Después de un año bajo vigilancia especial, la Universidad de Antioquia recuperó plenamente su autonomía administrativa tras la decisión del Ministerio de Educación de levantar la medida de inspección y vigilancia que había impuesto desde el pasado 29 de julio de 2025.La cartera nacional concluyó que las condiciones que dieron origen a esa actuación fueron superadas en buena parte y que la institución registró una mejora significativa en su desempeño.Según la Alma Mater, la determinación del Ministerio se sustenta en una recuperación progresiva de los indicadores financieros y administrativos. Mientras al finalizar 2025 la Universidad enfrentaba un panorama con pagos aplazados por más de $84.600 millones y una disponibilidad de recursos de libre destinación que apenas superaba los $3.600 millones, durante 2026 la institución logró mantener un flujo de caja positivo y estable.A ese resultado se suma el cumplimiento de los compromisos adquiridos dentro del plan de recuperación diseñado tras la intervención. De las 24 acciones contempladas para corregir las principales observaciones financieras, 19 ya habían sido ejecutadas en su totalidad al cierre de junio de este año.Asimismo, el seguimiento realizado por el Ministerio mostró que la universidad alcanzó un nivel de cumplimiento cercano al 94% en las actividades programadas para responder a los requerimientos formulados por el Ministerio.Pese al alivio que representa el fin de la intervención, el proceso aún deja inquietudes dentro de la comunidad universitaria. Melisa Olarte, representante estudiantil ante el Consejo Superior Universitario, indicó que ya se ha solicitado que se haga público el informe elaborado por la inspectora in situ, Angelly Paola Martínez.La vocera de los estudiantes considera que ese documento permitirá conocer con precisión el diagnóstico que motivó la intervención, evaluar la pertinencia de las medidas implementadas y abrir un debate sobre nuevas estrategias.“El informe debe detallar el análisis a profundidad de la situación financiera y administrativa de la universidad y el por qué se llegó a la crisis de 2024. Además, cuáles son los hallazgos registrados en la inspección realizada por el Ministerio de Educación Nacional”, señaló Olarte.Tras la llegada de Luquegi Gil como nuevo rector en propiedad, un nuevo panorama también estará respaldado por recursos frescos para la Universidad.Recientemente, el Ministerio de Educación también confirmó la incorporación de 72.520 millones de pesos a la base presupuestal de la institución, una inyección de recursos que tendrá carácter permanente y que permitirá distribuir esa financiación en los próximos años para atender necesidades prioritarias.Los recursos podrán ser invertidos en asuntos como funcionamiento y fortalecimiento académico para seguir consolidando el proceso de recuperación.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Atlántico ordenó este jueves 6 de agosto la suspensión provisional de Rafael Castillo Pacheco como rector de la Universidad del Atlántico. La medida, que rige por tres meses prorrogables y sin derecho a salario, se dictó junto con la apertura de una investigación disciplinaria en su contra por seis meses.“Ordenar la apertura de investigación disciplinaria en contra de Rafael Castillo Pacheco en su condición de rector de la Universidad del Atlántico designado por el Ministerio de Educación Nacional, por el término de seis (6) meses, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído”, se puede leer en el documento.“Ordenar la suspensión provisional del señor Rafael Castillo Pacheco en su condición de rector de la Universidad del Atlántico designado por el Ministerio de Educación Nacional, en el marco de las medidas preventivas y de vigilancia especial adoptadas mediante la resolución No. 022126 del 14 de noviembre de 2025, por el término de tres (3) meses, prorrogables hasta por otro tanto, sin derecho a remuneración”, agrega.De acuerdo con la entidad, todo se remonta al pasado 27 de julio, ya que el Tribunal Administrativo del Atlántico suspendió los efectos de las resoluciones del Ministerio de Educación Nacional (MEN) que habían sustentado el nombramiento de Castillo Pacheco como rector, en el marco de la vigilancia especial que el Gobierno impuso sobre la universidad. Con esa decisión, el Tribunal reconoció la vigencia de Leyton Daniel Barrios Torres, elegido rector por el Consejo Superior Universitario.Luego, el 5 de agosto, la Procuraduría exhortó formalmente a Castillo Pacheco a entregar el cargo de inmediato a Barrios Torres. Sin embargo, manifestaron que esa misma tarde Castillo Pacheco publicó un comunicado en el que expresó respeto por la decisión judicial y anunció que pediría al Tribunal aclarar y complementar el fallo, sin anunciar en ningún momento la entrega del cargo.Le puede interesar: Uniatlántico: Procuraduría pide salida inmediata del rector Rafael CastilloPor eso, para el ente de control, esto significó que, en la práctica, siguió actuando como rector, pese a que el sustento jurídico de su designación ya no existía.El despacho considera que los hechos podrían constituir falta disciplinaria gravísima, al encuadrarse en delitos como usurpación de funciones públicas y fraude a resolución judicial o administrativa. Aclara, eso sí, que se trata de una calificación preliminar y que Castillo Pacheco conserva el derecho a defenderse dentro del proceso.Según la decisión, permitir que el investigado siguiera en el cargo abría el riesgo de que la presunta falta continuara cometiéndose, lo que justificó, para la Procuraduría, apartarlo de forma inmediata mientras avanza la investigación.Finalmente, la Procuraduría le ordenó al Consejo Superior Universitario hacer efectiva la suspensión. Contra la decisión no procede ningún recurso.
El Tribunal Administrativo del Atlántico le dio un golpe judicial al Ministerio de Educación del presidente Gustavo Petro, justo a solo unos días de ser relevados en el poder, ya que la Sala de Decisión Oral ordenó suspender de manera provisional la vigilancia especial que se instauró sobre la Universidad del Atlántico en noviembre de 2025 y, a su vez, la llegada del rector encargado Rafael Castillo Pacheco, reemplazo provisional de Leyton Daniel Barrios Torres.La decisión está relacionada con la demanda que Barrios realizó al ser separado del cargo en medio de protestas, bloqueos y tensiones por el proceso de elección rectoral. Los magistrados Óscar Wilches Donado y Ángel Hernández Cano argumentaron que fue usada una causal equivocada para decretar la vigilancia especial, ya que esta no respondía a una afectación a la calidad educativa sino a protestas estudiantiles, algo que la ley excluye en los motivos para activar este tipo de intervención.Según ellos, tampoco fue encontrado el informe técnico exigido para demostrar que —en su tiempo— el rector Barrios obstaculizó las medidas ordenadas desde el Gobierno. Sumado a que, entre las exigencias que le hizo el Ministerio y la decisión de sacarlo del cargo pasaron apenas cinco días hábiles, un plazo que el Tribunal consideró como insuficiente para cumplir todo lo que se le estaba pidiendo.Así las cosas, fue suspendida provisionalmente la resolución que abrió la vigilancia especial (022126 de noviembre de 2025) y la que estableció el reemplazo de Barrios (023896 de diciembre de 2025), la cual quedando sin efectos abre la posibilidad al regreso de Leyton de forma transitoria.“Decretase la suspensión provisional de los efectos jurídicos de los siguientes actos administrativos demandados: i) Resolución No. 022126 de 14 de noviembre de 2025 «Por la cual se ordenan medidas preventivas y de vigilancia especial para la Universidad del Atlántico», ii) Resolución No. 023896 del 11 de diciembre de 2025 «Por la cual se reemplaza al Rector de la Universidad del Atlántico, en el marco de la vigilancia especial dispuesta en la Resolución No. 022126 del 14 de noviembre de 2025»; y, iii) De los actos administrativos fictos o presuntos derivados del silencio administrativo negativo frente a los recursos de reposición interpuestos en vía gubernativa contra las Resoluciones No. 022126 del 14 de noviembre de 2025 y No. 023896 del 11 de diciembre de 2025”, se puede leer en el documento.Hay que decir también que el proceso fue devuelto al Juzgado Cuarto Administrativo de Barranquilla para que continúe el trámite de fondo, es decir, la decisión definitiva sobre si esos actos del Ministerio fueron legales o no.
El Ministerio de Educación oficializó los nuevos lineamientos curriculares que servirán como referentes de calidad para la educación preescolar, básica y media en Colombia. Se trata de una actualización que busca responder a los retos de la educación actual, priorizando no solo el aprendizaje académico, sino también el desarrollo emocional, ciudadano, ético y ambiental de los estudiantes.Los nuevos documentos son el resultado de un proceso de construcción colectiva iniciado en 2023, en el que participaron más de 2.600 integrantes de la comunidad educativa y cerca de 3.000 instituciones educativas de todo el país. Según el Ministerio, el objetivo fue construir orientaciones que respondan a las necesidades de los distintos territorios y no imponer un modelo único de enseñanza.Uno de los cambios más significativos es la incorporación de los Lineamientos Curriculares para la Formación Ciudadana y el Desarrollo Socioemocional. A partir de estas orientaciones, los colegios deberán promover, de manera transversal en todas las áreas, habilidades como el manejo de las emociones, la empatía, la resolución pacífica de conflictos, la comunicación asertiva, el trabajo colaborativo y la toma de decisiones responsables.La apuesta del Gobierno es que estas competencias dejen de entenderse como actividades complementarias y pasen a convertirse en un eje permanente del proceso educativo, con el propósito de fortalecer la convivencia escolar, prevenir la violencia y formar ciudadanos capaces de participar activamente en una sociedad democrática.En materia académica, los Lineamientos para la Formación Integral plantean una transformación del currículo para que el aprendizaje no se limite a la adquisición de conocimientos. La propuesta integra el desarrollo de capacidades cognitivas, éticas, culturales, ambientales y ciudadanas, entendiendo que la educación debe formar personas capaces de afrontar los desafíos sociales, tecnológicos y ambientales del siglo XXI.Otra de las novedades es la actualización de los Lineamientos Curriculares de Ciencias Sociales, que incorpora una nueva orientación para la enseñanza de la historia de Colombia en cumplimiento de la Ley 1874 de 2017. El Ministerio propone abandonar un enfoque basado únicamente en fechas y acontecimientos para promover una comprensión crítica de los procesos históricos, incorporando la diversidad de memorias, culturas y territorios del país.La cartera educativa enfatizó que estos lineamientos no crean nuevas asignaturas, no reemplazan los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) ni eliminan la autonomía de los colegios. Por el contrario, cada institución podrá adaptar estas orientaciones de acuerdo con su contexto social, cultural y regional, fortaleciendo propuestas pedagógicas propias.
La designación del nuevo representante del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) ante el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional de Colombia volvió a generar controversia. La ministra de Educación designada por el presidente electo Abelardo De La Espriella, Viviane Morales Hoyos, pidió suspender el proceso al considerar que existen cuestionamientos jurídicos e institucionales sobre la conformación de la terna y que la decisión debería quedar en manos del Gobierno entrante.En una carta enviada este 27 de julio al CESU, Morales solicitó abstenerse de realizar el nombramiento hasta que se aclaren las presuntas irregularidades advertidas y se posesionen los nuevos representantes del Gobierno Nacional en ese organismo.La petición surge en medio de denuncias sobre el procedimiento adelantado por el Consejo Nacional de Política de Ciencia, Tecnología e Innovación (CONACTI), adscrito al Ministerio de Ciencia, para escoger a uno de los integrantes encargados de conformar la terna que será presentada al CESU.De acuerdo con los cuestionamientos conocidos, el proceso de convocatoria, inscripción, votación y designación se habría desarrollado en un periodo reducido y sin que todas las instituciones de educación superior públicas y privadas fueran convocadas. También se señala que únicamente participaron cuatro universidades en la votación para elegir al rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Helberth Augusto Choachí González, como representante ante el CONACTI.Posteriormente, ese organismo conformó una terna integrada por Saúl Franco, Darío Restrepo y Darío Fajardo, cuyos nombres deberán ser evaluados por el CESU para escoger al nuevo delegado ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional.En su comunicación, la ministra designada sostiene que durante el proceso se habría incumplido el procedimiento previsto en la Resolución 0417 de 2024 al no garantizar la participación de todos los rectores de las instituciones públicas de educación superior. A su juicio, esa situación podría afectar la validez de la conformación de la terna.Morales también argumentó que el representante del CESU participa en el máximo órgano de dirección de la Universidad Nacional y que las decisiones que allí se adopten tienen efectos sobre la administración y el rumbo de la institución, por lo que considera conveniente que el nombramiento sea realizado con la participación de los nuevos delegados del Gobierno Nacional.El debate se produce mientras distintos sectores universitarios han manifestado preocupación por el proceso de designación y por las decisiones recientes del Consejo Superior Universitario. La Universidad Nacional también ha expresado la necesidad de revisar el procedimiento antes de avanzar con el nombramiento.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro presentó una reforma a la educación superior de 152 artículos que modifica las reglas de acceso a las universidades públicas, plantea cambios en el Icetex, fortalece la financiación estatal y propone un nuevo modelo para la elección de rectores. Algunos de sus puntos ya generan debate, especialmente en medio de la controversia por la Universidad Nacional.El Gobierno nacional dio a conocer el proyecto de reforma a la educación superior, una iniciativa de 152 artículos con la que busca cambiar la forma en que funcionan las universidades públicas y otras instituciones estatales del país. La propuesta incluye modificaciones en el ingreso de los estudiantes, la financiación de las universidades, el papel del Icetex y la elección de los rectores, además de nuevas reglas para garantizar el acceso y la permanencia de los jóvenes en la educación superior.Cambios en el acceso a las universidades públicasUno de los cambios más importantes está en el artículo 10, que establece que los resultados de las pruebas Saber 11 ya no podrán ser el único requisito para admitir estudiantes en las instituciones de educación superior. La iniciativa señala que estos puntajes tampoco podrán utilizarse de manera discriminatoria o excluyente. En su lugar, las universidades deberán aplicar criterios de equidad y dar prioridad a personas en condición de vulnerabilidad, poblaciones con mayores barreras para acceder a la educación y sujetos de especial protección constitucional.Matrícula gratuita y mayor financiación para las universidadesOtro de los puntos centrales aparece en el artículo 12, que propone que la matrícula en los programas de pregrado de las instituciones públicas sea financiada por el Estado. Esto significa que, de manera progresiva, los estudiantes dejarían de asumir ese costo mientras el Gobierno incorpora esos recursos al presupuesto de funcionamiento de las universidades. Además, las instituciones deberán ajustar sus normas internas para fortalecer el acceso, la permanencia y la graduación de los estudiantes.La reforma también plantea un aumento en los recursos para las universidades públicas. El artículo 26 establece que durante los próximos 15 años el Gobierno asignará financiación adicional para reducir las diferencias económicas entre las instituciones de educación superior estatales. El objetivo es fortalecer la cobertura, mejorar la calidad, ampliar la oferta académica y llevar más oportunidades educativas a las regiones.ICFES: más recursos para la evaluaciónEn materia de evaluación, el artículo 56 fija que el presupuesto de funcionamiento del ICFES será equivalente al 2 % del presupuesto total del Ministerio de Educación, recursos que deberán quedar garantizados dentro del Presupuesto General de la Nación.Icetex cambiaría de enfoqueUno de los cambios más profundos se concentra en el Icetex. Según el artículo 57, la entidad dejaría de estar enfocada principalmente en otorgar créditos educativos para convertirse en el Instituto Colombiano de Estímulos para la Educación Superior en Colombia y en el Exterior. Su prioridad pasaría a ser el apoyo a estudios de posgrado mediante becas, apoyos no reembolsables y créditos condonables o sin intereses.A esto se suma el artículo 100, que ordena al Ministerio de Educación y al Icetex crear mecanismos de apoyo económico y subsidios para estudiantes que, por razones justificadas, no puedan pagar los saldos pendientes de sus obligaciones. La intención es evitar que las dificultades económicas provoquen la deserción o impidan la graduación.Cambios en la elección de rectores y el gobierno universitarioUno de los apartados que más controversia ha generado es el relacionado con el gobierno universitario. El artículo 111 incorpora como función del Consejo Superior Universitario acoger y reglamentar las decisiones adoptadas por el denominado poder constituyente universitario, al tiempo que mantiene atribuciones como aprobar estatutos, definir el presupuesto, establecer las políticas institucionales y designar o remover al rector. Este punto cobra especial relevancia por el debate que en los últimos meses se ha presentado alrededor de la Universidad Nacional.Finalmente, el artículo 112 propone modificar el proceso de elección de los rectores. La iniciativa plantea que exista una amplia participación de la comunidad universitaria mediante consultas a estudiantes, docentes, egresados, trabajadores y funcionarios. Además, los aspirantes deberán presentar su hoja de vida y sustentar públicamente su programa ante el Consejo Superior antes de la elección.La reforma inicia su trámite en el CongresoAunque la reforma aún deberá surtir su trámite en el Congreso, el proyecto ya abre un amplio debate sobre el futuro de la educación superior en Colombia, al proponer cambios estructurales en el acceso a las universidades, la financiación pública, el modelo de apoyo a los estudiantes y la forma en que se gobiernan las instituciones estatales.
El Ministerio de Educación Nacional y la Universidad Industrial de Santander anunciaron la ampliación hasta el próximo 17 de julio de 2026 del plazo de inscripciones para el Concurso Nacional de Escritura 2026: Historias de Paz, con el propósito de que más estudiantes, docentes, familias y ciudadanos de todo el país puedan participar con relatos que promuevan la memoria, la reconciliación y la construcción de paz.La convocatoria busca incentivar la creación de cuentos y ensayos inéditos, de hasta 1.000 palabras, inspirados en vivencias familiares, historias de los territorios, experiencias cotidianas o situaciones que reflejen valores como la solidaridad, la convivencia y la esperanza."La ampliación del plazo permitirá que las instituciones educativas y los docentes dispongan de más tiempo para motivar la participación de niños, jóvenes y adultos, fortaleciendo la escritura como una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico y la formación ciudadana", dijo Camilo Ocazionez, Coordinador del Concurso Nacional de Escritura. La convocatoria está dirigida a estudiantes, docentes, directivos, familias y demás integrantes de la comunidad educativa, quienes podrán concursar en las modalidades de cuento y ensayo con textos inéditos centrados en las Historias de Paz.Como apoyo al proceso creativo, los participantes cuentan con una Caja de Herramientas que reúne videos, pódcast, guías pedagógicas y otros recursos para fortalecer la escritura creativa y argumentativa, desde la generación de ideas hasta la revisión final de los textos.Además, durante la etapa final de la convocatoria se desarrollará un ciclo extraordinario de seis "escribatones", encuentros virtuales de 90 minutos en los que el equipo pedagógico del concurso orientará a los participantes tanto en la elaboración de sus escritos como en el diligenciamiento del formulario de inscripción.El Ministerio de Educación y la UIS recomendaron asistir a estas jornadas con una idea definida del cuento o ensayo que se desea presentar, escribir de manera continua para permitir el flujo de las ideas y revisar cuidadosamente el texto antes de completar el proceso de inscripción.Las bases del concurso, los requisitos para cada categoría —desde educación inicial hasta educación para jóvenes y adultos—, así como el formulario de inscripción, se encuentran disponibles en el sitio oficial del Concurso Nacional de Escritura.El Concurso Nacional de Escritura: Historias de Paz hace parte de la estrategia del Ministerio de Educación Nacional para fomentar la lectura, la escritura y la reflexión sobre la paz en Colombia. En esta edición, la Universidad Industrial de Santander (UIS) acompaña la organización de la iniciativa, que busca convertir las aulas y los hogares en espacios para narrar historias que fortalezcan la memoria colectiva, promuevan la reconciliación y resalten las experiencias que contribuyen a la construcción de una cultura de paz en los territorios.
La llegada de una nueva ministra de Educación ha abierto el debate sobre los desafíos que enfrenta uno de los sectores más determinantes para el desarrollo del país. Sin embargo, para el experto en educación Francisco Cajiao, cualquier valoración sobre la gestión de la nueva titular de la cartera debe hacerse con prudencia y sobre la base de sus propuestas, no de las especulaciones.Durante una entrevista en Sala de Prensa, Cajiao aseguró que, aunque la nueva ministra no proviene del sector educativo, esa condición no determina de antemano el éxito o fracaso de su administración."Es difícil hacer juicios de valor a priori. Yo tengo las mejores expectativas por el país y por la educación. Habrá que esperar porque tampoco he oído ningún pronunciamiento de ella todavía sobre sus énfasis", afirmó.El especialista también restó importancia a las preocupaciones sobre una eventual influencia de las convicciones religiosas de la ministra en las políticas públicas. Según explicó, el funcionamiento del sistema educativo colombiano limita la posibilidad de que un ministro imponga cambios ideológicos de manera unilateral."La educación en Colombia está muy descentralizada, entonces el poder efectivo del Ministerio de Educación para marcar pautas es muy pobre", señaló.Añadió que el país cuenta con una sociedad plural y con una Constitución que garantiza la libertad religiosa y el carácter laico del Estado, por lo que considera que cualquier actuación deberá respetar ese marco institucional.Uno de los anuncios que más llamó la atención de la ministra designada fue su intención de fortalecer la formación en valores dentro del sistema educativo. Frente a este planteamiento, Cajiao expresó un respaldo absoluto, al considerar que se trata de principios universales y no de posturas ideológicas."Estoy 100 % de acuerdo con eso. Los niños tienen que aprender a decir la verdad, a respetar al otro y a comportarse decentemente", manifestó.El experto cuestionó que la palabra "valores" despierte resistencias en algunos sectores y recordó que conceptos como la igualdad, la equidad y la convivencia también hacen parte de ese conjunto de principios fundamentales."Los valores son aquellas cosas que nos permiten progresar como seres humanos. Hablar de valores es hablar de riqueza humana y desde luego la escuela es para eso".La primera infancia, la prioridad más urgenteSi tuviera la oportunidad de reunirse con la nueva ministra, Cajiao aseguró que su primera recomendación sería concentrar los mayores esfuerzos en la atención integral de la primera infancia."Señora ministra, por Dios santísimo, piense en la primera infancia, porque en la primera infancia es donde se generan las grandes brechas sociales".Explicó que los primeros cuatro años de vida determinan buena parte del desarrollo posterior de los niños y que la falta de nutrición adecuada, estimulación temprana y acompañamiento familiar termina ampliando las desigualdades desde edades muy tempranas.Como ejemplo internacional mencionó el caso de Portugal, país que logró mejorar significativamente sus indicadores educativos tras convertir la primera infancia en una política de Estado durante más de una década.Cajiao también advirtió que Colombia enfrenta un deterioro progresivo en la educación básica y media. Según explicó, aunque los resultados nacionales parecen estables, el país pierde competitividad porque otras naciones avanzan mientras Colombia permanece prácticamente estancada.Entre las principales preocupaciones destacó el incremento de la deserción escolar y los elevados índices de repetición."Hemos perdido un millón de niños de matrícula. Eso no es una cosa tan simple".El especialista lamentó además la eliminación de la evaluación censal aplicada en tercero, quinto y noveno grado, instrumento que permitía medir el progreso de los estudiantes en áreas como lectura, matemáticas y ciencias."Sin evaluación no sabemos qué pasa. Es como si tuvieras un montón de hospitales y nunca supieras si la gente se mejora o no".A su juicio, recuperar estos mecanismos de seguimiento es indispensable para diseñar políticas públicas basadas en evidencia y mejorar los resultados en pruebas internacionales como PISA.Educación media y acceso a la universidadOtro de los puntos centrales de su análisis fue la necesidad de modernizar la educación media para que los estudiantes desarrollen competencias útiles para el mundo laboral y puedan articularse con mayor facilidad a la educación técnica, tecnológica y universitaria.En ese sentido, defendió una mayor cooperación entre las instituciones públicas y privadas de educación superior, al considerar que ambas son necesarias para ampliar la cobertura.Asimismo, criticó el debilitamiento de los mecanismos de financiación estudiantil."La educación superior tiene cupos disponibles de muy buena calidad, pero eso implica fortalecer mecanismos de crédito como el Icetex".Frente a la relación entre el Gobierno y el magisterio, Cajiao hizo un llamado a diferenciar a los docentes de las organizaciones sindicales."Fecode no son los maestros y no todos los maestros son Fecode".Explicó que, aunque el sindicato cumple una función legítima en la defensa de las condiciones laborales, las discusiones sobre calidad educativa, currículo y desarrollo profesional deberían involucrar directamente a los docentes y a organizaciones académicas.También sostuvo que los incentivos para los maestros no pueden limitarse únicamente al aspecto salarial."Los maestros sí necesitan un gran estímulo, pero el único estímulo no es el económico."Finalmente, Cajiao consideró que una eventual integración entre los ministerios de Educación y Ciencia podría tener sentido, debido a la estrecha relación entre las universidades y la investigación científica.No obstante, insistió en que el mayor desafío es lograr una verdadera coordinación entre todas las entidades que conforman el sector educativo, actualmente dispersas en diferentes ministerios y organismos.
La Universidad de Antioquia inició una nueva etapa con la posesión oficial de Luquegi Gil Neira como rector para el periodo 2026 - 2029. El abogado y magíster en Derecho asumió el cargo este jueves, luego de haber sido elegido por el Consejo Superior Universitario.Gil llega a la rectoría de la institución con el respaldo obtenido durante el proceso de consulta universitaria, en el que fue el candidato más votado por estudiantes, profesores y egresados, antes de ser designado oficialmente por el Consejo Superior.Su plan de gobierno, denominado “Cuidar-Transformar-Trascender”, plantea como ejes centrales el fortalecimiento académico, la recuperación de la confianza institucional y la sostenibilidad de la universidad.RetosEntre los principales retos del nuevo rector está superar el déficit estructural que afecta a la institución y, a esto se suma la necesidad de consolidar la estabilidad administrativa, luego de varios meses en los que la Universidad de Antioquia estuvo bajo medidas de vigilancia especial del Ministerio de Educación.Sobre las tareas que tendrá Gil, hay que mencionar que el rector ya había indicado que buscará fortalecer la presencia de la Universidad de Antioquia en las regiones, ampliar las oportunidades de acceso para nuevos estudiantes y mantener el liderazgo de la institución en investigación.Durante su posesión, la comunidad universitaria manifestó su expectativa frente al inicio de esta nueva administración, que tendrá el objetivo de conducir a la institución hacia una mejor situación financiera que ha sido el dolor de cabeza frecuente en los últimos años.
La recién nombrada ministra de Educación, Viviane Morales, defendió su idoneidad para asumir la cartera educativa de cara al próximo gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella. En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, la abogada constitucionalista y ex fiscal general de la nación respondió a los cuestionamientos que han surgido en diversos sectores políticos y sociales debido a su fe cristiana, asegurando que las críticas carecen de fundamento democrático y están motivadas por sesgos ideológicos.Durante la entrevista, Morales enfatizó que su trayectoria de más de 30 años en el servicio público —donde se ha desempeñado como senadora, embajadora y autora de la Ley de Cuotas— demuestra que sus creencias personales no interfieren con el cumplimiento estricto de la Constitución y la ley. Asimismo, anticipó las principales líneas estratégicas que guiarán su gestión, las cuales incluyen la revisión de competencias en ética y valores, la reestructuración del gasto en educación y el fortalecimiento de la educación técnica conectada con la empleabilidad regional.El debate por la fe de Viviane Morales y el enfoque de valoresAnte las dudas expresadas en la opinión pública sobre cómo incidirá su fe cristiana en la definición de los lineamientos educativos del país, la ministra designada fue enfática en señalar que existe un juicio basado en el desconocimiento. Para Morales, el ordenamiento jurídico y los principios de la civilización occidental guardan una estrecha relación con las bases del cristianismo, citando como ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948."Mire, Néstor, yo tengo una larga vida pública de 30 años de ejercicio. Me pueden mirar, por ejemplo, como fiscal, si es que ejercí de alguna manera discriminatoria por la razón de mi fe. Yo creo que los que están pensando y han atacado el tema de la fe son los que más, los que sí tienen un pensamiento lleno de prejuicios", dijo.Al ser cuestionada sobre posibles modificaciones arbitrarias al pensum académico o la priorización de dogmas religiosos sobre la educación laica, Morales explicó que el Ministerio de Educación cuenta con mecanismos institucionales y mesas técnicas obligatorias que impiden decisiones unilaterales."Cualquier modificación que se tenga que hacer, si se piensa por ejemplo en el escalafón de los docentes, en el estatuto docente, o aún en los lineamientos curriculares básicos o en los estándares básicos de competencias, eso no los puede cambiar Vivian Morales por sí. Hay mecanismos. Primero que hay que hacer mesas técnicas, discusiones amplias, abiertas", dijo.La ministra aclaró que las asignaturas de educación ética y educación religiosa ya forman parte de las nueve líneas de formación básicas contempladas en la normativa colombiana desde 2006, y que su objetivo será robustecer la formación en valores republicanos como la dignidad humana, la vida y el respeto mutuo.La "guerra de absolutos" y los derechos de la comunidad LGBT y padres de familiaEn el ámbito de los derechos de las minorías, Morales se refirió a las suspicacias que genera su llegada a la cartera entre los colectivos de diversidad sexual. La funcionaria rechazó cualquier tipo de discriminación, pero argumentó que se debe buscar un equilibrio democrático que reconozca también las prerrogativas de las familias en la formación de los menores de edad."Las personas que dicen que se va a acabar con los derechos de la comunidad LGBT... No, no puede haber discriminación en Colombia por ser homosexual, por tener una orientación sexual diferente. Pero por otro lado también existen los derechos de los padres de familia a que sean escuchados y respetados en formación, en la formación de sus hijos, en esas formaciones, por ejemplo, de educación sexual integral, en cierto tipo de formaciones. Los padres deben ser escuchados y tiene que respetarse su posición fundamental", indicóSegún Morales, la discusión pública actual tiende a convertirse en una "guerra de absolutos" donde una de las partes pretende imponerse por completo, dinámica que, según sus declaraciones, desvirtúa la esencia del pluralismo democrático.Relación con FECODE y relevo generacional de docentesUno de los retos más complejos para la nueva administración será la interlocución con la Federación Colombiana de Educadores (FECODE), sindicato que mantuvo una estrecha alianza con el gobierno saliente de Gustavo Petro. Frente a este panorama, Morales manifestó que su postura combinara la concertación con la firmeza institucional."Aquí encontrarán humildad para escuchar y determinación para decidir. Yo creo que mi carrera en lo público pues ha mostrado, digamos, esas, esas condiciones, el respeto, la habilidad para la escucha, la apertura, porque como le digo, uno tiene que ser el buen demócrata, tiene que ser modesto, pero también determinación cuando se tengan que tomar decisiones".Asimismo, diagnosticó la necesidad urgente de diseñar un sistema de formación continua y relevo generacional para el magisterio nacional. Detalló que actualmente existen cerca de 50,000 docentes pensionados que continúan activos bajo el régimen especial y que se prevé su retiro definitivo en un plazo de siete a ocho años. La ministra señaló que se debe incentivar que los educadores cursen posgrados enfocados en pedagogía, neurociencia y psicología cognitiva en lugar de áreas administrativas.Propuesta de reestructuración ministerial y eficiencia del gastoEn materia presupuestal, la jefe de la cartera educativa reconoció la inflexibilidad financiera del sector. De los aproximadamente 88 billones de pesos asignados a la educación en Colombia, Morales indicó que el 90% se destina a gastos de funcionamiento, tales como salarios del Sistema General de Participaciones (SGP) y giros a universidades públicas.Para hacer frente a las metas de austeridad del nuevo gobierno, Morales planteó de manera preliminar una propuesta de reorganización del Estado que contempla la división del Ministerio de Educación Nacional y la fusión de la educación superior con el sector científico."Yo creería que se podría plantear en el futuro una posible reorganización de ese ministerio, que se divida en dos, pero el Ministerio de la Educación Superior se una con el de Ciencia y Tecnología. Es que es clara el vínculo de la educación superior con la ciencia y la tecnología. Eso podría unirse bajo una misma cartera, pero que el ministerio también divida sus tareas para que deje de ser, digamos, tan, tan gigantesco y tenga una sea más efectivo en su, en su misionalidad", manifestó.Autonomía universitaria, ICETEX y enfoque en empleabilidad técnicaEn cuanto a la educación superior, Morales cuestionó la gestión de la administración de Gustavo Petro frente al ICETEX, calificando la reducción de créditos como un "crimen social" debido a que los cupos de financiación disminuyeron de 54,000 a 10,000 en los últimos tres años. Aseguró que el gobierno de Abelardo de la Espriella mantendrá la política de subsidio a la demanda para preservar la libertad de elección entre la educación pública y privada.Con respecto a la elección de rectores en instituciones de educación superior públicas, como la Universidad Nacional o la Universidad de Antioquia, se comprometió a mantener el "respeto total a la autonomía universitaria", señalando que la administración anterior intentó manipular dichos procesos para imponer afinidades ideológicas.Finalmente, puntualizó que la prioridad de la cartera será corregir el desajuste entre la oferta académica y el mercado laboral, dado que el 55% de los egresados universitarios en el país no ejercen la profesión que estudiaron. Su estrategia se centrará en el impulso de carreras técnicas y tecnológicas cortas ligadas a las vocaciones productivas de las regiones.
Luego del terremoto registrado este lunes 10 de agosto en Colombia, Bancolombia activó sus protocolos de atención para verificar el estado de sus trabajadores, clientes, instalaciones y servicios en las regiones afectadas por el sismo de magnitud 7,4.Ante ello, la entidad decidió que, de las 563 sucursales que tiene en el país, 46 permanecerán cerradas temporalmente, principalmente al sur de Colombia, donde se concentraron varias de las afectaciones. La decisión responde a las revisiones realizadas sobre la infraestructura de las oficinas, con el propósito de garantizar condiciones seguras antes de retomar la atención presencial a sus clientes.¿Qué oficinas de Bancolombia estarán cerradas por el terremoto?La mayor parte de las sucursales que suspendieron sus servicios temporalmente están ubicadas en Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío y Chocó. Entre ellas se encuentran oficinas en Cali, Pereira, Manizales, Armenia y otros municipios afectados.Adicionalmente, en Antioquia también fueron cerradas las sucursales de Jardín y El Peñol. En Chocó, por su parte, las oficinas de Quibdó e Istmina suspendieron sus servicios mientras se evalúan las condiciones para definir su reapertura.El banco explicó que las demás oficinas continuarán operando con normalidad. Sin embargo, recomendó que, para mantenerse al tanto sobre sucursales abiertas y horarios, se valide la información en su sucursal telefónica.¿Cómo hacer operaciones de Bancolombia si una oficina está cerrada?Para los clientes que necesiten realizar movimientos bancarios durante la emergencia, Bancolombia informó que sus canales digitales continúan funcionando con normalidad y están disponibles las 24 horas.Entre las opciones habilitadas están:App Mi Bancolombia.App Negocios.Sucursal Virtual Personas.Sucursal Virtual Negocios.Botón de Pagos Bancolombia.Cajeros automáticos.Corresponsales bancarios.Sucursal Telefónica.Tarjetas Bancolombia para pagos.La recomendación para quienes se encuentren en las zonas afectadas es revisar primero los canales oficiales antes de desplazarse hasta una oficina.Bancolombia abrió canales de donaciones por terremotoLa Fundación Bancolombia habilitó una cuenta de ahorros para recibir donaciones destinadas a las comunidades afectadas por la emergencia.La cuenta habilitada para este fin es el número 24542391932. De acuerdo con la entidad, los recursos serán utilizados en acciones de atención y apoyo en los territorios impactados, en articulación con autoridades, organizaciones aliadas y actores locales.Bancolombia indicó que continuará monitoreando la situación y comunicará cualquier actualización relacionada con sus oficinas y servicios a través de sus canales oficiales.
La cifra de fallecidos por los terremotos del 24 de junio en Venezuela se elevó a 6.301, mientras familiares siguen buscando desaparecidos entre las ruinas de edificios colapsados, según un balance divulgado el lunes por el jefe parlamentario Jorge Rodríguez.A la fecha el gobierno no ha publicado una cifra oficial sobre los desaparecidos luego de los sismos de 7,2 y 7,5 que provocaron el colapso de unos 190 edificios ubicados en su mayoría en el costero estado La Guaira, a unos 40 km de Caracas. Muchos venezolanos revivieron escenas de los terremotos que sacudieron el país caribeño, tras sentirse este lunes en varias regiones un sismo de magnitud 7,4 con epicentro en Colombia, que deja un saldo de al menos 111 muertos y decenas de heridos.El balance anterior publicado el 3 de agosto por autoridades venezolanas cifraba el número de muertos en 6.125. Según declaraciones a medios locales del gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, quedaban cerca de 1.400 desaparecidos hace poco más de una semana.Además de las edificaciones que colapsaron por completo, otras 9.567 han sido catalogadas por las autoridades como de "alto riesgo". El número de "viviendas restringidas" se ubica en 12.411. Por ello, muchas de las familias que las ocupaban son atendidas en refugios temporales o se fueron a vivir con familiares o amigos.Casi 24.000 damnificados viven ahora en campamentos en Caracas y en el estado La Guaira, un popular balneario cuya vida giraba en torno al turismo prácticamente inexistente luego de los terremotos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió de Turquía en secreto el pasado 8 de julio y utilizó un avión militar más pequeño para continuar su viaje hacia Reino Unido, en una operación destinada a ocultar su ubicación ante una posible amenaza de asesinato procedente de Irán, según una investigación publicada por The Washington Post. (The Washington Post)El episodio ocurrió después de la participación de Trump en la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara. Aunque públicamente se informó que el mandatario había abandonado Turquía a bordo de un antiguo Boeing 747 utilizado como Air Force One, en realidad habría sido trasladado de manera discreta a un C-32A de la Fuerza Aérea estadounidense.De acuerdo con la información publicada por el diario estadounidense, la operación buscaba impedir que posibles adversarios conocieran cuál era el avión que transportaba realmente al presidente.Trump utilizó un avión como señueloTrump había llegado a Turquía a bordo del nuevo Boeing 747-8 que fue entregado a Estados Unidos por Catar. Sin embargo, para el regreso, el mandatario apareció públicamente abordando el antiguo Air Force One.En ese momento, Trump explicó que el cambio obedecía a una razón logística: el nuevo avión sería trasladado previamente a la base aérea de Mildenhall, en Reino Unido, para que militares estadounidenses pudieran conocerlo y recorrer sus instalaciones. (The Washington Post)La versión pública hizo que periodistas y parte del personal de la Casa Blanca creyeran que Trump viajaba en el Boeing 747 más antiguo. Sin embargo, según The Washington Post, el avión que aparentemente transportaba al presidente funcionó en realidad como un señuelo. Trump habría sido trasladado desde la zona del aeropuerto hasta el C-32A, una aeronave de menor tamaño utilizada habitualmente para transportar a altos funcionarios estadounidenses. El objetivo era mantener en secreto la ubicación del presidente durante una parte del trayecto.Una amenaza iraní habría motivado el operativoLa decisión de cambiar de aeronave estuvo relacionada con preocupaciones de seguridad vinculadas a Irán, según las fuentes citadas por el diario.La posibilidad de que Trump fuera objetivo de un ataque iraní ya había sido mencionada durante su salida de Turquía. El propio presidente reconoció entonces que existían amenazas contra él y afirmó que era considerado por Irán como uno de sus principales objetivos.Durante ese viaje, los periodistas que permanecieron a bordo del avión que salió de Ankara recibieron instrucciones de mantener cerradas las persianas de las ventanillas. La medida llamó la atención de los reporteros y alimentó las dudas sobre las verdaderas razones del cambio de aeronave. (The Washington Post)La nueva información publicada ahora apunta a que las medidas de seguridad fueron mucho más amplias de lo que se conoció inicialmente.El avión regalado por Catar también quedó bajo escrutinioEl episodio volvió a poner el foco en el nuevo avión presidencial entregado por Catar a Estados Unidos.El Boeing 747-8 fue donado por la familia real catarí después de que Trump cuestionara durante meses el estado de los dos aviones Boeing 747 utilizados como Air Force One desde la década de 1990.La aeronave fue sometida a modificaciones para adaptarla a las necesidades del Gobierno estadounidense. No obstante, desde que comenzó a utilizarse surgieron interrogantes sobre si contaba con todas las capacidades de protección disponibles en los aviones presidenciales más antiguos.Entre las diferencias señaladas se encuentran determinados sistemas de seguridad y defensa frente a posibles amenazas externas. Informaciones previas habían indicado que el nuevo avión no disponía inicialmente de algunas de las capacidades de detección y contramedidas que sí poseen las aeronaves presidenciales tradicionales. (The Washington Post)El cambio de avión durante el viaje de Trump a Estados Unidos incrementó esas dudas y abrió nuevamente el debate sobre la seguridad del aparato.La Casa Blanca defiende la seguridad del nuevo Air Force OneAnte la publicación de The Washington Post, la Casa Blanca defendió las condiciones de seguridad del nuevo avión.El director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, aseguró que la aeronave cuenta con sistemas y protocolos destinados a proteger al presidente y a los integrantes de su equipo.La administración de Trump no confirmó públicamente todos los detalles de la operación descrita por el periódico, incluida la forma exacta en la que el mandatario fue trasladado desde el avión que utilizó como señuelo hasta el C-32A. La información sobre la salida secreta se conoce semanas después de la cumbre de la OTAN y en un contexto de fuerte tensión entre Estados Unidos e Irán. Durante la reunión en Ankara, Trump había reiterado sus advertencias contra Teherán y, posteriormente, Estados Unidos realizó nuevos ataques contra objetivos iraníes. (The Washington Post)
Una alerta técnica fue presentada ante la Gobernación de Santander por el estado de dos puentes metálicos considerados estratégicos para la conectividad del departamento: el puente Baraya, ubicado sobre el río Fonce en la Ruta del Petróleo, y el puente sobre el río Suárez que comunica con los municipios de El Hato y Palmar.La advertencia fue realizada por la Sociedad Santandereana de Ingenieros, cuyos integrantes, durante un recorrido reciente por la Ruta del Petróleo, identificaron varias afectaciones que, según advierten, requieren una intervención prioritaria para evitar riesgos en la seguridad vial y en la estabilidad de las estructuras.Uno de los puntos que genera mayor preocupación está en el puente Baraya. La sociedad señala que el estribo norte de la estructura estaría en riesgo de perder estabilidad debido a la socavación que ha sufrido el lecho del río.De acuerdo con la alerta, “a pocos metros aguas abajo del puente funciona una concesión minera dedicada a la extracción de material pétreo. Los ingenieros advierten que, según lo manifestado por habitantes de la zona, antes de que comenzara esta explotación el nivel del río coincidía con la base de la pila, mientras que actualmente el cauce habría descendido cerca de tres metros”.La Sociedad Santandereana de Ingenieros pidió que la autoridad ambiental revise el impacto de esta actividad y ejerza los controles correspondientes sobre la explotación minera y sobre otras operaciones similares ubicadas en puntos considerados críticos para la infraestructura vial de Santander.El segundo llamado de atención corresponde al puente sobre el río Suárez, ubicado en el ramal que conduce hacia El Hato y Palmar. Allí, los ingenieros encontraron un deterioro aún mayor de la pintura anticorrosiva y una afectación en uno de los elementos de la estructura metálica.Según el documento, la primera diagonal de la cercha norte, en el costado occidental, fue golpeada por un vehículo y permanece doblada. La Sociedad Santandereana de Ingenieros advierte que esta deformación afecta las condiciones de trabajo de la estructura y genera riesgos para su estabilidad. Aunque aparentemente la baranda fue reparada, el elemento estructural no habría recibido la misma intervención.La organización recordó que ambos puentes tienen cerca de un siglo de construcción. Fueron levantados en 1938 y, pese a su antigüedad, continúan prestando servicio y hacen parte de la red vial del departamento, con importancia para la movilidad, la actividad económica y el turismo.Ante este panorama, la Sociedad Santandereana de Ingenieros solicitó al gobernador Juvenal Díaz Mateus instruir a la Secretaría de Infraestructura para que realice una inspección técnica prioritaria, determine el alcance de los daños y establezca las intervenciones necesarias.También pidió coordinar con las autoridades ambientales la revisión de la licencia y de la operación de la concesión minera ubicada cerca del puente Baraya, debido a la preocupación por la posible relación entre la extracción de material y la acelerada socavación del lecho del río.
Las Unidades Tecnológicas de Santander (UTS) dieron un nuevo paso en su proceso de fortalecimiento institucional al convertirse en una institución universitaria, cambio que abre la posibilidad de ampliar su oferta académica y ofrecer programas de formación de posgrado.La transformación se concretó después de ocho años de proceso y representa un cambio que va más allá del nombre de la institución, pues permitirá a las UTS ampliar sus niveles de formación y avanzar en una oferta académica que incluya programas de posgrado.Uno de los primeros proyectos será la Maestría en Administración de Empresas, cuyo proceso avanza ante el Ministerio de Educación Nacional y que, de acuerdo con las proyecciones de la institución, podría comenzar a ofrecerse el próximo año.El rector de las UTS, Omar Lengerke, destacó que esta transformación permitirá ampliar las oportunidades de formación para los estudiantes de Santander y anunció que la institución proyecta nuevos programas en diferentes áreas del conocimiento.“Ingresan a una nueva institución. Se matricularon en las Unidades y hoy ingresan a la Universitaria Tecnológica de Santander, una universidad acreditada en alta calidad. Vamos a tener programas en el área de la salud, posgrados, maestrías y doctorados. Con orgullo, de aquí en adelante van a decir: estudian en la Universitaria Tecnológica de Santander”, afirmó Lengerke.De acuerdo con el rector, entre las áreas que se busca fortalecer están salud, comunicación y humanidades, con nuevos programas que respondan a las necesidades de formación de la región.Otro de los aspectos destacados es el acceso a la educación superior. Según Lengerke, actualmente el 98 % de los estudiantes de las UTS cuenta con gratuidad, una condición que, aseguró, hace parte del compromiso de la institución de facilitar el acceso de los jóvenes a la educación superior.Con este cambio, las UTS buscan ampliar progresivamente su oferta académica y consolidarse como una institución con nuevos niveles de formación para estudiantes y profesionales de Santander.