La senadora del Centro Democrático Claudia Margarita Zuleta le pidió al ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, y al ministro de Minas, Edwin Palma, que hagan efectiva su renuncia a la Superintendencia de Subsidio. Según la congresista, de no hacerlo, los dos funcionarios del gobierno Petro podrían intervenir en decisiones relacionadas con la designación de consejeros de las cajas de compensación."El ministro Sanguino asumió como superintendente encargado cuando fue separada del cargo la anterior superintendente. En esa condición quedó en una posición que plantea serios interrogantes sobre su intervención en decisiones relacionadas con la designación de consejeros de las cajas de compensación. Posteriormente, esa función fue delegada al ministro Edwin Palma", dijo Zuleta.En el mismo sentido le pidió a la ministra del Trabajo designada, Natalia López que una vez asuma el cargo el 7 de agosto revise con rigor las decisiones adoptadas en los últimos días de este Gobierno."Frente a la convocatoria programada para el 6 de agosto sobre la Caja de Compensación de La Guajira, informo que la estamos revisando con el mayor rigor jurídico. De encontrar irregularidades o actuaciones contrarias a los principios de imparcialidad y legalidad, ejerceremos todas las acciones a que haya lugar", agregó la congresista.
El abogado Rafael Ángel Quintero Gallo solicitó la nulidad parcial del decreto que encargó al ministro del Trabajo como jefe de la Superintendencia del Subsidio Familiar. También pidió suspender de manera provisional los efectos de la designación mientras se resuelve el proceso.El abogado Rafael Ángel Quintero Gallo presentó una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado contra el artículo 2 del Decreto 0649 del 26 de junio de 2026, mediante el cual se encargó a Antonio Sanguino, actual ministro del Trabajo, como superintendente del Subsidio Familiar, sin separarse de las funciones de su cargo.En la acción judicial, dirigida contra la Nación, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y el Ministerio del Trabajo, el demandante solicita que el alto tribunal declare la nulidad de esa decisión, al considerar que vulnera normas constitucionales y legales relacionadas con la competencia administrativa, la imparcialidad y la separación de funciones dentro del Estado.Según la demanda, el encargo permitió que una misma persona ejerciera de manera simultánea funciones de dirección del sector laboral, propias del Ministerio del Trabajo, y funciones de inspección, vigilancia y control que corresponden a la Superintendencia del Subsidio Familiar sobre las cajas de compensación familiar. A juicio del demandante, esa acumulación de competencias desconoce el diseño institucional previsto por la ley y compromete la independencia del organismo de control.El documento también sostiene que la decisión se adoptó en ejercicio de una competencia delegada por el Presidente de la República mediante el Decreto 658 de 2024. Sin embargo, argumenta que esa delegación no habilitaba al ministro para expedir un acto administrativo del que él mismo resultara beneficiario, por lo que considera que se desconocieron los principios de imparcialidad, moralidad y transparencia que rigen la función administrativa.Como medida cautelar, Quintero Gallo pidió al Consejo de Estado suspender provisionalmente los efectos del artículo que designó a Sanguino mientras avanza el proceso judicial. En su solicitud, afirma que mantener vigente el encargo podría afectar la independencia de las decisiones de inspección y vigilancia sobre las cajas de compensación familiar y generar efectos administrativos que posteriormente serían difíciles de revertir.En la demanda se señala que la suspensión no afectaría la continuidad del servicio, ya que el Gobierno Nacional conserva la facultad de realizar un nuevo encargo o nombramiento temporal, conforme a la Constitución y la ley, mientras el Consejo de Estado adopta una decisión definitiva sobre la legalidad del decreto.
La designación del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, como encargado de la Superintendencia del Subsidio Familiar, sin dejar sus funciones en el Ministerio, generó el rechazo de la Federación del Sistema de Seguridad Social (FESSS), organización que reúne sindicatos de las Cajas de Compensación Familiar.A través de un comunicado, la federación cuestionó el decreto 0649 del 26 de junio de 2026, expedido por el Departamento Administrativo de la Presidencia, al considerar que la decisión desconoce el régimen de incompatibilidades y concentra en un mismo funcionario funciones de dirección, inspección, vigilancia y control que, por ley, deben permanecer separadas.Según la organización, el Ministerio del Trabajo define políticas y realiza designaciones relacionadas con el sistema de subsidio familiar, mientras que la Superintendencia es la entidad encargada de vigilar, revisar y controlar el cumplimiento de esas decisiones. En ese sentido, advirtió que una misma persona no puede ejercer simultáneamente funciones sobre actos que posteriormente debe supervisar o autorizar.La FESSS también argumentó que ambos cargos demandan dedicación de tiempo completo y responsabilidades de alto nivel, por lo que considera materialmente imposible ejercer de manera simultánea las funciones del Ministerio y de la Superintendencia sin afectar la gestión de ambas entidades.En el comunicado, la federación recordó que el Consejo de Estado ha señalado que la figura del encargo no puede utilizarse para permitir la acumulación permanente de funciones correspondientes a dos empleos públicos diferentes.Además, aseguró que existen investigaciones, procesos judiciales y denuncias relacionadas con actuaciones del Ministerio del Trabajo sobre la designación de representantes de los trabajadores en los consejos directivos de las Cajas de Compensación Familiar. Como soporte, anexó una queja disciplinaria presentada ante la Procuraduría General de la Nación por una funcionaria de carrera de la Superintendencia del Subsidio Familiar, en la que se denuncian presuntas irregularidades en esos procesos y posibles conductas disciplinarias y penales de algunos funcionarios.Frente a este panorama, la FESSS solicitó la derogatoria o modificación inmediata del Decreto 0649 de 2026, el nombramiento de un superintendente en propiedad o en encargo que ejerza el cargo con autonomía e independencia, y la intervención de la Procuraduría General de la Nación y del Departamento Administrativo de la Función Pública para verificar la legalidad del acto administrativo.Al debate también se sumó la exsenadora María Fernanda Cabal, quien, a través de su cuenta en la red social X, cuestionó la decisión del Gobierno al señalar que el ministro de Trabajo queda encargado de la Superintendencia del Subsidio Familiar sin separarse de su cargo, lo que, según afirmó, convierte al mismo funcionario en responsable de gestionar políticas desde el Ministerio y, al mismo tiempo, de ejercer vigilancia sobre ellas desde la Superintendencia.
Este miércoles se instaló en Barranquilla el 19 Encuentro Nacional de Laboralistas. Como invitado al evento estuvo el ministro de trabajo Antonio Sanguino, quien aprovechó su visita a la capital del Atlántico para indicar que cómo país y sociedad se vienen unos nuevos desafíos que tienen que ser enfrentados por el nuevo Gobierno en cabeza del presidente Electo Abelardo De la Espriella.Frente a esto Sanguino afirmó que están listos para empezar el empalme son todo lo hecho en su ministerio e indicó que esperan que una vez pasada la coyuntura electoral, la Corte Constitucional resuelva las demandas pendientes para dar trámite a la reforma pensional.“Esperemos que los fondos privados trasladen los recursos y los ahorros de esas personas que se han trasladado y que no lo han querido hacer. Y esperemos que el nuevo Gobierno obligue a los fondos privados a que trasladen de esos fondos privados los recursos ahorrados por los colombianos que ahora están en el fondo público”, invitó el ministro.Sobre la propuesta del presidente electo de suprimir algunos ministerios del Gobierno indicó que Abelardo De La Espriella necesitaría una reforma del Estado y que esta sea aprobada por el Congreso de la República para poder hacer dichos recortes.“Ellos requerirían una reforma del Estado y esa reforma del Estado tiene que ser aprobada por el Congreso de la República. Así que no es que yo quiera recortar porque quiera hacerlo.Hay unos trámites que están establecidos en nuestra democracia y necesitaría el nuevo presidente de la República facultades que le otorgue el Congreso de la República o una ley que reestructura el Estado colombiano para proceder a una decisión de esa naturaleza y en todo caso hablar de 700 mil trabajadores en la calle es una verdadera masacre laboral”, enfatizó.Frente a las investigaciones a empresarios por presuntas presiones electorales, afirmó que estas siguen su curso y que de confirmarse podrían derivar en sanciones o medidas concretas por parte del Ministerio.“Si ese constreñimiento es comprobado por parte de las instancias del Ministerio del Trabajo, tendrán que derivar, por supuesto, en las sanciones correspondientes, como también hay que reiterar que son conductas tipificadas en el Código Penal, así que deberán también desarrollarse las investigaciones respectivas por parte de la Fiscalía. Nosotros recibimos cerca de 400 quejas y en su mayoría dieron origen a investigaciones que se están adelantando en el Ministerio de Trabajo”, puntualizó.El alto funcionario expresó gran preocupación por varias decisiones políticas que se darían en el nuevo gobierno que podrían poner, según dijo, en riesgo las conquistas laborales alcanzadas en el Gobierno Petro.
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que han recibido denuncias por presunto constreñimiento electoral en distintas regiones del país, en las que directivos de empresas estarían ejerciendo presión sobre sus trabajadores para influir en su voto en la jornada electoral del 21 de junio.El ministro habló de 65 casos, mientras que el presidente Petro dijo que al menos 400 empresas habrían presentado denuncias. En respuesta, el Ministerio del Trabajo expidió más de diez medidas preventivas, entre ellas una circular dirigida a empleadores para garantizar que los trabajadores puedan ejercer su derecho al voto sin restricciones durante la jornada electoral, incluso cuando se encuentren en turno laboral.En paralelo, el presidente Gustavo Petro advirtió que cualquier intento de interferir en el sufragio de los trabajadores constituye un delito. A través de un mensaje en X recordó que el voto es libre, por lo que ningún empleador puede impedir o condicionar la participación electoral de sus empleados.El jefe de Estado también señaló que, en caso de que los trabajadores tengan turno laboral el día de la elección, deben poder acudir a las urnas y regresar a sus labores sin represalias. Añadió que impedir el ejercicio del voto o inducir una determinada opción electoral puede acarrear consecuencias penales.Finalmente, el ministro Sanguino informó que las denuncias ya fueron trasladadas a la Fiscalía General de la Nación, al Consejo Nacional Electoral, a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la Misión de Observación Electoral, con el fin de que se adelanten las investigaciones correspondientes.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, recomendó que los ciudadanos que buscan trasladar sus ahorros pensionales desde fondos privados hacia Colpensiones que presenten acciones de tutela de manera masiva, para reclamar la protección de sus derechos.La propuesta surgió luego de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el decreto del Gobierno nacional que obligaba a los fondos privados de pensiones a trasladar los recursos de trabajadores que deseaban pensionarse en el sistema público.Según explicó el ministro, además de las tutelas que podrían interponer los ciudadanos, el Gobierno también adelantará acciones jurídicas de distinta índole para intentar garantizar el traslado de los recursos desde los fondos privados hacia Colpensiones.“Esos 25.000 trabajadores, incluso los 120.000, pueden acudir a la tutela, a una especie de tutelatón, para que los jueces de la República le ordenen a los fondos privados, como ha ocurrido en el pasado, que una vez la persona se traslade, se traslada con sus recursos, porque los dueños de esos recursos son los trabajadores”, afirmó Sanguino.La controversia se produjo después de que el Consejo de Estado suspendiera el decreto que buscaba trasladar cerca de 25 billones de pesos desde los fondos privados al sistema público de pensiones.El ministro aclaró que, aunque el traslado de los recursos aún no se ha concretado, el Gobierno cuenta con el dinero necesario para garantizar el pago de las pensiones de las personas que ya realizaron el cambio a Colpensiones y cumplen con los requisitos establecidos por la ley.Actualmente existen dos grupos de afiliados involucrados en este proceso. El primero corresponde a quienes ya habían logrado trasladarse desde los fondos privados hacia Colpensiones. El segundo está conformado por las personas que, según lo establecido en la reforma pensional, deberían pasar obligatoriamente al sistema público por tener ingresos de hasta dos salarios mínimos mensuales.La reforma pensional establece que los trabajadores con ingresos de hasta dos salarios mínimos deben cotizar en Colpensiones. Sin embargo, la constitucionalidad de esa norma todavía está siendo estudiada por la Corte Constitucional, alto tribunal que deberá decidir si declara exequible la reforma o la invalida total o parcialmente, de acuerdo al estudio de varias demandas.
En medio de una creciente tensión entre el Gobierno nacional, los fondos privados de pensiones y las altas cortes, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aclaró la postura del Ejecutivo frente al pago de las mesadas pensionales de miles de colombianos.Tras la reciente decisión del Consejo de Estado de suspender el traslado de recursos desde los fondos privados hacia Colpensiones, el jefe de la cartera laboral desestimó las versiones que dan por hecho un cese inmediato en los pagos, aunque advirtió sobre los riesgos financieros que esta medida conlleva.El conflicto por los recursos "secuestrados"El núcleo de la disputa radica en los ahorros de aproximadamente 25.000 pensionados y 12.000 cotizantes que decidieron trasladarse al régimen público bajo el amparo de la Ley 2381. Según el ministro Sanguino, los fondos privados se han negado a transferir estos recursos, los cuales ascienden a cerca de 5 billones de pesos. “El que no ha pagado son los fondos privados,tienen secuestrados los recursos de esos 25.000 ahorradores que decidieron trasladarse a Colpensiones”, aseguró el ministro Sanguino, en diálogo con Mañanas Blu, señalando que estas entidades prefieren mantener el dinero en sus portafolios de inversión en el extranjero en lugar de garantizar la sostenibilidad del sistema público. Sostenibilidad pensional y la postura del GobiernoAnte la preocupación de los ciudadanos sobre si recibirán su próximo pago, el ministro fue enfático en que el Gobierno no ha tomado una determinación de suspender las mesadas, a pesar de lo que sugiere un comunicado conjunto con el Ministerio de Hacienda. Sanguino aseguró que se está haciendo un llamado de atención ante lo que considera una actitud de "avaricia y codicia" por parte de los fondos privados.Al ser consultado sobre la fecha exacta en la que se dejarían de pagar las pensiones, respondió: “No hemos decidido ni a partir de cuándo vamos a hacer todo el esfuerzo por mantener ese compromiso pensional y vamos a luchar hasta el último suspiro para que los fondos privados no se queden con la plata de la gente”.El ministro defendió que la solidez de Colpensiones ha permitido cumplir religiosamente con los compromisos hasta la fecha, pero insistió en que los ahorros deben estar en el fondo que atiende el derecho pensional. Choque con el Consejo de Estado y limbo jurídicoEl Gobierno también lanzó duras críticas contra el magistrado Bedoya del Consejo de Estado, acusándolo de favorecer los intereses de los fondos privados y de invadir competencias de la Corte Constitucional. Sanguino argumentó que la interpretación del magistrado es equivocada, pues la Ley 100 establece claramente que nadie puede pertenecer a dos regímenes al mismo tiempo.“El señor magistrado Bedoya del Consejo de Estado es el que está amenazando a los trabajadores con su pensión porque se queda con sus ahorros”, sentenció el ministro, subrayando que la situación actual es un "limbo jurídico" provocado por las demoras en la decisión definitiva de la Corte Constitucional sobre la reforma pensional.Escuche aquí la entrevista:
En diálogo con Mañanas Blu, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, defendió la legalidad del decreto 415 y aseguró que el traslado de recursos de los fondos privados a Colpensiones no tiene fines electorales. El funcionario calificó de "decisión exprés" la medida cautelar del Consejo de Estado que suspendió dicha normativa, la cual buscaba que los ahorros de los trabajadores que se trasladaron de régimen siguieran a la entidad encargada de pagar su pensión, es una "decisión de Consejo de Estado es reprochable", sentenció.Crítica a la celeridad del Consejo de EstadoSanguino expresó su sorpresa y desacuerdo ante la rapidez con la que el alto tribunal falló en contra del decreto gubernamental. Según el ministro, el Consejo de Estado "valoró, entre comillas, un riesgo y un perjuicio irreparable y en cuestión de horas expidió una medida cautelar que deja sin efecto el decreto 415".Para el jefe de la cartera laboral, lo natural es que si un ahorrador decide trasladarse al fondo público, sus recursos deben acompañarlo para garantizar la "sostenibilidad financiera y los activos para poder atender ese derecho pensional" de la persona. El ministro insistió en que el Gobierno no está actuando fuera de la ley, sino que se ampara en el artículo 16 de la Ley 100, el cual estipula que un ciudadano no puede pertenecer a dos regímenes pensionales simultáneamente. "Nosotros estamos acudiendo al artículo 16 de la ley 100 y estamos acudiendo al artículo 76 de la 2381", afirmó, anunciando que interpondrán recursos de reposición y súplica ante la decisión judicial. Niega fines políticos"¿Usted cree que la plata de las mesadas de los 25,000 nos las estamos gastando en campaña electoral, en publicidad electoral?", señaló en medio de la conversación con Mañanas Blu. El ministro explicó que, de los 120,000 trasladados, ya hay 25,000 pensionados cuyas mesadas están siendo cubiertas por Colpensiones, lo que representa un costo anual de un billón de pesos. "Eso no se está gastando ni en cuñas, ni en publicidad ni en actos electorales. Se le está pagando a la gente las pensiones", subrayó el funcionario, argumentando que Colpensiones requiere esos activos para operar sin traumatismos. Sanguino atribuyó la actual confusión a un "limbo" generado por el retraso de la Corte Constitucional en decidir sobre la Ley 2381 (Reforma Pensional), la cual se encuentra "atrancada". El ministro cuestionó el "prurito ideológico" de quienes prefieren que los recursos estén en fondos privados y no en el Estado, y pidió a la Corte una pronta resolución para dar seguridad al sistema. Escuche aquí la entrevista:
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, reaccionó a la decisión del Consejo de Estado de ordenar la suspensión provisional del traslado anticipado de ahorros pensionales de fondos privados a Colpensiones, medida que había sido establecida por el Gobierno mediante decreto 415 de 2026.Sanguino considera “express” la determinación y aseguró que “favorece claramente al capital financiero en detrimento de los derechos del pueblo trabajador”, por lo que anunció que interpondrá los recursos legales correspondientes y advirtió posibles implicaciones para la sostenibilidad del sistema pensional.“La medida cautelar detiene el traslado de recursos de afiliados que aún no consolidan su pensión, mientras mantiene el pago a cerca de 25.000 personas que ya la reciben a través de Colpensiones”, dice el trino del funcionario.Para Sanguino “no es aceptable que los fondos privados se liberen de la obligación pensional mientras retienen los recursos que la financian. El principio es claro: quien paga la pensión debe contar con los recursos”.A todo esto, hizo un llamado al cumplimiento del traslado de estos dineros para garantizar el pago oportuno y la estabilidad del sistema, en medio del debate jurídico que ahora deberá resolver el alto tribunal.Al minTrabajo se le sumó el presidente Gustavo Petro, quien fue directo contra el alto tribunal. “El Consejo de Estado está vetando el traslado de los ahorradores que han pedido los ahorradores trabajadores”, escribió en su cuenta de X.Y más allá del señalamiento, hizo una acusación, al asegurar que la medida provisional “le permite robar a los banqueros los ahorros de los trabajadores”.Sobre la suspensión provisionalLa decisión fue adoptada por la Sección Segunda del alto tribunal, al considerar que esta disposición podría contradecir lo establecido en la Ley 2381 de 2024 (reforma pensional), que permitió de manera excepcional el traslado de afiliados desde fondos privados hacia Colpensiones.Sin embargo, esa norma también fijó una condición: los recursos ahorrados debían permanecer en los fondos privados hasta que la persona cumpliera los requisitos para pensionarse y consolidara su derecho.Pese a ello, el Gobierno expidió el Decreto 415 de 2026, que ordenaba a las administradoras trasladar los recursos de forma inmediata: el 50 % en un plazo máximo de 20 días y el otro 50 % en los 10 días siguientes.Debido a lo corto de estos plazos, el Consejo de Estado tramitó la solicitud con carácter urgente. Señaló que, de seguir el procedimiento ordinario, cuando se tomara una decisión el dinero ya habría sido trasladado, haciendo inocua cualquier medida judicial.Para la corporación, el decreto modificó una regla ya definida por la ley, al cambiar el momento en que debía hacerse el traslado de los recursos. En ese sentido, recordó que el presidente puede reglamentar las leyes, pero no alterar su contenido ni sustituir decisiones que corresponden al Congreso.Por esta razón, suspendió temporalmente esa parte del decreto mientras avanza el análisis de fondo para determinar si debe ser anulada de manera definitiva.
De acuerdo con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), el caso de Juan Antonio Sanguino -hermano del ministro Antonio Sanguino- fue registrado desde 2019 y hace parte de los Planes Regionales de Búsqueda en el sur del Cesar y el área metropolitana de Bucaramanga.La entidad explicó que cuenta con una estrategia de recolección de información a través de aportantes que, de manera voluntaria y bajo estricta confidencialidad, pueden contribuir al esclarecimiento de hechos de desaparición en el marco del conflicto armado.En ese sentido, la UBPD indicó que actualmente explora nuevas fuentes que permitan avanzar en acciones de búsqueda humanitaria, aunque hasta ahora no se ha logrado establecer el paradero de la víctima.Por ello, insistió en su llamado a quienes tengan conocimiento del caso para que suministren información que facilite la recuperación, identificación y entrega digna de los restos.“La UBPD se encuentra explorando fuentes de información que permitan desplegar acciones concretas de búsqueda humanitaria de Juan Antonio, de manera que se traduzca a su vez en una manifestación de la voluntad de paz de quienes tienen conocimiento de estos hechos de desaparición, lo cual no ha sucedido hasta el momento”, indicaron.Este pronunciamiento se da luego de que el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, hiciera pública una carta dirigida al Comando Central del ELN, en la que exige verdad, reparación y la entrega de los restos de su hermano, desaparecido hace casi cuatro décadas.En la comunicación, el funcionario relata que Juan Antonio Sanguino, quien también militaba en esa guerrilla, habría sido llevado a un campamento en el sur del Cesar, donde fue sometido a un “juicio revolucionario” y posteriormente ejecutado tras ser acusado de infiltración.“Les pido que me entreguen verdad plena sobre lo ocurrido. Les solicito que se haga entrega a mi familia de los restos mortales de Juan Antonio. Les pido que dicha entrega se produzca a través de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Les exijo, además, que hagan a mi familia la respectiva petición de perdón por este asesinato”, señala el ministro en la carta.
Durante cerca de cinco horas, más de 530 silleteros y silleteras de Santa Elena llevaron sobre sus espaldas esas enormes composiciones florales por un recorrido de más de 2.4 kilómetros que arrancó pasadas las 2 de la tarde en una jornada en la que la tradición, el trabajo campesino y la creatividad volvieron a convertirse en protagonistas para emocionar a los miles de asistentes propios y foráneos que llegaron a la capital antioqueña para vivir una de sus más importantes tradiciones.La edición de este año también dejó nombres propios: John Jairo Grajales Gómez, de la vereda El Porvenir, se quedó con el título de ganador absoluto del desfile con su silleta tradicional. También había obtenido este mismo premio en 2019."No tengo palabras, demasiado emocionado. Es una labor, es una tradición que la llevo en el corazón por ser. En homenajeado con estos galardones, y bendito dios, a nuestro señor, a los jurados, a todo mundo que está viendo la labor que uno hace. No es fácil, son siete, ocho meses de trabajar duro para poder producir esta silleta y sacarla en la ciudad de Medellín", manifestó Grajales.GanadoresEn otras categorías los ganadores fueron Mateo Londoño Ospina, de la vereda San Ignacio, en la Comercial; en la Monumental el galardón fue para David Santiago Grisales Gómez, de la vereda Piedra Gorda. Mientras tanto, la mejor propuesta en Emblemática correspondió a Juan Gabriel Velásquez Grajales, también de El Porvenir, y de ese mismo lugar del corregimiento, Víctor Julio Ruiz se destacó en la categoría Artística; Isabela Londoño Grajales, de la vereda El Cerro, obtuvo reconocimiento en la categoría Infantil e Isabela Grajales Grajales, de la vereda Piedra Gorda, en Junior.El principal evento de la Feria contó con por segunda vez en la historia de un presidente de la República. Abelardo de la Espriella estuvo acompañado de su familia, del vicepresidente José Manuel Restrepo, el alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador Andrés Julián Rendón."Feliz de estar aquí en Medellín, en este desfile, en esta feria, que es patrimonio de Colombia, pero tenemos que hacerlo patrimonio de la humanidad, y ese es el compromiso", apuntó el jefe de Estado. Por su parte, el vicepresidente Restrepo habló sobre la elección de Medellín para la primera visita oficial de los nuevos mandatarios."Lo que significa enderrama económica para el municipio, para el departamento, en quien se dedica al jardín, en quien hace la silleta, en quienes traen las flores de otros territorios de Colombia. Vincula el país alrededor de las flores. Y las flores, ¿ustedes saben lo que significa incluso en tradición exportadora de Colombia?", aseguró. El vicepresidente Restrepo también destacó que el Desfile de Silleteros es un evento que, además de estar muy arraigado a la tradición antioqueña, es un ícono del país en el mundo."De Colombia, de Antioquia, de Medellín, que hay que acompañar, porque estos estos, estas silletas y los silleteros representan, además, mire la hermosura de lo que significa esta tierra, de lo que tiene Colombia también para mostrarle al mundo. Y tenemos que acompañarlo, esto es una tradición cultural de enorme importancia para el país", expuso Restrepo.Según el alcalde Federico Gutiérrez, durante los 10 días de Feria, la ciudad alcanzó una ocupación hotelera superior al 80% y una derrama económica superior a 60 millones de dólares.
La memoria de Johan Sebastián Durán Guerrero, el joven bumangués de 25 años que murió tras recibir varios disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), empieza a quedar plasmada en las calles de Biddeford, Maine.Dos artistas locales comenzaron a pintar un mural en el centro de esta ciudad para homenajear al colombiano, quien murió el pasado 13 de julio durante un procedimiento de agentes de inmigración. La obra está ubicada en el número 5 de Alfred Street y muestra a Johan junto a su pequeña hija.El mural fue autorizado tanto por los propietarios del edificio como por el negocio que funciona en el lugar, Stem & Vine. Su propietaria, Brianne Emhiser, aseguró que se siente honrada de que la fachada de su establecimiento sea el espacio escogido para mantener viva la memoria del joven colombiano.De acuerdo con los artistas, la obra estaría terminada aproximadamente en las próximas 48 horas.El homenaje se suma a las distintas expresiones de duelo que han surgido en Biddeford desde la muerte de Johan. En los días posteriores al tiroteo, residentes levantaron memoriales improvisados en el sitio donde ocurrió el hecho, mientras familiares, amigos y organizaciones defensoras de los migrantes han reclamado respuestas sobre las circunstancias de su muerte.Johan Sebastián Durán Guerrero había llegado a Estados Unidos en busca de oportunidades y se había establecido en Biddeford junto con su familia. Era padre de una niña de tres años y, según organizaciones de apoyo a migrantes, contaba con autorización para trabajar y un número de Seguro Social.El 13 de julio, Johan salió de su vivienda en un vehículo cuando fue interceptado por agentes de ICE. La versión oficial sostiene que el joven intentó escapar y que habría dirigido el automóvil hacia uno de los funcionarios, quien entonces disparó al considerar que existía una amenaza para su seguridad.Sin embargo, el caso ha estado rodeado de cuestionamientos. El senador independiente Angus King afirmó que, de acuerdo con información del Departamento de Seguridad Nacional, Johan no era el objetivo de la operación. Además, se ha señalado que los agentes involucrados no portaban cámaras corporales. La Fiscalía General de Maine mantiene abierta la investigación y el funcionario que disparó fue puesto en licencia administrativa.Videos de cámaras de seguridad y testimonios de personas que estaban en el sector también han generado interrogantes frente a la versión oficial. Medios estadounidenses han reportado que el agente identificado como David Brouillette disparó contra Johan y que posteriormente surgieron antecedentes sobre el comportamiento violento del funcionario, información que ahora también hace parte del escrutinio público sobre el caso.La muerte del joven bumangués provocó además una fuerte reacción en Biddeford. Su compañera, Karolina Rojas Álvarez, describió a Johan como un hombre trabajador, dedicado a su familia y con sueños por cumplir. Durante una declaración pública, recordó especialmente el vínculo que tenía con su hija de tresEl alcalde de Biddeford, Liam LaFountain, también ha reclamado una investigación transparente y ha insistido en que Johan era parte de la comunidad. En una proclamación presentada ante el Concejo Municipal, pidió justicia y rendición de cuentas por su muerte y expresó solidaridad con la familia y con los habitantes migrantes de la ciudad.Ahora, mientras avanza la investigación en Estados Unidos, el rostro de Johan quedará plasmado en un muro de Biddeford. Una imagen junto a su hija que busca convertir el dolor de una comunidad en memoria y recordar la historia del joven colombiano que salió de Bucaramanga buscando un mejor futuro y terminó muriendo durante un operativo de inmigración.
Luego de una semana pedagógica por la rotación de los nuevos dígitos, este lunes 10 de agosto comenzará a regir el periodo sancionatorio del pico y placa para vehículos particulares y motocicletas.La disposición, producto de un estudio técnico de acuerdo al número de registros y vehículos activos, seguirá teniendo como base el último dígito de la placa para carros particulares, mientras que para las motocicletas de dos y cuatro tiempos se determina por el primer dígito de la placa.De igual manera seguirá, rigiendo de manera continua entre las 5:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, así:Lunes: 5 y 8Martes: 1 y 4Miércoles: 0 y 2Jueves: 3 y 6Viernes: 7 y 9Con estos dígitos funcionará la medida hasta el 27 de enero de 2027.Continúan como vías exentas de la medida la vía Las Palmas, vía 4.1 occidente antioqueño, conexión de la avenida 33 entre la autopista sur y la avenida Las Palmas, calle 10 entre el Eje vial del Río y la terminal del sur y los corregimientos; además de la autopista Sur y avenida Regional, excepto en el municipio de Bello, donde la restricción rige en todas las vías, según las autoridades locales con el fin de descongestionar la glorieta de Niquía."La entidad invita a la ciudadanía a consultar previamente las placas con restricción, verificar los horarios y planear sus desplazamientos con anticipación. Desde la secretaría reiteramos que esta medida busca mejorar la movilidad en la ciudad", manifestó el secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz.Vale la pena recordar que el pico y placa busca sacar cerca de 200.000 vehículos diariamente de circulación en la subregión, a pesar de la identificación de una saturación en la vías de entre el 100 y el 170%. Según esta dependencia de la Alcaldía de Medellín hay días en los que esa tarea es más difícil, por la cantidad de motos y carros que hay matriculados con ciertos dígitos: 0,1 y 5.
A menos de 48 horas de haberse posesionado como presidente, Abelardo De La Espriella anunció las primeras afectaciones a grupos armados que delinquen en Antioquia tras los resultados reportados por la fuerza pública en las subregiones de Urabá y el Nordeste.Tras su asistencia al tradicional Desfile de Silleteros que cerró la Feria de las Flores en Medellín, antes de dejar la capital antioqueña el mandatario anunció que en medio de combates con tropas de la Décima Cuarta Brigada fueron abatidos dos integrantes del Clan del Golfo en la vereda Liberia del municipio de Anorí.La operación, según el presidente, también permitió la incautación de seis fusiles y abundante material de guerra e intendencia.Los hombres, entre ellos uno de sus cabecillas en la zona, hacían parte de la subestructura Jorge Mario Valle y eran señalados de diferentes acciones terroristas en contra de la población civil, pero también de la fuerza pública."Esta comisión terrorista a la que se le propinó este duro golpe es la misma que en el año 2024 había asesinado a cuatro de nuestros valientes soldados que adelantaban operaciones en esa región del departamento",dijo el mandatario.De la Espriella también aseguró que en otras acciones desplegadas en el Urabá antioqueño, en el municipio de Necoclí, fueron capturados cuatro presuntos integrantes de la subestructura Gabriel Poveda Ramos del mismo grupo ilegal dedicados al narcotráfico y al componente financiero.En las operaciones desarrolladas por parte de la Armada y la Décima Séptima Brigada, los uniformados incautaron armas de fuego, municiones y material de interés para las labores de inteligencia militar.
La senadora María Clara Posada solicitó a la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, ordenar una auditoría forense a Colpensiones para revisar el manejo de los recursos de la entidad durante los últimos cuatro años.La congresista argumenta que existen numerosas denuncias sobre presuntas irregularidades en materia de contratación y consideró necesario establecer cómo fueron ejecutados los recursos públicos. “El país necesita saber cómo ejecutaron los recursos públicos”, afirmó.Entre los hechos que cuestiona, Posada menciona la presunta contratación del principal financiador del Pacto Histórico y aseguró que en junio se destinaron 25.300 millones de pesos para garantizar hasta octubre la contratación de una nómina paralela de 1.000 trabajadores temporales.También reprocha la ejecución de 238.587 millones de pesos para el cambio del data center, proceso que, según indicó, estuvo relacionado con fallas en la prestación del servicio durante junio y julio.A esto sumó un gasto de 87.621 millones de pesos en publicidad y señaló que no se han publicado las facturas correspondientes a los viajes de los directivos de la entidad.Colpensiones cuenta con un presupuesto anual de 75,6 billones de pesos, por lo que la senadora insiste en que su administración debe estar sometida a criterios de transparencia y control.Posada pide que la nueva administración de la entidad comience con un “corte de cuentas claro” que permita establecer qué ocurrió con los recursos públicos y cómo fueron utilizados durante los últimos años.