El Consejo de Estado decretó, en primera instancia, la pérdida de investidura del expresidente del senado Iván Leónidas Name Vásquez, al considerar probado que incurrió en tráfico de influencias por su actuación relacionada con recursos de la UNGRD y el trámite de las reformas del Gobierno Nacional en el Senado.
La investigación se concentró en la entrega de dinero que recibió Iván Name de funcionarios de esa entidad, específicamente Olmedo López y Sneyder Pinilla. Según lo establecido por la corporación, esos recursos estuvieron vinculados a un acuerdo para favorecer desde el Senado el avance de proyectos promovidos por el Gobierno Nacional.
“El señor Sneyder Pinilla, quien se desempeñó como subdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, declaró ante la Fiscalía General de la Nación y ante la Corte Suprema de Justicia, que el señor Olmedo López, director de la mencionada Unidad para esa época, le ordenó conseguir 4 mil millones de pesos para entregar 3 mil millones al entonces presidente del Senado de la República, Iván Leonidas Name, ‘para aceitar las reformas del gobierno en el Congreso’”, se lee en el fallo.
Entre las iniciativas que se buscaba impulsar estaba la reforma pensional, de forma deliberada. El entonces senador, que ocupó la Presidencia del Senado durante la legislatura 2023-2024, habría utilizado su posición dentro de la corporación para facilitar el trámite de estas reformas.
Es que incluso, el Consejo de Estado concluyó que Iván Name dejó de presidir 14 de las 16 sesiones plenarias en las que se debatió la reforma pensional en 2024 y permitió que la senadora María José Pizarro asumiera la conducción de esos debates, sin que existiera una ausencia o una imposibilidad material que lo justificara.
“Cedió dicha posición, sin sustento legal o fáctico alguno, a la senadora María José Pizarro, no obedeció a una situación accidental o circunstancial, sino a un patrón de conducta reiterado, que no encuentra justificación constitucional y legal, pues, no se explica por qué, al no mediar ausencias, vacancias o la imposibilidad -material- demostrada para ejercer la presidencia, el accionado prescindiera de la labor que le fue encomendada”, señala el Consejo de Estado.
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En el expediente también fueron vinculados los entonces altos funcionarios Carlos Ramón González y Sandra Ortiz, dentro de los hechos relacionados con la entrega de los recursos y las gestiones para respaldar las iniciativas del Gobierno.
“También en septiembre de 2023, se reunieron en una sala del Palacio de Nariño, antes de ingresar al consejo de ministros, Sandra Ortiz, Carlos Ramón González y él, y que el señor González detalló la forma en que se haría la entrega de los 3 mil millones al señor Name, para lo cual, Sandra Ortiz, propuso realizar un desayuno con el señor Name en la habitación 2312 del hotel Tequendama Suites, donde ella pernoctaba”, se indica en el fallo.
El Consejo de Estado estableció además que el dinero tenía origen en recursos públicos que estaban destinados a atender necesidades del departamento de La Guajira. Para la corporación, el acuerdo terminó comprometiendo el ejercicio del mandato y el principio de representación democrática.
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La decisión señala que la actuación de Iván Name se apartó de los principios de integridad, rectitud, pulcritud y decoro que deben caracterizar el ejercicio de su función como senador y que los legisladores deben actuar en función del interés general.
Por estos hechos, el alto tribunal concluyó que el tráfico de influencias quedó debidamente comprobado y aplicó la máxima sanción en materia de investidura.
Se trata de una decisión de primera instancia, por lo que todavía están previstas las etapas judiciales correspondientes. Sin embargo, la consecuencia establecida por el Consejo de Estado es clara: si la decisión queda en firme, Iván Name quedará definitivamente impedido para regresar al Congreso de la República.