La senadora del Centro Democrático Claudia Margarita Zuleta le pidió al ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, y al ministro de Minas, Edwin Palma, que hagan efectiva su renuncia a la Superintendencia de Subsidio. Según la congresista, de no hacerlo, los dos funcionarios del gobierno Petro podrían intervenir en decisiones relacionadas con la designación de consejeros de las cajas de compensación."El ministro Sanguino asumió como superintendente encargado cuando fue separada del cargo la anterior superintendente. En esa condición quedó en una posición que plantea serios interrogantes sobre su intervención en decisiones relacionadas con la designación de consejeros de las cajas de compensación. Posteriormente, esa función fue delegada al ministro Edwin Palma", dijo Zuleta.En el mismo sentido le pidió a la ministra del Trabajo designada, Natalia López que una vez asuma el cargo el 7 de agosto revise con rigor las decisiones adoptadas en los últimos días de este Gobierno."Frente a la convocatoria programada para el 6 de agosto sobre la Caja de Compensación de La Guajira, informo que la estamos revisando con el mayor rigor jurídico. De encontrar irregularidades o actuaciones contrarias a los principios de imparcialidad y legalidad, ejerceremos todas las acciones a que haya lugar", agregó la congresista.
El abogado Rafael Ángel Quintero Gallo solicitó la nulidad parcial del decreto que encargó al ministro del Trabajo como jefe de la Superintendencia del Subsidio Familiar. También pidió suspender de manera provisional los efectos de la designación mientras se resuelve el proceso.El abogado Rafael Ángel Quintero Gallo presentó una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado contra el artículo 2 del Decreto 0649 del 26 de junio de 2026, mediante el cual se encargó a Antonio Sanguino, actual ministro del Trabajo, como superintendente del Subsidio Familiar, sin separarse de las funciones de su cargo.En la acción judicial, dirigida contra la Nación, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y el Ministerio del Trabajo, el demandante solicita que el alto tribunal declare la nulidad de esa decisión, al considerar que vulnera normas constitucionales y legales relacionadas con la competencia administrativa, la imparcialidad y la separación de funciones dentro del Estado.Según la demanda, el encargo permitió que una misma persona ejerciera de manera simultánea funciones de dirección del sector laboral, propias del Ministerio del Trabajo, y funciones de inspección, vigilancia y control que corresponden a la Superintendencia del Subsidio Familiar sobre las cajas de compensación familiar. A juicio del demandante, esa acumulación de competencias desconoce el diseño institucional previsto por la ley y compromete la independencia del organismo de control.El documento también sostiene que la decisión se adoptó en ejercicio de una competencia delegada por el Presidente de la República mediante el Decreto 658 de 2024. Sin embargo, argumenta que esa delegación no habilitaba al ministro para expedir un acto administrativo del que él mismo resultara beneficiario, por lo que considera que se desconocieron los principios de imparcialidad, moralidad y transparencia que rigen la función administrativa.Como medida cautelar, Quintero Gallo pidió al Consejo de Estado suspender provisionalmente los efectos del artículo que designó a Sanguino mientras avanza el proceso judicial. En su solicitud, afirma que mantener vigente el encargo podría afectar la independencia de las decisiones de inspección y vigilancia sobre las cajas de compensación familiar y generar efectos administrativos que posteriormente serían difíciles de revertir.En la demanda se señala que la suspensión no afectaría la continuidad del servicio, ya que el Gobierno Nacional conserva la facultad de realizar un nuevo encargo o nombramiento temporal, conforme a la Constitución y la ley, mientras el Consejo de Estado adopta una decisión definitiva sobre la legalidad del decreto.
La designación del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, como encargado de la Superintendencia del Subsidio Familiar, sin dejar sus funciones en el Ministerio, generó el rechazo de la Federación del Sistema de Seguridad Social (FESSS), organización que reúne sindicatos de las Cajas de Compensación Familiar.A través de un comunicado, la federación cuestionó el decreto 0649 del 26 de junio de 2026, expedido por el Departamento Administrativo de la Presidencia, al considerar que la decisión desconoce el régimen de incompatibilidades y concentra en un mismo funcionario funciones de dirección, inspección, vigilancia y control que, por ley, deben permanecer separadas.Según la organización, el Ministerio del Trabajo define políticas y realiza designaciones relacionadas con el sistema de subsidio familiar, mientras que la Superintendencia es la entidad encargada de vigilar, revisar y controlar el cumplimiento de esas decisiones. En ese sentido, advirtió que una misma persona no puede ejercer simultáneamente funciones sobre actos que posteriormente debe supervisar o autorizar.La FESSS también argumentó que ambos cargos demandan dedicación de tiempo completo y responsabilidades de alto nivel, por lo que considera materialmente imposible ejercer de manera simultánea las funciones del Ministerio y de la Superintendencia sin afectar la gestión de ambas entidades.En el comunicado, la federación recordó que el Consejo de Estado ha señalado que la figura del encargo no puede utilizarse para permitir la acumulación permanente de funciones correspondientes a dos empleos públicos diferentes.Además, aseguró que existen investigaciones, procesos judiciales y denuncias relacionadas con actuaciones del Ministerio del Trabajo sobre la designación de representantes de los trabajadores en los consejos directivos de las Cajas de Compensación Familiar. Como soporte, anexó una queja disciplinaria presentada ante la Procuraduría General de la Nación por una funcionaria de carrera de la Superintendencia del Subsidio Familiar, en la que se denuncian presuntas irregularidades en esos procesos y posibles conductas disciplinarias y penales de algunos funcionarios.Frente a este panorama, la FESSS solicitó la derogatoria o modificación inmediata del Decreto 0649 de 2026, el nombramiento de un superintendente en propiedad o en encargo que ejerza el cargo con autonomía e independencia, y la intervención de la Procuraduría General de la Nación y del Departamento Administrativo de la Función Pública para verificar la legalidad del acto administrativo.Al debate también se sumó la exsenadora María Fernanda Cabal, quien, a través de su cuenta en la red social X, cuestionó la decisión del Gobierno al señalar que el ministro de Trabajo queda encargado de la Superintendencia del Subsidio Familiar sin separarse de su cargo, lo que, según afirmó, convierte al mismo funcionario en responsable de gestionar políticas desde el Ministerio y, al mismo tiempo, de ejercer vigilancia sobre ellas desde la Superintendencia.
Este miércoles se instaló en Barranquilla el 19 Encuentro Nacional de Laboralistas. Como invitado al evento estuvo el ministro de trabajo Antonio Sanguino, quien aprovechó su visita a la capital del Atlántico para indicar que cómo país y sociedad se vienen unos nuevos desafíos que tienen que ser enfrentados por el nuevo Gobierno en cabeza del presidente Electo Abelardo De la Espriella.Frente a esto Sanguino afirmó que están listos para empezar el empalme son todo lo hecho en su ministerio e indicó que esperan que una vez pasada la coyuntura electoral, la Corte Constitucional resuelva las demandas pendientes para dar trámite a la reforma pensional.“Esperemos que los fondos privados trasladen los recursos y los ahorros de esas personas que se han trasladado y que no lo han querido hacer. Y esperemos que el nuevo Gobierno obligue a los fondos privados a que trasladen de esos fondos privados los recursos ahorrados por los colombianos que ahora están en el fondo público”, invitó el ministro.Sobre la propuesta del presidente electo de suprimir algunos ministerios del Gobierno indicó que Abelardo De La Espriella necesitaría una reforma del Estado y que esta sea aprobada por el Congreso de la República para poder hacer dichos recortes.“Ellos requerirían una reforma del Estado y esa reforma del Estado tiene que ser aprobada por el Congreso de la República. Así que no es que yo quiera recortar porque quiera hacerlo.Hay unos trámites que están establecidos en nuestra democracia y necesitaría el nuevo presidente de la República facultades que le otorgue el Congreso de la República o una ley que reestructura el Estado colombiano para proceder a una decisión de esa naturaleza y en todo caso hablar de 700 mil trabajadores en la calle es una verdadera masacre laboral”, enfatizó.Frente a las investigaciones a empresarios por presuntas presiones electorales, afirmó que estas siguen su curso y que de confirmarse podrían derivar en sanciones o medidas concretas por parte del Ministerio.“Si ese constreñimiento es comprobado por parte de las instancias del Ministerio del Trabajo, tendrán que derivar, por supuesto, en las sanciones correspondientes, como también hay que reiterar que son conductas tipificadas en el Código Penal, así que deberán también desarrollarse las investigaciones respectivas por parte de la Fiscalía. Nosotros recibimos cerca de 400 quejas y en su mayoría dieron origen a investigaciones que se están adelantando en el Ministerio de Trabajo”, puntualizó.El alto funcionario expresó gran preocupación por varias decisiones políticas que se darían en el nuevo gobierno que podrían poner, según dijo, en riesgo las conquistas laborales alcanzadas en el Gobierno Petro.
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que han recibido denuncias por presunto constreñimiento electoral en distintas regiones del país, en las que directivos de empresas estarían ejerciendo presión sobre sus trabajadores para influir en su voto en la jornada electoral del 21 de junio.El ministro habló de 65 casos, mientras que el presidente Petro dijo que al menos 400 empresas habrían presentado denuncias. En respuesta, el Ministerio del Trabajo expidió más de diez medidas preventivas, entre ellas una circular dirigida a empleadores para garantizar que los trabajadores puedan ejercer su derecho al voto sin restricciones durante la jornada electoral, incluso cuando se encuentren en turno laboral.En paralelo, el presidente Gustavo Petro advirtió que cualquier intento de interferir en el sufragio de los trabajadores constituye un delito. A través de un mensaje en X recordó que el voto es libre, por lo que ningún empleador puede impedir o condicionar la participación electoral de sus empleados.El jefe de Estado también señaló que, en caso de que los trabajadores tengan turno laboral el día de la elección, deben poder acudir a las urnas y regresar a sus labores sin represalias. Añadió que impedir el ejercicio del voto o inducir una determinada opción electoral puede acarrear consecuencias penales.Finalmente, el ministro Sanguino informó que las denuncias ya fueron trasladadas a la Fiscalía General de la Nación, al Consejo Nacional Electoral, a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la Misión de Observación Electoral, con el fin de que se adelanten las investigaciones correspondientes.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, recomendó que los ciudadanos que buscan trasladar sus ahorros pensionales desde fondos privados hacia Colpensiones que presenten acciones de tutela de manera masiva, para reclamar la protección de sus derechos.La propuesta surgió luego de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el decreto del Gobierno nacional que obligaba a los fondos privados de pensiones a trasladar los recursos de trabajadores que deseaban pensionarse en el sistema público.Según explicó el ministro, además de las tutelas que podrían interponer los ciudadanos, el Gobierno también adelantará acciones jurídicas de distinta índole para intentar garantizar el traslado de los recursos desde los fondos privados hacia Colpensiones.“Esos 25.000 trabajadores, incluso los 120.000, pueden acudir a la tutela, a una especie de tutelatón, para que los jueces de la República le ordenen a los fondos privados, como ha ocurrido en el pasado, que una vez la persona se traslade, se traslada con sus recursos, porque los dueños de esos recursos son los trabajadores”, afirmó Sanguino.La controversia se produjo después de que el Consejo de Estado suspendiera el decreto que buscaba trasladar cerca de 25 billones de pesos desde los fondos privados al sistema público de pensiones.El ministro aclaró que, aunque el traslado de los recursos aún no se ha concretado, el Gobierno cuenta con el dinero necesario para garantizar el pago de las pensiones de las personas que ya realizaron el cambio a Colpensiones y cumplen con los requisitos establecidos por la ley.Actualmente existen dos grupos de afiliados involucrados en este proceso. El primero corresponde a quienes ya habían logrado trasladarse desde los fondos privados hacia Colpensiones. El segundo está conformado por las personas que, según lo establecido en la reforma pensional, deberían pasar obligatoriamente al sistema público por tener ingresos de hasta dos salarios mínimos mensuales.La reforma pensional establece que los trabajadores con ingresos de hasta dos salarios mínimos deben cotizar en Colpensiones. Sin embargo, la constitucionalidad de esa norma todavía está siendo estudiada por la Corte Constitucional, alto tribunal que deberá decidir si declara exequible la reforma o la invalida total o parcialmente, de acuerdo al estudio de varias demandas.
En medio de una creciente tensión entre el Gobierno nacional, los fondos privados de pensiones y las altas cortes, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aclaró la postura del Ejecutivo frente al pago de las mesadas pensionales de miles de colombianos.Tras la reciente decisión del Consejo de Estado de suspender el traslado de recursos desde los fondos privados hacia Colpensiones, el jefe de la cartera laboral desestimó las versiones que dan por hecho un cese inmediato en los pagos, aunque advirtió sobre los riesgos financieros que esta medida conlleva.El conflicto por los recursos "secuestrados"El núcleo de la disputa radica en los ahorros de aproximadamente 25.000 pensionados y 12.000 cotizantes que decidieron trasladarse al régimen público bajo el amparo de la Ley 2381. Según el ministro Sanguino, los fondos privados se han negado a transferir estos recursos, los cuales ascienden a cerca de 5 billones de pesos. “El que no ha pagado son los fondos privados,tienen secuestrados los recursos de esos 25.000 ahorradores que decidieron trasladarse a Colpensiones”, aseguró el ministro Sanguino, en diálogo con Mañanas Blu, señalando que estas entidades prefieren mantener el dinero en sus portafolios de inversión en el extranjero en lugar de garantizar la sostenibilidad del sistema público. Sostenibilidad pensional y la postura del GobiernoAnte la preocupación de los ciudadanos sobre si recibirán su próximo pago, el ministro fue enfático en que el Gobierno no ha tomado una determinación de suspender las mesadas, a pesar de lo que sugiere un comunicado conjunto con el Ministerio de Hacienda. Sanguino aseguró que se está haciendo un llamado de atención ante lo que considera una actitud de "avaricia y codicia" por parte de los fondos privados.Al ser consultado sobre la fecha exacta en la que se dejarían de pagar las pensiones, respondió: “No hemos decidido ni a partir de cuándo vamos a hacer todo el esfuerzo por mantener ese compromiso pensional y vamos a luchar hasta el último suspiro para que los fondos privados no se queden con la plata de la gente”.El ministro defendió que la solidez de Colpensiones ha permitido cumplir religiosamente con los compromisos hasta la fecha, pero insistió en que los ahorros deben estar en el fondo que atiende el derecho pensional. Choque con el Consejo de Estado y limbo jurídicoEl Gobierno también lanzó duras críticas contra el magistrado Bedoya del Consejo de Estado, acusándolo de favorecer los intereses de los fondos privados y de invadir competencias de la Corte Constitucional. Sanguino argumentó que la interpretación del magistrado es equivocada, pues la Ley 100 establece claramente que nadie puede pertenecer a dos regímenes al mismo tiempo.“El señor magistrado Bedoya del Consejo de Estado es el que está amenazando a los trabajadores con su pensión porque se queda con sus ahorros”, sentenció el ministro, subrayando que la situación actual es un "limbo jurídico" provocado por las demoras en la decisión definitiva de la Corte Constitucional sobre la reforma pensional.Escuche aquí la entrevista:
En diálogo con Mañanas Blu, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, defendió la legalidad del decreto 415 y aseguró que el traslado de recursos de los fondos privados a Colpensiones no tiene fines electorales. El funcionario calificó de "decisión exprés" la medida cautelar del Consejo de Estado que suspendió dicha normativa, la cual buscaba que los ahorros de los trabajadores que se trasladaron de régimen siguieran a la entidad encargada de pagar su pensión, es una "decisión de Consejo de Estado es reprochable", sentenció.Crítica a la celeridad del Consejo de EstadoSanguino expresó su sorpresa y desacuerdo ante la rapidez con la que el alto tribunal falló en contra del decreto gubernamental. Según el ministro, el Consejo de Estado "valoró, entre comillas, un riesgo y un perjuicio irreparable y en cuestión de horas expidió una medida cautelar que deja sin efecto el decreto 415".Para el jefe de la cartera laboral, lo natural es que si un ahorrador decide trasladarse al fondo público, sus recursos deben acompañarlo para garantizar la "sostenibilidad financiera y los activos para poder atender ese derecho pensional" de la persona. El ministro insistió en que el Gobierno no está actuando fuera de la ley, sino que se ampara en el artículo 16 de la Ley 100, el cual estipula que un ciudadano no puede pertenecer a dos regímenes pensionales simultáneamente. "Nosotros estamos acudiendo al artículo 16 de la ley 100 y estamos acudiendo al artículo 76 de la 2381", afirmó, anunciando que interpondrán recursos de reposición y súplica ante la decisión judicial. Niega fines políticos"¿Usted cree que la plata de las mesadas de los 25,000 nos las estamos gastando en campaña electoral, en publicidad electoral?", señaló en medio de la conversación con Mañanas Blu. El ministro explicó que, de los 120,000 trasladados, ya hay 25,000 pensionados cuyas mesadas están siendo cubiertas por Colpensiones, lo que representa un costo anual de un billón de pesos. "Eso no se está gastando ni en cuñas, ni en publicidad ni en actos electorales. Se le está pagando a la gente las pensiones", subrayó el funcionario, argumentando que Colpensiones requiere esos activos para operar sin traumatismos. Sanguino atribuyó la actual confusión a un "limbo" generado por el retraso de la Corte Constitucional en decidir sobre la Ley 2381 (Reforma Pensional), la cual se encuentra "atrancada". El ministro cuestionó el "prurito ideológico" de quienes prefieren que los recursos estén en fondos privados y no en el Estado, y pidió a la Corte una pronta resolución para dar seguridad al sistema. Escuche aquí la entrevista:
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, reaccionó a la decisión del Consejo de Estado de ordenar la suspensión provisional del traslado anticipado de ahorros pensionales de fondos privados a Colpensiones, medida que había sido establecida por el Gobierno mediante decreto 415 de 2026.Sanguino considera “express” la determinación y aseguró que “favorece claramente al capital financiero en detrimento de los derechos del pueblo trabajador”, por lo que anunció que interpondrá los recursos legales correspondientes y advirtió posibles implicaciones para la sostenibilidad del sistema pensional.“La medida cautelar detiene el traslado de recursos de afiliados que aún no consolidan su pensión, mientras mantiene el pago a cerca de 25.000 personas que ya la reciben a través de Colpensiones”, dice el trino del funcionario.Para Sanguino “no es aceptable que los fondos privados se liberen de la obligación pensional mientras retienen los recursos que la financian. El principio es claro: quien paga la pensión debe contar con los recursos”.A todo esto, hizo un llamado al cumplimiento del traslado de estos dineros para garantizar el pago oportuno y la estabilidad del sistema, en medio del debate jurídico que ahora deberá resolver el alto tribunal.Al minTrabajo se le sumó el presidente Gustavo Petro, quien fue directo contra el alto tribunal. “El Consejo de Estado está vetando el traslado de los ahorradores que han pedido los ahorradores trabajadores”, escribió en su cuenta de X.Y más allá del señalamiento, hizo una acusación, al asegurar que la medida provisional “le permite robar a los banqueros los ahorros de los trabajadores”.Sobre la suspensión provisionalLa decisión fue adoptada por la Sección Segunda del alto tribunal, al considerar que esta disposición podría contradecir lo establecido en la Ley 2381 de 2024 (reforma pensional), que permitió de manera excepcional el traslado de afiliados desde fondos privados hacia Colpensiones.Sin embargo, esa norma también fijó una condición: los recursos ahorrados debían permanecer en los fondos privados hasta que la persona cumpliera los requisitos para pensionarse y consolidara su derecho.Pese a ello, el Gobierno expidió el Decreto 415 de 2026, que ordenaba a las administradoras trasladar los recursos de forma inmediata: el 50 % en un plazo máximo de 20 días y el otro 50 % en los 10 días siguientes.Debido a lo corto de estos plazos, el Consejo de Estado tramitó la solicitud con carácter urgente. Señaló que, de seguir el procedimiento ordinario, cuando se tomara una decisión el dinero ya habría sido trasladado, haciendo inocua cualquier medida judicial.Para la corporación, el decreto modificó una regla ya definida por la ley, al cambiar el momento en que debía hacerse el traslado de los recursos. En ese sentido, recordó que el presidente puede reglamentar las leyes, pero no alterar su contenido ni sustituir decisiones que corresponden al Congreso.Por esta razón, suspendió temporalmente esa parte del decreto mientras avanza el análisis de fondo para determinar si debe ser anulada de manera definitiva.
De acuerdo con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), el caso de Juan Antonio Sanguino -hermano del ministro Antonio Sanguino- fue registrado desde 2019 y hace parte de los Planes Regionales de Búsqueda en el sur del Cesar y el área metropolitana de Bucaramanga.La entidad explicó que cuenta con una estrategia de recolección de información a través de aportantes que, de manera voluntaria y bajo estricta confidencialidad, pueden contribuir al esclarecimiento de hechos de desaparición en el marco del conflicto armado.En ese sentido, la UBPD indicó que actualmente explora nuevas fuentes que permitan avanzar en acciones de búsqueda humanitaria, aunque hasta ahora no se ha logrado establecer el paradero de la víctima.Por ello, insistió en su llamado a quienes tengan conocimiento del caso para que suministren información que facilite la recuperación, identificación y entrega digna de los restos.“La UBPD se encuentra explorando fuentes de información que permitan desplegar acciones concretas de búsqueda humanitaria de Juan Antonio, de manera que se traduzca a su vez en una manifestación de la voluntad de paz de quienes tienen conocimiento de estos hechos de desaparición, lo cual no ha sucedido hasta el momento”, indicaron.Este pronunciamiento se da luego de que el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, hiciera pública una carta dirigida al Comando Central del ELN, en la que exige verdad, reparación y la entrega de los restos de su hermano, desaparecido hace casi cuatro décadas.En la comunicación, el funcionario relata que Juan Antonio Sanguino, quien también militaba en esa guerrilla, habría sido llevado a un campamento en el sur del Cesar, donde fue sometido a un “juicio revolucionario” y posteriormente ejecutado tras ser acusado de infiltración.“Les pido que me entreguen verdad plena sobre lo ocurrido. Les solicito que se haga entrega a mi familia de los restos mortales de Juan Antonio. Les pido que dicha entrega se produzca a través de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Les exijo, además, que hagan a mi familia la respectiva petición de perdón por este asesinato”, señala el ministro en la carta.
Una celebración por el inicio de una nueva etapa terminó con enfrentamientos entre familiares, vajilla rota y la intervención de la Guardia Civil. Una discusión entre los recién casados habría desencadenado una serie de altercados durante el banquete, en medio de versiones sobre una supuesta infidelidad y una posible ruptura.Los hechos ocurrieron durante una boda celebrada en Gomesende, en Ourense, España. La celebración terminó con varios invitados enfrentados y con la presencia de las autoridades, después de que la situación escalara hasta el punto de que parte de la vajilla y la cristalería del lugar resultaran dañadas.En las horas posteriores al matrimonio comenzaron a circular diferentes versiones sobre lo ocurrido. Una de ellas apuntaba a una supuesta infidelidad de la novia con un trabajador encargado de la organización del evento, mientras que también se habló de una posible separación de la pareja tras la celebración.Sin embargo, los propios recién casados salieron posteriormente a desmentir parte de esas informaciones. En declaraciones recogidas por La Región, el novio aseguró que continúa junto a su esposa y negó que ella le haya sido infiel.De acuerdo con la reconstrucción difundida por Efe y La Región, el conflicto habría comenzado durante la celebración por una discusión relacionada con 40.000 euros.Según esas versiones, la novia habría reclamado al novio dicha cantidad, que estaría relacionada con el dinero recibido como regalos de los invitados y con un supuesto acuerdo previo entre ambos. Él, de acuerdo con esa reconstrucción, se habría negado a entregarle el dinero.La discusión habría involucrado posteriormente a familiares de los dos recién casados. El enfrentamiento fue aumentando de intensidad hasta trasladarse al espacio donde se desarrollaba el banquete, donde se registraron gritos, agresiones y tirones de pelo, según las informaciones publicadas.La situación llegó a tal punto que los responsables del establecimiento solicitaron la presencia de la Guardia Civil. Durante el altercado también resultaron rotos elementos de la vajilla y la cristalería.El novio niega la supuesta infidelidadUno de los detalles que más repercusión generó después de la boda fue una versión según la cual la novia habría acudido a los baños junto a un joven que trabajaba en la organización del evento y habría mantenido allí un encuentro íntimo.La información fue difundida posteriormente por distintos medios y programas de televisión como una posible explicación del conflicto y de la supuesta separación de los recién casados.No obstante, esa versión es rechazada por la pareja. El novio defendió públicamente a su esposa y aseguró que nunca existió una infidelidad."Mi mujer y yo no nos separamos en ningún momento", afirmó en el mensaje recogido por La Región, donde también negó que existiera un acuerdo entre ambos por 40.000 euros relacionado con la boda.El recién casado sí reconoció que durante la celebración hubo enfrentamientos, aunque presentó una explicación diferente sobre el origen de las peleas.Según el relato del novio, uno de los primeros altercados ocurrió después de que su hermana, quien estaría enferma, le tapara la boca a su esposa mientras esta hablaba. El hermano de la novia habría reaccionado ante ese gesto y la situación terminó desencadenando una pelea.Posteriormente habría ocurrido otro enfrentamiento, que el propio recién casado calificó como "más gorda". En este caso, dos invitadas se habrían agarrado del pelo en las inmediaciones del recinto.El novio también rechazó las versiones que hablaban de una ruptura inmediata después de la boda. En su mensaje, sostuvo que él y su esposa permanecen juntos y cuestionó a quienes, según afirma, intentaron perjudicarlos."Nunca dejaré que se manche el nombre de nuestras familias", aseguró.La pareja sostiene actualmente que continúa unida y que ambos se encuentran viviendo en A Coruña, donde están trabajando. De esta manera, los recién casados dieron su propia versión de una celebración que terminó rodeada de versiones contradictorias sobre una supuesta infidelidad, una pelea familiar y una eventual ruptura que ellos niegan.
El Juzgado 804 Transitorio de Familia de Bogotá concedió una acción de tutela y ordenó al presidente Abelardo De La Espriella abstenerse, en ejercicio de sus funciones, de participar en actos religiosos que impliquen adhesión o identificación del Estado con una confesión determinada.La decisión fue adoptada al resolver una tutela presentada por el ciudadano Julio Jair Mizger Díaz, quien alegó la vulneración de sus derechos a la libertad de conciencia, la libertad de cultos y el principio de laicidad del Estado.El caso se originó por los hechos ocurridos el 29 de agosto en la Plaza de Bolívar, durante la denominada “Gran velatón por las víctimas del terremoto”, convocada por el Gobierno Nacional para recaudar ayudas tras el sismo del 10 de agosto. Según el accionante, durante el evento se realizaron actos propios de la religión católica que excluyeron a otras confesiones y a personas no creyentes.En la tutela se afirmó que el presidente participó en la “coronación de una estatua de la Virgen de Fátima” y que, además, habría entregado la Nación a Cristo. El ciudadano sostuvo que el evento fue convocado y difundido a través de canales oficiales del Estado, lo que le otorgó un carácter institucional.El juez estudió ambos aspectos por separado. Tras revisar el material audiovisual, concluyó que la participación del mandatario en la imposición de una corona a la imagen religiosa excedió los límites de neutralidad que exige la Constitución a las autoridades públicas.En el fallo se señala que “el principio de neutralidad religiosa exige que las autoridades públicas se abstengan de identificarse o realizar actos oficiales de adhesión, incluso simbólicos, a una determinada religión o confesión”. El juez agregó que, aunque el evento tenía una finalidad pública relacionada con la solidaridad hacia las víctimas del terremoto, “la actuación específica del señor Presidente desbordó dicha finalidad”.La decisión también precisa que el mandatario no actuó en una esfera estrictamente personal, sino en su calidad de jefe de Estado y durante un evento oficial. Por ello, el juzgado consideró que la participación presidencial proyectó una adhesión simbólica del Estado a una confesión religiosa determinada.En contraste, el despacho concluyó que no se acreditó que el presidente hubiera pronunciado la frase sobre la entrega de la Nación a Cristo. Al revisar el video, determinó que esa expresión fue realizada por otra persona y no podía ser atribuida al mandatario.El juez negó otras solicitudes del accionante, entre ellas una reparación simbólica mediante una declaración pública y el envío de copias a la Procuraduría para una eventual investigación disciplinaria.La providencia es de primera instancia y puede ser impugnada.
Un joven sobrevivió a una fuerte descarga eléctrica cuando, presuntamente, intentaba hurtar cables en el sector del retorno de Viveros, en la vía hacia el retén, en Barrancabermeja. El hombre quedó atrapado entre una maraña de cables, con quemaduras visibles en diferentes partes del cuerpo y una posible fractura en una de sus piernas.De acuerdo con versiones conocidas en el lugar, dos personas habrían subido a un poste para intentar apoderarse de varios cables. Sin embargo, tras producirse la primera descarga eléctrica, una de ellas habría logrado escapar, mientras que su compañero quedó atrapado entre los conductores.El joven permaneció durante varios minutos en el lugar, expuesto a las consecuencias de la descarga y con lesiones de consideración. La gravedad de las posibles afectaciones internas deberá ser determinada por los profesionales de la salud.Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja acudieron al sitio y, mediante el uso de una escalera, lograron llegar hasta el hombre, liberarlo de los cables y descenderlo en una camilla.Posteriormente, fue trasladado al Hospital Regional del Magdalena Medio, donde quedó bajo atención médica para establecer la gravedad de las quemaduras y determinar si presenta lesiones internas como consecuencia de la descarga eléctrica.Por ahora, se presume que el incidente involucró una línea de media tensión. Sin embargo, las autoridades y la Electrificadora de Santander responsable del servicio deberán establecer la magnitud exacta de la energía involucrada y las circunstancias en las que se produjo el accidente.El caso vuelve a poner en evidencia los riesgos de manipular redes eléctricas sin las condiciones de seguridad necesarias, especialmente cuando se trata de infraestructura de media tensión en Santander.
Más de 100 kilos de material explosivo fueron encontrados en las últimas horas en zona rural de Charta, Santander, en medio de las operaciones que adelantan las autoridades contra estructuras armadas ilegales en el departamento.El hallazgo fue informado por el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, quien explicó que tropas de la Quinta Brigada del Ejército localizaron el material y adelantan el procedimiento de incautación, además de las investigaciones para establecer su procedencia y posible uso.De acuerdo con las primeras informaciones entregadas por las autoridades, los explosivos pertenecerían, al parecer, a una estructura del ELN que tiene presencia en la región.“Ante la ofensiva contra las estructuras criminales ubicaron unos explosivos que están en proceso de incautación en este momento y haciendo ese respectivo proceso de investigación”, explicó Hernández.El funcionario señaló que en el procedimiento participan diferentes componentes de las autoridades y que se realizará el respectivo acompañamiento institucional mientras avanzan las investigaciones.Este nuevo operativo ocurre pocas semanas después de otro importante hallazgo registrado en Charta. El pasado 3 de septiembre, tropas de la Quinta Brigada, en coordinación con la Policía y con apoyo del FBI, localizaron un depósito ilegal en la vereda Ovejera, donde fueron encontrados 250 kilos de explosivo R1.Según las autoridades, ese material pertenecía al Frente de Guerra Nororiental del ELN y estaba oculto cerca de una institución educativa. Por el riesgo que representaba para la comunidad, los explosivos fueron destruidos de manera controlada.En ese momento, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, señaló que con la operación se evitó que el material pudiera ser utilizado contra la población civil, la Fuerza Pública o infraestructura estratégica. También indicó que los explosivos podrían haber sido destinados a actividades relacionadas con minería ilegal.Con el nuevo hallazgo, las autoridades mantienen las operaciones en esta zona del departamento.
En una camilla, con el rostro desencajado, Maricarmen se despide de su hogar. Esta madrileña de 87 años desahuciada el miércoles se ha convertido en símbolo de la crisis del encarecimiento de la vivienda en España.Después de varios años de lucha judicial, esta jubilada perdió la batalla frente a la agencia inmobiliaria que compró el piso que ella ocupaba desde hacía 70 años en el acomodado barrio del Retiro y le subió el alquiler un 275%, hasta los 2.650 euros mensuales.Maricarmen, que se desplaza en silla de ruedas por problemas de movilidad, se vio obligada a abandonar su vivienda, lo que provocó una ola de indignación a nivel nacional."¡Maricarmen, no estás sola!", coreaban decenas de manifestantes congregados frente a su domicilio mientras la octogenaria era llevada a una ambulancia.Explosión de los preciosSu caso ilustra la crisis de la vivienda en España, donde los precios se han disparado y la oferta se ha reducido, en parte por los alquileres turísticos de corta duración, como Airbnb, y los fondos "buitre".En diez años, el precio medio del metro cuadrado en alquiler en el país casi se ha duplicado, alcanzando los 15,1 euros/m² en agosto, según el portal inmobiliario Idealista. Para la compra el precio ronda los 2.355 euros, es decir un 50% más en una década, según cifras oficiales.Madrid encabezó en 2025 y 2026 la clasificación mundial de la red Barnes sobre las ciudades más cotizadas para el sector inmobiliario de lujo. El número de viviendas sociales es tan reducido que algunas se adjudican por sorteo."En Madrid y Barcelona ya casi no quedan pisos por menos de 700 €/mes. El mercado de alquiler empieza en cerca de 1.000 €/mes, lo que precisa de unos ingresos de al menos 2.000 €/mes netos y un importante ahorro para afrontar varios meses de fianza", denuncia la organización de consumidores OCU en un estudio publicado este miércoles."Es muy indignante, ¿no?" Los españoles, sobre todo los jóvenes, están sobrepasados y acusan al gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez y a las autoridades de la Comunidad de Madrid, gobernada por la derecha (Partido Popular, PP).En España, un país muy descentralizado, las autoridades regionales tienen competencia en materia de política de vivienda a nivel local, lo que alimenta las críticas a la oposición conservadora."Creo que es muy indignante, ¿no?", afirmó Pedro Sánchez en rueda de prensa en Nueva York antes de su discurso en la Asamblea General de la ONU."Ver a responsables políticos que (...) con dinero público se permiten el lujo de comprarse áticos con 200 metros de terraza y sin embargo no son capaces de mover un dedo por personas que necesitan de la ayuda de lo público", añadió, apuntando a la presidenta conservadora de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.La izquierda acusa a Ayuso desde hace meses de haber comprado, con fondos públicos, un lujoso ático en el centro de la capital para su uso personal. Ella lo niega.El miércoles por la noche miles de personas se manifestaron simbólicamente bajo las ventanas de la vivienda de Maricarmen, pero también en Barcelona y Oviedo.El jueves, Díaz Ayuso contraatacó recalcando que el desahucio fue "por orden judicial" y acusó al gobierno central de no haber cambiado la ley en los ocho años que lleva en el poder.Gobierno y oposición en ascuas"En un contexto de inflación, de pérdida de poder adquisitivo (...) esta situación no ayuda a ninguno de los partidos", estima Guillermo Fernández Vázquez, profesor en la universidad Carlos III de Madrid."Al PP le viene muy mal (...) que se siga hablando del ático de Ayuso y, además, que se siga hablando con indignación" y al gobierno también "va a pasarle factura" porque "revelan una impotencia enorme", añade.A pocos meses de las elecciones legislativas, Pedro Sánchez prometió presentar de urgencia un nuevo texto en el Parlamento.Pero sin mayoría y debilitado por múltiples casos judiciales, el jefe del gobierno sigue bajo la presión de la oposición y de sus aliados, como el partido de izquierda radical Sumar, que llama a congelar los alquileres.