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Ministro Sanguino denunciará a congresistas por supuestas conductas contra la soberanía

Anunció que acudirá a la corte Suprema de Justicia, en principio, para denunciar al senador Jota Pe Hernández y a la representante a la Cámara Lina Garrido.

Sanguino, señalado por presunto tráfico de influencias relacionado con el carrusel de la contratación en Bogotá.
Sanguino, señalado por presunto tráfico de influencias relacionado con el carrusel de la contratación en Bogotá.
X: @MintrabajoCol

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, anunció que presentará una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia contra varios congresistas, a quienes acusa de promover conductas que, según dijo, ponen en riesgo la soberanía y la integridad territorial de Colombia.

Entre los señalados por el funcionario están el senador Jhonatan Ferney Pulido Hernández, conocido como ‘Jota Pe’ Hernández, y la representante a la Cámara Lina María Garrido, además de otros congresistas que, de acuerdo con Sanguino, han hecho llamados que podrían interpretarse como incentivos a acciones hostiles contra el país.

El ministro aseguró que este tipo de pronunciamientos no pueden considerarse simples opiniones políticas. En su concepto, “llamar a invasiones, promover hostilidades o incentivar acciones contra Colombia” podría constituir delitos contemplados en el Código Penal, específicamente el menoscabo de la integridad nacional y la participación en hostilidades contra la patria.

Antonio Sanguino.
Antonio Sanguino.
Foto: Ministerio de Trabajo

Sanguino advirtió que la situación es aún más delicada cuando los mensajes provienen de dirigentes políticos que, por mandato constitucional, están obligados a defender el orden jurídico y la soberanía nacional. Afirmó que la libertad de expresión no puede usarse para justificar conductas que, en su criterio, podrían configurarse como “traición a la patria”.

El artículo 455 del Código Penal sanciona severamente los actos que busquen afectar la integridad territorial del país, someterlo a dominio extranjero, debilitar su soberanía o fracturar la unidad nacional, con penas que pueden oscilar entre 320 y 540 meses de prisión.

Sanguino considera que la defensa del territorio y de la soberanía es un deber de todos los ciudadanos y subrayó que será la Corte Suprema de Justicia la encargada de evaluar si las conductas denunciadas encajan en delitos.

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