El macrocaso de corrupción de la UNGRD, que nació con el escándalo de carrotanques, tiene varias líneas de investigación. Una, consiste en los sobornos que se le habrían dado a Iván Name, expresidente del Senado y Andrés Calle, expresidente de la Cámara, con dinero de la UNGRD. Tres mil millones de pesos para el primero y mil millones de pesos para el segundo.En esta investigación se cuestiona las versiones de Sneyder Pinilla y Pedro Castro, avaladas por Fiscalía, pues hay un preacuerdo con Pinilla sobre la misma. Así como ha sido usada por la Corte Suprema de Justicia y tiene con medida de aseguramiento a Name y a Calle.Quién es Pedro CastroPara esto es importante entender que las coimas para los entonces presidentes de Cámara y Senado, según Olmedo y Sneyder, salieron inicialmente de un préstamo, que se repondría con dineros de contratos de la UNGRD. Y es aquí donde entraría en el juego la figura de Pedro Castro. Pero, ¿quién es Pedro Castro?Es un exsenador, que ha narrado ante la Corte que estaba embargado, que ni siquiera tenía acceso al sistema financiero por sus deudas. Por esa razón, ha dicho que manejaba todo en efectivo y estaba buscando una plata para remodelar un hotel en Bogotá. Pero ¿cómo este señor se conoció con Sneyder Pinilla?Castro dice ante una declaración en el despacho del magistrado de la Corte Suprema de Justicia Francisco Farfán que se conocen en el primer semestre del 2022 en Bucaramanga cuando va a instalar a su hijo en un apartamento que compraron, pues el joven estaba iniciando la universidad. Dijo que la forma cómo conoció “a Sneyder fue muy casual, en qué sentido… de que (sic) encuentro yo a un señor que iba con herramientas, pues herramientas, un tubo y yo asumí que él era, digamos trabajador del edificio o tenía que ver con temas que me interesaban como era la presión del agua. Yo me acerco y le pregunto y me dice yo no soy plomero, no tengo nada que ver, soy ingeniero, pero vengo a arreglar un problema en un apartamento, dijo así: en mi apartamento que tengo en este edificio, que casualmente es la misma torre y entonces me dijo, con mucho gusto yo le ayudo, déjeme y así fue, así nace esa relación”.Tiempo después, según narra el exsenador, le pide ayuda a Pinilla para buscar inversionistas para la remodelación de su hotel y es luego Sneyder sabiendo que Castro buscaba un dinero prestado el que termina preguntando si lo consiguió y pidiendo el préstamo para las coima de $4 millones que Olmedo Lopez le habría ordenado conseguir, para los presidentes de Cámara y Senado y que supuestamente se repondrían con plata de la UNGRD.Finalmente, Castro y Pinilla dicen que el préstamo se da, con un interés alto, lo que representaba buen negocio para Castro. En este sentido, el objetivo de esta investigación es mostrar cómo Pinilla y Castro habrían mentido sobre este préstamo. ¿Por qué?Hay que prestarle atención concretamente en tres momentos el 29 de septiembre del 2023, el 11, y 12 de octubre del mismo año. El relato de ellos no coincide en su totalidad con las celdas de ubicación de Sneyder Pinilla. ¿Por qué solo se revisaron las de Sneyder? Y es otra de las cosas que generan suspicacia: al día de hoy, no existen en el caso las celdas de Pedro Castro, la Fiscalía aún no las ha pedido.Qué es una celda de ubicaciónUna celda de ubicación es básicamente el “pedazo de cobertura” de una antena de celular donde está conectado su teléfono en ese momento. Es simple: es lo que le dice a la red más o menos en qué zona está para poder darle señal, llamadas o datos. Es por eso, que una celda es un método tecnológico que se usa en estas investigaciones para contrastar las ubicaciones que se plantean en los relatos de los testigos.29 de septiembre del 2023: Sneyder pide el préstamoSegún Sneyder, en esta fecha se encuentran para hablar del préstamo de 4.000 millones de pesos, el exsubdirector de la UNGRD dijo que fue a la casa de Castro en la noche ubicada detrás del Club el Nogal en Bogotá.Pero, Pedro Castro le dice a la Corte que Sneyder le solicitó este préstamo en una llamada telefónica.“A finales de septiembre es cuando yo recibo una llamada de Sneyder, ahí sí estaba interesado en el edificio… Oígame, usted qué hizo con la plata… Le dije: no, pues un préstamo. -Préstamela a mí. No, déjamelo consultar… Es decir, no le dije nada, simplemente le dije… Tenía una liquidez mía para hacer una remodelación. Y me parece un señor desesperado por un dinero”.Pinilla le aseguro a la fiscalía que estuvo en Mocoa casi todo el día y en la noche va a la casa de Pedro Casto, a pedirle prestado los $4 mil millones que Olmedo López le habría ordenado conseguir para las coimas para Iván Name y Andrés Calle. Sin embargo, sus celdas de aquella noche no permiten confirmar eso. Pinilla entre las 7 pm y la media noche se movió en puntos diferentes entre el aeropuerto y la Calle 26 con carrera 73. Estuvo, según sus celdas, a mas de cien cuadras de distancia de la casa de Castro.11 de octubre 2023: Primera entrega: $1500 millonesSegún el relato, en la noche del 11 de octubre del 2023, Sneyder Pinilla va en la noche a la casa de Castro a recoger los primeros 1,500 millones de pesos en efectivo.Sin embargo, las celdas de ubicación no confirman eso. Pinilla, según lo revisado por este medio, no estuvo el 11 de octubre en esa ubicación. Lo más cerca que estuvo Sneyder esa noche del 11 de octubre de la casa de Castro, fue en la carrera séptima con calle 53. Hay mas de 2 km de distancia entre los dos puntos.12 octubre de 2023: primera entrega a NameEste día es clave porque se le habrían entregado los primeros 1500 millones de pesos al entonces presidente del Senado Iván Name, según la versión de Pinilla. Hay que recordar que el exsubdirector ha dicho que fue a entregar esa plata, junto a la exconsejera de regiones, al edificio donde vive Name.Según la versión de la Fiscalía, Pinilla y Ortiz se encuentran en el hotel Tequendama Suites y salen a las 3:31 p.m. hasta el edificio Basel I, cerca a Unicentro, donde residía el senador Name. Pero, las celdas de Sneyder tienen un bache de 63 minutos, es decir, no se registra su ubicación en ese espacio de tiempo. ¿Qué muestran las celdas? El sale del hotel Tequendama a las 3:31 p.m. y a las 3:51 p.m. aparece en el ParkWay, Teusaquillo. Posteriormente, 63 minutos después, a las 4:54 p.m., aparece en la Avenida el Dorado muy cerca al aeropuerto.Es decir, las celdas del 12 de octubre no confirman qué pasó en ese trayecto, ni si Sneyder estuvo en la casa de Iván Name. Una gran duda es por qué no aparecen esas celdas que son un elemento clave en la entrega del dinero de los primeros 1,500 millones de pesos.Incluso, un investigador de la Fiscalía lo reconoce frente a la Corte, en una citación donde fue citado a declarar.“Estamos en la necesidad y se está procesando la información en ese momento de por qué pudo existir este, llamémoslo, bache o espacio de no registro de datos durante ese día. Específicamente, como lo hemos mencionado, fue entre las 15 y 51 y 16 segundos del 12 de octubre hasta las 16 y 54 horas de ese mismo día”, dijo el investigador ante el ante tribunal.Pero, el investigador va más allá y señala que no se puede afirmar que ese día Sneyder haya estado en el norte de Bogotá. Esto cuando le preguntan de forma específica sobre este tema“-Magistrado: ¿Esa información que está en esas celdas no permite confirmar que el señor Pinilla (0:06) haya estado en el norte de Bogotá? ¿Sí o no? (0:09) Exactamente, eso sí no lo permite confirmar, que hubiera estado en el norte de Bogotá”.Incluso, ante un interrogatorio en la Corte, el señor Omeye Castellanos, conductor y jefe de seguridad de Sandra Ortiz negó haber visto a Pinilla con la siguiente frase: “Falso, yo nunca he visto a ese señor”.13 de octubre: Siguiente entrega del dineroUn encuentro que, según Castro y Sneyder, se habría dado en un parqueadero en la Plaza España. Aquí genera ruido que, de acuerdo con las celdas, el encuentro sí se dio, pero solo duró tres minutos. Y, según lo que pasó en ese momento, resulta llamativo que haya durado tres minutos. ¿Por qué? Castro lleva la plata incompleta por error, según narró ante la justicia, Pinilla la cuenta, se enfada y le pide que le entregue el resto ese mismo día… ¿Tres minutos para contar ese dinero? Incluso, Castro es cuestionado ante la Corte sobre este día y dice que persé no fueron tres minutos, que mínimo cinco. Posteriormente, Castro y Pinilla se reúnen en los alrededores de Unicentro para la entrega del dinero restante y ahí también las celdas de Pinilla registran este encuentro.Castro sin investigaciónSobre esto que hemos planteado y las dudas que generan las versiones, entre ellas las de Pedro Castro, el despacho del magistrado Francisco Farfán compulsó copias. Sin embargo, aún no hay una investigación abierta contra él.¿Qué dice la defensa de Sneyder Pinilla?El abogado Luis Gustavo Moreno, defensa de Sneyder Pinilla allegó este documento a Blu Radio.En atención a su cuestionario, me permito dar respuesta en los siguientes términos, solicitando expresamente que estas sean publicadas en su integridad, en igualdad de proporción en todas las plataformas análogas como digitales en donde se haga mención a mi defendido el señor Sneyder Pinilla en garantía del derecho fundamental a la información de la ciudadanía y de mi poderdante en condiciones de equidad (art. 20 de la Constitución Política) y de su derecho al buen nombre:1. Sobre la supuesta inconsistencia de las celdasEsa afirmación es falsa, sesgada y carece de rigor técnico. Las celdas de georreferenciación sí coinciden en varios episodios, y adicionalmente existen otros elementos de corroboración probatoria que han sido debidamente verificados por las autoridades competentes, ni más ni menos que la Corte Suprema de Justicia, jueces de control de garantias, jueces de conocimiento y la Fiscalía Delegada ante la Corte.Lo que se evidencia es que se parte de un informe filtrado de manera parcial lo cual compromete la objetividad de su análisis y lo conduce a conclusiones erróneas. Más grave aún, en el pasado y en este mismo espacio radial se publicó un informe ilegal, falso y manipulado, elaborado por uno de los equipos de defensa de los acusados. Esa falsedad y manipulación lo documenta informe técnico forense hoy en manos de la Fiscalía y será objeto, de nuestra parte, de acciones judiciales contra los responsables, demostrando el origen de la filtración, así como su manipulación y adulteración, lo que reviste especial gravedad penal.Adicionalmente, resulta fundamental precisar que la valoración probatoria en este caso no puede hacerse de manera fragmentada ni aislada. La información aportada por el señor Sneyder Pinilla ha sido objeto de verificación a través de múltiples fuentes independientes, dentro de las cuales se destacan sistemas de geolocalización y trazabilidad tecnológica incluso cuando las celdas no reportan o dejaron de reportar. En ese mismo sentido, y como es de público conocimiento en el caso de la señora Sandra Ortiz, dicha información fue contrastada y corroborada mediante los registros GPS de los vehículos utilizados, lo que permitió validar desplazamientos, tiempos y coincidencias relevantes para la investigación. Esto demuestra que no se trata de afirmaciones unilaterales, sino de un relato que ha sido sometido a contrastación técnica y objetiva, en concordancia con otros elementos materiales probatorios. Pretender deslegitimar este conjunto probatorio mediante lecturas parciales o descontextualizadas no solo desconoce la realidad del proceso, sino que constituye una interpretación sesgada que carece de rigor jurídico y probatorio.2. Sobre la insinuación de un “testigo fabricado”Esa pregunta no es inocente ni neutral; constituye una afirmación implícita que desconoce hechos verificables. Resulta jurídicamente reprochable insinuar la fabricación de un testigo cuando existen evidencias en manos de la justicia de que el señor Sneyder Pinilla fue objeto de presiones indebidas, incluyendo intentos de soborno cuando ya colaboraba con la justicia, amenazas y atentados contra su vida.Fue precisamente su colaboración – previa su aceptación plena de responsabilidad ante el país - la que permitió que Colombia conociera en detalle los hechos relacionados con el escándalo de la UNGRD. Este tipo de señalamientos sin sustento no solo vulneran derechos fundamentales, sino que podrían configurar escenarios de responsabilidad penal y civil contra quienes persistan en ellos.3. Sobre las celdas del señor Pedro CastroEsas apreciaciones son abiertamente especulativas y jurídicamente improcedentes. Ese proceso al que se hace referencia se encuentra bajo reserva legal, conforme a lo dispuesto en el artículo 330 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004).En ese sentido, cualquier afirmación sobre el contenido o ausencia de pruebas en el expediente carece de sustento y constituiría una intromisión indebida en una investigación en curso. No obstante es imperante reiterar una y otra vez que el testigo Sneyder Pinilla ha contado toda la verdad y ha comparecido a todos los llamados de la justicia.La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha sido clara en señalar que la divulgación o especulación sobre elementos probatorios en etapa de investigación puede afectar el debido proceso y la presunción de inocencia (CSJ, Sala Penal, rad. 45166).4. Sobre la referencia a “prestamista”El hecho de que una persona realice un préstamo ocasional no la convierte en prestamista profesional. Es una interpretación simplista y jurídicamente incorrecta.Aun así, que mi defendido Pinilla lo considere prestamista y el señor Castro diga que no lo es, no tiene ninguna relevancia probatoria o jurídica, es simplemente percepción personal.En derecho, la calificación de una actividad como habitual o profesional requiere elementos de reiteración y ánimo de lucro sistemático, lo cual no se configura en un acto aislado.5. Sobre la supuesta garantía del préstamoEl proceso se encuentra bajo reserva, y las autoridades competentes han sido las encargadas de verificar la totalidad de los dichos del señor Sneyder Pinilla, así como los elementos materiales probatorios.Producto de dicha colaboración, varios intervinientes han suscrito principios de oportunidad, han reconocido su responsabilidad penal y han aportado nuevas pruebas. Esto evidencia la solidez del material probatorio, contrario a las insinuaciones que se plantean.6. Sobre la contradicción en la forma del préstamoLos hechos han sido debidamente conocidos y valorados por las autoridades judiciales. Nuevamente, se incurre en especulación sobre aspectos que hacen parte de una investigación reservada.El manejo irresponsable de información en curso puede afectar gravemente el debido proceso, conforme a los principios consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política.Consideración finalEl ejercicio periodístico exige responsabilidad, verificación y contraste de fuentes. Por lo anterior, reitero la solicitud de publicar estas respuestas en su integridad, en cumplimiento de los principios constitucionales y legales que rigen la actividad informativa en Colombia.Por su parte, el abogado de Pedro Castro no envió ninguna respuesta al cierre de este informe.
En la tarde de este jueves, 5 de marzo, se instaló formalmente en la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, la audiencia preparatoria de juicio contra dos de los salplicados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).Se trata de Iván Name y Andrés Calle, que ostentaron las presidencias del Senado de la República y la Cámara de Representantes, respectivamente, quienes hoy están privados de su libertad en la Cárcel la Picota de Bogotá luego de que la Sala de Instrucción de ese mismo alto tribunal ordenara su detención inmediata mientras avanza el proceso.Allí, reaparecieron publicamente Name y Calle tras varios meses de detención, el magistrado Jorge Emilio Caldas hizo la lectura de una decisión proferida por esa misma sala sobre la negativa de decretar la nulidad que pidió el abogado del expresidente de la Cámara de Representantes. En ese sentido, está claro que el juicio sigue su curso.Según el expediente, Name y Calle están acusados de los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación agravado, en medio del escándalo por el presunto desvío de dineros públicos que habrían sido utilizados para asegurar apoyo político a reformas impulsadas por el Gobierno nacional. De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, entre septiembre de 2023 y abril de 2024 se habría estructurado un acuerdo en el que funcionarios de la UNGRD utilizaron recursos públicos para comprar presuntamente apoyos en el Congreso.Según Olmedo López y Sneyder Pinilla, Iván Name habría recibido una jugosa suma de 3000 millones de pesos entregados en dos pagos de 1.500 millones en octubre de 2023. En cuanto a Calle, se señala que recibió presuntamente la cantidad de 1.000 millones de pesos producto de estas supuestas dadivas.Según la Corte, esos recursos presuntamente recibidos habrían sido utilizados para financiar campañas políticas en las elecciones regionales del año 2023. En particular, el dinero que supuestamente recibió Name habría sido destinado para financiar la campaña de su hija María Clara Name al Concejo de Bogotá.Las pruebas que aceptó y rechazó la Corte dentro del proceso de Iván Name y Andrés CalleLa Corte escuchará a testigos clave dentro de este escándalo como por ejemplo, Olmedo López y Sneyder Pinilla exdirector y exsubdirector respectivamenty a la exalta consejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz. La primera audiencia de juicio preparatorio se desarrolló en el entendido en que uno de los abogados de Andrés Calle sustentó su recurso de apelación contra la decisión de la Corte que negó la nulidad del proceso contra el expresidente de la Cámara. Ahora, será la Sala de Casación Penal quien estudie este recurso.
El proceso contra los expresidentes de Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle, por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la UNGRD ya está en la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia y en los próximos días se fijará fecha para la primera audiencia. Dentro de este juicio el magistrado ponente será Jorge Emilio Caldas.Asimismo, se conoció un oficio de la Sala de Primera Instancia donde fija el 20 de noviembre como fecha límite por si la defensa de Name y Calle van a interponer algún recurso.Todo esto luego de que la Sala de Instrucción de la Corte dejará en firme el llamado a juicio contra Name y Calle por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros tras supuestamente haber recibido sobornos para acelerar el trámite de las reformas sociales al interior del Congreso.Según Sneyder Pinilla, Olmedo López le ordenó entregarle 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name, y 1.000 millones de pesos al entonces presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. El presunto soborno a Name lo habría entregado presuntamente la exalta consejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz, quien hoy está recluida en una guarnición militar por estos hechos de corrupción.Ese dinero, al parecer, habría sido destinado por los congresistas para la financiación de campañas para las elecciones de mandatarios locales y regionales que se desarrollarían el 29 de octubre de 2023.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme el llamado a juicio contra Iván Name y Andrés Calle, investigados por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros, en el escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).La decisión se tomó al negar el recurso de reposición presentado por los abogados de Name y Calle, quienes buscaban revertir la resolución que los enviaba a juicio.Con esta determinación, el proceso pasará a la Sala Especial de Primera Instancia, encargada de adelantar el juicio formal.En una decisión anterior, la Sala de Instrucción también había negado la solicitud de libertad presentada por la defensa de Andrés Calle, al concluir que la calificación del proceso se realizó dentro de los tiempos previstos por la ley.De acuerdo con la investigación, Name y Calle habrían aceptado dádivas a cambio de impulsar en el Congreso reformas de interés del Gobierno nacional, a través de un presunto entramado de corrupción que involucraría recursos de la entidad encargada de atender emergencias y desastres en el país.Según Sneyder Pinilla, Olmedo López le ordenó entregarle 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name, y 1.000 millones de pesos al entonces presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. El presunto soborno a Name lo habría entregado presuntamente la exalta consejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz quien hoy está recluida en una guarnición militar por estos hechos de corrupción.Ese dinero, al parecer, habría sido destinado por los congresistas para la financiación de campañas para las elecciones de mandatarios locales y regionales que se desarrollarían el 29 de octubre de 2023.De acuerdo con la denuncia de Sneyder Pinilla, quien ya fue condenado a 5 años y 8 meses de cárcel por su participación en el entramado de corrupción, él mismo asegura que le entregó dos maletas a Sandra Ortiz para que se las entregara a Iván Name.
Fuentes cercanas al proceso le aseguraron a este medio que fue un intenso debate al interior de la Sala extraordinaria llevada a cabo en la ciudad de Villavicencio, en donde se tomó esta decisión de llamar a juicio a Calle y Name, fueron 3 los magistrados los que salvaron el voto en esta decisión.La magistrada Cristina Lombana salvó su voto total mientras que los magistrados Misael Rodríguez y Héctor Alarcón salvaron su voto parcialmente discrepando así de la decisión de los otros tres magistrados de la Sala de Instrucción de llamar a juicio a los expresidentes de Senado y Cámara.El magistrado Alarcón se apartó parcialmente de la decisión tras considerar que sería un delito de mayor gravedad (cohecho propio), mientras que el magistrado Misael Rodríguez por su parte dice que no hubo peculado y la magistrada Cristina Lombana salvó su voto total.Si la acusación queda en firme, el caso será remitido a la Sala Especial de Primera Instancia para el desarrollo del juicio correspondiente en la Sala de Primera Instancia.Mientras tanto, el alto tribunal avanza en las investigaciones por el mayor escándalo de corrupción que ha sacudido a este Gobierno, otra línea es la que tiene el magistrado Misael Rodríguez sobre los 6 congresistas que hicieron parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público que siguen vinculados al proceso.
Esta fue una decisión que tomaron los 6 magistrados de la Sala de Instrucción sesionando desde la ciudad de Villavicencio, con esto, los procesos de Name y Calle quienes son investigados por presuntamente recibir dinero proveniente de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) a cambio de favorecer la aprobación de proyectos en trámite en el legislativo pasarán a la sala de Primera Instancia del mismo alto tribunal.Ellos fueron capturados en mayo de este año por orden de la misma Sala tras su presunta vinculación en el mayor escándalo de corrupción de este Gobierno.La decisión tiene un contexto y es que, de acuerdo con Olmedo López y Sneyder Pinilla , responsables del desfalco a la UNGRD y principales testigos, Name y Calle recibieron presuntamente dádivas por parte de Pinilla a cambio de acelerar las reformas del Gobierno por el Congreso.Según Sneyder Pinilla, Olmedo López le ordenó entregarle 3.000 millones de pesos al presidente del Senado, Iván Name, y 1.000 millones de pesos al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, el presunto soborno a Name lo habría entregado presuntamente la exalta consejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz quien hoy está recluida en una guarnición militar por estos hechos de corrupción.Ese dinero, al parecer, habría sido destinado por los congresistas para la financiación de campañas para las elecciones de mandatarios locales y regionales que se desarrollarían el 29 de octubre de 2023.De acuerdo con la denuncia de Sneyder Pinilla, quien ya fue condenado a 5 años y 8 meses de cárcel por su participación en el entramado de corrupción, él mismo asegura que le entregó dos maletas a Sandra Ortiz para que se las entregara a Iván Name.
La semana pasada, en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, se llevó a cabo una sesión en la que una sala de conjueces rechazó una recusación contra los magistrados que firmaron la orden de captura contra el expresidente del Senado, Iván Name, y el expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, por el proceso que avanza en su contra debido a su presunta vinculación con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).Ahora bien, Blu Radio conoció además que la Sala de Instrucción dio por terminada la etapa de recolección de pruebas dentro de este caso. Luego de esto, lo que sigue es que el magistrado ponente, Francisco Farfán, deberá redactar una ponencia que será presentada ante la Sala de Instrucción para determinar si se llama o no a juicio a Calle y Name. En caso afirmativo, el proceso pasaría a la Sala de Primera Instancia del mismo alto tribunal.Los delitos que se les atribuyen a Calle y Name son cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros. Según Sneyder Pinilla, Olmedo López le habría ordenado entregarle 3.000 millones de pesos al presidente del Senado, Iván Name, y 1.000 millones de pesos al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. El presunto soborno a Name habría sido entregado por la exalta consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, quien hoy está recluida en una guarnición militar por estos hechos de corrupción.Ese dinero, al parecer, habría sido destinado por los congresistas para la financiación de campañas en las elecciones de mandatarios locales y regionales que se celebraron el 29 de octubre de 2023.