El presidente Gustavo Petro y el senador Jota Pe Hernández no lograron un acuerdo de conciliación durante la diligencia adelantada este viernes ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.Tras más de dos horas de audiencia, el congresista aseguró que se ratificó en sus declaraciones y afirmó que no considera haber cometido ningún delito.“No existió ningún tipo de conciliación porque le manifestamos a la Corte Suprema que aquí no existe ningún tipo de delito. El senador J.P. Hernández le ha solicitado a Estados Unidos que investigue. Allí se llevan a cabo dos investigaciones en contra del presidente y, pues, por esa razón yo no puedo conciliar. Me he ratificado en que sigo solicitando que se investigue; si se halla culpable al presidente, que responda ante la justicia. Me he ratificado, no he conciliado y esperemos que la Corte investigue”, afirmó.El proceso fue impulsado por el abogado del mandatario, Alejandro Carranza, quien denunció ante la Corte a los congresistas Lina Garrido, Miguel Polo Polo y Jota Pe Hernández por los presuntos delitos de injuria y calumnia, instigación a la guerra y menoscabo a la soberanía nacional.La denuncia se originó por publicaciones y comentarios realizados en redes sociales, en los que los congresistas habrían sugerido una intervención de Estados Unidos en Colombia tras la captura de Nicolás Maduro, además de mensajes en los que vinculaban al presidente Petro con supuestas actividades ilegales.Según ambas partes, la diligencia tuvo un ambiente cordial. Sin embargo, no hubo acuerdo entre el mandatario y el senador. A la audiencia tampoco asistieron los congresistas Miguel Polo Polo ni Lina Garrido.
En medio de la contienda electoral se siguen conociendo denuncias de presuntos planes para atentar contra congresistas, el último es el que le comunicó la Fiscalía General de la Nación al senador de la Alianza Verde Jhonatan Pulido Hernández o Jota Pe, quien envió una comunicación al Congreso de la República poniendo de presente está grave situación sobre un plan para atentar no solo contra él sino contra su familia.Según el ente investigador, serían las disidencias de las Farc al mando de alias 'Calarcá', quienes estarían detrás de este supuesto plan para atentar contra el parlamentario. Allí citan a un testigo que habla sobre que se destinó un millón de dólares y fueron alias 'Jhon Mechas', alias 'Richard' y alias 'Andrey', quienes contactaron a la banda 'Los Turcos' y 'Los Kamikazes' para llevar a cabo el plan criminal.Sobre esto, la Fiscalía le comunicó al congresista que le estarían realizando seguimientos a él y a su familia y que, frente a esa situación, Jota Pe Hernández decidió denunciar ante el ente investigador.“Me veo en la obligación de poner en conocimiento con carácter de urgencia, que soy víctima de un plan criminal de alto riesgo, cuyo propósito explícito es atentar contra mi vida y la de mi familia”, señaló el senador en su carta enviada al Congreso.Esta carta va con copia a distintos organismos de control como la Procuraduría, a las Altas Cortes y a organismos internacionales. El senador por la Alianza Verde también expone su condición de opositor al Gobierno actual y dice que los hechos requieren una “reacción institucional inmediata”.
El panorama político colombiano se sacude con la confirmación de la salida del senador Jota Pe Hernández del partido Alianza Verde. A través de una figura legal conocida como escisión, el congresista busca formalizar su independencia de la colectividad que lo acogió inicialmente, con el fin de consolidar un movimiento propio que responda a sus posturas ideológicas, las cuales hoy se encuentran en las antípodas de la dirección nacional de los Verdes.Un nuevo rumbo político y electoralJota Pe Hernández, quien ostenta la tercera votación más alta del país con aproximadamente 165.000 electores, justificó su decisión basándose en la necesidad de representar una tendencia que, según él, ya no encaja con los principios actuales del Partido Verde. “En estos momentos lo único que yo estoy llevando a cabo políticamente es el trámite del inicio de mi decisión del partido Alianza Verde, pero nada esto corresponde a una adhesión a una campaña presidencial”, aclaró el senador para desmentir rumores sobre apoyos inmediatos a otros candidatos.El senador enfatizó que esta ruptura responde a un reconocimiento de su peso electoral. “Se reconoce que Jota Pe Hernández sí representa un número importante de electores... Por supuesto que va a haber un nuevo partido, por supuesto que va a haber una nueva colectividad”, afirmó, señalando que su intención es otorgar avales para liderazgos regionales en futuros comicios. La "excisión": un proceso de tiempos legalesEl trámite no es sencillo y depende de la aprobación del Consejo Nacional Electoral (CNE). Hernández explicó que ya está trabajando en la construcción de los estatutos y la proyección jurídica para radicar ante las autoridades electorales. No obstante, los tiempos son inciertos: “Puede que lleguen a dar los tiempos para una segunda vuelta, pero no lo sabemos porque el CNE muchas veces ha tomado estas decisiones rápidamente, otras veces se ha tomado un poco más de tiempo”. Un punto clave en este proceso es que Hernández ha decidido realizar este movimiento solo, sin arrastrar a otros miembros de la bancada para evitar conflictos de intereses o éticos. “Yo hice un compromiso que no me llevaba ni una sola credencial del partido Alianza Verde y es respeto por el trabajo del partido”, aseguró, refiriéndose a concejales o diputados que pudieran querer seguir sus pasos. A pesar de su salida, el senador fue enfático en sus "líneas rojas" presidenciales, especialmente respecto al sector de izquierda liderado por Iván Cepeda. “Lo que mis electores tienen completamente claro es que yo no voy a estar donde esté Iván Cepeda. Por supuesto que no voy a estar con esa campaña”. Escuche aquí la entrevista:
Tras las elecciones legislativas y con el nuevo Congreso ya definido, comienzan también los movimientos políticos hacia la carrera presidencial. En ese escenario, el senador Jonathan Ferney Hernández, más conocido como Jota Pe, de la Alianza Verde, lanzó una advertencia sobre lo que está ocurriendo en los sectores de derecha del país.En entrevista en Mañanas Blu con Camila Zuluaga, el congresista —quien volvió a ser el senador más votado de su partido— aseguró que el principal problema de ese sector político no es ideológico, sino de liderazgo y egos. Según dijo, si no logran unirse, podrían quedar en desventaja frente a la izquierda en las elecciones presidenciales.“En la derecha está pasando algo peligroso… y es la desunión que tienen en este sector”, afirmó el senador durante la conversación, en la que analizó el panorama político que deja la elección del nuevo Congreso.Jota Pe Hernández advierte riesgos por la división en la derechaDurante la entrevista, Hernández insistió en que el mayor desafío para los sectores que buscan enfrentar al petrismo es lograr acuerdos políticos.El senador señaló que, mientras la izquierda suele unificarse alrededor de un solo candidato o coalición, en la derecha varios aspirantes compiten sin lograr consensos. Para él, ese escenario puede afectar seriamente sus posibilidades electorales.“Es importante que el ego personal esté por debajo de los beneficios nacionales, del interés nacional”, afirmó.El congresista puso como ejemplo los resultados electorales recientes y la capacidad de algunos sectores de presentarse con una sola bandera política. Según dijo, la unidad puede marcar la diferencia en una contienda presidencial. “Cuando hay unidad, se nota en las urnas”, explicó.La reconfiguración de la Alianza Verde en el SenadoHernández también habló sobre los cambios que tendrá la Alianza Verde en el próximo Congreso. A su juicio, la nueva conformación del Senado dentro del partido marca un giro frente a la legislatura anterior.El senador señaló que varios congresistas cercanos a sectores de izquierda ya no estarán en el nuevo periodo, lo que, según él, cambia el equilibrio interno de la colectividad.“Siento que es una lista del Senado ya no tan de izquierda radical, sino que podría jugar desde un centro con un próximo gobierno”, explicó.El legislador aseguró que mantendrá sus banderas políticas en el nuevo periodo, entre ellas la lucha contra la corrupción, el control político al Gobierno y la defensa de temas de seguridad.Su posición frente a la carrera presidencialSobre las elecciones presidenciales, Hernández dejó claro que aún no ha definido públicamente a quién respaldará en primera vuelta. Sin embargo, sí anticipó que apoyará a quien enfrente al candidato del petrismo.En la entrevista mencionó a varios dirigentes que lo han contactado en las últimas semanas, entre ellos Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, aunque insistió en que su prioridad sigue siendo impulsar un acuerdo entre los distintos sectores. “Yo a todos les digo lo mismo: unión, unión, unión para rescatar a Colombia”, afirmó.Para el senador, el reto de la derecha en los próximos meses será superar las divisiones internas y construir una candidatura fuerte que pueda competir con opciones del oficialismo en las urnas.
En entrevista con Blu Radio, el senador JotaPe Hernández, de la Alianza Verde, respondió a las denuncias penales promovidas desde el Gobierno contra varios congresistas de oposición y lanzó una de las declaraciones más fuertes de cara al arranque de año político.El contexto es una disputa abierta entre el Ejecutivo y sectores críticos del Congreso, luego de que el ministro de Justicia denunciara penalmente a varios parlamentarios por sus pronunciamientos contra el presidente Gustavo Petro. Hernández, uno de los señalados, defendió sus declaraciones como parte del control político y aseguró que lo que está en juego es la libertad de expresión de la oposición.En ese escenario, el senador fue más allá y centró su discurso en la financiación de la campaña presidencial. “Yo me reafirmo en mi solicitud a Estados Unidos para que investigue si Petro tiene complicidad y si su campaña recibió dineros de un régimen que se ha sostenido del narcotráfico”, afirmó. Luego lanzó la frase que encendió la polémica: “Quisiera que fuera capturado y le cayera todo el peso de la ley”.Piden que EE. UU. investigue a Gustavo PetroHernández explicó que, junto con su abogado, envió un documento al Gobierno de Estados Unidos para que revise posibles vínculos entre la campaña de Petro y el régimen de Nicolás Maduro. Según dijo, existen dudas sobre el origen de recursos mencionados en audios conocidos públicamente y sobre supuestos acercamientos con altos funcionarios venezolanos.“Guarden la fecha y guarden la hora porque el tiempo nos va a dar la respuesta”, sostuvo el senador, insistiendo en que no se trata de una persecución política sino de una exigencia de investigación. A su juicio, si se comprueba que hubo dineros del narcotráfico con impacto en territorio estadounidense, el caso debería ser asumido por la justicia de ese país.Denuncias contra congresistas y libertad de expresiónEl senador también cuestionó que el Gobierno haya acudido a denuncias penales contra miembros del Legislativo. “Aquí estamos hablando de senadores que representan cientos de miles de colombianos”, dijo, y aseguró que judicializar opiniones políticas “va en contra de la libertad de expresión”.Hernández afirmó que el Gobierno busca “perseguir a los opositores” y comparó esa actitud con prácticas del gobierno de Nicolás Maduro. En ese punto, reiteró que no se retracta de sus palabras ni de sus acciones jurídicas.¿JotaPe no confía en la Comisión de Acusaciones?Durante la entrevista, el congresista expresó desconfianza en la Comisión de Acusaciones y en la Fiscalía para investigar al presidente. Por eso, defendió su llamado a instancias internacionales. “Si es hallado culpable, que sea capturado y llevado a juicio”, insistió.Las declaraciones generaron un amplio debate en la mesa de Blu Radio sobre los límites del lenguaje político, el impacto de los discursos confrontacionales y su efecto en la democracia. Mientras tanto, las palabras de Hernández ya sacuden el ambiente político de este 2026.
El ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, confirmó que fue radicada una denuncia ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia contra la representante Lina María Garrido y los senadores, Jota Pe Hernández y María Fernanda Cabal, por el presunto delito de menoscabo de la integridad nacional. Según explicó el funcionario, la acción judicial se sustenta en manifestaciones públicas que, a juicio del Gobierno, incentivarían acciones hostiles contra la soberanía y la autodeterminación del país.A través de su cuenta en la red social X, el ministro señaló que la denuncia se fundamenta en expresiones que invitan o promueven una intervención militar extranjera en Colombia. En su mensaje, sostuvo que este tipo de pronunciamientos no se enmarcan en la libertad de opinión, sino que constituyen “un acto de hostilidad” que rompe la inviolabilidad parlamentaria al no guardar relación con la función legislativa. Agregó que la autodeterminación nacional no es negociable y que la investidura congresional no puede ser utilizada para legitimar injerencias externas, reiterando que el Estado de derecho “se defiende, no se entrega”.A esta iniciativa se suma la del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien confirmó la decisión de presentar denuncias penales contra los congresistas Jota Pe Hernández, Lina María Garrido y Miguel Polo Polo. De acuerdo con Sanguino, la actuación judicial obedece a una serie de publicaciones y videos difundidos en redes sociales en los que, según su criterio, se instiga a una potencia extranjera, específicamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a intervenir en asuntos internos de Colombia.En el escrito presentado por el Ministerio de Justicia se citan mensajes específicos difundidos por los congresistas. Entre ellos, una publicación de la representante Lina María Garrido en la que expresó: “Bienvenido a #Colombia, Presidente @POTUS. Con gran anhelo el pueblo colombiano lo espera. No tarde tanto, por favor”, y otra en la que propuso la instalación de una base militar estadounidense permanente al señalar que “la base antinarcóticos más grande del mundo deben ponerla los Estados Unidos en Colombia”.En el caso del senador Jhonatan Ferney Pulido Hernández, la denuncia recoge mensajes dirigidos al presidente Gustavo Petro, en los que utiliza expresiones que, según el Gobierno, exceden la crítica política. Por su parte, frente a las manifestaciones de la senadora María Fernanda Cabal, se menciona un pronunciamiento en el que afirmó que celebraría un respaldo tecnológico y militar de Estados Unidos en regiones como el Catatumbo, Cauca, Putumayo, Guaviare, Nariño y Chocó, bajo el argumento de liberar a la población civil del terror y ganar la guerra con apoyo aliado y superioridad aérea.En ese sentido, la denuncia advierte que estas conductas se alejan del debate democrático y se ubican en un escenario de riesgo para la soberanía nacional.El ministro también argumentó que, si bien las manifestaciones se produjeron en redes sociales, espacios donde se expresan opiniones diversas, la libertad de expresión tiene límites claramente establecidos por la Corte Constitucional. Recordó que la propaganda a favor de la guerra es considerada un discurso prohibido, al estar orientado a afectar gravemente los derechos humanos. En esa línea, sostuvo que respaldar operativos militares extranjeros en territorio nacional pone en riesgo la institucionalidad y la autodeterminación del país, por lo que no estaría amparado por la libertad de expresión y podría configurar una conducta reprochable desde el punto de vista penal.
El senador Jonathan Pulido Hernández ‘JotaPe’ solicitó a través de un oficio de manera formal al gobierno de los Estados Unidos abrir una investigación por la presunta financiación ilícita de la campaña presidencial de Gustavo Petro, supuestamente con recursos provenientes del régimen venezolano de Nicolás Maduro.La comunicación, dirigida al secretario de Estado Marco Rubio y a la oficina de control interno del Departamento de Estado, plantea que existirían “indicios serios” de que recursos de origen venezolano, eventualmente ligados al narcotráfico y a grupos armados ilegales, habrían ingresado de forma irregular a la campaña que llevó a Petro a la Presidencia.En el documento, el senador expone como contexto la histórica relación entre el régimen chavista y estructuras armadas colombianas, señalando que reportes oficiales de Estados Unidos han advertido que Venezuela ha servido como refugio seguro para criminales como el ELN y las disidencias de las Farc. Según el documento, este entorno facilitaría economías ilícitas transnacionales capaces de incidir en procesos democráticos de países vecinos.Uno de los ejes centrales de la solicitud gira en torno a los audios revelados en 2023 del entonces embajador Armando Benedetti, en los que afirmaba haber conseguido cerca de 15.000 millones de pesos para la campaña presidencial. De acuerdo con el senador Pulido, esa suma no aparece reportada en los registros oficiales ante las autoridades electorales colombianas, lo que abriría la puerta a una posible financiación ilegal.El oficio también menciona decisiones recientes del gobierno estadounidense que, según el senador, refuerzan la gravedad del caso. En octubre de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a Benedetti, incluyéndolo en la llamada “Lista Clinton”, y extendió las sanciones al presidente Gustavo Petro, a su esposa Verónica Alcocer y a su hijo Nicolás Petro, bajo la figura de “entorno de apoyo”, citando como sustento los audios filtrados sobre financiación de campaña.A esto se suma una declaración pública de Diosdado Cabello, quien aseguró que Petro habría viajado a Venezuela para solicitar apoyo financiero durante su aspiración presidencial. Aunque el senador aclara que estas afirmaciones deben ser verificadas, considera que su existencia en el debate público amerita una investigación exhaustiva por parte de las autoridades competentes.El senador solicitó a Estados Unidos, además, colaborar para determinar si los recursos mencionados por Benedetti provinieron del régimen de Maduro o de actividades ilícitas, y si su eventual ingreso violó sanciones internacionales, normas contra el lavado de activos o leyes de financiación del terrorismo. Asimismo, pide apoyo para establecer si esos fondos tuvieron vínculos directos o indirectos con organizaciones catalogadas como narcoterroristas.JotaPe destaca también que la solicitud se hace en el marco de los acuerdos de cooperación judicial entre ambos países y con el objetivo de proteger la transparencia democrática en Colombia. A su juicio, el caso no solo tendría implicaciones nacionales, sino que podría configurar un delito transnacional que involucre sistemas financieros bajo jurisdicción estadounidense.
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, anunció que presentará una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia contra varios congresistas, a quienes acusa de promover conductas que, según dijo, ponen en riesgo la soberanía y la integridad territorial de Colombia.Entre los señalados por el funcionario están el senador Jhonatan Ferney Pulido Hernández, conocido como ‘Jota Pe’ Hernández, y la representante a la Cámara Lina María Garrido, además de otros congresistas que, de acuerdo con Sanguino, han hecho llamados que podrían interpretarse como incentivos a acciones hostiles contra el país.El ministro aseguró que este tipo de pronunciamientos no pueden considerarse simples opiniones políticas. En su concepto, “llamar a invasiones, promover hostilidades o incentivar acciones contra Colombia” podría constituir delitos contemplados en el Código Penal, específicamente el menoscabo de la integridad nacional y la participación en hostilidades contra la patria.Sanguino advirtió que la situación es aún más delicada cuando los mensajes provienen de dirigentes políticos que, por mandato constitucional, están obligados a defender el orden jurídico y la soberanía nacional. Afirmó que la libertad de expresión no puede usarse para justificar conductas que, en su criterio, podrían configurarse como “traición a la patria”.El artículo 455 del Código Penal sanciona severamente los actos que busquen afectar la integridad territorial del país, someterlo a dominio extranjero, debilitar su soberanía o fracturar la unidad nacional, con penas que pueden oscilar entre 320 y 540 meses de prisión.Sanguino considera que la defensa del territorio y de la soberanía es un deber de todos los ciudadanos y subrayó que será la Corte Suprema de Justicia la encargada de evaluar si las conductas denunciadas encajan en delitos.
Momentos de tensión y gresca se registraron este martes, 4 de noviembre, entre el senador Jota Pe Hernández (Alianza Verde) y el también congresista y candidato presidencial Iván Cepeda (Pacto Histórico), durante la Plenaria del Senado de la República.El senador Hernández increpó a Cepeda y le pidió explicaciones por varias fotos de Cepeda con disidentes de las Farc como Iván Márquez y Jesús Santrich, guerrilleros del ELN como Pablo Beltrán, así como con el fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez.“Antes de que lo niegue y antes de que amenace con denunciar, yo quiero que mire las siguientes fotos y responda, ¿es o no es usted, Iván Cepeda, este que está aquí abrazando al guerrillero de la paz, Jesús Santrich, ese que usted recogió a la salida de una cárcel y que ya toda Colombia vio cómo Santrich se escapó, tomó las armas y luego con un fusil terciado en un vídeo le agradeció a Iván Cepeda? ¿Es o no es usted, Iván Cepeda, este que está abrazando al guerrillero de las Farc, Iván Márquez? ¿Es o no es usted, Iván Cepeda, este que está empuñando la mano y celebrando con alias 'Romaña' de las Farc? ¿Es o no es usted, Iván Cepeda, el que está en este atril de las Farc y que tiene de fondo al 'mono Jojoy', a 'Tirofijo', a Raúl Reyes? ¿O es o no es usted, Iván Cepeda, el que publica su admiración por el narco criminal de Venezuela, Nicolás Maduro?”, afirmó Hernández.Cepeda respondió que todas esas fotos se hicieron como parte de sus esfuerzos durante las negociaciones de paz de La Habana y durante gestiones humanitarias.“Las fotos que usted acaba de mostrar en este recinto, todas y cada una son en escenarios de construcción de negociación de paz. Sí, con los bandidos hay que dialogar porque es la única manera de salir adelante en este país, porque hay bandidos en todas partes, no solamente en las mesas de negociación. Usted sabe que aquí en este recinto también los hay y que han sido además defendidos por usted, claro que sí lo hemos escuchado. Entonces, senador, yo le propongo si es necesario, buscamos ayuda profesional incluso, para que usted se serene un poco y podamos tener un debate democrático sereno, tranquilo y sobre todo con votos”, respondió Cepeda.En la pelea entró el senador Honorio Henríquez (Centro Democrático) quien también pidió respuestas a Cepeda. En defensa del candidato del Pacto Histórico salieron congresistas como Martha Peralta o Aída Avella quienes hicieron un llamado al respeto y al debate con argumentos.
El Senado de la República aprobó una proposición para reconocer al Cartel de los Soles como una organización criminal y terrorista. La decisión, de carácter simbólico, se distancia de la postura del presidente Gustavo Petro, quien ha insistido en que ese cartel no existe y lo ha calificado como “una excusa ficticia de la extrema derecha”.El senador Jota Pe Hernández, de la Alianza Verde y coautor de la proposición, explicó que el pronunciamiento busca enviar un mensaje político a la comunidad internacional. “Celebramos que el Senado haya tomado esta posición muy diferente y distante de la del gobierno nacional. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha dicho que el Cartel de los Soles ha colaborado con las FARC (…) si el presidente Petro reconoce que estas guerrillas se están convirtiendo en carteles mafiosos, ¿por qué no rechazar también al Cartel de los Soles?”, cuestionó.El legislador recordó que la desertificación de Colombia por parte de Estados Unidos no obedeció a una decisión política, sino a hechos comprobados relacionados con el crecimiento de los cultivos ilícitos.¿Qué se sabe del Cartel de los Soles?De acuerdo con Hernández, la existencia de esta estructura criminal ha sido confirmada por la justicia estadounidense con testimonios como el de Hugo “El Pollo” Carvajal, exjefe de inteligencia venezolano. “No solamente existe, sino que es uno de los que principalmente lleva la droga a diferentes países, entre esos Estados Unidos, y también colabora con las Farc”, afirmó.El congresista aseguró que el cartel operaría desde Venezuela, especialmente en la frontera con Colombia, donde ha tejido nexos con las disidencias de Iván Márquez.La proposición del Senado se suma a decisiones similares en países como Ecuador, Argentina, Paraguay y Perú, que ya han catalogado al Cartel de los Soles como una amenaza. “No lo veo como algo menor (…) el gobierno de Estados Unidos verá que hay un Congreso en Colombia que está articulado y dispuesto a colaborar en la lucha contra el narcotráfico”, señaló Hernández.Escuche la entrevista completa aquí:
Al menos 3.535 personas han muerto y 16.740 han resultado heridas tras los terremotos en Venezuela, según el último boletín publicado este lunes por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.Las autoridades informaron en el nuevo reporte que los heridos se mantuvieron en 16.740. El balance anterior de decesos del domingo era de 3.342 muertos.Las autoridades evitan hablar de desaparecidos, pero las Naciones Unidas estiman que el número podría llegar a 50.000, aunque algunas proyecciones apuntan más bien a una cifra cercana a los 10.000.Según el nuevo balance, 6.462 personas han sido rescatadas, una cifra que no ha variado desde el pasado jueves, y 17.854 perdieron su vivienda, por lo que se han habilitado 82 campamentos transitorios, tres más respecto al domingo.El también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, indicó en Telegram que se mantienen en 856 los edificios afectados y 190 los colapsados.De acuerdo con los datos oficiales, 86.794 familias han sido atendidas y se han distribuido 9.603 toneladas de alimentos.También se encuentran desplegados 29.567 efectivos del Ejército y fuerzas de seguridad, mientras que hay un total de 27.930 voluntarios registrados.Las autoridades, que dispusieron un número de teléfono y una plataforma digital para reportar desaparecidos, no actualizan la cifra de personas en paradero desconocido desde el pasado 25 de junio, cuando la ubicaron en 157.La iniciativa ciudadana 'Desparecidos Terremoto Venezuela', una web para que las personas puedan reportar a sus familiares en paradero desconocido, hasta ahora ha registrado más de 30.000 personas a las que no se han podido contactar.El doble terremoto es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo.En julio de 1967, 59 años antes, se produjo en las proximidades de Caracas un sismo en el que murieron 245 personas, miles sufrieron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos.Los recientes sismos afectaron a Caracas y a otros seis estados del norte del país, de los cuales el más afectado ha sido La Guaira, una zona costera que ya vivió una tragedia por un deslave en 1999 que dejó miles de muertos.Tras doce días, muchos de los cuerpos de rescate internacionales se han retirado de las zonas afectadas y en los edificios derruidos quedan voluntarios venezolanos, bomberos, defensa civil nacional y vecinos que siguen retirando escombros.
El Tribunal Superior de Medellín concedió la pensión de sobreviviente vitalicia a una madre tras la muerte de su hijo, eliminando la exigencia tradicional de probar con "pesos y centavos" o recibos y exactos cuánto le aportaba económicamente. Decisión irá a casación en la Corte Suprema de JusticiaEsta decisión podría marcar un precedente para cientos de familias que buscan el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes en Colombia. En un fallo de segunda instancia, esa corporación revocó la negativa emitida por un juzgado laboral de la ciudad y ordenó reconocer una pensión vitalicia a favor de María Genoveva Bravo Bedoya, madre de Mauricio Tabares, quien falleció el 6 de junio de 2020.El caso está relacionado con uno de los aspectos más debatidos sobre este tipo de procesos: la acreditación de la dependencia económica. Durante años, en numerosos litigios se ha exigido a quienes reclaman este derecho demostrar con precisión cuánto dinero recibían del familiar fallecido, incluso estableciendo porcentajes o montos específicos del aporte económico.En este expediente quedó acreditado que Mauricio Tabares contribuía mensualmente con sumas entre 400.000 y 500.000 pesos para cubrir gastos esenciales de su madre, entre ellos alimentación y arriendo. Tras su fallecimiento, ese ingreso desapareció, afectando de manera directa las condiciones materiales de vida de María Genoveva Bravo Bedoya.Pese a ello, un juzgado laboral de Medellín en primera instancia negó la demanda al considerar que no existía prueba suficiente para determinar exactamente cuál era el monto o porcentaje del aporte realizado por el hijo y, en consecuencia, establecer si este constituía una ayuda significativa para el sostenimiento de su madre.Sin embargo, el Tribunal Superior de Medellín llegó a una conclusión distinta. Al resolver la apelación, la corporación señaló que el juzgado hizo una valoración equivocada de las pruebas y, además, el fondo de pensiones en la pruebas presentadas tergiversó el contenido del informe investigativo.Esteban Manco, abogado defensor de la demandante expuso que es muy poco probable que los aportes de este tipo puedan ser probados, además que en el caso particular se demostró que la ausencia del hijo sí produjo una disminución real en las condiciones materiales de subsistencia de su madre."Eso fue realmente un argumento absurdo por las dinámicas familiares de el aporte de un hijo a su padre o a su madre no queda consignado en un pagaré, en un cheque, en recibo de pago, en un aporte por consignación", señaló Manco.Como consecuencia, el Tribunal ordenó reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes de manera vitalicia a favor de María Genoveva Bravo Bedoya. No obstante, el proceso no ha concluido.El fondo de pensiones demandado interpuso recurso extraordinario, por lo que el expediente será revisado por la Corte Suprema de Justicia, instancia que tendrá la última palabra sobre el caso, aunque todo apunta a que el alto tribunal mantendría la línea jurisprudencial que prioriza la comprobación de la afectación económica real sobre la exigencia de cuantificar con exactitud el dinero que aportaba el familiar fallecido.
Un juez administrativo ordenó suspender de manera provisional los bombardeos contra estructuras de grupos armados ilegales en el departamento de Arauca hasta que las Fuerzas Militares revisen y ajusten los protocolos de planeación y ejecución de este tipo de operaciones, con el propósito de reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes que puedan encontrarse en esas zonas de conflicto.La decisión fue adoptada por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Arauca, dentro de una acción de tutela presentada por el personero municipal de Puerto Rondón, quien solicitó fortalecer las medidas de protección para los menores de edad que han sido reclutados por organizaciones armadas ilegales. Tras conocerse el fallo, la defensora del Pueblo explicó que la decisión busca equilibrar la protección de la población civil con la obligación del Estado de salvaguardar los derechos de los menores vinculados al conflicto. “Nuestro mensaje es que aquí hay una tensión entre la protección de la seguridad de la población en general, a través de unos bombardeos que afectan eventualmente derechos de menores de edad. El hecho de que se conviertan en combatientes no les retira la obligación del Estado de protegerlos en todo tiempo y lugar”, afirmó.La funcionaria agregó que “siempre nuestro llamado ha sido a que el Gobierno nacional, el presidente de la República y el ministro de Defensa deben tomar todas las medidas para evitar al máximo que mueran menores de edad dentro de estos bombardeos, teniendo en cuenta su previa victimización”.La Defensoría también alertó sobre el número de menores fallecidos en operaciones militares durante el actual gobierno, al indicar que se han registrado más de 60 menores abatidos en medio del conflicto armado. Por su parte, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, lamentó la muerte de menores reclutados por organizaciones ilegales y aseguró que las Fuerzas Militares han buscado evitar este tipo de situaciones antes de autorizar bombardeos. “Es lamentable que tengan que morir menores, muchos de los cuales son víctimas de reclutamiento forzado por parte de estos grupos ilegales. El ministro de Defensa ha anunciado en varias oportunidades que han agotado todas las medidas de inteligencia preventivas y de disuasión para que no haya bombardeos con presencia de menores”, señaló.El ministro indicó que será necesario analizar el alcance del fallo judicial. “Habrá que esperar entonces el fallo en concreto, que debe ser revisado por el Ministerio de Defensa, para ver si los bombardeos, donde haya evidencia de presencia de menores, no se hagan”. No obstante, precisó que las operaciones militares continuarían en otros escenarios cuando exista certeza de que no hay menores de edad en los campamentos. “Con otros grupos armados en otras zonas siguen los bombardeos por parte del Ministerio de Defensa cuando se tiene una mediana certeza de que no hay presencia de menores”, concluyó.
La Fundación colombiana She Is dio un paso histórico en su misión de empoderar a las niñas a través de la ciencia y la tecnología. Tras el éxito de su programa insignia ‘Ella es Astronauta’, que transformó la vida de más de 1.300 jóvenes en condición de vulnerabilidad, la organización anuncia el lanzamiento de ‘Ella es Artemis’.Este nuevo programa nace de una alianza estratégica con el Space Academy Camp en el Kennedy Space Center de la NASA, diseñado para aquellas familias que desean invertir en el futuro educativo de sus hijas mientras contribuyen a una causa social.Un programa inspirado en la superación y el liderazgoEl nombre del programa rinde homenaje a la misión Artemis II y, específicamente, a Christina Koch, la astronauta designada para viajar alrededor de la Luna. Su historia sirve como un "espejo" para las niñas colombianas, demostrando que no existen límites.La iniciativa busca que las participantes se reconozcan como futuras líderes capaces de impactar sus comunidades mediante el conocimiento y la innovación. Además, ‘Ella es Artemis’ mantiene un fuerte compromiso social: el 15 % de la inversión de cada participación se destina directamente al fondo de becas de ‘Ella es Astronauta’.Esto permite que niñas de comunidades con menor acceso y recursos limitados también puedan cumplir el sueño de acercarse al mundo de la ciencia espacial.¿Quiénes pueden participar y cuáles son los requisitos?El programa está diseñado específicamente para niñas y jóvenes colombianas con edades entre los 11 y 18 años. Se busca a estudiantes que tengan un interés genuino en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y, que deseen fortalecer habilidades de liderazgo y pensamiento científico.Para formar parte de esta misión en el Kennedy Space Center, las aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos:1. Documentación: contar con pasaporte y visa estadounidense vigentes.2. Disponibilidad: tener disponibilidad total para viajar entre el 5 y el 11 de octubre.3. Perfil: interés en el trabajo en equipo, resolución de problemas y adaptación a entornos multiculturales.Siete días de inmersión total en la ciencia y la tecnologíaLas jóvenes seleccionadas vivirán una experiencia educativa de alto nivel durante siete días en Cabo Cañaveral. La agenda incluye actividades prácticas y académicas, como simuladores de vuelo en gravedad cero y entrenamiento especializado.También participación en el Robotics Challenge, donde desarrollarán competencias en programación, codificación y resolución de problemas. Además de interacción directa con astronautas, científicas e ingenieras de la NASA.
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 6 de julio de 2026:Carolina Corcho, senadora electa del Pacto Histórico, habló sobre el panorama de la oposición frente al Gobierno de Abelardo De La Espriella.Xavier Estrada, exárbitro internacional, se refirió sobre la decisión de la FIFA de retirar la sanción al delantero estadounidense Folarin Balogun.Juan Pablo Caballero, abogado experto en derecho deportivo, abordó sobre la decisión de la FIFA de retirar la sanción al delantero estadounidense Folarin Balogun.Alejandro Carranza, abogado de la ANI, se pronunció sobre la ampliación de la denuncia contra Néstor Humberto Martínez.Escuche el programa completo aquí: