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A un año de las elecciones locales del 31 de octubre de 2027, la Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió que Colombia llega a la cuenta regresiva sin una política de seguridad clara y con focos de violencia identificados en varias regiones del país. Así lo señaló la directora de la organización, Alejandra Barrios, durante la instalación de la misión, que hará seguimiento a unos comicios en los que se elegirán al menos 20.323 cargos, entre gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles."No tenemos una política de seguridad, tenemos acciones de orden público frente a hechos que ocurren de orden público, pero no una política de seguridad. Y esto es importante porque nos va a marcar el tono de cuál va a ser el ambiente en el que vamos a encontrarnos en las próximas elecciones (…) será un proceso electoral más violento, menos violento o tranquilo", afirmó Barrios.La MOE identificó una franja de persistencia de la violencia que se extiende desde La Guajira hasta Arauca, con puntos críticos en el Catatumbo y el departamento de Arauca por la presencia del ELN. El panorama se extiende hasta el Urabá antioqueño y chocoano, donde, según Barrios, existe "una relación muy importante entre grupos armados ilegales, recursos ilegales y el ejercicio de la política". También alertó sobre el Pacífico colombiano, por los enfrentamientos entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el ELN, y sobre Cauca, que calificó como el departamento más violento del país en la actualidad, además de Nariño.Otro de los retos será prevenir la trashumancia electoral, una práctica que consiste en inscribir la cédula en un municipio distinto al de residencia para votar allí. Barrios recordó que el próximo 31 de octubre comenzará la inscripción de cédulas y anunció que la MOE hará seguimiento mensual a las autoridades frente a este proceso. Como antecedente, señaló que durante las elecciones de 2023 se registraron 91 asonadas en 80 municipios, la mayoría relacionadas con la anulación de inscripciones de candidaturas o de cédulas.Reconstrucción y recursos del terremotoLa directora de la MOE también alertó sobre los desafíos que plantea la reconstrucción tras el terremoto del pasado 10 de agosto, que afectó al suroccidente del país. Según las cifras expuestas durante la instalación de la misión, 423 municipios —el 38 % del total nacional— registran daños en infraestructura educativa, mientras que el sismo afectó a 5.309 sedes escolares.Ante este panorama, Barrios pidió establecer cuántos de esos colegios funcionan habitualmente como puestos de votación y solicitó al Ministerio del Interior invitar al gerente del fondo de reconstrucción a las comisiones de seguimiento electoral, para que presente los avances de las obras. El seguimiento, explicó, debe incluir también los polideportivos, donde habitualmente se realizan los escrutinios. La meta, sostuvo, es "llegar dentro de un año con absolutamente todos los recursos listos para poder llevar adelante un proceso electoral".Barrios también pidió a la Procuraduría vigilar el uso de los recursos destinados a la reconstrucción, tanto los administrados a través de fondos públicos como los recaudados por organizaciones privadas. El propósito, según advirtió, es evitar que esos dineros se utilicen para favorecer candidaturas o proyectos políticos e ideológicos.“Invitación también a la Procuraduría a hacer seguimiento a los fondos del terremoto, tanto los del fondo nacional del institucional, como a las organizaciones que recogieron fondos de manera privada para que estos recursos no sean utilizados para favorecer ninguna candidatura, proyecto político o proyecto ideológico”, afirmó.Redes sociales e inteligencia artificialLa MOE también hará seguimiento a las campañas electorales en redes sociales, con especial atención a la desinformación y los discursos de odio. Barrios señaló que más del 58 % de los ciudadanos se informa sobre política a través de estos canales y advirtió que Colombia aún no cuenta con una regulación específica sobre la microsegmentación de mensajes políticos mediante inteligencia artificial, una herramienta que permite dirigir contenidos diferentes a grupos específicos de ciudadanos.Según la directora, esta práctica puede profundizar la polarización y hacer que los electores reciban versiones muy distintas de la realidad política del país, incluso dentro de una misma contienda electoral. “Es decir, podemos vivir un proceso electoral como vimos el último, en donde los ciudadanos y las ciudadanas veían países en paralelo. Vimos dos ‘Colombias’ completamente diferentes y fuimos a votar en ‘Colombias’ completamente diferentes. Y ese es un tema muy delicado porque se tradujo en 2 sentimientos que gobernaron el anterior proceso electoral, el miedo y el odio”, concluyó Barrios.

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