La Corte Suprema de Justicia decidió no abrir un proceso penal contra las congresistas Catherine Juvinao, Julia Miranda, Lina Garrido, Marelen Castillo, Carolina Giraldo y Katherine Miranda, como lo había pedido el ministro del Interior, Armando Benedetti, a través de una querella o queja.El alto funcionario las acusaba de injuria y calumnia por una carta pública en la que los parlamentarios cuestionaron su eventual nombramiento como ministro del Interior, nombramiento que se terminó concretando.Fue el 24 de febrero de 2025, cuando las congresistas enviaron una carta al presidente Gustavo Petro rechazando la posible designación de Benedetti, decisión que calificaron como “inaceptable” y “deplorable”, al considerar que una persona señalada por presuntas violencias de género no debía ocupar ese cargo pues, entre muchas labores, iba a tener comunicación directa con las mujeres en el Legislativo.En esa carta, recordaron además las investigaciones por presuntos hechos de corrupción y enriquecimiento ilícito vigentes contra Benedetti y por eso pedían no continuar con el nombramiento.Ante esto, Armando Benedetti sostuvo que esas afirmaciones eran infundadas y lesionaban su honra y buen nombre, pues no no existían condenas judiciales en su contra y debía prevalecer su presunción de inocencia. Y para defenderse, acudió a la Corte Suprema.Sin embargo, tras estudiar el caso, el alto tribunal concluyó que no se configuraba un delito teniendo en cuenta que las representantes cumplieron con una de sus funciones esenciales, que es la del control político y eso incluye cuestionar decisiones y nombramientos del Ejecutivo.En esa línea, la Corte recordó que los congresistas no pueden ser investigados por las opiniones emitidas en el ejercicio de su cargo ya que cuentan con la garantía de inviolabilidad parlamentaria y esto ampara el oponerse a un nombramiento ministerial.La Corte también determinó que no se acreditó una intención deliberada de ofender o deshonrar y que el propósito de las representantes fue participar en un debate de interés público y no realizar un ataque personal, todo con denuncias que habían sido objeto de amplia difusión y en investigaciones existentes.“....que los episodios de violencia de género que se alegan versan sobre dos eventos, principalmente. El primero, ocurrido en la ciudad de Madrid, cuando se desempeñaba como embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en donde presuntamente agredió a su esposa, Adelina Guerrero. Ello, como se encuentra probado en estas diligencias, fue ampliamente noticiado por los medios de comunicación, según consta en el informe de policía judicial”, dice la Corte en su decisión.Finalmente, en el documento le recuerdan a Benedetti y a otros funcionarios que quienes ejercen o aspiran a cargos de alta relevancia están sometidos a un mayor nivel de escrutinio público.
A través de sus redes sociales, la representante Lina María Garrido generó un fuerte debate por su postura en la tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos tras las declaraciones de Donald Trump de una posible intervención militar en territorio nacional contra Gustavo Petro y contra el narcotráfico.“Bienvenido a #Colombia Presidente @POTUS. Con gran anhelo el pueblo colombiano lo espera. No tarde tanto por favor”, fue el comentario de la congresista que generó un fuerte debate en redes y un rifirrafe contra los cercanos al Gobierno nacional, entre esos, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, que dijo que la iba a de denunciar ante la Corte Suprema de Justicia por “promover conductas que, según dijo, ponen en riesgo la soberanía y la integridad territorial de Colombia”.“Hace una falsa denuncia, una falsa motivación y pues, bueno, de todas maneras, ya yo estoy acostumbrada, este es el modus operandi del Gobierno nacional. Ya me he tenido que enfrentar al señor Armando Benedetti y ahora entonces cambiaron de turno, ahora le corresponde al ministro cumplir las órdenes y del de Trabajo, del de Justicia, pues para tratar de silenciar y amenazar judicialmente a quienes pensamos diferente y a quienes no estamos dispuestos a silenciar nuestra voz y por el contrario, si tenemos que defender con firmeza lo que pensamos en un momento tan coyuntural para el país”, dijo sobre esta denuncia en diálogo con Recap de Blu Radio, que, según ella, “no evitarán que siga expresándose”.¿Estaría de acuerdo con una intervención militar de EE.UU.?De acuerdo con la congresista, Estados Unidos ha demostrado en múltiples ocasiones nexos de narcotráfico del presidente Gustavo Petro y su supuesta relación con el régimen de Nicolás Maduro, por ende, “sería lógico” que fuera en contra del mandatario, pero asegura que “no habla de una intervención contra Colombia, sino contra el jefe de Estado”.“Es que lo que está pasando con los colombianos no puede ser. Tenemos un presidente ilegítimo que llegó violando los topes de campaña con señalamientos graves de que recursos que entraron a financiar esa campaña pudieron venir del narcotráfico y de Nicolás Maduro. ¿Qué le espera Gustavo Petro? Simple lo que pedimos para cualquiera que delinca, pues que comparezca y responda ante las autoridades de este país si son capaces de llegar a un juicio porque no ha sido posible, o las autoridades de EEUU, que bastante información ya tienen”, dijo.
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, anunció que presentará una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia contra varios congresistas, a quienes acusa de promover conductas que, según dijo, ponen en riesgo la soberanía y la integridad territorial de Colombia.Entre los señalados por el funcionario están el senador Jhonatan Ferney Pulido Hernández, conocido como ‘Jota Pe’ Hernández, y la representante a la Cámara Lina María Garrido, además de otros congresistas que, de acuerdo con Sanguino, han hecho llamados que podrían interpretarse como incentivos a acciones hostiles contra el país.El ministro aseguró que este tipo de pronunciamientos no pueden considerarse simples opiniones políticas. En su concepto, “llamar a invasiones, promover hostilidades o incentivar acciones contra Colombia” podría constituir delitos contemplados en el Código Penal, específicamente el menoscabo de la integridad nacional y la participación en hostilidades contra la patria.Sanguino advirtió que la situación es aún más delicada cuando los mensajes provienen de dirigentes políticos que, por mandato constitucional, están obligados a defender el orden jurídico y la soberanía nacional. Afirmó que la libertad de expresión no puede usarse para justificar conductas que, en su criterio, podrían configurarse como “traición a la patria”.El artículo 455 del Código Penal sanciona severamente los actos que busquen afectar la integridad territorial del país, someterlo a dominio extranjero, debilitar su soberanía o fracturar la unidad nacional, con penas que pueden oscilar entre 320 y 540 meses de prisión.Sanguino considera que la defensa del territorio y de la soberanía es un deber de todos los ciudadanos y subrayó que será la Corte Suprema de Justicia la encargada de evaluar si las conductas denunciadas encajan en delitos.
Sigue el pulso entre el jefe de la cartera política y la representante Garrido, y es que según Benedetti, la congresista vulneró su honra al llamarlo “agresor y maltratador de mujeres” pero la Sala determinó que, las expresiones de Garrido están amparadas por la inviolabilidad parlamentaria.La Corte Suprema de Justicia, sin embargo, decidió inadmitir la denuncia penal presentada el ministro del Interior contra la representante a la Cámara Lina María Garrido.Benedetti alegaba que Garrido, durante una entrevista radial y en publicaciones en la red social X, lo calificó de “agresor y maltratador de mujeres”, lo que a su juicio vulneró su honra y buen nombre.Sin embargo, la Corte determinó que las expresiones de la congresista se dieron en el marco del ejercicio de sus funciones parlamentarias, específicamente durante la instalación del Congreso del 20 de julio de 2025 y en desarrollo del derecho de réplica consagrado en la Ley de Oposición.El alto tribunal recordó que, de acuerdo con el artículo 185 de la Constitución, los congresistas gozan de inviolabilidad parlamentaria, lo que significa que no pueden ser investigados ni sancionados penalmente por las opiniones y votos emitidos en ejercicio de su cargo.La Corte precisó que las declaraciones de Garrido, tanto en el Capitolio como en medios de comunicación y redes sociales, forman parte de una misma unidad de expresión relacionada con el control político.En consecuencia, la Sala concluyó que la denuncia de Benedetti carecía de fundamento penal y ordenó archivar las diligencias, al considerar que cualquier eventual exceso verbal de la congresista debe ser evaluado por los órganos de control interno del Congreso y no por la jurisdicción penal.
