Este miércoles se instaló en Barranquilla el 19 Encuentro Nacional de Laboralistas. Como invitado al evento estuvo el ministro de trabajo Antonio Sanguino, quien aprovechó su visita a la capital del Atlántico para indicar que cómo país y sociedad se vienen unos nuevos desafíos que tienen que ser enfrentados por el nuevo Gobierno en cabeza del presidente Electo Abelardo De la Espriella.Frente a esto Sanguino afirmó que están listos para empezar el empalme son todo lo hecho en su ministerio e indicó que esperan que una vez pasada la coyuntura electoral, la Corte Constitucional resuelva las demandas pendientes para dar trámite a la reforma pensional.“Esperemos que los fondos privados trasladen los recursos y los ahorros de esas personas que se han trasladado y que no lo han querido hacer. Y esperemos que el nuevo Gobierno obligue a los fondos privados a que trasladen de esos fondos privados los recursos ahorrados por los colombianos que ahora están en el fondo público”, invitó el ministro.Sobre la propuesta del presidente electo de suprimir algunos ministerios del Gobierno indicó que Abelardo De La Espriella necesitaría una reforma del Estado y que esta sea aprobada por el Congreso de la República para poder hacer dichos recortes.“Ellos requerirían una reforma del Estado y esa reforma del Estado tiene que ser aprobada por el Congreso de la República. Así que no es que yo quiera recortar porque quiera hacerlo.Hay unos trámites que están establecidos en nuestra democracia y necesitaría el nuevo presidente de la República facultades que le otorgue el Congreso de la República o una ley que reestructura el Estado colombiano para proceder a una decisión de esa naturaleza y en todo caso hablar de 700 mil trabajadores en la calle es una verdadera masacre laboral”, enfatizó.Frente a las investigaciones a empresarios por presuntas presiones electorales, afirmó que estas siguen su curso y que de confirmarse podrían derivar en sanciones o medidas concretas por parte del Ministerio.“Si ese constreñimiento es comprobado por parte de las instancias del Ministerio del Trabajo, tendrán que derivar, por supuesto, en las sanciones correspondientes, como también hay que reiterar que son conductas tipificadas en el Código Penal, así que deberán también desarrollarse las investigaciones respectivas por parte de la Fiscalía. Nosotros recibimos cerca de 400 quejas y en su mayoría dieron origen a investigaciones que se están adelantando en el Ministerio de Trabajo”, puntualizó.El alto funcionario expresó gran preocupación por varias decisiones políticas que se darían en el nuevo gobierno que podrían poner, según dijo, en riesgo las conquistas laborales alcanzadas en el Gobierno Petro.
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que han recibido denuncias por presunto constreñimiento electoral en distintas regiones del país, en las que directivos de empresas estarían ejerciendo presión sobre sus trabajadores para influir en su voto en la jornada electoral del 21 de junio.El ministro habló de 65 casos, mientras que el presidente Petro dijo que al menos 400 empresas habrían presentado denuncias. En respuesta, el Ministerio del Trabajo expidió más de diez medidas preventivas, entre ellas una circular dirigida a empleadores para garantizar que los trabajadores puedan ejercer su derecho al voto sin restricciones durante la jornada electoral, incluso cuando se encuentren en turno laboral.En paralelo, el presidente Gustavo Petro advirtió que cualquier intento de interferir en el sufragio de los trabajadores constituye un delito. A través de un mensaje en X recordó que el voto es libre, por lo que ningún empleador puede impedir o condicionar la participación electoral de sus empleados.El jefe de Estado también señaló que, en caso de que los trabajadores tengan turno laboral el día de la elección, deben poder acudir a las urnas y regresar a sus labores sin represalias. Añadió que impedir el ejercicio del voto o inducir una determinada opción electoral puede acarrear consecuencias penales.Finalmente, el ministro Sanguino informó que las denuncias ya fueron trasladadas a la Fiscalía General de la Nación, al Consejo Nacional Electoral, a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la Misión de Observación Electoral, con el fin de que se adelanten las investigaciones correspondientes.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, recomendó que los ciudadanos que buscan trasladar sus ahorros pensionales desde fondos privados hacia Colpensiones que presenten acciones de tutela de manera masiva, para reclamar la protección de sus derechos.La propuesta surgió luego de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el decreto del Gobierno nacional que obligaba a los fondos privados de pensiones a trasladar los recursos de trabajadores que deseaban pensionarse en el sistema público.Según explicó el ministro, además de las tutelas que podrían interponer los ciudadanos, el Gobierno también adelantará acciones jurídicas de distinta índole para intentar garantizar el traslado de los recursos desde los fondos privados hacia Colpensiones.“Esos 25.000 trabajadores, incluso los 120.000, pueden acudir a la tutela, a una especie de tutelatón, para que los jueces de la República le ordenen a los fondos privados, como ha ocurrido en el pasado, que una vez la persona se traslade, se traslada con sus recursos, porque los dueños de esos recursos son los trabajadores”, afirmó Sanguino.La controversia se produjo después de que el Consejo de Estado suspendiera el decreto que buscaba trasladar cerca de 25 billones de pesos desde los fondos privados al sistema público de pensiones.El ministro aclaró que, aunque el traslado de los recursos aún no se ha concretado, el Gobierno cuenta con el dinero necesario para garantizar el pago de las pensiones de las personas que ya realizaron el cambio a Colpensiones y cumplen con los requisitos establecidos por la ley.Actualmente existen dos grupos de afiliados involucrados en este proceso. El primero corresponde a quienes ya habían logrado trasladarse desde los fondos privados hacia Colpensiones. El segundo está conformado por las personas que, según lo establecido en la reforma pensional, deberían pasar obligatoriamente al sistema público por tener ingresos de hasta dos salarios mínimos mensuales.La reforma pensional establece que los trabajadores con ingresos de hasta dos salarios mínimos deben cotizar en Colpensiones. Sin embargo, la constitucionalidad de esa norma todavía está siendo estudiada por la Corte Constitucional, alto tribunal que deberá decidir si declara exequible la reforma o la invalida total o parcialmente, de acuerdo al estudio de varias demandas.
En medio de una creciente tensión entre el Gobierno nacional, los fondos privados de pensiones y las altas cortes, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aclaró la postura del Ejecutivo frente al pago de las mesadas pensionales de miles de colombianos.Tras la reciente decisión del Consejo de Estado de suspender el traslado de recursos desde los fondos privados hacia Colpensiones, el jefe de la cartera laboral desestimó las versiones que dan por hecho un cese inmediato en los pagos, aunque advirtió sobre los riesgos financieros que esta medida conlleva.El conflicto por los recursos "secuestrados"El núcleo de la disputa radica en los ahorros de aproximadamente 25.000 pensionados y 12.000 cotizantes que decidieron trasladarse al régimen público bajo el amparo de la Ley 2381. Según el ministro Sanguino, los fondos privados se han negado a transferir estos recursos, los cuales ascienden a cerca de 5 billones de pesos. “El que no ha pagado son los fondos privados,tienen secuestrados los recursos de esos 25.000 ahorradores que decidieron trasladarse a Colpensiones”, aseguró el ministro Sanguino, en diálogo con Mañanas Blu, señalando que estas entidades prefieren mantener el dinero en sus portafolios de inversión en el extranjero en lugar de garantizar la sostenibilidad del sistema público. Sostenibilidad pensional y la postura del GobiernoAnte la preocupación de los ciudadanos sobre si recibirán su próximo pago, el ministro fue enfático en que el Gobierno no ha tomado una determinación de suspender las mesadas, a pesar de lo que sugiere un comunicado conjunto con el Ministerio de Hacienda. Sanguino aseguró que se está haciendo un llamado de atención ante lo que considera una actitud de "avaricia y codicia" por parte de los fondos privados.Al ser consultado sobre la fecha exacta en la que se dejarían de pagar las pensiones, respondió: “No hemos decidido ni a partir de cuándo vamos a hacer todo el esfuerzo por mantener ese compromiso pensional y vamos a luchar hasta el último suspiro para que los fondos privados no se queden con la plata de la gente”.El ministro defendió que la solidez de Colpensiones ha permitido cumplir religiosamente con los compromisos hasta la fecha, pero insistió en que los ahorros deben estar en el fondo que atiende el derecho pensional. Choque con el Consejo de Estado y limbo jurídicoEl Gobierno también lanzó duras críticas contra el magistrado Bedoya del Consejo de Estado, acusándolo de favorecer los intereses de los fondos privados y de invadir competencias de la Corte Constitucional. Sanguino argumentó que la interpretación del magistrado es equivocada, pues la Ley 100 establece claramente que nadie puede pertenecer a dos regímenes al mismo tiempo.“El señor magistrado Bedoya del Consejo de Estado es el que está amenazando a los trabajadores con su pensión porque se queda con sus ahorros”, sentenció el ministro, subrayando que la situación actual es un "limbo jurídico" provocado por las demoras en la decisión definitiva de la Corte Constitucional sobre la reforma pensional.Escuche aquí la entrevista:
En diálogo con Mañanas Blu, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, defendió la legalidad del decreto 415 y aseguró que el traslado de recursos de los fondos privados a Colpensiones no tiene fines electorales. El funcionario calificó de "decisión exprés" la medida cautelar del Consejo de Estado que suspendió dicha normativa, la cual buscaba que los ahorros de los trabajadores que se trasladaron de régimen siguieran a la entidad encargada de pagar su pensión, es una "decisión de Consejo de Estado es reprochable", sentenció.Crítica a la celeridad del Consejo de EstadoSanguino expresó su sorpresa y desacuerdo ante la rapidez con la que el alto tribunal falló en contra del decreto gubernamental. Según el ministro, el Consejo de Estado "valoró, entre comillas, un riesgo y un perjuicio irreparable y en cuestión de horas expidió una medida cautelar que deja sin efecto el decreto 415".Para el jefe de la cartera laboral, lo natural es que si un ahorrador decide trasladarse al fondo público, sus recursos deben acompañarlo para garantizar la "sostenibilidad financiera y los activos para poder atender ese derecho pensional" de la persona. El ministro insistió en que el Gobierno no está actuando fuera de la ley, sino que se ampara en el artículo 16 de la Ley 100, el cual estipula que un ciudadano no puede pertenecer a dos regímenes pensionales simultáneamente. "Nosotros estamos acudiendo al artículo 16 de la ley 100 y estamos acudiendo al artículo 76 de la 2381", afirmó, anunciando que interpondrán recursos de reposición y súplica ante la decisión judicial. Niega fines políticos"¿Usted cree que la plata de las mesadas de los 25,000 nos las estamos gastando en campaña electoral, en publicidad electoral?", señaló en medio de la conversación con Mañanas Blu. El ministro explicó que, de los 120,000 trasladados, ya hay 25,000 pensionados cuyas mesadas están siendo cubiertas por Colpensiones, lo que representa un costo anual de un billón de pesos. "Eso no se está gastando ni en cuñas, ni en publicidad ni en actos electorales. Se le está pagando a la gente las pensiones", subrayó el funcionario, argumentando que Colpensiones requiere esos activos para operar sin traumatismos. Sanguino atribuyó la actual confusión a un "limbo" generado por el retraso de la Corte Constitucional en decidir sobre la Ley 2381 (Reforma Pensional), la cual se encuentra "atrancada". El ministro cuestionó el "prurito ideológico" de quienes prefieren que los recursos estén en fondos privados y no en el Estado, y pidió a la Corte una pronta resolución para dar seguridad al sistema. Escuche aquí la entrevista:
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, reaccionó a la decisión del Consejo de Estado de ordenar la suspensión provisional del traslado anticipado de ahorros pensionales de fondos privados a Colpensiones, medida que había sido establecida por el Gobierno mediante decreto 415 de 2026.Sanguino considera “express” la determinación y aseguró que “favorece claramente al capital financiero en detrimento de los derechos del pueblo trabajador”, por lo que anunció que interpondrá los recursos legales correspondientes y advirtió posibles implicaciones para la sostenibilidad del sistema pensional.“La medida cautelar detiene el traslado de recursos de afiliados que aún no consolidan su pensión, mientras mantiene el pago a cerca de 25.000 personas que ya la reciben a través de Colpensiones”, dice el trino del funcionario.Para Sanguino “no es aceptable que los fondos privados se liberen de la obligación pensional mientras retienen los recursos que la financian. El principio es claro: quien paga la pensión debe contar con los recursos”.A todo esto, hizo un llamado al cumplimiento del traslado de estos dineros para garantizar el pago oportuno y la estabilidad del sistema, en medio del debate jurídico que ahora deberá resolver el alto tribunal.Al minTrabajo se le sumó el presidente Gustavo Petro, quien fue directo contra el alto tribunal. “El Consejo de Estado está vetando el traslado de los ahorradores que han pedido los ahorradores trabajadores”, escribió en su cuenta de X.Y más allá del señalamiento, hizo una acusación, al asegurar que la medida provisional “le permite robar a los banqueros los ahorros de los trabajadores”.Sobre la suspensión provisionalLa decisión fue adoptada por la Sección Segunda del alto tribunal, al considerar que esta disposición podría contradecir lo establecido en la Ley 2381 de 2024 (reforma pensional), que permitió de manera excepcional el traslado de afiliados desde fondos privados hacia Colpensiones.Sin embargo, esa norma también fijó una condición: los recursos ahorrados debían permanecer en los fondos privados hasta que la persona cumpliera los requisitos para pensionarse y consolidara su derecho.Pese a ello, el Gobierno expidió el Decreto 415 de 2026, que ordenaba a las administradoras trasladar los recursos de forma inmediata: el 50 % en un plazo máximo de 20 días y el otro 50 % en los 10 días siguientes.Debido a lo corto de estos plazos, el Consejo de Estado tramitó la solicitud con carácter urgente. Señaló que, de seguir el procedimiento ordinario, cuando se tomara una decisión el dinero ya habría sido trasladado, haciendo inocua cualquier medida judicial.Para la corporación, el decreto modificó una regla ya definida por la ley, al cambiar el momento en que debía hacerse el traslado de los recursos. En ese sentido, recordó que el presidente puede reglamentar las leyes, pero no alterar su contenido ni sustituir decisiones que corresponden al Congreso.Por esta razón, suspendió temporalmente esa parte del decreto mientras avanza el análisis de fondo para determinar si debe ser anulada de manera definitiva.
De acuerdo con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), el caso de Juan Antonio Sanguino -hermano del ministro Antonio Sanguino- fue registrado desde 2019 y hace parte de los Planes Regionales de Búsqueda en el sur del Cesar y el área metropolitana de Bucaramanga.La entidad explicó que cuenta con una estrategia de recolección de información a través de aportantes que, de manera voluntaria y bajo estricta confidencialidad, pueden contribuir al esclarecimiento de hechos de desaparición en el marco del conflicto armado.En ese sentido, la UBPD indicó que actualmente explora nuevas fuentes que permitan avanzar en acciones de búsqueda humanitaria, aunque hasta ahora no se ha logrado establecer el paradero de la víctima.Por ello, insistió en su llamado a quienes tengan conocimiento del caso para que suministren información que facilite la recuperación, identificación y entrega digna de los restos.“La UBPD se encuentra explorando fuentes de información que permitan desplegar acciones concretas de búsqueda humanitaria de Juan Antonio, de manera que se traduzca a su vez en una manifestación de la voluntad de paz de quienes tienen conocimiento de estos hechos de desaparición, lo cual no ha sucedido hasta el momento”, indicaron.Este pronunciamiento se da luego de que el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, hiciera pública una carta dirigida al Comando Central del ELN, en la que exige verdad, reparación y la entrega de los restos de su hermano, desaparecido hace casi cuatro décadas.En la comunicación, el funcionario relata que Juan Antonio Sanguino, quien también militaba en esa guerrilla, habría sido llevado a un campamento en el sur del Cesar, donde fue sometido a un “juicio revolucionario” y posteriormente ejecutado tras ser acusado de infiltración.“Les pido que me entreguen verdad plena sobre lo ocurrido. Les solicito que se haga entrega a mi familia de los restos mortales de Juan Antonio. Les pido que dicha entrega se produzca a través de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Les exijo, además, que hagan a mi familia la respectiva petición de perdón por este asesinato”, señala el ministro en la carta.
El reciente decreto del Gobierno nacional que habilita la negociación colectiva multinivel entre sindicatos y empresas privadas ha generado un fuerte debate entre trabajadores, empresarios y analistas laborales. Mientras las centrales obreras celebran lo que consideran un avance en el fortalecimiento sindical, gremios empresariales expresan preocupación por el posible impacto económico y jurídico de la medida.En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, defendió la legalidad y el propósito del decreto, que busca ampliar el alcance de las negociaciones laborales más allá de una sola empresa, permitiendo que sindicatos de una misma industria negocien condiciones comunes con múltiples compañías del sector.Según el ministro, la iniciativa tiene un respaldo jurídico sólido y responde a estándares internacionales en materia de derechos laborales. “Este decreto tiene todos los fundamentos legales. Se ampara en las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo, que reconoce el derecho colectivo a la negociación que tienen los trabajadores y sus organizaciones sindicales”, afirmó Sanguino durante la entrevista.Un modelo de negociación por industriaActualmente, en Colombia la negociación colectiva se realiza principalmente entre un sindicato y la empresa específica donde trabajan sus afiliados. Con el nuevo decreto, los sindicatos de una misma rama económica podrían presentar un pliego unificado y negociar en una sola mesa con varias empresas o con los gremios que las representan.Sanguino explicó que esta modalidad busca corregir desequilibrios en el mercado laboral y evitar que los salarios se conviertan en un factor de competencia entre empresas. “Este decreto busca que podamos tener un escenario mucho más eficaz para articular mercados laborales equilibrados, coordinados y socialmente sostenibles”, señaló.De acuerdo con el jefe de la cartera laboral, el modelo no es una innovación exclusiva de Colombia, sino que está respaldado por experiencias internacionales y por convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), particularmente los convenios 98 y 154, ratificados por el país.El ministro sostuvo que el objetivo es superar la fragmentación sindical y permitir negociaciones más amplias entre trabajadores y empresarios. “Nos apoyamos en evidencia empírica de experiencias en todo el mundo donde el fortalecimiento de las organizaciones sindicales permite construir escenarios de negociación con los empresarios agrupados en sus gremios”, explicó.Preocupación en el sector empresarialA pesar de la defensa del Gobierno, la iniciativa ha sido recibida con escepticismo por parte de varios gremios empresariales. Entre los principales cuestionamientos se encuentra el hecho de que un mecanismo similar había sido discutido durante el trámite de la reforma laboral y no prosperó en el Congreso, lo que para algunos sectores podría generar dudas sobre su legitimidad.Otro de los puntos sensibles es el posible impacto en pequeñas y medianas empresas, que temen verse obligadas a cumplir acuerdos negociados por grandes compañías con mayor capacidad financiera.María Elena Espinosa, presidenta de ACOPI, advirtió que existe el riesgo de que las condiciones pactadas en grandes corporaciones terminen trasladándose a empresas más pequeñas. En ese sentido, señaló que “lo que se negocie en las grandes compañías con los grandes sindicatos es lo que se va a reflejar en todas las empresas del país”.El decreto, sin embargo, incluye cláusulas de adaptabilidad destinadas a reducir los impactos económicos en las pymes, un punto que el Gobierno considera clave para mantener el equilibrio entre competitividad empresarial y derechos laborales.La defensa del GobiernoDurante la entrevista, Sanguino también respondió a las críticas sobre una supuesta imposición del modelo. El ministro insistió en que la norma no obliga a las empresas a adoptar un esquema específico de negociación, sino que simplemente habilita un escenario adicional para ejercer el derecho a la negociación colectiva.“Estamos hablando de acceder a un derecho, no estamos estableciendo una obligación para nadie”, subrayó. En esa misma línea agregó que el decreto no define salarios ni beneficios, sino que establece el marco para que sindicatos y empresas negocien en una misma mesa.“No estamos presuponiendo cuáles son las condiciones salariales o laborales que resultarán de esa negociación colectiva”, explicó el ministro, al aclarar que el contenido final dependerá exclusivamente de los acuerdos alcanzados entre las partes.El precedente en el sector públicoPara respaldar su argumento, el ministro citó como antecedente la experiencia reciente del sector público. En 2024 el Gobierno aplicó un modelo similar mediante el Decreto 243, que permitió negociar en una sola mesa con sindicatos del Estado.Según Sanguino, ese proceso logró consolidar acuerdos en un plazo de 40 días y evitó múltiples conflictos laborales dispersos. “Una sola mesa arrojó un acuerdo favorable para los trabajadores y también para el Estado colombiano, evitando una multiplicidad de conflictos laborales fragmentados”, afirmó.Un debate que apenas comienzaEl nuevo decreto se produce en un contexto de baja sindicalización en Colombia, donde apenas el 4,5 % de los trabajadores está afiliado a un sindicato, según datos del Ministerio de Trabajo. Para el Gobierno, la medida podría fortalecer la representación de los trabajadores y mejorar la coordinación en el mercado laboral.Sin embargo, para varios sectores empresariales el desafío será garantizar que los acuerdos colectivos no generen cargas desproporcionadas para empresas de menor tamaño ni afecten la competitividad.Mientras tanto, el debate sobre la negociación colectiva multinivel promete convertirse en uno de los temas centrales de la agenda laboral del país, especialmente tras el estancamiento de la reforma laboral en el Congreso. La implementación del decreto y las primeras negociaciones que surjan bajo este esquema serán determinantes para medir su impacto real en la economía y en las relaciones laborales de Colombia.
El decreto transitorio mantuvo el incremento del 23,7% al salario mínimo, dejando la remuneración en 2 millones de pesos mensuales con auxilio de transporte, y el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, sostiene que no había razones jurídicas ni económicas para reducir esa cifra.Decreto transitorio: mismo aumento, nuevo contextoTras la medida cautelar del Consejo de Estado que suspendió provisionalmente el decreto original de diciembre, el Gobierno expidió un nuevo decreto transitorio que conserva exactamente el mismo incremento: 23% al salario básico y 23,7% incluido el auxilio de transporte, para un total de 2 millones de pesos. Según explicó Sanguino, se trata de un decreto “provisional”, dictado en cumplimiento del auto del magistrado Juan Camilo Morales, sin que exista aún un pronunciamiento de fondo sobre la legalidad del aumento decretado a finales de 2025.El ministro subrayó que la medida cautelar no declaró nulo el decreto anterior, sino que pidió un nuevo acto mientras se decide la controversia jurídica, razón por la cual el Ejecutivo optó por mantener la misma cifra mientras se tramita el recurso de súplica contra la decisión del Consejo de Estado.Argumento central: salario mínimo vital y no “simple aritmética”Sanguino insiste en que el salario mínimo no puede reducirse a “una operación aritmética” ni a la sumatoria mecánica de variables económicas, pese a que la Ley 278 de 1996 fija parámetros como inflación, productividad y crecimiento del PIB para definir el incremento anual. De acuerdo con el ministro, existe “un bache” entre esos criterios legales y el mandato constitucional del artículo 53, que ordena garantizar un salario “mínimo, vital y móvil”, principio que —según afirma— debe prevalecer sobre la interpretación estricta de la norma legal.En la entrevista, Sanguino cuestiona la lectura que hace el magistrado del Consejo de Estado y sostiene que se ha querido limitar la fijación del mínimo a indicadores “inodoras, incoloras e insípidas”, desconociendo que el salario mínimo es también “un instrumento de política económica y social”. “Si así fuera, pues sencillamente lo que había que hacer es coger una calculadora, sumar, restar, multiplicar y establecer el salario mínimo sin necesidad de que exista una comisión de concertación”, dijo, al defender el carácter político, social y constitucional de la decisión.Productividad, inflación y brecha históricaEl Ministerio de Trabajo reforzó en el nuevo decreto la justificación técnica del aumento, incorporando cuadros, series de tiempo y referencias a estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y entidades financieras como JP Morgan. Según explicó Sanguino, el Gobierno analizó el comportamiento de la productividad laboral desde 1996 y la brecha acumulada entre esa productividad y la evolución del salario mínimo, concluyendo que la política de incrementos había quedado rezagada frente al aporte del trabajo al producto interno bruto.En el documento se evalúan también la inflación causada, la inflación esperada y su impacto sobre el poder adquisitivo, con el argumento de que el aumento de 23,7% no ha generado hasta ahora presiones inflacionarias “devastadoras” ni un choque desestabilizador para la economía. “No estamos en presencia de una circunstancia devastadora probablemente de efectos del salario mínimo vital decretado por el gobierno del presidente Petro”, sostuvo el ministro, al descartar que el incremento explique los niveles actuales de inflación.Los 5 parámetros legales y el salto de 13,6% a 23,7%Uno de los puntos más sensibles de la entrevista fue la explicación sobre por qué el decreto reconoce, en una de sus tablas, que la suma de los cinco parámetros de la Ley 278 arroja un incremento cercano a 13,6%, pero la decisión política eleva el aumento hasta 23,7%. Sanguino admitió que los “parámetros legales” son “restrictivos” y no alcanzan por sí solos para satisfacer el estándar de salario mínimo vital y móvil exigido por la Constitución y por los convenios de la OIT ratificados por Colombia.En ese punto, el titular de la cartera laboral aludió al cálculo del “mínimo vital” elaborado por la OIT para 2025, que serviría de referencia para fijar un ingreso que cubra el costo de una canasta básica para un hogar promedio de tres personas, aunque el Consejo de Estado, en su auto, no exige desarrollar esos elementos sino ceñirse estrictamente a la Ley 278. “Los parámetros de la ley son parámetros restrictivos que no alcanzan para atender una disposición constitucional que es el del artículo 53 y es el del carácter vital y móvil que debe tener el salario mínimo”, explicó Sanguino, defendiendo los 10 puntos adicionales como una decisión de política laboral sustentada en estándares internacionales.Consejo de Estado, recurso de súplica y apoyo socialEl Gobierno presentó un recurso de súplica contra la medida cautelar al considerar que el magistrado Morales “invadió el alcance de lo que es una medida cautelar” y anticipó conclusiones propias de un fallo de fondo sobre la nulidad del decreto de diciembre. Mientras se resuelve el recurso, el decreto transitorio mantendrá el aumento del 23,7%, una decisión respaldada por centrales obreras y por buena parte del empresariado que, según el ministro, consideraron “inconveniente” modificar un incremento que ya venía siendo aplicado en las tres primeras quincenas del año.En paralelo, el presidente Gustavo Petro convocó movilizaciones y firmó el nuevo decreto en la Plaza de Bolívar, en un acto público con fuerte carga simbólica, en el que defendió el concepto de “salario vital” frente al fallo judicial. Para Sanguino, la “dimensión social” del aumento —que beneficia a millones de trabajadores de ingresos bajos— y el respaldo de sindicatos, sumados al compromiso internacional con salarios dignos, explican por qué el Ejecutivo decidió sostener el 23,7% pese al frenazo judicial.
A cuatro días de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente la vigencia del decreto que fijó el salario mínimo en Colombia con un incremento del 23,7%, el Gobierno nacional anunció que expedirá un decreto transitorio manteniendo el mismo porcentaje de aumento. Así lo confirmó el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, en entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, donde defendió la constitucionalidad del ajuste y aseguró que existe una opinión mayoritaria para conservar la cifra.“Había una opinión mayoritaria, tanto en el empresariado como en los trabajadores, para mantener el incremento del 23,7% en el nuevo decreto transitorio”, afirmó Sanguino, quien calificó la reunión de concertación como “una sesión muy positiva, franca y de absoluto respeto entre las partes”. La decisión se da en cumplimiento del auto emitido por el Consejo de Estado, que ordenó al Gobierno expedir un nuevo decreto mientras se revisan las demandas —38 en total— interpuestas contra el aumento del salario mínimo decretado el pasado 29 de diciembre.Decreto transitorio y defensa jurídica del GobiernoEl ministro explicó que el nuevo acto administrativo no modifica el porcentaje del aumento, sino que busca reforzar la argumentación jurídica exigida por el alto tribunal. Según indicó, el Consejo de Estado pidió una explicación más detallada sobre la relación entre el concepto de salario mínimo vital y móvil, consagrado en el artículo 53 de la Constitución, y las variables establecidas en la Ley 278 de 1996.Entre esas variables figuran la inflación causada, la inflación esperada, la productividad, la participación del trabajo en el PIB y el crecimiento económico.El funcionario confirmó además que el Ejecutivo presentará un recurso de aclaración y un recurso de súplica, mientras avanza en la expedición del decreto transitorio dentro del plazo establecido.¿Puede el Consejo de Estado modificar el aumento?Ante la posibilidad de que el alto tribunal determine posteriormente que el incremento no está suficientemente sustentado, el ministro defendió que el salario mínimo ya constituye un derecho adquirido.El jefe de la cartera laboral también recordó que la decisión cautelar del Consejo de Estado no tiene antecedentes en materia de salario mínimo. “Nunca antes había ocurrido una medida cautelar de esta naturaleza”, afirmó, al tiempo que comparó el caso con un pronunciamiento de 2017 que tardó dos años en resolverse.Debate sobre la Ley 278 y la constitucionalidadUno de los puntos más controvertidos del debate radica en la magnitud del aumento del 23,7%, cifra que supera ampliamente indicadores como la inflación del año anterior, el crecimiento económico o la productividad.Frente a las críticas, Sanguino defendió que el análisis no puede limitarse únicamente a los parámetros de la Ley 278. “Usted se está situando en una perspectiva en la que el salario mínimo solo se debe limitar a lo establecido en la ley. A juicio nuestro, hay un elemento de rango constitucional que es prevalente”, señaló.El ministro argumentó que el salario mínimo no solo remunera un servicio, sino que debe garantizar condiciones dignas de vida para el trabajador y su familia. “El salario mínimo vital y móvil no solo paga un servicio, sino que debe permitir un mínimo en condiciones de dignidad”, puntualizó. En esa línea, el Gobierno sostiene que indicadores como los niveles de pobreza, la pérdida histórica del poder adquisitivo y la brecha entre salario y productividad también deben ser considerados dentro del análisis.Impacto económico y discusión nacionalLa discusión sobre el aumento del salario mínimo en Colombia ha generado un intenso debate entre empresarios, sindicatos y expertos económicos. Mientras algunos sectores advierten sobre riesgos inflacionarios y efectos en el empleo formal, el Gobierno insiste en que el incremento busca recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y dinamizar la economía.“Cuando la comisión de concertación no logra un acuerdo, el Gobierno tiene la facultad de expedir un decreto”, recordó Sanguino, quien destacó que en esta ocasión existe un consenso significativo en torno a mantener el porcentaje.
El sorteo de ColorLoto, integrante de la familia Baloto y caracterizado por combinar números y colores en su mecánica, llevó a cabo el sorteo número 195 el jueves 25 de junio de 2026.Resultado del último sorteo jueves 25 de junio de 2026De acuerdo con los resultados oficiales divulgados tras el evento, la combinación ganadora estuvo compuesta por las siguientes seis balotas: X (X) - X (X) - X (X) - X (X) - X (X) - X (X). (en minutos)ColorLOTO se ha consolidado como una de las modalidades de Baloto que incorpora una dinámica distinta al momento de realizar las apuestas. Con un valor de $3.000, los participantes deben elegir una combinación de seis colores —amarillo, azul, rojo, verde, blanco y negro— y asignar a cada uno un número del 1 al 7, siguiendo las reglas establecidas para la selección.¿Cómo se juega?La mecánica permite seleccionar seis colores y relacionarlos con un número. Los colores solo pueden repetirse cuando están asociados a un número diferente, mientras que un mismo número puede utilizarse más de una vez únicamente si corresponde a un color distinto. Además, en un mismo tiquete es posible realizar hasta cinco apuestas.Sorteos dos veces por semanaLos sorteos de ColorLOTO se llevan a cabo los lunes y jueves a las 10:00 p. m. Cada edición brinda a los jugadores la oportunidad de participar por diferentes categorías de premios.Seis maneras de ganarLa modalidad ofrece seis formas de ganar, dependiendo del nivel de aciertos obtenido. El Gran Acumulado, que inicia en $1.000 millones, se entrega a quienes logren acertar la combinación completa de los seis colores y los seis números elegidos en su apuesta. De esta manera, ColorLOTO amplía las opciones de premio para los jugadores que participan en cada sorteo.El sorteo se realiza bajo supervisión de autoridades competentes, garantizando la transparencia en la selección de las balotas y la publicación de resultados. Como es habitual, los organizadores recomiendan a los participantes verificar sus resultados únicamente a través de canales oficiales para evitar errores o confusiones.Con el incremento del acumulado a $1.900 millones, se espera un mayor interés de los jugadores en el próximo sorteo, en el que nuevamente estará en juego uno de los premios más llamativos dentro de esta modalidad. Mientras tanto, los resultados del sorteo 195 ya hacen parte del registro oficial de este juego que continúa consolidándose en el país.
El Consejo de Regulación de Alquileres de Nueva York votó este jueves a favor de congelar los alquileres de casi un millón de apartamentos cuya renta está regulada, promesa central de la campaña del alcalde Zohran Mamdani.El organismo de la Alcaldía suspendió con esta medida los aumentos para los contratos de alquiler de uno y dos años, una regulación que afecta al 40 % de todos los apartamentos de cinco distritos, detalló el diario New York Times."Esta es una victoria histórica para los inquilinos de la ciudad de Nueva York", declaró Mamdani tras la votación en un comunicado recogido por medios."Seguiré trabajando para lograr una ciudad más asequible mediante la construcción y preservación de viviendas asequibles, la reducción de los costos operativos de los edificios —como los seguros— y garantizando que los inquilinos conozcan sus derechos", añadió en la nota.Durante la campaña electoral, Mamdani prometió resolver la crisis de vivienda en una de las ciudades más caras del mundo y como alcalde destinó un presupuesto local de 22.000 millones de dólares en este concepto, la mayor inversión en años.Mamdani presentó en mayo un plan para construir 200.000 nuevas viviendas asequibles en la ciudad y preservar otras 200.000 ya existentes para un plazo de 10 años.La votación de hoy sigue a meses de audiencias y de consultas públicas y un extenso debate previo por cómo impactará a los propietarios de las llamadas rentas estabilizadas, quienes, según un informe de la junta, han visto incrementado sus ingresos.Se estima que unos 2,4 millones de neoyorquinos viven en viviendas con alquiler estabilizado, cuyo precio está regulado.
La suerte volvió a rodar este jueves 25 de junio de 2026 con una nueva edición de MiLoto, uno de los juegos de azar más populares del país. De acuerdo con la información oficial del sorteo número 560 la combinación ganadora estuvo conformada por: Los números: 30, 25, 35, 03 y 15.El premio mayor acumulado para este sorteo es de $260 millones, miles de jugadores lograron obtener premios en las diferentes categorías de aciertos. De no haber ganador, el acumulado para el próximo sorteo aumentará nuevamente.¿Cómo jugar?Para participar, el jugador debe seleccionar cinco números entre el 1 y el 39, ya sea de forma manual, eligiendo personalmente cada número, o de manera automática, dejando que el sistema los genere al azar. En un mismo tiquete es posible realizar hasta cinco apuestas, y durante el sorteo se extraen aleatoriamente cinco balotas, que determinan la combinación ganadora.¿Cuánto vale?El precio al público de MiLoto es de $4.000 IVA incluido y el premio mayor inicial será de $120 millones de pesos.Plan de premiosMiLoto premia 2, 3, 4 o 5 aciertos de los 5 números del 1 al 39 que seleccionaste, sin importar el orden, aquí te mostramos:Premio inicial: $120.000.000 y se irá acumulando en cada sorteo si no hay un ganadorExisten 4 formas de ganar con MiLotoLos jugadores podrán ganar con 5, 4, 3 o 2 aciertos.Con 5 aciertos ganará el premio mayor que iniciará en $120 millones. Si no hay un ganador, el acumulado irá aumentando en cada sorteo.Si no hay ganador del acumulado, las categorías de 4 y 3 aciertos recibirán un porcentaje adicional a su premio.Si tiene 2 aciertos, podrá ganarse $4000 pesos, con el cual podrá hacer una nueva apuesta.Los resultados presentados en este artículo tienen carácter estrictamente informativo y están sujetos a la verificación oficial realizada por la entidad operadora de MiLoto.Nuevo acumulado para el próximo sorteoDe quedar desierto el premio mayor, MiLoto indicó que el acumulado se incrementa para el próximo sorteo, monto que estará en juego en la siguiente edición del sorteo. Este crecimiento del acumulado suele generar una mayor expectativa entre los participantes, ya que incrementa el atractivo del premio principal y eleva el interés por adquirir nuevos tiquetes.
Estados Unidos anunció este jueves el despliegue de sus fuerzas militares para apoyar las "operaciones de socorro" en Venezuela a petición de sus autoridades, tras los devastadores terremotos de este miércoles."Las autoridades interinas de Venezuela solicitaron formalmente asistencia estadounidense a raíz de los sucesos", indicó un comunicado del Comando Sur.Su comandante, el general Francis L. Donovan, detalló que se han movilizado un buque de transporte anfibio, uno de combate, aviones de transporte así como plataformas de reconocimiento y aeronaves de ala rotatoria."Estas fuerzas proporcionarán servicios especializados de movilidad y apoyo al personal del gobierno de los EE. UU., a los equipos de búsqueda y rescate y a los socios interinstitucionales estadounidenses mientras evalúan los daños, localizan a los heridos y entregan asistencia vital de emergencia", detallaron las fuerzas estadounidenses.Estados Unidos aseguró que "continuará colaborando estrechamente con las autoridades interinas de Venezuela para planificar, coordinar y dirigir" las fuerzas armadas estadounidenses "en apoyo a las operaciones de socorro rápido en las zonas afectadas".Entre los equipos enviados están dos aviones de transporte C-17 Globemaster y C-130 Hercules para apoyar los esfuerzos de alivio por el terremoto en Venezuela y ayudar a salvar vidas.“El C-17 proporciona una capacidad de carga masiva capaz de entregar ayuda, equipo y equipos de respuesta en zonas de desastre. El C-130 Hercules es el caballo de batalla táctico del ejército de EE. UU. con una larga historia de proporcionar apoyo crítico de transporte aéreo en crisis para ayudar a las comunidades a obtener ayuda inmediata”, informaron.
Los resultados de Super Astro Luna siguen despertando el interés de miles de colombianos que participan diariamente en este reconocido juego de suerte y azar. A diferencia de los chances tradicionales, esta modalidad exige acertar una combinación compuesta por un número de cuatro cifras y un signo zodiacal, lo que le da una dinámica única dentro de las apuestas en Colombia.Número ganador de Super Astro Luna del 25 de junio de 2026Según los resultados oficiales del sorteo realizado el jueves 25 de junio de 2026, la combinación ganadora fue el 5600 - Aries.Además, los resultados se desglosan de la siguiente manera:Dos últimas cifras: 00Tres últimas cifras: 600Signo ganador: AriesGracias a su formato especial, Super Astro Luna se ha consolidado como una de las opciones favoritas entre quienes buscan nuevas alternativas para probar suerte.Horarios del sorteo Super Astro LunaEl sorteo de Super Astro Luna se realiza todos los días del año, aunque su horario cambia según la jornada:Lunes a viernes: 10:40 p. m.Sábados: 10:42 p. m.Domingos y festivos: 8:30 p. m.Los resultados oficiales pueden consultarse una vez finaliza cada sorteo a través de los canales autorizados.Para participar, cada jugador debe elegir una combinación formada por un número de cuatro cifras y un signo zodiacal.Los números disponibles van desde el 0000 hasta el 9999, mientras que los signos zodiacales que se pueden seleccionar son:AriesTauroGéminisCáncerLeoVirgoLibraEscorpiónSagitarioCapricornioAcuarioPiscisEl premio mayor se obtiene al acertar tanto el número como el signo zodiacal anunciados en el resultado oficial del sorteo.Modalidades de apuesta disponiblesSuper Astro Luna ofrece varias opciones para que los participantes personalicen sus jugadas. Una de las más utilizadas consiste en apostar un mismo número con los doce signos zodiacales, aumentando así las posibilidades de coincidir con el signo ganador.Asimismo, cada tiquete permite registrar hasta cuatro apuestas diferentes, brindando la oportunidad de participar con varias combinaciones en una sola compra.¿Cuánto cuesta jugar Super Astro Luna?El juego cuenta con valores accesibles para diferentes presupuestos:Valor mínimo por tiquete: $500Valor máximo por apuesta: $10.000De esta manera, cada participante puede definir el monto que desea invertir según sus preferencias.Cómo verificar los resultados de Super Astro LunaUna vez finalizado el sorteo, se recomienda revisar cuidadosamente el tiquete de apuesta y compararlo con los resultados oficiales publicados por los canales autorizados.Esta verificación permite confirmar si la combinación seleccionada resultó ganadora y facilita el proceso de reclamación de premios en caso de obtener un acierto.