Ministro Sanguino denunciará a congresistas por supuestas conductas contra la soberanía
Anunció que acudirá a la corte Suprema de Justicia, en principio, para denunciar al senador Jota Pe Hernández y a la representante a la Cámara Lina Garrido.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, anunció que presentará una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia contra varios congresistas, a quienes acusa de promover conductas que, según dijo, ponen en riesgo la soberanía y la integridad territorial de Colombia.
Entre los señalados por el funcionario están el senador Jhonatan Ferney Pulido Hernández, conocido como ‘Jota Pe’ Hernández, y la representante a la Cámara Lina María Garrido, además de otros congresistas que, de acuerdo con Sanguino, han hecho llamados que podrían interpretarse como incentivos a acciones hostiles contra el país.
El ministro aseguró que este tipo de pronunciamientos no pueden considerarse simples opiniones políticas. En su concepto, “llamar a invasiones, promover hostilidades o incentivar acciones contra Colombia” podría constituir delitos contemplados en el Código Penal, específicamente el menoscabo de la integridad nacional y la participación en hostilidades contra la patria.
Sanguino advirtió que la situación es aún más delicada cuando los mensajes provienen de dirigentes políticos que, por mandato constitucional, están obligados a defender el orden jurídico y la soberanía nacional. Afirmó que la libertad de expresión no puede usarse para justificar conductas que, en su criterio, podrían configurarse como “traición a la patria”.
El artículo 455 del Código Penal sanciona severamente los actos que busquen afectar la integridad territorial del país, someterlo a dominio extranjero, debilitar su soberanía o fracturar la unidad nacional, con penas que pueden oscilar entre 320 y 540 meses de prisión.
Sanguino considera que la defensa del territorio y de la soberanía es un deber de todos los ciudadanos y subrayó que será la Corte Suprema de Justicia la encargada de evaluar si las conductas denunciadas encajan en delitos.