La representante a la Cámara por Cambio Radical, Lina Garrido, le pidió a la Corte Constitucional tumbar la reforma pensional, pues asegura que hubo un vicio en el trámite legislativo de la iniciativa.“El informe oficial señala que el acta N.° 256, correspondiente a la sesión plenaria de la Cámara de Representantes del día 27 de junio de 2025, no fue aprobada por la plenaria. Esta circunstancia resulta determinante, en tanto que conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el acta constituye el de prueba con mayor pertinencia y conducencia de la existencia de una sesión legislativa”, señala Garrido.En el mismo sentido la representante a la Cámara señala que por esta situación la sesión del 27 de junio carece de existencia jurídica por falta de quórum no se podía votar la pensional.“En la plenaria del 27 de junio se realizaron anuncios de proyectos que serían discutidos y votados en la sesión del 28 de junio. Sin embargo, dado que la sesión del 27 de junio nunca existió jurídicamente, esos anuncios devienen inexistentes. En consecuencia, la sesión del 28 de junio se encuentra viciada de nulidad, por cuanto los proyectos tramitados en ella carecían del requisito previo e indispensable de anuncio”, agregó Garrido.Ante esta situación la representante a la Cámara pidió a la Corte Constitucional tumbar la reforma pensional.“Por las razones expuestas, respetuosamente solicito a la Corte Constitucional que, en ejercicio de su función de guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, que emita un fallo con el acervo probatorio que tiene en su dominio y así se declare la inexequibilidad de la denominada reforma pensional, por haberse tramitado con base en una sesión plenaria inexistente (27 de junio de 2023) y en consecuencia haberse viciado también la sesión subsiguiente del 28 de junio del mismo año”, pide Garrido.
La representante de la Cámara Lina María Garrido se convirtió en el centro de atención después de su intervención en la réplica al discurso del presidente Gustavo Petro en la instalación del Congreso del 20 de julio. En un emotivo y contundente discurso, le dijo al mandatario que su Gobierno ha sido un fracaso y que ha traicionado a los colombianos.En entrevista con Recap Blu, Garrido afirmó que su objetivo era mostrarle al Gobierno que las palabras ya no son creíbles y que lo que se necesita son obras que demuestren resultados. Además, confirmó que buscará una curul en el Senado en las próximas elecciones."Lo que pasó ayer en la réplica nada tiene que ver con mi aspiración al Senado, esa era una decisión que yo ya había tomado y que creo que fue lo mejor que empecé a construir", dijo en Blu Radio.Garrido tiene miedoSin embargo, la congresista también reveló que ha recibido amenazas del ELN y las disidencias de las Farc, y que siente miedo por su seguridad. "Sin duda me pone en un constante peligro y una vulnerabilidad absoluta. Por tanto, debo hoy decirle al presidente Gustavo Petro y su Gobierno que si algo me pasa a mí o a mi familia, pues es su total responsabilidad", le dijo al presidente Petro.Garrido defendió su intervención, asegurando que no necesitaba sacar cifras para demostrar la realidad del país: "Los que hoy critican mi intervención, por supuesto, son las que le duelen a los que están con el gobierno". Además, destacó que su discurso fue una respuesta a la desesperanza y frustración de los colombianos que sienten que el Gobierno no ha cumplido con sus promesas.En respuesta a las críticas del presidente Petro, quien dijo que la oposición respondió con insultos y groserías, Garrido afirmó que al presidente "le dolió" lo que se dijo en la réplica. "Él con las ínfulas de dictador no le gusta que lo controviertan; a él le gusta salir ovacionado, le gusta que lo aplaudan. Por eso hace sus manifestaciones en la plaza pública porque ahí puede llevar a los indígenas, puede llevar a los sindicatos, puede llevar a los empleados, a los contratistas del Estado para que lo aplaudan, para darles lechona y que allá griten reelección", concluyó.
La representante a la Cámara de Cambio Radical, Lina Garrido, hizo una intervención de réplica al discurso del presidente Gustavo Petro este 20 de julio en el Congreso.La intervención de Garrido fue aplaudida por la oposición y cuestionada por algunos funcionarios del Gobierno. Incluso, el mismo presidente Petro se refirió al tema por medio de su cuenta de X.“No estoy acostumbrado a salir corriendo. Escuché toda la intervención de la parlamentaria Garrido, no dio cifras, no demostró que las mías sean falsas. Y solo escuché insultos y mentiras. Vuelvo a repetirlo, tenemos una oposición que solo se basa en el insulto y la mentira. Y de acuerdo a mi experiencia, creo que la representante Garrido no quedará en mi memoria”, dijo Petro.Garrido le respondió, también por X, asegurando “el tormento tuyo soy yo”. Posteriormente, también hubo un cruce de mensajes entre el ministro del Interior, Armando Benedetti y la representante Garrido.“Este es un país de cafres, dijo Echandía. Magistral discurso de Gustavo Petro y no hubo nadie de la oposición que haya revertido con estadísticas lo que él dijo. Pero los medios sí recogen lo que una persona vulgar, ordinaria, grosera, sin preparación, sin argumentos, y sin cifras, dijo. A pesar de las falsas narrativas de los medios, queda claro el éxito del Gobierno en la economía, en lo social, en la reivindicación de la clase trabajadora, en el turismo y la agricultura. Por eso en encuestas que son adversas al Gobierno aparece con más del 40% de aprobación”, dijo Benedetti.A este mensaje Garrido respondió por X asegurando: “Respete a Colombia; aquí el único “cafre” es usted, drogadicto y agresor de mujeres. Y ni se le ocurra amenazarme con cuchillo, como lo hizo con su esposa en España: le iría mal; yo sí me le paro duro”.El ministro del Interior anunció que había denunciado a Garrido por injuria y calumnia. Posteriormente, se conoció un comunicado de Cambio Radical.En el documento, desde el partido de oposición aseguran que Garrido habría recibido mensajes de odio y violencia por parte de sectores cercanos al Gobierno.“Desde el Partido Cambio Radical rechazamos con contundencia las expresiones de odio y violencia verbal dirigidas contra nuestra representante Lina María Garrido, como también, el continuo hostigamiento que se promueve desde el Gobierno de Petro. Ya es hora que se detengan”, dice el partido.Ante esta situación, desde Cambio Radical le exigieron al Gobierno respeto por la oposición y garantías políticas.“Advertimos: si llega a pasarle algo a la representante Lina María Garrido o a cualquier congresista de Cambio Radical, hacemos responsable al Gobierno Nacional y a quienes, con su discurso, promueven el odio”, señala el comunicado del partido.
El reciente terremoto en Venezuela ha generado una profunda preocupación en el sector de las confecciones de Santander, un gremio que ve con incertidumbre el impacto que esta emergencia pueda tener en el intercambio comercial bilateral. Franklin Guevara, director del gremio textil en el departamento, manifestó la solidaridad de los empresarios locales con el pueblo venezolano, al tiempo que advirtió sobre las repercusiones económicas inmediatas y a mediano plazo para la industria santandereana.La principal preocupación radica en la proximidad de la Exposición Internacional de Moda Infantil (EIMI Colombia), considerado el evento más importante de su tipo en Latinoamérica. Para esta edición, que se celebrará del 13 al 15 de julio en Bucaramanga, ya se tenía confirmada la asistencia de ocho grandes compradores provenientes de Caracas. Sin embargo, el cierre temporal de aeropuertos y la crisis humanitaria en el vecino país ponen en duda su participación, lo que afectaría directamente los negocios proyectados para la producción del segundo semestre del año.Históricamente, Venezuela ha sido el socio comercial más importante para los confeccionistas de Santander. Aunque el comercio sufrió una fuerte contracción a partir de 2006, en los últimos meses se venía registrando una notable recuperación en las ventas. Santander lidera la producción de ropa para recién nacidos en Colombia, un producto altamente apetecido en el mercado venezolano y en Centroamérica.Guevara señaló que, por respeto a la situación, aún no se han establecido contactos directos con los empresarios afectados, pero están muy atentos a la situación del país vecino. El flujo constante de mercancías en la frontera se encuentra bajo una enorme incertidumbre debido a los problemas logísticos derivados del sismo. Los textileros santandereanos esperan una pronta estabilización de la emergencia para reanudar los despachos diarios y asegurar la continuidad de un canal comercial que es vital para la economía de la región.
La Gobernación de Caldas informó que el Pico y Placa Ambiental sobre la vía que comunica a Manizales con Murillo, pasando por inmediaciones del volcán Nevado del Ruiz, continuará aplicándose hasta el próximo 30 de junio de 2026.Recordemos que recientemente un fallo judicial ordenó suspender esta medida y dispuso que las gobernaciones de Caldas y Tolima, además del Gobierno Nacional, implementen diferentes acciones que permitan la conservación de esa zona de geoparque.La administración departamental explicó que, desde la expedición de esa determinación, las gobernaciones de Caldas y Tolima, el Gobierno Nacional y las entidades competentes mantienen un proceso de articulación interinstitucional para evaluar y definir las medidas que permitan continuar con la protección del Parque Nacional Natural Los Nevados y su zona amortiguadora.Según la Gobernación, este trabajo ha estado acompañado por acciones permanentes de conservación, educación y sensibilización ambiental, las cuales buscan fortalecer la protección de este ecosistema estratégico.La Secretaría de Medio Ambiente indicó que, una vez las autoridades definan las medidas que regirán después del 30 de junio, la información será divulgada oportunamente a través de los canales oficiales de la Gobernación de Caldas.Finalmente, la administración departamental invitó a la ciudadanía a mantener prácticas responsables y a contribuir con la conservación del Parque Nacional Natural Los Nevados y su zona amortiguadora, considerados uno de los principales patrimonios naturales del país.
El Juzgado 01 de Control de Garantías de Barranquilla negó la solicitud de sustitución de la medida de aseguramiento presentada por la defensa de Walter Francisco Martínez Martínez, procesado por su presunta participación en una red transnacional dedicada al ingreso de recursos de origen ilícito y mercancía de contrabando al país, que posteriormente era comercializada en establecimientos de Lili Pink. La defensa solicitó que la medida intramural fuera reemplazada por detención domiciliaria debido al estado de salud del procesado, quien ha comparecido a las audiencias desde una cama hospitalaria.Durante la diligencia, el abogado defensor Orlando Anaya explicó que Martínez permanece hospitalizado desde mayo y sostuvo que su condición médica no ha mejorado. “En el transcurrir de esa audiencia prácticamente desde el 1.º de mayo se encuentra en hospitales, por un delicado estado de salud, el 13 de mayo de 2026 se ordenó que el señor Walter Martínez se quedara en la clínica La Asunción por su estado de salud , A la fecha, el señor Martínez no ha superado esa situación, por lo que solicitó deberá permanecer en su hogar de residencia”, manifestó.Entre las patologías expuestas por la defensa figuran afecciones renales, cardíacas y problemas en la columna. Sin embargo, el juez concluyó que no era procedente modificar la medida de aseguramiento, al considerar que la decisión adoptada previamente por el Juzgado 62 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá estableció que el procesado debía permanecer en un centro hospitalario hasta que un dictamen médico certificara su recuperación.Al sustentar su decisión, el despacho señaló que carecía de competencia para modificar lo resuelto por otro juez. “Porque el mismo médico estableció que debía estar en ese tiempo, en ese centro hospitalario hasta que se acredite su recuperación , una vez se verifique mediante dictamen médico que ya el señor está recuperado, debe ser trasladado al establecimiento carcelario. En esta situación, no se ha acreditado que el señor se encuentra recuperado, y si este despacho entra a tomar una decisión distinta se estaría convirtiendo en un superior del Juzgado 62 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá”, indicó.El juez también descartó ordenar el traslado del procesado a su residencia, al considerar que ello podría afectar su recuperación y excedería las competencias del despacho. “Este despacho no sustituye la medida de aseguramiento intrahospitalaria especialmente con el propósito, primero, de no convertirse en un superior funcional jerárquico de esa autoridad, y segundo, de preservar el derecho a la vida de la persona que se encuentra en riesgo de muerte”, concluyó.Según la investigación de la Fiscalía, Walter Martínez habría participado en la constitución, administración y representación legal de al menos siete empresas de papel importadoras, utilizadas presuntamente para simular operaciones de comercio exterior y evadir controles aduaneros. De esa manera, se habría facilitado el ingreso al país de prendas de vestir, juguetes, cosméticos y otros productos con apariencia de legalidad.Las autoridades también establecieron que varias de las sociedades investigadas registraban direcciones inexistentes o correspondían a lotes desocupados e inmuebles residenciales sin relación con la actividad comercial reportada. Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Martínez Martínez los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito a favor de terceros.
Soldados de la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional lograron la captura de tres sujetos y la recuperación de una menor de edad, presuntamente integrantes del grupo armado organizado Cartel del Clan del Golfo.La ofensiva se produjo en la vereda Villa Severa, en jurisdicción del municipio de Zaragoza, gracias a la información aportada por la inteligencia militar. Los capturados son conocidos como alias Care Loco, Z y Boika, quienes, junto a la menor recuperada, harían parte del componente armado de la Subestructura Manuel Alexánder Ariza Rosario.El Brigadier General Óscar del Cristo Díaz, señaló que, como resultado de la acción militar, también se incautó material de guerra, intendencia y comunicaciones perteneciente a este grupo ilegal.“Con estas operaciones donde se le incauta material de guerra, comunicaciones y otros elementos de interés para la inteligencia militar, reafirmamos el compromiso con esta población civil en este sector del Bajo Cauca antioqueño. El propósito es que estas personas desplazadas puedan retornar a su territorio”, resaltó el Brigadier General.Estas personas serían responsables del cobro de extorsiones, y homicidios selectivos de civiles y miembros de la Fuerza Pública en su área de injerencia criminal.Asimismo, son señalados de participar en las recientes confrontaciones entre grupos ilegales en la subregión del Bajo Cauca antioqueño, empleando drones con explosivos como método de ataque, lo que ha generado desplazamientos masivos, afectaciones a viviendas y confinamiento en las comunidades de la zona.
La emergencia provocada por los terremotos que sacudieron al estado venezolano de La Guaira sigue dejando escenas de angustia, mientras decenas de voluntarios intentan rescatar a personas atrapadas entre estructuras colapsadas y miles de habitantes enfrentan la pérdida de sus viviendas, la interrupción de servicios básicos y la incertidumbre sobre las próximas horas.Así lo describió el diputado venezolano Jhonny Rivas durante una entrevista con Mañanas Blu 10:30, en la que aseguró que la situación sobre el terreno es más grave de lo que muestran las imágenes difundidas en redes sociales.“La situación es peor de lo que ves en los videos, de lo que está en las redes sociales”, afirmó el legislador, quien se encuentra en la zona afectada. Según explicó, el paso del tiempo aumenta la preocupación de las familias que esperan noticias de personas atrapadas bajo los escombros, debido a que las primeras horas posteriores a un terremoto son consideradas fundamentales para las labores de búsqueda y rescate.Los terremotos suelen generar el mayor número de rescates durante las primeras 24 a 72 horas. Organismos internacionales especializados en gestión de riesgos han señalado históricamente que este periodo resulta decisivo para localizar sobrevivientes en estructuras colapsadas, especialmente cuando se cuenta con equipos técnicos, maquinaria pesada y personal entrenado. Sin embargo, Rivas sostuvo que gran parte de las labores que actualmente se desarrollan en La Guaira están siendo ejecutadas por ciudadanos y grupos de voluntarios.“De cada diez personas que están tratando de ayudar, un solo bombero oficial y nueve son voluntarios trabajando sin herramientas”, señaló.Uno de los episodios que relató involucra a vecinos que lograron sacar a dos menores de entre los restos de una estructura. Según dijo, todavía habría otros niños atrapados en el lugar.“Escuchan a los otros niños pedir ayuda y están tratando de sacarlos ellos mismos”, aseguró.Viviendas destruidas y familias desplazadasEl impacto de los movimientos telúricos también habría dejado una amplia destrucción residencial en distintos sectores de La Guaira.De acuerdo con el diputado, decenas de edificaciones colapsaron tanto en el este como en el oeste del estado. “Estamos hablando de más de cincuenta o sesenta residencias que se cayeron”, afirmó.La consecuencia inmediata, según explicó, ha sido el desplazamiento de numerosas familias que hoy permanecen en espacios abiertos o buscando refugio temporal con amigos y familiares.“Hay mucha gente deambulando en las calles que no tiene para dónde ir”, dijo Rivas, quien además aseguró haber perdido su propia vivienda durante la emergencia.El temor a posibles réplicas también ha llevado a que personas cuyas casas permanecen en pie opten por pasar las noches al aire libre ante el riesgo de nuevos daños estructurales.Servicios básicos bajo presiónMás allá de los rescates, una de las principales preocupaciones gira en torno al funcionamiento de los servicios públicos.Rivas afirmó que varias zonas permanecen sin suministro eléctrico y enfrentan dificultades para acceder al agua potable. También advirtió sobre la presión que soportan los centros asistenciales.“Los hospitales están colapsados”, aseguró, al describir una red sanitaria que ya enfrentaba limitaciones antes de la emergencia.Los desastres naturales de gran magnitud suelen generar riesgos sanitarios asociados a la interrupción de servicios esenciales, la acumulación de escombros, la escasez de agua segura y la saturación de los sistemas de salud. Por esta razón, organismos humanitarios priorizan el envío de medicamentos, materiales médicos y equipos de atención de emergencia durante las primeras etapas de respuesta.Donaciones y apoyo ciudadanoAnte la magnitud de la crisis, diversas organizaciones y ciudadanos dentro y fuera de Venezuela han comenzado campañas de recolección de ayuda.Rivas indicó que parte de los insumos están siendo canalizados a través de Cáritas de Venezuela con el objetivo de facilitar una distribución organizada. Asimismo, mencionó iniciativas impulsadas desde Colombia y otras regiones para reunir alimentos, medicamentos y artículos de primera necesidad destinados a los afectados.“La preocupación nuestra en este momento es ayudar a nuestros hermanos guaireños y venezolanos que están viviendo esta tragedia”, expresó.Mientras continúan las labores de rescate, el llamado de las comunidades afectadas se centra en acelerar la llegada de equipos especializados, fortalecer la asistencia humanitaria y garantizar la atención de miles de personas que enfrentan una de las emergencias más complejas registradas recientemente en esta zona costera de Venezuela.
