El presidente Gustavo Petro y el senador Jota Pe Hernández no lograron un acuerdo de conciliación durante la diligencia adelantada este viernes ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.Tras más de dos horas de audiencia, el congresista aseguró que se ratificó en sus declaraciones y afirmó que no considera haber cometido ningún delito.“No existió ningún tipo de conciliación porque le manifestamos a la Corte Suprema que aquí no existe ningún tipo de delito. El senador J.P. Hernández le ha solicitado a Estados Unidos que investigue. Allí se llevan a cabo dos investigaciones en contra del presidente y, pues, por esa razón yo no puedo conciliar. Me he ratificado en que sigo solicitando que se investigue; si se halla culpable al presidente, que responda ante la justicia. Me he ratificado, no he conciliado y esperemos que la Corte investigue”, afirmó.El proceso fue impulsado por el abogado del mandatario, Alejandro Carranza, quien denunció ante la Corte a los congresistas Lina Garrido, Miguel Polo Polo y Jota Pe Hernández por los presuntos delitos de injuria y calumnia, instigación a la guerra y menoscabo a la soberanía nacional.La denuncia se originó por publicaciones y comentarios realizados en redes sociales, en los que los congresistas habrían sugerido una intervención de Estados Unidos en Colombia tras la captura de Nicolás Maduro, además de mensajes en los que vinculaban al presidente Petro con supuestas actividades ilegales.Según ambas partes, la diligencia tuvo un ambiente cordial. Sin embargo, no hubo acuerdo entre el mandatario y el senador. A la audiencia tampoco asistieron los congresistas Miguel Polo Polo ni Lina Garrido.
En medio de la contienda electoral se siguen conociendo denuncias de presuntos planes para atentar contra congresistas, el último es el que le comunicó la Fiscalía General de la Nación al senador de la Alianza Verde Jhonatan Pulido Hernández o Jota Pe, quien envió una comunicación al Congreso de la República poniendo de presente está grave situación sobre un plan para atentar no solo contra él sino contra su familia.Según el ente investigador, serían las disidencias de las Farc al mando de alias 'Calarcá', quienes estarían detrás de este supuesto plan para atentar contra el parlamentario. Allí citan a un testigo que habla sobre que se destinó un millón de dólares y fueron alias 'Jhon Mechas', alias 'Richard' y alias 'Andrey', quienes contactaron a la banda 'Los Turcos' y 'Los Kamikazes' para llevar a cabo el plan criminal.Sobre esto, la Fiscalía le comunicó al congresista que le estarían realizando seguimientos a él y a su familia y que, frente a esa situación, Jota Pe Hernández decidió denunciar ante el ente investigador.“Me veo en la obligación de poner en conocimiento con carácter de urgencia, que soy víctima de un plan criminal de alto riesgo, cuyo propósito explícito es atentar contra mi vida y la de mi familia”, señaló el senador en su carta enviada al Congreso.Esta carta va con copia a distintos organismos de control como la Procuraduría, a las Altas Cortes y a organismos internacionales. El senador por la Alianza Verde también expone su condición de opositor al Gobierno actual y dice que los hechos requieren una “reacción institucional inmediata”.
El panorama político colombiano se sacude con la confirmación de la salida del senador Jota Pe Hernández del partido Alianza Verde. A través de una figura legal conocida como escisión, el congresista busca formalizar su independencia de la colectividad que lo acogió inicialmente, con el fin de consolidar un movimiento propio que responda a sus posturas ideológicas, las cuales hoy se encuentran en las antípodas de la dirección nacional de los Verdes.Un nuevo rumbo político y electoralJota Pe Hernández, quien ostenta la tercera votación más alta del país con aproximadamente 165.000 electores, justificó su decisión basándose en la necesidad de representar una tendencia que, según él, ya no encaja con los principios actuales del Partido Verde. “En estos momentos lo único que yo estoy llevando a cabo políticamente es el trámite del inicio de mi decisión del partido Alianza Verde, pero nada esto corresponde a una adhesión a una campaña presidencial”, aclaró el senador para desmentir rumores sobre apoyos inmediatos a otros candidatos.El senador enfatizó que esta ruptura responde a un reconocimiento de su peso electoral. “Se reconoce que Jota Pe Hernández sí representa un número importante de electores... Por supuesto que va a haber un nuevo partido, por supuesto que va a haber una nueva colectividad”, afirmó, señalando que su intención es