castro Brand.El coronel José Fonseca, comandante operativo de la Policía Metropolitana, explicó que "el compañero sentimental tiene una discusión y desafortunadamente con un arma blanca, le ocasiona las heridas a la señora causándole la muerte".Pero este no es el único caso de justicia por mano propia que alerta a las autoridades, pues en las últimas horas falleció, en un centro asistencial, Alexánder Palacios Córdoba, un hombre de 39 años que, según testigos, fue sorprendido por la comunidad mientras realizaba un hurto el pasado domingo 6 de agosto, razón por la que la ciudadanía lo golpeó y dejó con heridas de gravedad.Por lo sucedido en ambos casos, las autoridades insisten en que dejen las acciones de justicia y judicialización en sus manos en lugar de intentar buscarlo por mano propia.Le puede interesar:
El 3 de marzo de 1989 el dirigente del entonces partido político Unión Patriótica José de Jesús Antequera fue asesinado en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, por el cual fue sindicado un sicario que también falleció en el lugar de los hechos.Luego de 34 años, la Fiscalía acusa a tres ex detectives del DAS por el asesinato del líder político.En diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, José Antequera Guzmán, hijo del dirigente de la Unión Patriótica, habló sobre cómo, en su familia recibieron esta acusación de la Fiscalía.Antequera Guzmán recordó cuando se enteraron del asesinato de su papá; contó que mientras estaba junto a su hermana, siendo muy pequeños, escucharon la noticia en la radio.“No sé qué le costó la vida a mi papá, nada tiene ese precio. Las razones del asesinato están vinculadas a las denuncias que hacía mi papá”, dijo.Al ser preguntado sobre si ha habido justicia en estos procesos, criticó fuertemente la justicia y señaló que ha habido resultados por cuenta de las acciones jurídicas y políticas de parte de las víctimas.“Ha habido impunidad. La impunidad es parte de la estrategia en el asesinato. Que las justicia se haya movido, es a partir de los abogados y las víctimas”, finalizó.La Fiscalía presentó cargos formales contra tres detectives del DAS, el desmontado departamento de inteligencia colombiano, por el asesinato del excandidato a la Presidencia por la Unión Patriótica (UP) José de Jesús Antequera y por las heridas causadas a siete personas, incluido el expresidente Ernesto Samper.Durante los sucesos también falleció un hombre de 21 años que fue presentado por las autoridades como sicario, pero que según la investigación "habría sido un señuelo que hicieron pasar como delincuente para justificar la reacción de los hoy acusados, que accionaron sus armas indiscriminadamente", alegó la Fiscalía."El material probatorio advierte que el supuesto agresor, al parecer, no portaba armas y simplemente esperaba en una fila de viajeros con un maletín. Sin embargo, los escoltas del dirigente abrieron fuego sin control hasta causarle la muerte", relató la Fiscalía.Le puede interesar:
La transformación digital está llamada a impactar tanto a empresas como a entidades para que los usuarios puedan acceder a las facilidades que la tecnología brinda. Por eso, desde Blu Radio y la Universidad del Rosario se realizó el encuentro 4.0 para entender cómo avanza la transformación de la justicia y los entes del control.En el curso de los paneles, se discutió sobre los retos que debe afrontar el sistema judicial para migrar de lo físico a lo digital, en medio de un país que no logra tener la conectividad necesaria como para permitir que en todas las regiones del país se realicen trámites de manera virtual.Por otro lado, en este encuentro, se dio a conocer las mejoras en los procesos que vienen haciendo entidades como la Procuraduría General de la Nación, autoridad que ha logrado robustecer sus sistemas digitales para atender cerca de 4.000 solicitudes y quejas de manera cotidiana.“En solicitudes y quejas tenemos más de 4.000 diarias en la Procuraduría, lo que me alegra porque eso quiere decir que los ciudadanos sí buscan a la procuraduría para solucionar los problemas” indicó Margarita Cabello, procuradora general de la Nación.Asimismo, este evento cuestionó los retos e implicaciones legales y jurídicas que puede tener el sistema judicial, al momento de usar la tecnología como facilitador de procesos judiciales.“Los mecanismos que se deben implementar en todos estos procesos tienen que determinar quién está detrás de ese dispositivo que está en un lugar remoto. Ahí es donde comenzamos a validar que, si no se hace bien esa tarea, procesos como autenticaciones o vinculaciones no van a ser seguros y eso va a impactar el soporte del debido proceso”, precisó Andrés Barreto, director de De la Espriella Lawyers.En el marco de este foro, también hubo momento para hablar acerca de la identidad digital y la importancia que tiene la autenticación digital al momento de que sea válida en cualquier entidad.“La identidad digital es de cada uno de nosotros y, en ese sentido, los documentos que suscribimos tienes que ser aceptados en ese contexto. No se le tiene que obligar al ciudadano a usar el sistema de autenticación específico de las entidades públicas”, señaló Luis Miguel Gonzales, director general de Autentic.“No es suficiente tener el sistema digital si no hay la capacidad suficiente de apropiación digital tanto para funcionarios, como para los ciudadanos. Lo que va de la mano con la certeza de esa información que se presenta en el sistema judicial, de esas piezas procesales, de esas pruebas debe tener un estándar mayor”, añadió Muller Pedrozo, director ejecutivo de Bytte.Al encuentro asistieron el contralor delegado del sector Justicia, Juan Camilo Zuluaga; la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castillo; el presidente del Consejo de Estado, Jaime Enrique Rodríguez; la magistrada y vicepresidente del Consejo Superior de la Judicatura, Martha Lucía Olano; el ministro de Justicia, Néstor Osuna, y el rector de la Universidad Del Rosario, Alejandro Cheyne.También estuvieron presentes expertos de la industria legaltech en Colombia, como son Erick Rincón, director del TIC Tank de la Universidad del Rosario; Andrés Barreto, director general de De la Espriella Lawyers; Muller Pedrozo, cofundador y CEO de Bytte; y Luis Miguel González, director general de Autentic.Vea también
El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, anunció hace unos días, durante una conferencia en Washington que la entidad está preparando un total de 60 nuevas imputaciones como parte de su investigación en torno a la red de corrupción vinculada a la multinacional brasileña Odebrecht.Por su parte, el presidente Gustavo Petro pidió a la Cancillería para que utilice todas las herramientas de colaboración jurídica disponibles con los gobiernos de Estados Unidos y Brasil.En Mañanas Blu, con Néstor Morales, el director del Servicio Informativo de Blu Radio, Ricardo Ospina, reveló dos de las 60 personas que serán imputadas por la Fiscalía.Se trata de Euberto Martorelli y Luis Bueno, quieres fueron las cabezas de Odebrecht en Colombia en distintos momentos y quienes serán citados a audiencia de imputación de cargos por parte de la Fiscalía.De acuerdo con lo revelado en Blu Radio, los dos exdirectivos que permanecen en Brasil, intentaron llegar a un acuerdo con la justicia colombiana en 2018, incluso alcanzaron a tener un preacuerdo con la Fiscalía, pero ese preacuerdo no fue avalado por jueces.Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznFMás de 100 imputadosAdemás, recordó que por este escándalo de corrupción han sido imputados ministros y otras personas, entre ellas el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y también a su hijo David Zuluaga.En junio pasado la Fiscalía dijo que imputaría a Zuluaga por "los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares".De acuerdo con Barbosa por el caso de corrupción de Odebrecht hay cerca de 110 imputaciones que incluyen a exfuncionarios de renombre.Frente a la solicitud del jefe de Estado pero sin referirse a él, Barbosa aseguró que la cooperación judicial se da entre las fiscalías, que hace parte de la Rama Judicial y no de la Ejecutiva.El más reciente coletazo del escándalo del caso Odebrecht ocurrió porque el presidente Petro ordenó pedir a Estados Unidos y a Brasil colaboración jurídica para investigar a fondo la corrupción de la constructora y su relación con el Grupo Aval.Le puede interesar:
Silvia Bronchalo, la madre de Daniel Sancho, el joven español acusado del asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta, llegó este jueves a la cárcel tailandesa de Koh Samui para ver a su hijo, en prisión provisional desde el 7 de agosto.Bronchalo llegó en taxi a la cárcel de Koh Samui, en el sur de Tailandia, acompañada por personal de la Embajada de España en el país del sudeste asiático.Se trata de la primera visita que Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, recibe en prisión de su familia, y se produce cuando concluye el periodo de diez días de aislamiento en prisión, una medida de prevención derivada de la pandemia de COVID-19.Bronchalo estuvo dentro de la prisión unos 90 minutos, y entró y salió de las instalaciones sin hacer declaraciones.La familia del joven, de 29 años y nieto a su vez del fallecido actor español Félix Ángel Sancho Gracia, conocido por sus apellidos, aseguró en un comunicado la pasada semana que siente "mucho el fallecimiento de Edwin", y reiteró su intención de no hacer más declaraciones "para respetar el momento tan doloroso que estamos viviendo ambas familias"."Sentimos mucho el fallecimiento de Edwin y acompañamos en el sentimiento a su familia", subrayó el comunicado, leído a EFE por Fernando Oca, director del despacho de abogados que representa a Sancho.El director de la prisión de Koh Samui, Watcharapong Boonsaior, había confirmado previamente que el joven acababa el periodo de aislamiento por covid-19 y que se reuniría "con (personal de) la Embajada (española) y su familia pronto".Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznFHasta ahora solo habían podido verle sus abogados y el personal de la prisión."He venido a menudo a verle y está bien, no tiene ningún problema", dijo Watcharapong Boonsaior.Asimismo, agentes de la comisaría de la isla de Phangan, vecina de Koh Samui y donde tuvo lugar el crimen el 2 de agosto, volvieron a interrogarle la víspera en la cárcel delante de su abogado, según confirmaron a EFE fuentes cercanas al caso.El interrogatorio puso de manifiesto que, pese a lo expresado el martes en una rueda de prensa desde Koh Phangan por el subdirector de la Policía tailandesa, Surachate Hakparn, quien dio por concluida la investigación policial, ésta continúa por el momento.Por su parte, el abogado Miguel González, quien representa a la familia Arrieta, dijo ayer en declaraciones telefónicas a EFE que los familiares del cirujano "reciben bien esta noticia porque se comienza a hacer justicia", en relación a los avances anunciados por el número dos de la Policía tailandesa.La Policía acusa a Sancho, de 29 años y quien confesó el crimen, del "asesinato premeditado" de Arrieta, de 44, a quien afirma que acuchilló en el pecho durante una pelea, si bien falta aún por conocerse la autopsia de la víctima.Sancho y Arrieta, que se conocieron el año pasado a través de Instagram, habían quedado en Koh Phangan, isla próxima a Koh Samui, el 2 de agosto, día en el que tuvo lugar el asesinato y descuartizamiento del cirujano, cuyos restos han sido encontrados en varias localizaciones de la isla, incluido en el mar. Le puede interesar:
El exdirector del Dane Juan Daniel Oviedo es uno de los nueve candidatos a la Alcaldía de Bogotá, pero, ahora, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aceptó estudiar una solicitud de revocatoria de su nombre para las elecciones regionales del próximo octubre. En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Oviedo habló del contrato que pone en riesgo su candidatura y, según dijo, aún no hay decisión oficial de que está inhabilitado.Esta es la historia del contratoSegún explicó, hace algún tiempo compró un apartamento con el Fondo Nacional del Ahorro, el cual pagó mientras estuvo en el Dane. Luego, cuando dejó la entidad, se propuso tener una oficina arrendada para realizar consultorías, por la cual paga 4.600.000 pesos al mes, según contó.“Esa oficina, cuando salí del Dane, estaba ocupada, por lo que no podía pedir la terminación del contrato. Esa oficina estuvo ocupada hasta febrero o marzo; por un tema de la situación económica del país soltaron la oficina y quedó libre, pero empecé a trabajar como analista económico desde octubre del año pasado”, señaló en diálogo con Mañanas Blu.Es ahí, desde octubre, cuando arrendó una oficina en el mismo edificio para su trabajo. A la otra, de acuerdo con Oviedo, se le pudo un aviso y el Fondo Nacional de Garantías, que queda en el piso 24, “empezó a buscar una extensión de su archivo, entonces vio que la oficina estaba disponible y se inició un proceso de contratación pública”.Juan Daniel Oviedo aseguró que todo se “publicó en el Secop en igualdad de condiciones” y finalmente se definió que iban a pagar un canon de arrendamiento de 3.800.000 pesos al mes, menos de lo que él paga por la cuota del leasing con el banco BBVA.“Yo evalué jurídicamente con unos analistas y teníamos claro que ese contrato no iba a generar una inhabilidad porque no hay forma de establecer un privilegio político o un beneficio de ese contrato. Por consiguiente, cuando se discutió internamente con el equipo, se procedió al tema y se firmó el contrato”, puntualizó.Así, aseveró que ahora espera la decisión del CNE respecto a su caso. Si el fallo no es a su favor y revocan finalmente su candidatura, dijo que usará la figura de reposición para apelar.Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales:
En la mañana de este martes, 26 de septiembre, un grupo de cinco ladrones que se movilizaban en un carro particular arrollaron varios peatones y algunos puestos de ventas ambulantes mientras trataban de huir de la Policía.Según el reporte oficial de la Policía, los hombres habían citado a una ciudadana para la compra de un vehículo. Posteriormente, los ladrones le hurtaron cinco millones de pesos y emprendieron la huida.“Los hechos ocurrieron cuando la víctima, quien había sido citada para llevar a cabo una transacción relacionada con la compra de un vehículo, fue sorprendida por varios estos delincuentes. Estos lo condujeron a un inmueble, donde bajo amenazas y actos de violencia, lo despojaron de la mencionada suma de dinero, dejándolo en estado de indefensión”, informó la Policía en un comunicado.Los delincuentes emprendieron la huida a bordo de un vehículo, con el que colisionaron con varias motocicletas y automóviles.“Gracias a la oportuna información de la comunidad y a la rápida reacción de la patrulla del cuadrante permitió capturar a los responsables del hecho”, agrega el reporte.Vea también:
Este es el resultado del chance Dorado Mañana de este martes, 26 de septiembre, sorteo que juega a las 11:00 de la mañana.Resultado Dorado Mañana hoyEl número ganador de Dorado Mañana es: (en minutos), según publicó el sorteo en sus redes sociales.Tres últimas cifras: Tres primeras cifras: Cuatro cifras: Le puede interesar:
Arauquita tiene frescas las cicatrices de la guerra. En el camino hasta el municipio hay retenes militares, trincheras y garitas con marcas de balazos. Sin embargo, la gente dice que no hay que asustarse: “Esto no es cuando el problema de orden público estaba feo de verdad los soldados ni siquiera podían asomar la cara a la carretera”.El alcalde del municipio es Etevilar Torres. Llegó al poder con una coalición del Polo, la ASI, el Partido Liberal y Alianza Verde y es un convencido de la política de paz total del Gobierno nacional. Cuenta que mientras en enero del 2022 asesinaron a 60 personas el mes pasado fueron cinco."Eso tiene que ver con el acercamiento del Gobierno nacional con los grupos ilegales, el hecho de que estén sentados en una mesa. Que haya unos acuerdos de cese de hostilidades ha ayudado bastante", dice.El funcionario admite que la gente no quiere ilusionarse porque después del proceso con las Farc la paz duró apenas un tiempo, hasta que comenzó la guerra entre el ELN y las disidencias. El año pasado algunos de los habitantes de Arauquita podían escuchar desde sus casas el intercambio de disparos, la pelea por el territorio.Este año, sin embargo, las cosas están tranquilas. Especialmente en la zona urbana."Un par de años atrás usted salía a las seis de la tarde y no encontraba un alma en la calle. Hoy usted sale ocho, nueve, diez de la noche y encuentra gente que va a los escenarios deportivos, o va a tomarse algo en algún local comercial o sale a comer con familia y amigos", agrega Torres.Los ensayos de joropo en la casa de cultura pueden ir hasta las diez de la noche, porque habrá un festival en dos semanas. Hay restaurantes que llevan domicilios casi hasta la medianoche y los bares el fin de semana están a reventar.Pero la guerra es como un perro viejo que late echado. Por ejemplo en la zona rural todavía se aconseja a la gente de fuera que camine por donde lo hace la comunidad: podría haber una mina antipersonal.Más allá, cerca de Fortul, la situación es tan compleja que no han podido avanzar con la actualización catastral y en Saravena, a una hora de distancia, siguen matando gente por el conflicto entre el ELN y las disidencias de las Farc.El alcalde tiene una conclusión: "La gente está esperando que esta vez sea paz total".Le puede interesar "La historia del reversazo de Nicolás Petro en proceso de colaboración con la Fiscalía":
El banco británico Chase UK, división de JPMorgan, prohibirá a sus clientes comprar criptomonedas a partir del próximo mes de octubre, según reveló este martes el diario "Financial Times".Chase UK explicó que la decisión obedece a los riesgos de que esos activos digitales sean usados por delincuentes con fines ilícitos. "Hemos visto un aumento en el número de criptofraudes contra consumidores del Reino Unido, así que hemos decidido impedir la compra de activos cripto con una tarjeta de débito de Chase o con transferencias de dinero a un sitio cripto desde una cuenta de Chase", señaló el banco, según el "FT".Esta medida entrará en vigor a partir del próximo 16 de octubre, apunta la misma fuente.En su página web, el Chase UK alerta de que los timadores envían emails o hacen llamadas haciéndose pasar por agentes o proveedores de servicios de criptomonedas, y prometen suculentos rendimientos a los estafados de forma "muy persuasiva". Conéctese a la señal en vivo de Blu Radio:
