El macrocaso de corrupción de la UNGRD, que nació con el escándalo de carrotanques, tiene varias líneas de investigación. Una, consiste en los sobornos que se le habrían dado a Iván Name, expresidente del Senado y Andrés Calle, expresidente de la Cámara, con dinero de la UNGRD. Tres mil millones de pesos para el primero y mil millones de pesos para el segundo.En esta investigación se cuestiona las versiones de Sneyder Pinilla y Pedro Castro, avaladas por Fiscalía, pues hay un preacuerdo con Pinilla sobre la misma. Así como ha sido usada por la Corte Suprema de Justicia y tiene con medida de aseguramiento a Name y a Calle.Quién es Pedro CastroPara esto es importante entender que las coimas para los entonces presidentes de Cámara y Senado, según Olmedo y Sneyder, salieron inicialmente de un préstamo, que se repondría con dineros de contratos de la UNGRD. Y es aquí donde entraría en el juego la figura de Pedro Castro. Pero, ¿quién es Pedro Castro?Es un exsenador, que ha narrado ante la Corte que estaba embargado, que ni siquiera tenía acceso al sistema financiero por sus deudas. Por esa razón, ha dicho que manejaba todo en efectivo y estaba buscando una plata para remodelar un hotel en Bogotá. Pero ¿cómo este señor se conoció con Sneyder Pinilla?Castro dice ante una declaración en el despacho del magistrado de la Corte Suprema de Justicia Francisco Farfán que se conocen en el primer semestre del 2022 en Bucaramanga cuando va a instalar a su hijo en un apartamento que compraron, pues el joven estaba iniciando la universidad. Dijo que la forma cómo conoció “a Sneyder fue muy casual, en qué sentido… de que (sic) encuentro yo a un señor que iba con herramientas, pues herramientas, un tubo y yo asumí que él era, digamos trabajador del edificio o tenía que ver con temas que me interesaban como era la presión del agua. Yo me acerco y le pregunto y me dice yo no soy plomero, no tengo nada que ver, soy ingeniero, pero vengo a arreglar un problema en un apartamento, dijo así: en mi apartamento que tengo en este edificio, que casualmente es la misma torre y entonces me dijo, con mucho gusto yo le ayudo, déjeme y así fue, así nace esa relación”.Tiempo después, según narra el exsenador, le pide ayuda a Pinilla para buscar inversionistas para la remodelación de su hotel y es luego Sneyder sabiendo que Castro buscaba un dinero prestado el que termina preguntando si lo consiguió y pidiendo el préstamo para las coima de $4 millones que Olmedo Lopez le habría ordenado conseguir, para los presidentes de Cámara y Senado y que supuestamente se repondrían con plata de la UNGRD.Finalmente, Castro y Pinilla dicen que el préstamo se da, con un interés alto, lo que representaba buen negocio para Castro. En este sentido, el objetivo de esta investigación es mostrar cómo Pinilla y Castro habrían mentido sobre este préstamo. ¿Por qué?Hay que prestarle atención concretamente en tres momentos el 29 de septiembre del 2023, el 11, y 12 de octubre del mismo año. El relato de ellos no coincide en su totalidad con las celdas de ubicación de Sneyder Pinilla. ¿Por qué solo se revisaron las de Sneyder? Y es otra de las cosas que generan suspicacia: al día de hoy, no existen en el caso las celdas de Pedro Castro, la Fiscalía aún no las ha pedido.Qué es una celda de ubicaciónUna celda de ubicación es básicamente el “pedazo de cobertura” de una antena de celular donde está conectado su teléfono en ese momento. Es simple: es lo que le dice a la red más o menos en qué zona está para poder darle señal, llamadas o datos. Es por eso, que una celda es un método tecnológico que se usa en estas investigaciones para contrastar las ubicaciones que se plantean en los relatos de los testigos.29 de septiembre del 2023: Sneyder pide el préstamoSegún Sneyder, en esta fecha se encuentran para hablar del préstamo de 4.000 millones de pesos, el exsubdirector de la UNGRD dijo que fue a la casa de Castro en la noche ubicada detrás del Club el Nogal en Bogotá.Pero, Pedro Castro le dice a la Corte que Sneyder le solicitó este préstamo en una llamada telefónica.“A finales de septiembre es cuando yo recibo una llamada de Sneyder, ahí sí estaba interesado en el edificio… Oígame, usted qué hizo con la plata… Le dije: no, pues un préstamo. -Préstamela a mí. No, déjamelo consultar… Es decir, no le dije nada, simplemente le dije… Tenía una liquidez mía para hacer una remodelación. Y me parece un señor desesperado por un dinero”.Pinilla le aseguro a la fiscalía que estuvo en Mocoa casi todo el día y en la noche va a la casa de Pedro Casto, a pedirle prestado los $4 mil millones que Olmedo López le habría ordenado conseguir para las coimas para Iván Name y Andrés Calle. Sin embargo, sus celdas de aquella noche no permiten confirmar eso. Pinilla entre las 7 pm y la media noche se movió en puntos diferentes entre el aeropuerto y la Calle 26 con carrera 73. Estuvo, según sus celdas, a mas de cien cuadras de distancia de la casa de Castro.11 de octubre 2023: Primera entrega: $1500 millonesSegún el relato, en la noche del 11 de octubre del 2023, Sneyder Pinilla va en la noche a la casa de Castro a recoger los primeros 1,500 millones de pesos en efectivo.Sin embargo, las celdas de ubicación no confirman eso. Pinilla, según lo revisado por este medio, no estuvo el 11 de octubre en esa ubicación. Lo más cerca que estuvo Sneyder esa noche del 11 de octubre de la casa de Castro, fue en la carrera séptima con calle 53. Hay mas de 2 km de distancia entre los dos puntos.12 octubre de 2023: primera entrega a NameEste día es clave porque se le habrían entregado los primeros 1500 millones de pesos al entonces presidente del Senado Iván Name, según la versión de Pinilla. Hay que recordar que el exsubdirector ha dicho que fue a entregar esa plata, junto a la exconsejera de regiones, al edificio donde vive Name.Según la versión de la Fiscalía, Pinilla y Ortiz se encuentran en el hotel Tequendama Suites y salen a las 3:31 p.m. hasta el edificio Basel I, cerca a Unicentro, donde residía el senador Name. Pero, las celdas de Sneyder tienen un bache de 63 minutos, es decir, no se registra su ubicación en ese espacio de tiempo. ¿Qué muestran las celdas? El sale del hotel Tequendama a las 3:31 p.m. y a las 3:51 p.m. aparece en el ParkWay, Teusaquillo. Posteriormente, 63 minutos después, a las 4:54 p.m., aparece en la Avenida el Dorado muy cerca al aeropuerto.Es decir, las celdas del 12 de octubre no confirman qué pasó en ese trayecto, ni si Sneyder estuvo en la casa de Iván Name. Una gran duda es por qué no aparecen esas celdas que son un elemento clave en la entrega del dinero de los primeros 1,500 millones de pesos.Incluso, un investigador de la Fiscalía lo reconoce frente a la Corte, en una citación donde fue citado a declarar.“Estamos en la necesidad y se está procesando la información en ese momento de por qué pudo existir este, llamémoslo, bache o espacio de no registro de datos durante ese día. Específicamente, como lo hemos mencionado, fue entre las 15 y 51 y 16 segundos del 12 de octubre hasta las 16 y 54 horas de ese mismo día”, dijo el investigador ante el ante tribunal.Pero, el investigador va más allá y señala que no se puede afirmar que ese día Sneyder haya estado en el norte de Bogotá. Esto cuando le preguntan de forma específica sobre este tema“-Magistrado: ¿Esa información que está en esas celdas no permite confirmar que el señor Pinilla (0:06) haya estado en el norte de Bogotá? ¿Sí o no? (0:09) Exactamente, eso sí no lo permite confirmar, que hubiera estado en el norte de Bogotá”.Incluso, ante un interrogatorio en la Corte, el señor Omeye Castellanos, conductor y jefe de seguridad de Sandra Ortiz negó haber visto a Pinilla con la siguiente frase: “Falso, yo nunca he visto a ese señor”.13 de octubre: Siguiente entrega del dineroUn encuentro que, según Castro y Sneyder, se habría dado en un parqueadero en la Plaza España. Aquí genera ruido que, de acuerdo con las celdas, el encuentro sí se dio, pero solo duró tres minutos. Y, según lo que pasó en ese momento, resulta llamativo que haya durado tres minutos. ¿Por qué? Castro lleva la plata incompleta por error, según narró ante la justicia, Pinilla la cuenta, se enfada y le pide que le entregue el resto ese mismo día… ¿Tres minutos para contar ese dinero? Incluso, Castro es cuestionado ante la Corte sobre este día y dice que persé no fueron tres minutos, que mínimo cinco. Posteriormente, Castro y Pinilla se reúnen en los alrededores de Unicentro para la entrega del dinero restante y ahí también las celdas de Pinilla registran este encuentro.Castro sin investigaciónSobre esto que hemos planteado y las dudas que generan las versiones, entre ellas las de Pedro Castro, el despacho del magistrado Francisco Farfán compulsó copias. Sin embargo, aún no hay una investigación abierta contra él.¿Qué dice la defensa de Sneyder Pinilla?El abogado Luis Gustavo Moreno, defensa de Sneyder Pinilla allegó este documento a Blu Radio.En atención a su cuestionario, me permito dar respuesta en los siguientes términos, solicitando expresamente que estas sean publicadas en su integridad, en igualdad de proporción en todas las plataformas análogas como digitales en donde se haga mención a mi defendido el señor Sneyder Pinilla en garantía del derecho fundamental a la información de la ciudadanía y de mi poderdante en condiciones de equidad (art. 20 de la Constitución Política) y de su derecho al buen nombre:1. Sobre la supuesta inconsistencia de las celdasEsa afirmación es falsa, sesgada y carece de rigor técnico. Las celdas de georreferenciación sí coinciden en varios episodios, y adicionalmente existen otros elementos de corroboración probatoria que han sido debidamente verificados por las autoridades competentes, ni más ni menos que la Corte Suprema de Justicia, jueces de control de garantias, jueces de conocimiento y la Fiscalía Delegada ante la Corte.Lo que se evidencia es que se parte de un informe filtrado de manera parcial lo cual compromete la objetividad de su análisis y lo conduce a conclusiones erróneas. Más grave aún, en el pasado y en este mismo espacio radial se publicó un informe ilegal, falso y manipulado, elaborado por uno de los equipos de defensa de los acusados. Esa falsedad y manipulación lo documenta informe técnico forense hoy en manos de la Fiscalía y será objeto, de nuestra parte, de acciones judiciales contra los responsables, demostrando el origen de la filtración, así como su manipulación y adulteración, lo que reviste especial gravedad penal.Adicionalmente, resulta fundamental precisar que la valoración probatoria en este caso no puede hacerse de manera fragmentada ni aislada. La información aportada por el señor Sneyder Pinilla ha sido objeto de verificación a través de múltiples fuentes independientes, dentro de las cuales se destacan sistemas de geolocalización y trazabilidad tecnológica incluso cuando las celdas no reportan o dejaron de reportar. En ese mismo sentido, y como es de público conocimiento en el caso de la señora Sandra Ortiz, dicha información fue contrastada y corroborada mediante los registros GPS de los vehículos utilizados, lo que permitió validar desplazamientos, tiempos y coincidencias relevantes para la investigación. Esto demuestra que no se trata de afirmaciones unilaterales, sino de un relato que ha sido sometido a contrastación técnica y objetiva, en concordancia con otros elementos materiales probatorios. Pretender deslegitimar este conjunto probatorio mediante lecturas parciales o descontextualizadas no solo desconoce la realidad del proceso, sino que constituye una interpretación sesgada que carece de rigor jurídico y probatorio.2. Sobre la insinuación de un “testigo fabricado”Esa pregunta no es inocente ni neutral; constituye una afirmación implícita que desconoce hechos verificables. Resulta jurídicamente reprochable insinuar la fabricación de un testigo cuando existen evidencias en manos de la justicia de que el señor Sneyder Pinilla fue objeto de presiones indebidas, incluyendo intentos de soborno cuando ya colaboraba con la justicia, amenazas y atentados contra su vida.Fue precisamente su colaboración – previa su aceptación plena de responsabilidad ante el país - la que permitió que Colombia conociera en detalle los hechos relacionados con el escándalo de la UNGRD. Este tipo de señalamientos sin sustento no solo vulneran derechos fundamentales, sino que podrían configurar escenarios de responsabilidad penal y civil contra quienes persistan en ellos.3. Sobre las celdas del señor Pedro CastroEsas apreciaciones son abiertamente especulativas y jurídicamente improcedentes. Ese proceso al que se hace referencia se encuentra bajo reserva legal, conforme a lo dispuesto en el artículo 330 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004).En ese sentido, cualquier afirmación sobre el contenido o ausencia de pruebas en el expediente carece de sustento y constituiría una intromisión indebida en una investigación en curso. No obstante es imperante reiterar una y otra vez que el testigo Sneyder Pinilla ha contado toda la verdad y ha comparecido a todos los llamados de la justicia.La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha sido clara en señalar que la divulgación o especulación sobre elementos probatorios en etapa de investigación puede afectar el debido proceso y la presunción de inocencia (CSJ, Sala Penal, rad. 45166).4. Sobre la referencia a “prestamista”El hecho de que una persona realice un préstamo ocasional no la convierte en prestamista profesional. Es una interpretación simplista y jurídicamente incorrecta.Aun así, que mi defendido Pinilla lo considere prestamista y el señor Castro diga que no lo es, no tiene ninguna relevancia probatoria o jurídica, es simplemente percepción personal.En derecho, la calificación de una actividad como habitual o profesional requiere elementos de reiteración y ánimo de lucro sistemático, lo cual no se configura en un acto aislado.5. Sobre la supuesta garantía del préstamoEl proceso se encuentra bajo reserva, y las autoridades competentes han sido las encargadas de verificar la totalidad de los dichos del señor Sneyder Pinilla, así como los elementos materiales probatorios.Producto de dicha colaboración, varios intervinientes han suscrito principios de oportunidad, han reconocido su responsabilidad penal y han aportado nuevas pruebas. Esto evidencia la solidez del material probatorio, contrario a las insinuaciones que se plantean.6. Sobre la contradicción en la forma del préstamoLos hechos han sido debidamente conocidos y valorados por las autoridades judiciales. Nuevamente, se incurre en especulación sobre aspectos que hacen parte de una investigación reservada.El manejo irresponsable de información en curso puede afectar gravemente el debido proceso, conforme a los principios consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política.Consideración finalEl ejercicio periodístico exige responsabilidad, verificación y contraste de fuentes. Por lo anterior, reitero la solicitud de publicar estas respuestas en su integridad, en cumplimiento de los principios constitucionales y legales que rigen la actividad informativa en Colombia.Por su parte, el abogado de Pedro Castro no envió ninguna respuesta al cierre de este informe.
En la tarde de este jueves, 5 de marzo, se instaló formalmente en la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, la audiencia preparatoria de juicio contra dos de los salplicados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).Se trata de Iván Name y Andrés Calle, que ostentaron las presidencias del Senado de la República y la Cámara de Representantes, respectivamente, quienes hoy están privados de su libertad en la Cárcel la Picota de Bogotá luego de que la Sala de Instrucción de ese mismo alto tribunal ordenara su detención inmediata mientras avanza el proceso.Allí, reaparecieron publicamente Name y Calle tras varios meses de detención, el magistrado Jorge Emilio Caldas hizo la lectura de una decisión proferida por esa misma sala sobre la negativa de decretar la nulidad que pidió el abogado del expresidente de la Cámara de Representantes. En ese sentido, está claro que el juicio sigue su curso.Según el expediente, Name y Calle están acusados de los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación agravado, en medio del escándalo por el presunto desvío de dineros públicos que habrían sido utilizados para asegurar apoyo político a reformas impulsadas por el Gobierno nacional. De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, entre septiembre de 2023 y abril de 2024 se habría estructurado un acuerdo en el que funcionarios de la UNGRD utilizaron recursos públicos para comprar presuntamente apoyos en el Congreso.Según Olmedo López y Sneyder Pinilla, Iván Name habría recibido una jugosa suma de 3000 millones de pesos entregados en dos pagos de 1.500 millones en octubre de 2023. En cuanto a Calle, se señala que recibió presuntamente la cantidad de 1.000 millones de pesos producto de estas supuestas dadivas.Según la Corte, esos recursos presuntamente recibidos habrían sido utilizados para financiar campañas políticas en las elecciones regionales del año 2023. En particular, el dinero que supuestamente recibió Name habría sido destinado para financiar la campaña de su hija María Clara Name al Concejo de Bogotá.Las pruebas que aceptó y rechazó la Corte dentro del proceso de Iván Name y Andrés CalleLa Corte escuchará a testigos clave dentro de este escándalo como por ejemplo, Olmedo López y Sneyder Pinilla exdirector y exsubdirector respectivamenty a la exalta consejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz. La primera audiencia de juicio preparatorio se desarrolló en el entendido en que uno de los abogados de Andrés Calle sustentó su recurso de apelación contra la decisión de la Corte que negó la nulidad del proceso contra el expresidente de la Cámara. Ahora, será la Sala de Casación Penal quien estudie este recurso.
El proceso contra los expresidentes de Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle, por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la UNGRD ya está en la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia y en los próximos días se fijará fecha para la primera audiencia. Dentro de este juicio el magistrado ponente será Jorge Emilio Caldas.Asimismo, se conoció un oficio de la Sala de Primera Instancia donde fija el 20 de noviembre como fecha límite por si la defensa de Name y Calle van a interponer algún recurso.Todo esto luego de que la Sala de Instrucción de la Corte dejará en firme el llamado a juicio contra Name y Calle por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros tras supuestamente haber recibido sobornos para acelerar el trámite de las reformas sociales al interior del Congreso.Según Sneyder Pinilla, Olmedo López le ordenó entregarle 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name, y 1.000 millones de pesos al entonces presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. El presunto soborno a Name lo habría entregado presuntamente la exalta consejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz, quien hoy está recluida en una guarnición militar por estos hechos de corrupción.Ese dinero, al parecer, habría sido destinado por los congresistas para la financiación de campañas para las elecciones de mandatarios locales y regionales que se desarrollarían el 29 de octubre de 2023.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme el llamado a juicio contra Iván Name y Andrés Calle, investigados por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros, en el escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).La decisión se tomó al negar el recurso de reposición presentado por los abogados de Name y Calle, quienes buscaban revertir la resolución que los enviaba a juicio.Con esta determinación, el proceso pasará a la Sala Especial de Primera Instancia, encargada de adelantar el juicio formal.En una decisión anterior, la Sala de Instrucción también había negado la solicitud de libertad presentada por la defensa de Andrés Calle, al concluir que la calificación del proceso se realizó dentro de los tiempos previstos por la ley.De acuerdo con la investigación, Name y Calle habrían aceptado dádivas a cambio de impulsar en el Congreso reformas de interés del Gobierno nacional, a través de un presunto entramado de corrupción que involucraría recursos de la entidad encargada de atender emergencias y desastres en el país.Según Sneyder Pinilla, Olmedo López le ordenó entregarle 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name, y 1.000 millones de pesos al entonces presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. El presunto soborno a Name lo habría entregado presuntamente la exalta consejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz quien hoy está recluida en una guarnición militar por estos hechos de corrupción.Ese dinero, al parecer, habría sido destinado por los congresistas para la financiación de campañas para las elecciones de mandatarios locales y regionales que se desarrollarían el 29 de octubre de 2023.De acuerdo con la denuncia de Sneyder Pinilla, quien ya fue condenado a 5 años y 8 meses de cárcel por su participación en el entramado de corrupción, él mismo asegura que le entregó dos maletas a Sandra Ortiz para que se las entregara a Iván Name.
Fuentes cercanas al proceso le aseguraron a este medio que fue un intenso debate al interior de la Sala extraordinaria llevada a cabo en la ciudad de Villavicencio, en donde se tomó esta decisión de llamar a juicio a Calle y Name, fueron 3 los magistrados los que salvaron el voto en esta decisión.La magistrada Cristina Lombana salvó su voto total mientras que los magistrados Misael Rodríguez y Héctor Alarcón salvaron su voto parcialmente discrepando así de la decisión de los otros tres magistrados de la Sala de Instrucción de llamar a juicio a los expresidentes de Senado y Cámara.El magistrado Alarcón se apartó parcialmente de la decisión tras considerar que sería un delito de mayor gravedad (cohecho propio), mientras que el magistrado Misael Rodríguez por su parte dice que no hubo peculado y la magistrada Cristina Lombana salvó su voto total.Si la acusación queda en firme, el caso será remitido a la Sala Especial de Primera Instancia para el desarrollo del juicio correspondiente en la Sala de Primera Instancia.Mientras tanto, el alto tribunal avanza en las investigaciones por el mayor escándalo de corrupción que ha sacudido a este Gobierno, otra línea es la que tiene el magistrado Misael Rodríguez sobre los 6 congresistas que hicieron parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público que siguen vinculados al proceso.
Esta fue una decisión que tomaron los 6 magistrados de la Sala de Instrucción sesionando desde la ciudad de Villavicencio, con esto, los procesos de Name y Calle quienes son investigados por presuntamente recibir dinero proveniente de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) a cambio de favorecer la aprobación de proyectos en trámite en el legislativo pasarán a la sala de Primera Instancia del mismo alto tribunal.Ellos fueron capturados en mayo de este año por orden de la misma Sala tras su presunta vinculación en el mayor escándalo de corrupción de este Gobierno.La decisión tiene un contexto y es que, de acuerdo con Olmedo López y Sneyder Pinilla , responsables del desfalco a la UNGRD y principales testigos, Name y Calle recibieron presuntamente dádivas por parte de Pinilla a cambio de acelerar las reformas del Gobierno por el Congreso.Según Sneyder Pinilla, Olmedo López le ordenó entregarle 3.000 millones de pesos al presidente del Senado, Iván Name, y 1.000 millones de pesos al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, el presunto soborno a Name lo habría entregado presuntamente la exalta consejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz quien hoy está recluida en una guarnición militar por estos hechos de corrupción.Ese dinero, al parecer, habría sido destinado por los congresistas para la financiación de campañas para las elecciones de mandatarios locales y regionales que se desarrollarían el 29 de octubre de 2023.De acuerdo con la denuncia de Sneyder Pinilla, quien ya fue condenado a 5 años y 8 meses de cárcel por su participación en el entramado de corrupción, él mismo asegura que le entregó dos maletas a Sandra Ortiz para que se las entregara a Iván Name.
La semana pasada, en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, se llevó a cabo una sesión en la que una sala de conjueces rechazó una recusación contra los magistrados que firmaron la orden de captura contra el expresidente del Senado, Iván Name, y el expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, por el proceso que avanza en su contra debido a su presunta vinculación con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).Ahora bien, Blu Radio conoció además que la Sala de Instrucción dio por terminada la etapa de recolección de pruebas dentro de este caso. Luego de esto, lo que sigue es que el magistrado ponente, Francisco Farfán, deberá redactar una ponencia que será presentada ante la Sala de Instrucción para determinar si se llama o no a juicio a Calle y Name. En caso afirmativo, el proceso pasaría a la Sala de Primera Instancia del mismo alto tribunal.Los delitos que se les atribuyen a Calle y Name son cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros. Según Sneyder Pinilla, Olmedo López le habría ordenado entregarle 3.000 millones de pesos al presidente del Senado, Iván Name, y 1.000 millones de pesos al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. El presunto soborno a Name habría sido entregado por la exalta consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, quien hoy está recluida en una guarnición militar por estos hechos de corrupción.Ese dinero, al parecer, habría sido destinado por los congresistas para la financiación de campañas en las elecciones de mandatarios locales y regionales que se celebraron el 29 de octubre de 2023.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, confirmó la medida de aseguramiento contra el expresidente de Senado Iván Name y el expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle quienes están recluidos en la Cárcel la Picota desde el pasado 7 de mayo por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la UNGRD.Ellos seguirán privados de la libertad en centro carcelario hasta tanto avanza la investigación para definir si son llamados a juicio ante la Sala Especial de Primera Instancia del alto tribunal.Los delitos que se les atribuyen a Calle y Name son cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros, y es que de acuerdo con Olmedo López y Sneyder Pinilla, responsables del desfalco a la UNGRD y principales testigos, Name y Calle recibieron presuntamente dádivas por parte de Pinilla a cambio de acelerar las reformas del Gobierno por el Congreso.Según Sneyder Pinilla, Olmedo López le ordenó entregarle 3.000 millones de pesos al presidente del Senado, Iván Name, y 1.000 millones de pesos al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, el presunto soborno a Name lo habría entregado presuntamente la exalta consejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz quien hoy está recluida en una guarnición militar por estos hechos de corrupción.Ese dinero, al parecer, habría sido destinado por los congresistas para la financiación de campañas para las elecciones de mandatarios locales y regionales que se desarrollarían el 29 de octubre de 2023.De acuerdo con la denuncia de Sneyder Pinilla, quien ya fue condenado a 5 años y 8 meses de cárcel por su participación en el entramado de corrupción, él mismo asegura que le entregó dos maletas a Sandra Ortiz para que se las entregara a Iván Name.
El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Héctor Javier Alarcón, denunció alteraciones sustanciales en el contenido de la ponencia aprobada por la Sala Especial de Instrucción en el proceso por presunto cohecho que involucra a los congresistas Iván Name Vásquez y Andrés Calle Aguas.En su salvamento parcial de voto conocido en exclusiva por Blu Radio, Alarcón manifestó que el texto final de la decisión firmado bajo el principio de confianza fue presuntamente modificado tras las deliberaciones del 6 y 7 de mayo, sin socializar ni someter a votación los cambios con los demás magistrados.“Se eliminaron y añadieron apartes cruciales que impactaron directamente mis objeciones expuestas durante la discusión”, señaló el magistrado en su salvamento.Aunque Alarcón coincidió con la gravedad de los hechos investigados, criticó que la calificación jurídica como cohecho impropio resulta insuficiente, considerando que los elementos del caso encajarían mejor en la figura de cohecho propio, debido a que los actos de los congresistas habrían sido contrarios a sus deberes oficiales, especialmente al comprometer la función legislativa a cambio de dádivas.“Lo anterior, porque tal hecho resultaría ser tanto como una afrenta personal en la que, así lo percibo, se trata de atacar y aminorar argumentativamente la postura exteriorizada a través de mi intervención disidente individual, la cual elevé con respetuosos y jurídicos argumentos que, además de ser insulares y en el plano dialéctico rebatibles -lo admito, pues no soy quien ostenta la verdad absoluta, fueron desestimados o embestidos directamente con modificaciones subrepticias e inclusiones de aspectos novedosos no consignados en la ponencia inicialmente registrada y debatida en las sesiones extraordinarias mencionadas”, señala el salvamento del magistrado.En otro aspecto clave, Alarcón cuestionó la medida de aseguramiento de detención intramural adoptada contra los congresistas, según su criterio, la Corte no aplicó correctamente el test de proporcionalidad, omitiendo el análisis riguroso de alternativas menos gravosas como la detención domiciliaria o medidas restrictivas no privativas de la libertad. “Se impuso la medida más drástica sin justificar por qué las otras no eran suficientes”, argumentó.“Todo lo anterior estimo necesario ponerlo de presente, porque en la actualidad con esa situación irregular y anómala para este magistrado, han decaído algunos de los argumentos que sostenían el salvamento del suscrito; empero, a pesar de ello, se mantienen con sólida vigencia algunos restantes que procedo a exponer seguidamente”, indicó el magistrado.También advirtió el magistrado, en su salvamento, que el artículo 68A del Código Penal, citado para negar otras medidas, fue malinterpretado, ya que su aplicación está prevista para etapas posteriores a una condena, y no para decisiones preliminares dentro del proceso penal.Alarcón subrayó que, aunque considera grave el presunto “trueque de favores legislativos por dinero” en beneficio del Gobierno, el respeto al debido proceso y la ponderación de derechos no pueden ser sacrificados por la presión del escándalo.El debate al interior de la Corte por la definición jurídica de Calle y NameEn un ajustado 4 a 2, la semana pasada la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia determinó que Iván Name y Andrés Calle debían ser capturados entre tanto avanza el proceso en su contra por el rol que presuntamente tuvieron en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión Del Riesgo, UNGRD.Al salvamento del magistrado Héctor Alarcón, lo acompañó el de la magistrada Cristina Lombana quien lanzó dos cuestionamientos de fondo: la presunta ilegalidad en la obtención de pruebas fundamentales del caso y la omisión del análisis sobre el delito de Financiación de Campañas Electorales con Fuentes Prohibidas.Para la magistrada Lombana, gran parte del material probatorio aportado por la Fiscalía fue recabado de forma irregular, en especial las declaraciones y conversaciones obtenidas mediante el principio de oportunidad ofrecido a los exfuncionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla.Según advirtió, las condiciones en las que estos testigos llegaron al proceso no fueron evaluadas a fondo y sus testimonios presentan posibles vicios legales que podrían anular la validez de toda la prueba derivada para el proceso.
A través de un detallado salvamento de voto, la magistrada Lombana lanzó dos cuestionamientos de fondo: la presunta ilegalidad en la obtención de pruebas fundamentales del caso y la omisión del análisis sobre el delito de Financiación de Campañas Electorales con Fuentes Prohibidas.Para la magistrada Lombana, gran parte del material probatorio aportado por la Fiscalía fue recabado de forma irregular, en especial las declaraciones y conversaciones obtenidas mediante el principio de oportunidad ofrecido a los exfuncionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Olmedo López y Sneyder Pinilla.Según advirtió, las condiciones en las que estos testigos llegaron al proceso no fueron evaluadas a fondo y sus testimonios presentan posibles vicios legales que podrían anular la validez de toda la prueba derivada para el proceso. Lombana insistió en que se violaron derechos fundamentales como el derecho a guardar silencio y a no autoincriminarse, y que se habría ejercido presión indebida sobre los testigos.Uno de los apartes más críticos del documento resaltó que Sneyder Pinilla fue inducido a rendir entrevistas públicas y que esta exposición no puede entenderse como una renuncia voluntaria a sus derechos constitucionales.Además, subrayó que Sneyder Pinilla no fue testigo presencial de la supuesta entrega de dinero al senador Iván Name, por lo que su testimonio carece de la fuerza probatoria directa requerida para sustentar una acusación de esta magnitud.Lombana también argumentó que no se configura el delito de peculado por apropiación, pues, según su interpretación, los 4.000 millones de pesos involucrados en el caso no provinieron del erario público, sino de un acuerdo entre particulares, lo que a su juicio excluye la utilización de recursos de la Ungrd.Además, se pone en duda la legalidad del traslado de información obtenida por la Fiscalía 9 Delegada pues, según la magistrada, no se cumplían los requisitos legales para su uso en este caso, lo que convertiría esas pruebas en “nulas de pleno derecho”.La segunda preocupación de la magistrada es la ausencia de análisis sobre el delito de financiación de campañas con fuentes prohibidas, a pesar de que en el expediente constan señalamientos directos sobre un supuesto flujo de dinero ilícito hacia una campaña electoral.Lombana señala que no está probado que Sneyder Pinilla habría entregado recursos al senador Iván Name para apoyar la campaña de su hija, María Clara Rodríguez. A pesar de la gravedad de este hecho, la Sala no se pronunció ignoró "que no hay prueba de ello" , lo que la magistrada considera un vacío inexplicable.Las entrevistas a medios: otro punto críticoEl salvamento también hace referencia reiterada a las entrevistas que ofrecieron Olmedo López y Sneyder Pinilla a medios de comunicación. Para Lombana, estas apariciones públicas no pueden ser utilizadas como evidencia incriminatoria sin antes establecer con claridad que no hubo coacción ni presión indebida para que los testigos hablaran.En una de las citas del documento, se recoge lo dicho por Pinilla: “Confesar algunos delitos no implica renunciar al derecho a no autoincriminarse en un escenario judicial”.Asimismo, sobre Olmedo López, la magistrada alerta que habría hecho una renuncia forzada a su derecho al silencio en sede judicial, sin la debida protección de sus garantías.
Algunas enfermedades pueden avanzar sin presentar señales que permitan identificarlas fácilmente en sus primeras etapas. Por eso, prestar atención a cambios que parecen poco habituales y consultar a tiempo puede ser determinante para encontrar una condición de salud antes de que avance.En el caso de las mujeres, existen señales relacionadas con la salud ginecológica que no deberían normalizarse, especialmente cuando aparecen después de la menopausia o representan una modificación importante frente al comportamiento habitual del organismo.Una de ellas está relacionada con el cáncer de endometrio, una enfermedad que se origina en el revestimiento interno del útero y que representa el segundo cáncer ginecológico más frecuente después del cáncer de cuello uterino. Registra 8,8 nuevos casos y 1,8 muertes por cada 100.000 habitantes.Esta última cifra también lo ubica como el tercero con mayor mortalidad entre los cánceres ginecológicos, después del cáncer de ovario y el de cuello uterino. Aunque puede presentarse en diferentes momentos de la vida, el promedio de edad al momento del diagnóstico se encuentra alrededor de los 60 años.Una señal que puede pasar desapercibidaUno de los principales retos está en reconocer cuándo un cambio requiere una valoración médica. En este caso, existe una manifestación que aparece con especial frecuencia entre las pacientes y que puede presentarse de distintas maneras.Se trata del sangrado vaginal anormal, presente entre el 75 % y el 90 % de los casos de cáncer de endometrio. Puede aparecer después de la menopausia, entre periodos menstruales o mediante menstruaciones que se vuelven más abundantes, prolongadas o irregulares de lo habitual.Esto no significa que todo sangrado inusual sea consecuencia de un tumor. Existen otras condiciones que pueden provocar cambios similares. Sin embargo, identificar la causa es importante, particularmente cuando se trata de una mujer que ya pasó por la menopausia.“Ante la presencia de un sangrado vaginal fuera de lo habitual, especialmente después de la menopausia, es importante realizar una evaluación médica que permita establecer su causa”, explicó la doctora Adriana Flórez, gerente médica de oncología para GSK Colombia.La especialista señaló que una valoración oportuna puede determinar si son necesarios estudios adicionales y contribuir a identificar de manera temprana posibles condiciones de salud.¿Qué es el cáncer de endometrio?El endometrio es la capa que recubre la parte interna del útero. Su comportamiento cambia durante el ciclo menstrual: aumenta su grosor como preparación para un posible embarazo y, cuando este no ocurre, se desprende durante la menstruación.El cáncer de endometrio aparece cuando las células de este tejido comienzan a crecer de manera anormal.Además del sangrado vaginal, algunas mujeres pueden presentar dolor o presión persistente en la zona pélvica y pérdida de peso sin una causa aparente. Sin embargo, estos síntomas también pueden tener otros orígenes, por lo que no permiten establecer por sí solos la presencia de cáncer.¿Quiénes pueden tener mayor riesgo?La aparición de esta enfermedad puede estar relacionada con una combinación de factores genéticos, hormonales y asociados al estilo de vida.La edad es uno de los factores relacionados con el diagnóstico, aunque el cáncer de endometrio también puede presentarse antes de la menopausia. Entre los elementos asociados se encuentran la obesidad y no haber tenido embarazos.También existen factores genéticos que pueden aumentar el riesgo, entre ellos algunas condiciones hereditarias como el síndrome de Lynch. Determinados cambios hormonales también hacen parte de los factores que pueden estar relacionados con el desarrollo de este tumor.Tener alguno de estos factores no significa que una mujer vaya a desarrollar necesariamente la enfermedad. Su importancia está en que pueden ser considerados por los profesionales de la salud al momento de evaluar el riesgo individual de cada paciente.¿Cómo se puede detectar?Cuando los síntomas generan sospecha, los médicos pueden recurrir a diferentes herramientas para determinar qué está ocurriendo.Entre ellas se encuentra la ecografía transvaginal y, cuando está indicada, la biopsia endometrial. Este último procedimiento permite obtener una muestra del revestimiento del útero para que sea examinada en un laboratorio.Si los resultados confirman un cáncer, se requieren estudios adicionales para conocer la extensión de la enfermedad y establecer el tratamiento que corresponda a las características de cada caso.“Si se confirma el diagnóstico, se deben realizar pruebas adicionales para establecer la extensión de la enfermedad y definir el tratamiento más adecuado”, afirmó la doctora Flórez.La importancia de encontrarlo a tiempoLa detección temprana es uno de los aspectos que puede marcar una diferencia frente a esta enfermedad. De acuerdo con la información disponible, cuando el cáncer de endometrio es diagnosticado en una etapa inicial, la supervivencia a cinco años alcanza el 90 %.El tratamiento no es igual para todas las pacientes. La cirugía constituye la principal alternativa para la mayoría de las mujeres, pero dependiendo del tipo de tumor, la etapa en la que se encuentre y otros factores individuales, los especialistas pueden considerar diferentes opciones terapéuticas o una combinación de ellas.Los avances científicos también han permitido conocer mejor las características moleculares de estos tumores. Esto ha contribuido a que el tratamiento pueda ajustarse cada vez más a las características particulares de la enfermedad y de cada paciente.“Colombia ya cuenta con opciones de tratamiento para diferentes tipos y estadios del cáncer de endometrio, lo que amplía las alternativas terapéuticas y permite avanzar hacia una atención cada vez más personalizada para las pacientes”, mencionó la doctora Flórez.Por eso, aunque un cambio en el sangrado no necesariamente significa la presencia de cáncer, tampoco debería ser ignorado. Especialmente después de la menopausia, consultar a un profesional de la salud permite determinar qué está ocurriendo y si son necesarios estudios para encontrar la causa.
La operación Horus fue desplegada en zona rural de Chaparral contra una estructura que las autoridades ubican dentro de las disidencias de las Farc asociadas a la facción de alias ‘Iván Mordisco’. Fueron incautados 11 fusiles, armas cortas, drones, explosivos, munición y equipos de comunicaciones. Las autoridades también reportaron la recuperación y aprehensión de un menor vinculado, según las primeras investigaciones, a actividades de esta estructura.La acción se desarrolló en zona rural de Chaparral, específicamente en el sector de la vereda Hato Viejo, donde tropas de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía del Tolima y con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, adelantaron la denominada operación Horus contra integrantes de la Comisión Gerónimo Galeano.Y hay un dato que eleva la importancia del operativo: el adulto capturado pertenecería, según las autoridades, al esquema de seguridad de Florentino Boyocé, alias ‘Amazonas’ o ‘Leonel’, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc en el sur del Tolima. Por información que permita su captura, las autoridades ofrecen una recompensa de 500 millones de pesos, así lo anunció el presidente Abelardo de la Espriella el 28 de agosto, durante su más reciente visita al Tolima. Las autoridades también lo señalan como presunto responsable de amenazas contra la gobernadora Adriana Magali Matiz Vargas.El primer anuncio sobre la dimensión del operativo lo hizo, desde muy temprano, el presidente Abelardo De La Espriella, quien informó a través de su cuenta de X que la Fuerza Pública había golpeado a esta estructura, a la que ubicó dentro de la facción de alias ‘Iván Mordisco’.Según el mandatario, durante la operación fue capturado un integrante de la organización y se recuperó un menor de edad. También reportó la incautación de 11 fusiles, dos pistolas, dos drones y 10 granadas improvisadas para ser utilizadas mediante estos dispositivos.De acuerdo con la información divulgada por el Gobierno Nacional, a la estructura Gerónimo Galeano se le atribuyen siete ataques con drones contra integrantes de la Fuerza Pública, acciones que habrían dejado heridos a tres soldados y un policía. También se le relacionan actividades de extorsión y reclutamiento de menores.El presidente señaló, además, que la operación no había terminado y que las autoridades mantenían la ofensiva para localizar a los principales cabecillas de la estructura: “La operación continúa. Vamos tras sus cabecillas”, indicó.El pronunciamiento presidencial puso en evidencia la importancia que desde el Gobierno Nacional se le está dando a esta estructura, cuya presencia ha sido relacionada con diferentes hechos de violencia y presión sobre comunidades del sur del Tolima.La reacción de la GobernadoraPoco después del anuncio presidencial, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, entregó su propio balance y destacó la coordinación entre las instituciones de seguridad.La mandataria señaló que el resultado fue posible gracias al trabajo conjunto del Ejército Nacional, la Policía del Tolima y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.En el consolidado divulgado por la Gobernación aparecen 11 fusiles, dos pistolas calibre 9 milímetros, dos drones, diez granadas improvisadas para estos dispositivos, un computador, una camioneta Toyota Hilux, una motocicleta, munición, proveedores y abundante material de guerra e intendencia.La información suministrada por la Gobernadora también reportó la recuperación de un menor de edad, quien habría cumplido funciones como operador de drones, y otro relacionado con actividades de explosivista. Otros reportes periodísticos también registraron la aprehensión de dos menores durante el procedimiento.Matiz destacó el trabajo de los uniformados y aseguró que la ofensiva contra las organizaciones delincuenciales continuará en el departamento. “Con seguridad todo, sin seguridad nada”, expresó la Gobernadora durante su pronunciamiento en terreno.¿Qué es la Comisión Gerónimo Galeano?La denominación GAO-r corresponde a Grupo Armado Organizado residual. Es la categoría empleada por las autoridades colombianas para identificar determinadas estructuras armadas surgidas después de la desmovilización de las Farc y que mantienen capacidad armada y actividades ilegales.En este caso, las autoridades identifican a la Comisión Gerónimo Galeano como una estructura del denominado Bloque Central Isaías Pardo y la ubican dentro de las disidencias asociadas a la facción de alias ‘Iván Mordisco’.Su área de influencia señalada por las autoridades comprende municipios del sur del Tolima, entre ellos Chaparral, Ataco, Planadas y Rioblanco.La estructura, según los organismos de seguridad, habría utilizado diferentes mecanismos para ejercer control territorial y obtener recursos, entre ellos extorsiones, amenazas y cobros ilegales a comerciantes, ganaderos, caficultores y habitantes de la región.También es señalada de obtener recursos provenientes de economías ilícitas relacionadas con la explotación de yacimientos mineros, particularmente en el municipio de Ataco.El combate y la ubicación de los integrantesEl operativo comenzó a tomar forma cuando las tropas ubicaron a varios integrantes de la estructura que se movilizaban por zona rural de Chaparral.De acuerdo con el reporte militar, durante las acciones se produjo un combate de encuentro entre las tropas y los integrantes de la Comisión Gerónimo Galeano.En medio del procedimiento fue localizada una camioneta en la que, según las autoridades, se transportaba buena parte del material utilizado por la estructura.El comandante de la Sexta Brigada, coronel Arnold Esneider Pérez Linares, explicó que el resultado fue posible gracias a la articulación de las capacidades militares y policiales y a información de inteligencia suministrada por la Policía del Tolima.El oficial señaló que entre los detenidos se encontraba una persona que, según la investigación preliminar, tendría funciones relacionadas con el manejo de explosivos.También indicó que otro de los menores recuperados o aprehendidos estaría relacionado con la operación de drones utilizados para ataques contra la Fuerza Pública.Once fusiles y más de dos mil cartuchosEl comandante del Departamento de Policía Tolima, coronel Ferney Martín Romero, entregó detalles adicionales sobre el material encontrado.El balance incluye 11 fusiles, armas cortas, más de 2.000 cartuchos y 56 proveedores, además de los drones y los artefactos explosivos improvisados. Las autoridades informaron que diez granadas utilizadas o acondicionadas para ataques mediante drones fueron destruidas en el lugar, debido a las condiciones de seguridad del procedimiento.También fueron incautados una camioneta Toyota Hilux, una motocicleta, chalecos multipropósito, material de intendencia, pancartas alusivas a la Comisión Gerónimo Galeano, una antena Starlink y un computador que, de acuerdo con la Gobernación, contendría información considerada de interés para las investigaciones.El hallazgo de los drones y de los elementos explosivos cobra especial relevancia porque las autoridades atribuyen a esta estructura varios ataques realizados mediante estos dispositivos.Siete ataques con dronesUno de los principales antecedentes que explican el despliegue de la operación está relacionado precisamente con el uso de drones cargados con explosivos.Según el balance entregado por el Gobierno Nacional y las autoridades de seguridad, a la Comisión Gerónimo Galeano se le atribuyen siete ataques con drones contra la Fuerza Pública, ocurridos en municipios del sur del Tolima y que dejaron tres soldados y un policía heridos.Para las autoridades, la incautación de los drones, las granadas improvisadas, las armas y la munición representa una afectación de las capacidades utilizadas por esta estructura para ejecutar ataques y mantener su presencia territorial.El componente más delicado: el menorPero detrás del arsenal incautado existe otro elemento que preocupa especialmente a las autoridades: la utilización de menores de edad.La información oficial señala que durante la operación fue recuperado un menor relacionado presuntamente con funciones dentro de la estructura armada. Habría sido utilizado, según las autoridades, para operar drones, mientras que otro estaría relacionado con actividades de manejo de explosivos.De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, el menor recuperado habría sido víctima de reclutamiento ilícito en el departamento del Cauca.El menor recuperado fue puesto a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el correspondiente restablecimiento de sus derechos.Una estructura con presión sobre el sur del TolimaEl golpe se produce en un territorio donde las autoridades han venido denunciando la presión de estructuras armadas ilegales sobre las comunidades.Según el reporte oficial, la Comisión Gerónimo Galeano estaría relacionada con extorsiones, amenazas y citaciones a comerciantes, ganaderos, caficultores y otros habitantes, principalmente en municipios del sur del departamento. A esto se suman las investigaciones por posibles actividades vinculadas con economías ilícitas y minería ilegal.Por eso, el resultado de la operación no se limita al decomiso de armas. Para la Fuerza Pública, la incautación del arsenal, los dispositivos tecnológicos, los explosivos, los vehículos y el material de intendencia busca afectar simultáneamente las capacidades armadas, logísticas, territoriales y financieras de la organización.El proceso judicialEl integrante adulto de la estructura que fue capturado quedó a disposición de las autoridades competentes.Según la información suministrada por la Fuerza Pública, deberá responder por delitos como concierto para delinquir agravado; fabricación, porte y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Militares; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego; y utilización ilegal de uniformes e insignias.Será la autoridad judicial competente la encargada de determinar las responsabilidades individuales y la situación jurídica de cada uno de los involucrados. Mientras tanto, el Gobierno nacional mantiene el anuncio de continuidad de la operación en la zona.En Chaparral, el operativo deja por ahora un amplio material de guerra fuera de circulación, integrantes de la estructura en poder de las autoridades y menores que deberán entrar en procesos de restablecimiento de derechos.La advertencia de las autoridades es que la ofensiva continuará para localizar a los responsables de las acciones violentas atribuidas a la Comisión Gerónimo Galeano y, especialmente, a quienes ejercen funciones de mando dentro de esta estructura armada en el sur del Tolima.
El viceministro de Energía, Armando Cuello Navarro, aseguró que el país recibió un sistema eléctrico “en crisis” y “en cuidados intensivos”. Además, advirtió que el déficit de energía en firme pasó del 7,2 % al 8,6 % en apenas una semana. Es decir, cada vez es menor la cantidad de electricidad que las plantas generadoras pueden garantizar de manera continua y segura.El viceministro también señaló como otro de los principales problemas la situación financiera de los operadores de red. “Hablamos de Air-e, hablamos de Afinia, pero también hay muchos más en los territorios que tienen una exposición a bolsa y una y una fragilidad financiera muy delicada. Entonces, cuando unimos eso, nos quedamos en que necesitamos prender las térmicas para poder guardar los embalses, pero no tenemos cómo ir a cobrar ese sobrecosto. Y tenemos una deuda de aire de alrededor de $5 billones”, afirmó Cuello.Cuello cuestionó además el nivel de recaudo de estas empresas y aseguró que, entre las pérdidas de energía y los recursos que finalmente logran recaudar, solo estaría ingresando cerca del 60 % de los recursos que deberían recibir. A esto se suma, según el funcionario, un déficit conjunto de alrededor de 200.000 millones de pesos mensuales.Las declaraciones las entregó durante el seminario “Energía para volver a crecer”, donde diferentes actores del sector energético analizaron los retos que enfrenta el país para garantizar el suministro eléctrico. Frente a este panorama, el viceministro explicó que uno de los principales objetivos del Gobierno es aumentar la oferta de energía en firme en los próximos años, con proyectos de diferentes tecnologías y bajo condiciones de sostenibilidad financiera.“Tenemos que propiciar las condiciones para que en 3 años no estemos en este momento. Tenemos que ser responsables de sacar oferta de energía en firme, competitiva, neutral tecnológicamente, desde carbón hasta eólica. Offshore, onshore, lo que sea, pero que sea sostenible financieramente, que la matriz energética nos dé la seguridad”, afirmó Cuello.
Pese al reciente retiro por parte de la administración de Antioquia del proyecto de ordenanza 33 para financiar obras mediante valorización, una nueva iniciativa en este sentido se radicó ante la Asamblea Departamental.La propuesta plantea el desarrollo de al menos seis proyectos viales mediante un apalancamiento total o parcial de propietarios aledaños a las intervenciones que se beneficiarían de los mismos.Entre las obras se encuentran el tramo La Unión – El Carmen de Viboral / El Canadá – El Carmen de Viboral, en el Oriente; Jericó – Buenos Aires – La Bodega (Andes), en el Suroeste; El Santuario – El Peñol – Guatapé – Alejandría – San Roque, entre el Oriente y el Nordeste; San Jerónimo – Poleal – San Pedro de los Milagros, entre el Norte y Occidente del departamento; así como Ríogrande – Nueva Colonia – Embarcadero – Zungo – Casa Verde, en el Urabá.Precisamente en esta subregión del departamento ya empiezan las críticas frente a la iniciativa por las eventuales cargas tributarias que podrían asumir en buena medida empresarios bananeros, actualmente bajo un escenario de crisis por asuntos climáticos y la devaluación del dólar.Emerson Aguirre, presidente de Augura, explicó que por ejemplo la iniciativa que ya fue retirada abarcaba para el pago de cerca del 95 % de fincas bananeras, unas 69.000 hectáreas, que en la teoría verían incrementado el valor de sus predios, pero que en la práctica no se traduciría en ningún beneficio especial.Además, el directivo destacó que desde hace 60 años el gremio ha sido responsable junto a otros actores del territorio del mantenimiento de las vías claves para la exportación del banano, las cuales también sirven a toda la población de Urabá."Hoy no estamos de acuerdo con que se le cargue un proceso de valorización que en su gran mayoría lo estaría pagando el sector bananero, que únicamente beneficia de manera directa al puerto, un puerto que no es del sector bananero exclusivamente, es un puerto que le sirve al país", indicó Aguirre.Tras su radicación, nuevamente el proyecto deberá ser discutido en la Asamblea, primero en comisión y posteriormente en plenaria. La anterior iniciativa se habría caído por una posible inviabilidad jurídica para el cobro y un ambiente político adverso.
El presidente del Grupo Energía Bogotá (GEB), Juan Ricardo Ortega, aseguró que la crisis financiera de Air-e, la empresa de servicios públicos que distribuye y comercializa energía eléctrica en el Caribe, ya le está generando un fuerte impacto a la compañía. Según explicó, el GEB ha tenido que provisionar cerca de $300.000 millones por las deudas de la distribuidora eléctrica intervenida.“Estoy destrozado con las provisiones de Air-e. Es ridículo que, al día de hoy, uno no sepa si el Gobierno va a pagar la deuda que es del Gobierno”, afirmó el presidente del GEB. Aunque reconoció el esfuerzo del Ejecutivo para enfrentar la situación financiera de Air-e, Ortega insistió en que debería existir un documento Conpes que establezca que el Estado responderá por las obligaciones de la empresa, independientemente del tiempo que tome el pago.El presidente del GEB explicó que este impacto financiero no debería haberse producido porque, según la regulación, el negocio de transmisión eléctrica en Colombia no tendría riesgo de que una contraparte incumpla sus pagos. Sin embargo, aseguró que una circular introdujo ese riesgo para las empresas transmisoras y cuestionó que la norma continúe vigente. “En teoría, la transmisión en Colombia no tenía riesgo de contraparte, pero se inventaron con una circular que sigue vigente y es ilegal, que ahora la transmisión tiene riesgo de contraparte”, dijo.Pero la situación del Grupo no se limita a Air-e. Otro de los puntos a los que se refirió Juan Ricardo Ortega en el seminario “Energía para volver a crecer” organizado por el centro de pensamiento económico ANIF y por el Centro Regional de Estudios de Energía (CREE), fue a las dificultades operativas que tiene el sector. El presidente del GEB aseguró que el sector ha enfrentado 150 bloqueos en los últimos meses que han frenado obras de construcción, lo que representa pérdidas por 20.000 millones de pesos debido a que las cuadrillas de trabajo han tenido que permanecer paradas sin poder operar.Esto lo dijo refiriéndose a la discusión política que rodea la explotación de los hidrocarburos, en los que, según dijo, el mayor riesgo no está relacionado directamente con la contaminación ambiental, sino con este tipo de gestiones operativas en el territorio. “Y hemos generado mecanismos en los que bloquear no tiene ningún castigo, en los que no hacer no tiene ningún castigo, como lo hizo la doctora Muhammad en el Ministerio de Ambiente, que se sentó durante tres años sobre los expedientes y no le pasó nada”.Ortega también expresó preocupación por el futuro del mercado de gas y advirtió que Colombia podría enfrentar varios años de precios altos debido a las decisiones que, según él, se han tomado en materia de abastecimiento. “Eso no se va a resolver. Aquí vienen seis, siete años donde vamos a comer ‘m’ por lo que decidieron no hacer”, afirmó.Ante este escenario, planteó la necesidad de reorganizar el mercado mediante contratos de largo plazo y cuestionó la expectativa de que el gas venezolano pueda solucionar rápidamente el déficit de abastecimiento. Además, señaló que cualquier operación de este tipo requeriría previamente autorizaciones de autoridades de Estados Unidos y advirtió que tampoco se puede esperar que nuevos proyectos, como Sirius, resuelvan de inmediato las necesidades del país.