otorgar avales para liderazgos regionales en futuros comicios. La "excisión": un proceso de tiempos legalesEl trámite no es sencillo y depende de la aprobación del Consejo Nacional Electoral (CNE). Hernández explicó que ya está trabajando en la construcción de los estatutos y la proyección jurídica para radicar ante las autoridades electorales. No obstante, los tiempos son inciertos: “Puede que lleguen a dar los tiempos para una segunda vuelta, pero no lo sabemos porque el CNE muchas veces ha tomado estas decisiones rápidamente, otras veces se ha tomado un poco más de tiempo”. Un punto clave en este proceso es que Hernández ha decidido realizar este movimiento solo, sin arrastrar a otros miembros de la bancada para evitar conflictos de intereses o éticos. “Yo hice un compromiso que no me llevaba ni una sola credencial del partido Alianza Verde y es respeto por el trabajo del partido”, aseguró, refiriéndose a concejales o diputados que pudieran querer seguir sus pasos. A pesar de su salida, el senador fue enfático en sus "líneas rojas" presidenciales, especialmente respecto al sector de izquierda liderado por Iván Cepeda. “Lo que mis electores tienen completamente claro es que yo no voy a estar donde esté Iván Cepeda. Por supuesto que no voy a estar con esa campaña”. Escuche aquí la entrevista:
Tras las elecciones legislativas y con el nuevo Congreso ya definido, comienzan también los movimientos políticos hacia la carrera presidencial. En ese escenario, el senador Jonathan Ferney Hernández, más conocido como Jota Pe, de la Alianza Verde, lanzó una advertencia sobre lo que está ocurriendo en los sectores de derecha del país.En entrevista en Mañanas Blu con Camila Zuluaga, el congresista —quien volvió a ser el senador más votado de su partido— aseguró que el principal problema de ese sector político no es ideológico, sino de liderazgo y egos. Según dijo, si no logran unirse, podrían quedar en desventaja frente a la izquierda en las elecciones presidenciales.“En la derecha está pasando algo peligroso… y es la desunión que tienen en este sector”, afirmó el senador durante la conversación, en la que analizó el panorama político que deja la elección del nuevo Congreso.Jota Pe Hernández advierte riesgos por la división en la derechaDurante la entrevista, Hernández insistió en que el mayor desafío para los sectores que buscan enfrentar al petrismo es lograr acuerdos políticos.El senador señaló que, mientras la izquierda suele unificarse alrededor de un solo candidato o coalición, en la derecha varios aspirantes compiten sin lograr consensos. Para él, ese escenario puede afectar seriamente sus posibilidades electorales.“Es importante que el ego personal esté por debajo de los beneficios nacionales, del interés nacional”, afirmó.El congresista puso como ejemplo los resultados electorales recientes y la capacidad de algunos sectores de presentarse con una sola bandera política. Según dijo, la unidad puede marcar la diferencia en una contienda presidencial. “Cuando hay unidad, se nota en las urnas”, explicó.La reconfiguración de la Alianza Verde en el SenadoHernández también habló sobre los cambios que tendrá la Alianza Verde en el próximo Congreso. A su juicio, la nueva conformación del Senado dentro del partido marca un giro frente a la legislatura anterior.El senador señaló que varios congresistas cercanos a sectores de izquierda ya no estarán en el nuevo periodo, lo que, según él, cambia el equilibrio interno de la colectividad.“Siento que es una lista del Senado ya no tan de izquierda radical, sino que podría jugar desde un centro con un próximo gobierno”, explicó.El legislador aseguró que mantendrá sus banderas políticas en el nuevo periodo, entre ellas la lucha contra la corrupción, el control político al Gobierno y la defensa de temas de seguridad.Su posición frente a la carrera presidencialSobre las elecciones presidenciales, Hernández dejó claro que aún no ha definido públicamente a quién respaldará en primera vuelta. Sin embargo, sí anticipó que apoyará a quien enfrente al candidato del petrismo.En la entrevista mencionó a varios dirigentes que lo han contactado en las últimas semanas, entre ellos Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, aunque insistió en que su prioridad sigue siendo impulsar un acuerdo entre los distintos sectores. “Yo a todos les digo lo mismo: unión, unión, unión para rescatar a Colombia”, afirmó.Para el senador, el reto de la derecha en los próximos meses será superar las divisiones internas y construir una candidatura fuerte que pueda competir con opciones del oficialismo en las urnas.
En entrevista con Blu Radio, el senador JotaPe Hernández, de la Alianza Verde, respondió a las denuncias penales promovidas desde el Gobierno contra varios congresistas de oposición y lanzó una de las declaraciones más fuertes de cara al arranque de año político.El contexto es una disputa abierta entre el Ejecutivo y sectores críticos del Congreso, luego de que el ministro de Justicia denunciara penalmente a varios parlamentarios por sus pronunciamientos contra el presidente Gustavo Petro. Hernández, uno de los señalados, defendió sus declaraciones como parte del control político y aseguró que lo que está en juego es la libertad de expresión de la oposición.En ese escenario, el senador fue más allá y centró su discurso en la financiación de la campaña presidencial. “Yo me reafirmo en mi solicitud a Estados Unidos para que investigue si Petro tiene complicidad y si su campaña recibió dineros de un régimen que se ha sostenido del narcotráfico”, afirmó. Luego lanzó la frase que encendió la polémica: “Quisiera que fuera capturado y le cayera todo el peso de la ley”.Piden que EE. UU. investigue a Gustavo PetroHernández explicó que, junto con su abogado, envió un documento al Gobierno de Estados Unidos para que revise posibles vínculos entre la campaña de Petro y el régimen de Nicolás Maduro. Según dijo, existen dudas sobre el origen de recursos mencionados en audios conocidos públicamente y sobre supuestos acercamientos con altos funcionarios venezolanos.“Guarden la fecha y guarden la hora porque el tiempo nos va a dar la respuesta”, sostuvo el senador, insistiendo en que no se trata de una persecución política sino de una exigencia de investigación. A su juicio, si se comprueba que hubo dineros del narcotráfico con impacto en territorio estadounidense, el caso debería ser asumido por la justicia de ese país.Denuncias contra congresistas y libertad de expresiónEl senador también cuestionó que el Gobierno haya acudido a denuncias penales contra miembros del Legislativo. “Aquí estamos hablando de senadores que representan cientos de miles de colombianos”, dijo, y aseguró que judicializar opiniones políticas “va en contra de la libertad de expresión”.Hernández afirmó que el Gobierno busca “perseguir a los opositores” y comparó esa actitud con prácticas del gobierno de Nicolás Maduro. En ese punto, reiteró que no se retracta de sus palabras ni de sus acciones jurídicas.¿JotaPe no confía en la Comisión de Acusaciones?Durante la entrevista, el congresista expresó desconfianza en la Comisión de Acusaciones y en la Fiscalía para investigar al presidente. Por eso, defendió su llamado a instancias internacionales. “Si es hallado culpable, que sea capturado y llevado a juicio”, insistió.Las declaraciones generaron un amplio debate en la mesa de Blu Radio sobre los límites del lenguaje político, el impacto de los discursos confrontacionales y su efecto en la democracia. Mientras tanto, las palabras de Hernández ya sacuden el ambiente político de este 2026.
El ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, confirmó que fue radicada una denuncia ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia contra la representante Lina María Garrido y los senadores, Jota Pe Hernández y María Fernanda Cabal, por el presunto delito de menoscabo de la integridad nacional. Según explicó el funcionario, la acción judicial se sustenta en manifestaciones públicas que, a juicio del Gobierno, incentivarían acciones hostiles contra la soberanía y la autodeterminación del país.A través de su cuenta en la red social X, el ministro señaló que la denuncia se fundamenta en expresiones que invitan o promueven una intervención militar extranjera en Colombia. En su mensaje, sostuvo que este tipo de pronunciamientos no se enmarcan en la libertad de opinión, sino que constituyen “un acto de hostilidad” que rompe la inviolabilidad parlamentaria al no guardar relación con la función legislativa. Agregó que la autodeterminación nacional no es negociable y que la investidura congresional no puede ser utilizada para legitimar injerencias externas, reiterando que el Estado de derecho “se defiende, no se entrega”.A esta iniciativa se suma la del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien confirmó la decisión de presentar denuncias penales contra los congresistas Jota Pe Hernández, Lina María Garrido y Miguel Polo Polo. De acuerdo con Sanguino, la actuación judicial obedece a una serie de publicaciones y videos difundidos en redes sociales en los que, según su criterio, se instiga a una potencia extranjera, específicamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a intervenir en asuntos internos de Colombia.En el escrito presentado por el Ministerio de Justicia se citan mensajes específicos difundidos por los congresistas. Entre ellos, una publicación de la representante Lina María Garrido en la que expresó: “Bienvenido a #Colombia, Presidente @POTUS. Con gran anhelo el pueblo colombiano lo espera. No tarde tanto, por favor”, y otra en la que propuso la instalación de una base militar estadounidense permanente al señalar que “la base antinarcóticos más grande del mundo deben ponerla los Estados Unidos en Colombia”.En el caso del senador Jhonatan Ferney Pulido Hernández, la denuncia recoge mensajes dirigidos al presidente Gustavo Petro, en los que utiliza expresiones que, según el Gobierno, exceden la crítica política. Por su parte, frente a las manifestaciones de la senadora María Fernanda Cabal, se menciona un pronunciamiento en el que afirmó que celebraría un respaldo tecnológico y militar de Estados Unidos en regiones como el Catatumbo, Cauca, Putumayo, Guaviare, Nariño y Chocó, bajo el argumento de liberar a la población civil del terror y ganar la guerra con apoyo aliado y superioridad aérea.En ese sentido, la denuncia advierte que estas conductas se alejan del debate democrático y se ubican en un escenario de riesgo para la soberanía nacional.El ministro también argumentó que, si bien las manifestaciones se produjeron en redes sociales, espacios donde se expresan opiniones diversas, la libertad de expresión tiene límites claramente establecidos por la Corte Constitucional. Recordó que la propaganda a favor de la guerra es considerada un discurso prohibido, al estar orientado a afectar gravemente los derechos humanos. En esa línea, sostuvo que respaldar operativos militares extranjeros en territorio nacional pone en riesgo la institucionalidad y la autodeterminación del país, por lo que no estaría amparado por la libertad de expresión y podría configurar una conducta reprochable desde el punto de vista penal.
El senador Jonathan Pulido Hernández ‘JotaPe’ solicitó a través de un oficio de manera formal al gobierno de los Estados Unidos abrir una investigación por la presunta financiación ilícita de la campaña presidencial de Gustavo Petro, supuestamente con recursos provenientes del régimen venezolano de Nicolás Maduro.La comunicación, dirigida al secretario de Estado Marco Rubio y a la oficina de control interno del Departamento de Estado, plantea que existirían “indicios serios” de que recursos de origen venezolano, eventualmente ligados al narcotráfico y a grupos armados ilegales, habrían ingresado de forma irregular a la campaña que llevó a Petro a la Presidencia.En el documento, el senador expone como contexto la histórica relación entre el régimen chavista y estructuras armadas colombianas, señalando que reportes oficiales de Estados Unidos han advertido que Venezuela ha servido como refugio seguro para criminales como el ELN y las disidencias de las Farc. Según el documento, este entorno facilitaría economías ilícitas transnacionales capaces de incidir en procesos democráticos de países vecinos.Uno de los ejes centrales de la solicitud gira en torno a los audios revelados en 2023 del entonces embajador Armando Benedetti, en los que afirmaba haber conseguido cerca de 15.000 millones de pesos para la campaña presidencial. De acuerdo con el senador Pulido, esa suma no aparece reportada en los registros oficiales ante las autoridades electorales colombianas, lo que abriría la puerta a una posible financiación ilegal.El oficio también menciona decisiones recientes del gobierno estadounidense que, según el senador, refuerzan la gravedad del caso. En octubre de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a Benedetti, incluyéndolo en la llamada “Lista Clinton”, y extendió las sanciones al presidente Gustavo Petro, a su esposa Verónica Alcocer y a su hijo Nicolás Petro, bajo la figura de “entorno de apoyo”, citando como sustento los audios filtrados sobre financiación de campaña.A esto se suma una declaración pública de Diosdado Cabello, quien aseguró que Petro habría viajado a Venezuela para solicitar apoyo financiero durante su aspiración presidencial. Aunque el senador aclara que estas afirmaciones deben ser verificadas, considera que su existencia en el debate público amerita una investigación exhaustiva por parte de las autoridades competentes.El senador solicitó a Estados Unidos, además, colaborar para determinar si los recursos mencionados por Benedetti provinieron del régimen de Maduro o de actividades ilícitas, y si su eventual ingreso violó sanciones internacionales, normas contra el lavado de activos o leyes de financiación del terrorismo. Asimismo, pide apoyo para establecer si esos fondos tuvieron vínculos directos o indirectos con organizaciones catalogadas como narcoterroristas.JotaPe destaca también que la solicitud se hace en el marco de los acuerdos de cooperación judicial entre ambos países y con el objetivo de proteger la transparencia democrática en Colombia. A su juicio, el caso no solo tendría implicaciones nacionales, sino que podría configurar un delito transnacional que involucre sistemas financieros bajo jurisdicción estadounidense.
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, anunció que presentará una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia contra varios congresistas, a quienes acusa de promover conductas que, según dijo, ponen en riesgo la soberanía y la integridad territorial de Colombia.Entre los señalados por el funcionario están el senador Jhonatan Ferney Pulido Hernández, conocido como ‘Jota Pe’ Hernández, y la representante a la Cámara Lina María Garrido, además de otros congresistas que, de acuerdo con Sanguino, han hecho llamados que podrían interpretarse como incentivos a acciones hostiles contra el país.El ministro aseguró que este tipo de pronunciamientos no pueden considerarse simples opiniones políticas. En su concepto, “llamar a invasiones, promover hostilidades o incentivar acciones contra Colombia” podría constituir delitos contemplados en el Código Penal, específicamente el menoscabo de la integridad nacional y la participación en hostilidades contra la patria.Sanguino advirtió que la situación es aún más delicada cuando los mensajes provienen de dirigentes políticos que, por mandato constitucional, están obligados a defender el orden jurídico y la soberanía nacional. Afirmó que la libertad de expresión no puede usarse para justificar conductas que, en su criterio, podrían configurarse como “traición a la patria”.El artículo 455 del Código Penal sanciona severamente los actos que busquen afectar la integridad territorial del país, someterlo a dominio extranjero, debilitar su soberanía o fracturar la unidad nacional, con penas que pueden oscilar entre 320 y 540 meses de prisión.Sanguino considera que la defensa del territorio y de la soberanía es un deber de todos los ciudadanos y subrayó que será la Corte Suprema de Justicia la encargada de evaluar si las conductas denunciadas encajan en delitos.
Momentos de tensión y gresca se registraron este martes, 4 de noviembre, entre el senador Jota Pe Hernández (Alianza Verde) y el también congresista y candidato presidencial Iván Cepeda (Pacto Histórico), durante la Plenaria del Senado de la República.El senador Hernández increpó a Cepeda y le pidió explicaciones por varias fotos de Cepeda con disidentes de las Farc como Iván Márquez y Jesús Santrich, guerrilleros del ELN como Pablo Beltrán, así como con el fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez.“Antes de que lo niegue y antes de que amenace con denunciar, yo quiero que mire las siguientes fotos y responda, ¿es o no es usted, Iván Cepeda, este que está aquí abrazando al guerrillero de la paz, Jesús Santrich, ese que usted recogió a la salida de una cárcel y que ya toda Colombia vio cómo Santrich se escapó, tomó las armas y luego con un fusil terciado en un vídeo le agradeció a Iván Cepeda? ¿Es o no es usted, Iván Cepeda, este que está abrazando al guerrillero de las Farc, Iván Márquez? ¿Es o no es usted, Iván Cepeda, este que está empuñando la mano y celebrando con alias 'Romaña' de las Farc? ¿Es o no es usted, Iván Cepeda, el que está en este atril de las Farc y que tiene de fondo al 'mono Jojoy', a 'Tirofijo', a Raúl Reyes? ¿O es o no es usted, Iván Cepeda, el que publica su admiración por el narco criminal de Venezuela, Nicolás Maduro?”, afirmó Hernández.Cepeda respondió que todas esas fotos se hicieron como parte de sus esfuerzos durante las negociaciones de paz de La Habana y durante gestiones humanitarias.“Las fotos que usted acaba de mostrar en este recinto, todas y cada una son en escenarios de construcción de negociación de paz. Sí, con los bandidos hay que dialogar porque es la única manera de salir adelante en este país, porque hay bandidos en todas partes, no solamente en las mesas de negociación. Usted sabe que aquí en este recinto también los hay y que han sido además defendidos por usted, claro que sí lo hemos escuchado. Entonces, senador, yo le propongo si es necesario, buscamos ayuda profesional incluso, para que usted se serene un poco y podamos tener un debate democrático sereno, tranquilo y sobre todo con votos”, respondió Cepeda.En la pelea entró el senador Honorio Henríquez (Centro Democrático) quien también pidió respuestas a Cepeda. En defensa del candidato del Pacto Histórico salieron congresistas como Martha Peralta o Aída Avella quienes hicieron un llamado al respeto y al debate con argumentos.
El Senado de la República aprobó una proposición para reconocer al Cartel de los Soles como una organización criminal y terrorista. La decisión, de carácter simbólico, se distancia de la postura del presidente Gustavo Petro, quien ha insistido en que ese cartel no existe y lo ha calificado como “una excusa ficticia de la extrema derecha”.El senador Jota Pe Hernández, de la Alianza Verde y coautor de la proposición, explicó que el pronunciamiento busca enviar un mensaje político a la comunidad internacional. “Celebramos que el Senado haya tomado esta posición muy diferente y distante de la del gobierno nacional. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha dicho que el Cartel de los Soles ha colaborado con las FARC (…) si el presidente Petro reconoce que estas guerrillas se están convirtiendo en carteles mafiosos, ¿por qué no rechazar también al Cartel de los Soles?”, cuestionó.El legislador recordó que la desertificación de Colombia por parte de Estados Unidos no obedeció a una decisión política, sino a hechos comprobados relacionados con el crecimiento de los cultivos ilícitos.¿Qué se sabe del Cartel de los Soles?De acuerdo con Hernández, la existencia de esta estructura criminal ha sido confirmada por la justicia estadounidense con testimonios como el de Hugo “El Pollo” Carvajal, exjefe de inteligencia venezolano. “No solamente existe, sino que es uno de los que principalmente lleva la droga a diferentes países, entre esos Estados Unidos, y también colabora con las Farc”, afirmó.El congresista aseguró que el cartel operaría desde Venezuela, especialmente en la frontera con Colombia, donde ha tejido nexos con las disidencias de Iván Márquez.La proposición del Senado se suma a decisiones similares en países como Ecuador, Argentina, Paraguay y Perú, que ya han catalogado al Cartel de los Soles como una amenaza. “No lo veo como algo menor (…) el gobierno de Estados Unidos verá que hay un Congreso en Colombia que está articulado y dispuesto a colaborar en la lucha contra el narcotráfico”, señaló Hernández.Escuche la entrevista completa aquí:
Boca Juniors anunció este viernes el fichaje de los colombianos Sebastián Villa y Álvaro Montero, quienes ya firmaron sus respectivos contratos y se incorporarán este sábado al primer equipo."El Club Atlético Boca Juniors informa que Álvaro Montero, arquero proveniente de Vélez Sarsfield, y Sebastián Villa, delantero proveniente de Independiente Rivadavia de Mendoza, firmaron contrato con la Institución y se incorporarán al plantel profesional el día sábado", informó el Xeneize en sus redes sociales.Ambos jugadores quedarán así bajo las órdenes del nuevo entrenador del primer equipo, Rodolfo Arruabarrena, quien ya ocupó el cargo entre 2014 y 2016 y que reemplazó el mes pasado a Claudio Úbeda tras la temprana eliminación de Boca en la Copa Libertadores.Sebastián Villa comenzará a sus 30 años su segunda etapa en el club, donde jugó entre 2018 y 2023 hasta que su contrato fue rescindido tras ser condenado a dos años de prisión no efectiva por amenazas y lesiones graves "en contexto de violencia de género" contra quien era su pareja en abril de 2020.Tras pasar una temporada en el fútbol de Bulgaria, el delantero colombiano regresó al fútbol argentino en junio de 2024, como refuerzo de Independiente Rivadavia, club en el que tuvo un gran desempeño en los últimos dos años y con el que obtuvo la Copa Argentina de 2025.El regreso de Villa a Boca Juniors ha despertado críticas de aficionados del Xeneize contra la dirigencia del club, encabezada por Juan Román Riquelme y que, según la prensa local, desembolsó 6,5 millones de dólares por su ficha.A la llegada de Villa se suma la del portero Álvaro Montero, que viene de integrar la lista de Colombia en el Mundial 2026 aunque no llegó a sumar minutos.Montero llega procedente de Vélez, donde tuvo un gran desempeño y se consagró campeón de la Supercopa Argentina 2025, y según la prensa local su fichaje se concretó a cambio de cuatro millones de dólares.El portero de 31 años llega para ocupar el lugar que dejó el lesionado Agustín Marchesín, y se perfila para ser titular durante la segunda mitad del año, en la que Boca disputará el Torneo Clausura, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.Este jueves, el Xeneize derrotó por 2-0 a Sarmiento de Junín por lo dieciseisavos de final de la Copa Argentina, en el partido que marcó el comienzo del nuevo ciclo de Arruabarrena.El próximo jueves, recibirá en la Bombonera al chileno O'Higgins por la ida de lo dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana, en un duelo que podría marcar el debut de los dos refuerzos anunciados este viernes.
Este sábado, 18 de julio, Millonarios tendrá su noche embajadora para celebrar sus 80 años de historia y lo hará frente a su público en el estadio Nemesio Camacho El Campín en un duelo amistoso frente a Colo Colo, que también servirá como preparación antes del inicio de la Liga BetPlay 2026-II.Como parte de esa celebración, el club anunció una camiseta de edición especial por sus 80 años en edición clásica de Adidas, que es el sponsor del cuadro embajador en materia de indumentaria. Esta nueva prenda llega para ser la marca de este choque internacional que se llevará a cabo en el coloso de la 53."Antes de convertirse en el equipo azul que conquistó generaciones de hinchas, Millonarios comenzó escribiendo su historia vistiendo de blanco. Ocho décadas después, adidas regresa a ese punto de partida con una pieza que honra el pasado, celebra el presente y recuerda que toda gran historia comienza con un primer paso. Más que reinterpretar la historia del club, esta edición especial busca vestirla: cada detalle fue concebido para rendir homenaje a una institución cuya identidad nació en Bogotá y terminó convirtiéndose en patrimonio del fútbol colombiano", indicaron desde Adidas sobre la camiseta.La bandera de Bogotá, ubicada en la manga, rinde homenaje a la ciudad donde nació Millonarios. Además, la camiseta incorpora la histórica bandera azul y blanca del club, un símbolo de su identidad y legado." Es un homenaje a nuestros orígenes, a Colombia, a Bogotá, a nuestra identidad y a ocho décadas de historia. Cumplir 80 años representa mirar con orgullo el camino que hemos recorrido y reconocer a todas las personas que han hecho parte de esta historia: jugadores, entrenadores, directivos y, especialmente, nuestra hinchada. Esta camiseta nos recuerda de dónde venimos y los valores sobre los que se construyó Millonarios. Es un homenaje a nuestros orígenes, a Bogotá, a nuestra identidad y a ocho décadas de historia que seguimos escribiendo con el mismo compromiso y la misma pasión de siempre", dijo Enrique Camacho, presidente del equipo.La camiseta conmemorativa de los 80 años del club estará disponible a partir del 10 de agosto en tiendas oficiales de Millonarios FC y, hasta ahora, no han confirmado el precio, pero estará disponible en tiendas oficiales del club y de la marca.
Tras la alerta de la Contraloría General, la Cámara Colombiana de la Infraestructura en Antioquia pidió al nuevo Gobierno garantizar la instalación de los equipos electromecánicos en el Túnel del Toyo. Desde la entidad destacaron el compromiso de las administraciones regionales para sacar adelante la megaobra.Después de la alerta emitida por la Contraloría General por demoras de al menos un año en la instalación de equipos electromecánicos en el Túnel del Toyo, varios han sido los sectores que se han pronunciado sobre la situación de una de las obras más importantes para el desarrollo de la región.Una de las entidades más recientes en hacerlo fue la Cámara Colombiana de la Infraestructura en Antioquia, desde donde mostraron su preocupación por la situación, que sigue representando dificultades para la entrada en funcionamiento de la obra, cuyo tramo 1 ya concluyó, mientras que el tramo 2 registra un 80 % de avance.Juan David Pérez, director ejecutivo de la entidad, destacó el compromiso de los Gobiernos de Antioquia y Medellín frente a la destinación de recursos. Sin embargo, solicitó al entrante Gobierno nacional celeridad con la instalación de los equipos necesarios para poner a punto este tramo: "Seguimos con el problema de la instalación de los equipos electromecánicos, cuyo proceso aún no se inicia. Muy expectantes de la llegada del nuevo gobierno nacional, que sabemos va a tomar las decisiones pertinentes para que el túnel entre en operación, y estos 5.3 billones invertidos le empiecen a servir al país", indicó.A pesar de la alerta de los entes de control, hace varias semanas el Invías se comprometió con la instalación de los equipos solicitados, siempre y cuando la Gobernación de Antioquia garantice la ejecución de las obras civiles necesarias para evitar problemas, como filtraciones de agua en las galerías, que puedan dañar los elementos que se van a instalar.
Si Colombia hiciera un minuto de silencio por cada una de las víctimas de la violencia, el país tendría que quedarse callado durante más de 19 años. Esta impactante cifra abrió las discusiones de un gran Congreso Internacional organizado para revisar qué ha pasado a 10 años de la firma del Acuerdo de Paz.Con un registro oficial que ya escala a las 10.370.000 víctimas, el evento dejó claro que, aunque la pobreza multidimensional en los municipios PDET bajó del 39.8% en 2018 al 24.4% en 2024, una reducción de 7.8 puntos frente al promedio nacional, gracias a 21.861 iniciativas locales impulsadas por más de 200.000 ciudadanos, las deudas con la gente del campo todavía son enormes.Por el lado de los avances del agro y los derechos, se destacó la aprobación del Acto Legislativo 01 de 2023, que reconoce al campesinado como sujeto especial de protección, y el Acto Legislativo 01 de 2025, que declaró la alimentación como un derecho humano. En conectividad, se logró el 100% de las cabeceras PDET con redes de alta velocidad, el acceso a internet en hogares rurales subió del 41% al 56% en un año y se instalaron centros digitales en 14.000 escuelas rurales.Además, en justicia transicional la JEP dictó sus primeras sanciones y el primer fallo por secuestro contra el antiguo secretariado de las FARC, se reconoció a más de 4.000 desaparecidos. También se resaltaron el Estatuto de la Oposición, las 16 circunscripciones de paz y que más del 85% de los 12.000 firmantes desmovilizados siguen firmes en el proceso.La otra cara de la moneda la puso la Contraloría al alertar sobre los graves retrasos en la Reforma Rural Integral. De los 7 millones de hectáreas que se deben formalizar, se han logrado 3.25 millones, el 46%. Sin embargo, lo más preocupante es el Fondo de Tierras: de las 3 millones de hectáreas prometidas para entregar, solo se han adjudicado 107.099 hectáreas, a este paso, el Estado tardaría 47 años en cumplir.Además, de 282.900 hectáreas entregadas entre 2023 y 2025 pese a tener recursos por más de $8.2 billones, el 56.5% no se ha registrado en las oficinas de instrumentos públicos, dejando a los campesinos en la inseguridad jurídica. Tampoco hay apoyo para producir: solo el 2% de los beneficiarios recibe asistencia técnica, menos del 1% cuenta con proyectos productivos PIDAR y apenas el 6.11% accede a créditos y seguros agropecuarios.El Congreso también criticó con dureza en qué se gasta la plata a través del OCAD Paz, una bolsa de $14.05 billones de pesos repartida en 1.464 proyectos. La Contraloría denunció que el 91% del dinero se concentró en solo cuatro sectores tradicionales: transporte devoró $6.45 billones, 593 proyectos, más del 40%; vivienda, ciudad y territorio se llevó $2.2 billones, 268 proyectos; agricultura y desarrollo rural obtuvo $2.06 billones, 148 proyectos; y minas y energía recibió $2.05 billones, 302 proyectos.Esta inversión se concentró en regiones específicas: Antioquia lidera con 117 proyectos ($1.29 billones), seguido por Caquetá con 103 proyectos ($1.03 billones), Cesar (98 proyectos), Putumayo (98 proyectos), Córdoba (98 proyectos), Cauca (más de $1 billón) y Bolívar (cerca de $973.000 millones). El ente de control advirtió que se está usando el nombre de la "Paz" para financiar obras públicas comunes, quitándole el presupuesto a la salud rural, las escuelas y la reactivación productiva.Como gran conclusión del encuentro, la Contraloría y los expertos dejaron claro que el verdadero desafío de la próxima década para consolidar la paz no consiste únicamente en seguir asignando millonarios presupuestos. El éxito real del proceso depende de la capacidad del Estado para coordinar de manera eficiente sus instituciones y erradicar la corrupción que desvía los fondos.
La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) avanza en la renovación de Néstor Lorenzo, o por lo menos es la idea inicial pese a los rumores que se han escuchado de ofertas en el exterior por el argentino. Pero Luis Amaranto Perea sería una de las bajas ante su paso al Deportivo Independiente Medellín (DIM) como técnico en propiedad.De acuerdo con Fabio Poveda, de Blog Deportivo de Blu Radio, a Federación estudia la posibilidad de incorporar un asistente técnico colombiano, una decisión que respondería a la intención de fortalecer la representación nacional dentro del equipo de trabajo que acompaña a Lorenzo. El análisis hace parte de las conversaciones relacionadas con la renovación del entrenador argentino y contempla la posibilidad de reemplazar a uno de sus colaboradores."Quiere la Federación que sea también colombiano, que no sea un argentino que pueda traer Lorenzo, sino que sea también un colombiano con ascendencia en Lorenzo", dijo.Los cambios no se limitarían únicamente al cargo de asistente técnico. También existe la posibilidad de que el preparador físico Leandro Jorge deje la Selección Colombia, situación que obligaría a la Federación y al propio Lorenzo a buscar un reemplazo para esa área.La eventual salida abriría un segundo frente de trabajo en la conformación del cuerpo técnico de cara a los próximos compromisos de la Selección Colombia, especialmente en el proceso rumbo al Mundial."Están buscando uno o dos reemplazos, porque también hay un preparador físico que se va. Creo que se va el profesor Leandro Jorge. Se podría ir también, entonces tendría que buscar un preparador físico", añadió.Cabe recordar que una fuente le aseguró a Gol Caracol que el futuro de Lorenzo no se encuentra 100 % asegurado, pues, según comentaron, conocieron que el cuerpo técnico del argentino tendría ofertas de Medio Oriente y Europa, pero que por ahora no han llegado a algo formal."Según nos hemos enterado y después del Mundial 2026, al profesor Lorenzo y a su entorno lo han sondeado desde otras federaciones en el exterior. Nos dicen que unas son de Europa y también de Medio Oriente", indicaron.