El Consejo de Estado admitió la demanda de nulidad electoral contra el nombramiento de Lina María Garrido Martín como directora general de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Sin embargo, el alto tribunal negó la solicitud para suspenderla provisionalmente del cargo mientras avanza el proceso.
La demanda fue presentada por la congresista del Pacto Histórico Laura Daniela Beltrán Palomares, conocida como Lalis, y busca que se declare la nulidad del Decreto 1149 del 10 de agosto de 2026, mediante el cual el presidente de la República y el ministro de Agricultura nombraron a Garrido Martín al frente de la ANT.
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La demandante sostiene que la funcionaria no cumpliría con el requisito de experiencia profesional relacionada exigido para el cargo. Según su argumento, su trayectoria ha estado principalmente vinculada a actividades políticas y legislativas, entre ellas su trabajo como asesora de una UTL del Congreso y su paso por cargos de elección popular.
La demandante señala que esas actividades no tendrían relación directa con las funciones técnicas y administrativas de la Dirección General de la ANT, entre ellas la formalización de tierras, la clarificación de la propiedad, la recuperación de baldíos, la extinción de dominio, la ordenación del gasto y la representación legal de la entidad.
La demanda también cuestiona el procedimiento previo al nombramiento. La accionante afirma que no se publicó durante tres días la hoja de vida de Garrido Martín en las páginas web de la Presidencia y de la entidad, como establece el Decreto 1083 de 2015, y aportó capturas de pantalla como soporte.
Frente a este punto, el Consejo de Estado encontró que el Gobierno había expedido el Decreto 1012 del 5 de agosto de 2026, mediante el cual se suspendió temporalmente, por 15 días, ese requisito para los empleos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo nacional. Por eso, concluyó que para el momento del nombramiento existía una excepción vigente.
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Sobre la experiencia profesional, la Sección Quinta explicó que en esta etapa del proceso no existen pruebas definitivas que permitan establecer si las funciones desempeñadas anteriormente por Lina Garrido corresponden o no a la experiencia exigida para el cargo.
Esa fue una de las razones centrales para negar la medida cautelar: según el Consejo de Estado, no es posible establecer en esta etapa, de manera clara y sin agotar las pruebas, que el nombramiento sea irregular. Por esta razón, la discusión sobre la experiencia deberá resolverse durante el proceso. Así, admitió formalmente la demanda, pero negó la suspensión provisional del nombramiento.