Además del resultado operacional que dejó un presunto integrante del Clan del Golfo muerto y otro capturado en San Jerónimo, en el Occidente antioqueño, los operativos de la fuerza pública en el Suroeste del departamento también dejaron afectaciones a esta estructura criminal.En la vereda El Barcino, zona rural del municipio de Andes, tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 11 Cacique Nutibara, adscrito a la Cuarta Brigada, sostuvieron combates contra presuntos integrantes de la Subestructura Edwin Román Velásquez Valle, del Clan del Golfo.De acuerdo con la información entregada por el Ejército, un hombre conocido con el alias de Saltarín murió en desarrollo de las operaciones militares. Este presunto integrante de la organización criminal tendría injerencia delictiva en municipios como Tarso y Pueblorrico. En el mismo procedimiento fue capturado alias Marlon, señalado de pertenecer a esta estructura.Sobre las incautaciones realizadas durante el operativo, se refirió el mayor Carlos Mario Torres Arias, ejecutivo y segundo comandante del Batallón de Infantería Liviana N.º 11 Cacique Nutibara."Durante la operación también se logró la incautación de una pistola, 12 cartuchos, un proveedor y una motocicleta. De igual manera, fue localizado y destruido en el lugar de los hechos un dispositivo explosivo improvisado. Este resultado operacional representa una afectación a las capacidades armadas y logísticas de esta estructura criminal, que mantiene su accionar delictivo en el Suroeste antioqueño", indicó Torres.Finalmente, las autoridades destacaron que los operativos se suman a las acciones adelantadas por la fuerza pública contra el Clan del Golfo en el Suroeste antioqueño, donde esta estructura mantiene presencia en varios municipios.
Decenas de educadores y sus familias en Antioquia volvieron a salir a las calles este 11 de noviembre en un cese de actividades de 24 horas y plantón frente al FOMAG. La jornada de protesta responde a las persistentes fallas en el modelo de salud del magisterio, caracterizado por retrasos en autorizaciones, suspensión de procedimientos y traumatismos severos en la entrega de medicamentos.La indignación del gremio quedó al descubierto tras la denuncia del profesor Yeferson Mosquera a las afueras del dispensario Éticos, en el centro de Medellín. Registros gráficos y testimonios documentaron filas de más de dos cuadras sobre la vía pública, donde los docentes debieron soportar la lluvia protegidos únicamente con sombrillas y bastones, a la espera de sus fármacos.La crisis se agudizó dentro del establecimiento, donde cerca de 150 usuarios entre ellos adultos mayores permanecieron de pie durante horas ante la falta de sillas y de un sistema de turnos eficiente. El desespero por los extensos tiempos de espera provocó altercados entre los asistentes y obligó a varios educadores a retirarse sin recibir el tratamiento formulado."Esto es irrisorio, vea la fila, dos cuadras, hasta puedo decir que tres, indignante, y todo para reclamar unos medicamentos", narró Mosquera. Este dramático panorama sirvió como detonante para que una decena de organizaciones sindicales y colectivos defensores del derecho a la salud convocaran a la movilización de hoy. Los manifestantes se concentraron en la Nueva Villa de Aburrá para marchar hacia la sede del FOMAG en la avenida 33, exigiendo respuestas concretas a la interrupción de sus servicios asistenciales.El origen de este traumatismo radica en la compleja transición del modelo de salud tras el fin del contrato entre el FOMAG y la Fiduprevisora. Según Lida Morales, presidenta de Adida, la falta de vigencia en diversos convenios con las instituciones prestadoras mantiene frenados los procedimientos médicos y amenaza la continuidad de los tratamientos de los docentes."En el momento no existen contratos vigentes, sino que persisten actas precontractuales y negociaciones pendientes. Esta situación ha provocado el cierre continuado de servicios en hospitales municipales y la negativa de otros prestadores a mantener la atención sin un contrato formal ni pagos oportunos", afirmó Morales.Aunque representantes del FOMAG asumieron compromisos en Bogotá la primera semana de noviembre para acelerar autorizaciones y despachos a pacientes prioritarios como quienes enfrentan procesos oncológicos, los educadores insisten en que las soluciones no llegan a las salas de espera y mantienen su reclamo en las calles.
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 11de noviembre de 2026:Luz Stella Murgas, nueva presidenta de la Andi y primera mujer en ocupar el cargo en los 82 años del gremio, aseguró que su elección fue realizada de manera autónoma, independiente y sin injerencias externas. Señaló que buscará preservar la independencia técnica de la organización y mantener una interlocución con el Gobierno, y afirmó que Colombia necesita un ajuste fiscal que permita atender las necesidades de financiamiento sin comprometer el crecimiento económico ni golpear de manera desproporcionada el bolsillo de los ciudadanos.Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, rechazó la posibilidad de que las Fuerzas Militares reemplacen a la Policía en las labores ordinarias de seguridad de la ciudad, aunque defendió mantener y ampliar el trabajo conjunto con la Brigada 13, con la que se han realizado cerca de 377 acciones. También aseguró que la primera línea del Metro continúa con la meta de iniciar pruebas en septiembre de 2027 y entrar en operación comercial en marzo de 2028, para lo cual el proyecto podría necesitar alrededor de 3.000 trabajadores adicionales.Mauricio Salazar, alcalde de Pereira, pidió que el Fondo Milagro comience a ejecutar recursos y entregue certezas a las familias y comerciantes afectados tres meses después del terremoto. Señaló que alrededor de 45.000 familias resultaron damnificadas y 25.000 tuvieron que abandonar sus viviendas, y expresó su percepción de que el fondo podría no contar todavía con los recursos necesarios; la ciudad estimó en 13,8 billones de pesos el costo de su plan de reconstrucción.Mauricio Rubio, gerente de Medicamentos de EPS Sanitas, aseguró que las largas filas registradas para reclamar medicamentos corresponden principalmente a un problema de congestión y no a una falta generalizada de los productos. Explicó que el nuevo gestor atiende a cerca de 1,7 millones de afiliados en Bogotá y supera las 40.000 atenciones diarias, por lo que aumentaron en un 20 % el personal y ampliaron la capacidad de atención para evacuar los pendientes dejados por el operador anterior; estimó que en los próximos días debería observarse una mejora significativa.Jairo Aguilar, gobernador de La Guajira, informó sobre el despliegue aéreo y terrestre de la Fuerza Pública para buscar a Nancy Gómez, esposa del alcalde de Uribia, quien fue secuestrada por hombres armados cuando se encontraba cerca a un gimnasio. Señaló que en ese municipio se han registrado alrededor de diez secuestros similares y que en casos anteriores han estado involucradas estructuras del ELN que operan en la frontera, aunque aclaró que la autoría de este hecho continúa bajo investigación; además, manifestó preocupación por la posibilidad de que las víctimas sean trasladadas rápidamente hacia Venezuela a través de las trochas fronterizas.Dina Malo, abogada de Deicy Jiménez, aseguró que su representada tiene citaciones ante la Procuraduría y una Fiscalía Delegada mientras avanzan las investigaciones derivadas de sus denuncias contra el expresidente Gustavo Petro. Explicó que también conocieron de una denuncia promovida por la defensa del exmandatario por una presunta falsedad relacionada con documentos utilizados para contratos estatales, aunque afirmó que todavía no les han comunicado formalmente los contratos cuestionados; agregó que la defensa realizó análisis forenses al celular de Jiménez para preservar y verificar la autenticidad de la evidencia digital aportada.Ana Isabel López, cofundadora del Día Cívico de Pereira, anunció que el próximo sábado 14 de noviembre se realizará una segunda jornada para apoyar la recuperación económica y social de la ciudad tras el terremoto. Recordó que el primer Día Cívico, realizado el 10 de octubre, recaudó 132 millones de pesos para la Fundación Malabareando las Calles y reunió 25 actividades solidarias, y explicó que en esta nueva jornada las personas podrán donar dinero o tiempo, participar en convites y apoyar a los negocios locales.Escuche el programa completo aquí:
El Tribunal Administrativo de Antioquia dio seis meses al Invías para que arregle los tramos en mal estado de la autopista Medellín-Bogotá. Un informe detalló que el 55 % del corredor se encuentra en estado deficiente.Una reciente decisión judicial ordenó al Instituto Nacional de Vías (Invías) atender de manera integral los problemas de deterioro que presenta la autopista Medellín-Bogotá, particularmente entre los municipios de El Santuario y Puerto Triunfo, donde las condiciones de la carretera han generado preocupación por los riesgos para quienes transitan por este corredor nacional.El pronunciamiento fue emitido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro de una acción popular presentada a mediados del año pasado por el colectivo Los Magníficos de la Ruta 60.Los afectados en el proceso habían acudido a la justicia para solicitar la protección de los derechos colectivos relacionados con la seguridad pública y la prevención de desastres previsibles técnicamente, ante lo que consideraban una atención insuficiente por parte de la entidad encargada de la infraestructura.Durante el proceso, los demandantes expusieron las condiciones del tramo Santuario-Caño Alegre, donde, según sus estimaciones, existen más de 150 huecos y apenas 18 de los 127 kilómetros comprendidos entre El Santuario y Puerto Triunfo se encontraban en buen estado.La situación también había motivado jornadas de protesta por parte del colectivo, cuyos integrantes levantaron durante los últimos nueve meses el cobro en varios peajes de la subregión, como mecanismo de presión para exigir inversiones y soluciones a los problemas de la carretera.De acuerdo con Julio César Flórez, vocero de Los Magníficos, las vías de hecho se levantaron hace una semana, luego de que el Invías anunciara compromisos económicos para intervenir el corredor: 40.000 millones de pesos en el corto plazo y otros 200.000 millones en el mediano plazo."En una mesa de diálogo que tuvimos con funcionarios del nuevo gobierno, llegamos al acuerdo de entregar este peaje, ya que vienen buenas obras para este tramo, hay una buena inversión, de nuevo tendremos grúa, tendremos carro taller en este tramo", señaló.Las órdenes del Tribunal exigen a la entidad del Gobierno nacional adelantar una evaluación técnica actualizada para establecer con precisión cuáles son los sectores más deteriorados, determinar las condiciones de riesgo y definir las prioridades de intervención.La decisión también dispone la conformación de un comité de verificación en el que participarán las partes involucradas, con el propósito de hacer seguimiento al cumplimiento de las medidas judiciales.
La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, expresó su preocupación por la situación administrativa, jurídica y técnica del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), luego de realizar una visita a sus instalaciones y participar en la Junta Directiva de la entidad.Durante la jornada, la funcionaria advirtió sobre una serie de situaciones que, según indicó, requieren atención inmediata. Entre las principales alertas mencionó posibles filtraciones en la cadena de custodia de los exámenes, la dependencia de la plataforma Prisma sin un responsable único y riesgos contractuales relacionados con la logística de las pruebas Saber 11, que involucran cerca de 10.000 contenedores y 650.000 evaluados.A esto se suman 1.276 acciones de tutela acumuladas en lo corrido de 2026, la ausencia de un jefe en la Oficina Jurídica y las dificultades para garantizar el acompañamiento a las personas con discapacidad durante las evaluaciones.La ministra cuestionó, además, el distanciamiento que, a su juicio, ha tenido el Instituto frente al Ministerio de Educación y aseguró que la entidad debe recuperar su papel como aliada en el mejoramiento de la calidad educativa. Incluso afirmó que el Icfes ha perdido la confianza y se ha politizado, por lo que pidió recuperar su reconocimiento institucional.En materia administrativa, Hoyos solicitó revisar el contrato de arrendamiento de la sede actual, al considerar que sus tres pisos están subutilizados. También planteó evaluar la planta de personal y los contratos de la entidad, bajo los lineamientos de austeridad en el gasto público.Por otra parte, el Gobierno anunció que entre sus prioridades está reactivar las pruebas censales de los grados tercero, quinto, séptimo y noveno, suspendidas desde 2017. También busca diseñar una nueva línea base para las pruebas Saber 11, con estándares internacionales, un componente socioemocional y mayor cobertura de evaluaciones electrónicas.El seguimiento a estas instrucciones estará a cargo del viceministro de Educación, Álvaro José Cifuentes, y de la directora encargada del Icfes, Maribel Castro, mientras se define quién asumirá la dirección en propiedad.La ministra también pidió que cualquier irregularidad que pueda constituir una falta o un delito sea puesta en conocimiento de la Procuraduría, la Fiscalía o la Contraloría, según corresponda.