La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, expresó su preocupación por la situación administrativa, jurídica y técnica del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), luego de realizar una visita a sus instalaciones y participar en la Junta Directiva de la entidad.
Durante la jornada, la funcionaria advirtió sobre una serie de situaciones que, según indicó, requieren atención inmediata. Entre las principales alertas mencionó posibles filtraciones en la cadena de custodia de los exámenes, la dependencia de la plataforma Prisma sin un responsable único y riesgos contractuales relacionados con la logística de las pruebas Saber 11, que involucran cerca de 10.000 contenedores y 650.000 evaluados.
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A esto se suman 1.276 acciones de tutela acumuladas en lo corrido de 2026, la ausencia de un jefe en la Oficina Jurídica y las dificultades para garantizar el acompañamiento a las personas con discapacidad durante las evaluaciones.
La ministra cuestionó, además, el distanciamiento que, a su juicio, ha tenido el Instituto frente al Ministerio de Educación y aseguró que la entidad debe recuperar su papel como aliada en el mejoramiento de la calidad educativa. Incluso afirmó que el Icfes ha perdido la confianza y se ha politizado, por lo que pidió recuperar su reconocimiento institucional.
En materia administrativa, Hoyos solicitó revisar el contrato de arrendamiento de la sede actual, al considerar que sus tres pisos están subutilizados. También planteó evaluar la planta de personal y los contratos de la entidad, bajo los lineamientos de austeridad en el gasto público.
Por otra parte, el Gobierno anunció que entre sus prioridades está reactivar las pruebas censales de los grados tercero, quinto, séptimo y noveno, suspendidas desde 2017. También busca diseñar una nueva línea base para las pruebas Saber 11, con estándares internacionales, un componente socioemocional y mayor cobertura de evaluaciones electrónicas.
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El seguimiento a estas instrucciones estará a cargo del viceministro de Educación, Álvaro José Cifuentes, y de la directora encargada del Icfes, Maribel Castro, mientras se define quién asumirá la dirección en propiedad.
La ministra también pidió que cualquier irregularidad que pueda constituir una falta o un delito sea puesta en conocimiento de la Procuraduría, la Fiscalía o la Contraloría, según corresponda.