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, confirmó la medida de aseguramiento contra el expresidente de Senado Iván Name y el expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle quienes están recluidos en la Cárcel la Picota desde el pasado 7 de mayo por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la UNGRD.Ellos seguirán privados de la libertad en centro carcelario hasta tanto avanza la investigación para definir si son llamados a juicio ante la Sala Especial de Primera Instancia del alto tribunal.Los delitos que se les atribuyen a Calle y Name son cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros, y es que de acuerdo con Olmedo López y Sneyder Pinilla, responsables del desfalco a la UNGRD y principales testigos, Name y Calle recibieron presuntamente dádivas por parte de Pinilla a cambio de acelerar las reformas del Gobierno por el Congreso.Según Sneyder Pinilla, Olmedo López le ordenó entregarle 3.000 millones de pesos al presidente del Senado, Iván Name, y 1.000 millones de pesos al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, el presunto soborno a Name lo habría entregado presuntamente la exalta consejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz quien hoy está recluida en una guarnición militar por estos hechos de corrupción.Ese dinero, al parecer, habría sido destinado por los congresistas para la financiación de campañas para las elecciones de mandatarios locales y regionales que se desarrollarían el 29 de octubre de 2023.De acuerdo con la denuncia de Sneyder Pinilla, quien ya fue condenado a 5 años y 8 meses de cárcel por su participación en el entramado de corrupción, él mismo asegura que le entregó dos maletas a Sandra Ortiz para que se las entregara a Iván Name.
El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Héctor Javier Alarcón, denunció alteraciones sustanciales en el contenido de la ponencia aprobada por la Sala Especial de Instrucción en el proceso por presunto cohecho que involucra a los congresistas Iván Name Vásquez y Andrés Calle Aguas.En su salvamento parcial de voto conocido en exclusiva por Blu Radio, Alarcón manifestó que el texto final de la decisión firmado bajo el principio de confianza fue presuntamente modificado tras las deliberaciones del 6 y 7 de mayo, sin socializar ni someter a votación los cambios con los demás magistrados.“Se eliminaron y añadieron apartes cruciales que impactaron directamente mis objeciones expuestas durante la discusión”, señaló el magistrado en su salvamento.Aunque Alarcón coincidió con la gravedad de los hechos investigados, criticó que la calificación jurídica como cohecho impropio resulta insuficiente, considerando que los elementos del caso encajarían mejor en la figura de cohecho propio, debido a que los actos de los congresistas habrían sido contrarios a sus deberes oficiales, especialmente al comprometer la función legislativa a cambio de dádivas.“Lo anterior, porque tal hecho resultaría ser tanto como una afrenta personal en la que, así lo percibo, se trata de atacar y aminorar argumentativamente la postura exteriorizada a través de mi intervención disidente individual, la cual elevé con respetuosos y jurídicos argumentos que, además de ser insulares y en el plano dialéctico rebatibles -lo admito, pues no soy quien ostenta la verdad absoluta, fueron desestimados o embestidos directamente con modificaciones subrepticias e inclusiones de aspectos novedosos no consignados en la ponencia inicialmente registrada y debatida en las sesiones extraordinarias mencionadas”, señala el salvamento del magistrado.En otro aspecto clave, Alarcón cuestionó la medida de aseguramiento de detención intramural adoptada contra los congresistas, según su criterio, la Corte no aplicó correctamente el test de proporcionalidad, omitiendo el análisis riguroso de alternativas menos gravosas como la detención domiciliaria o medidas restrictivas no privativas de la libertad. “Se impuso la medida más drástica sin justificar por qué las otras no eran suficientes”, argumentó.“Todo lo anterior estimo necesario ponerlo de presente, porque en la actualidad con esa situación irregular y anómala para este magistrado, han decaído algunos de los argumentos que sostenían el salvamento del suscrito; empero, a pesar de ello, se mantienen con sólida vigencia algunos restantes que procedo a exponer seguidamente”, indicó el magistrado.También advirtió el magistrado, en su salvamento, que el artículo 68A del Código Penal, citado para negar otras medidas, fue malinterpretado, ya que su aplicación está prevista para etapas posteriores a una condena, y no para decisiones preliminares dentro del proceso penal.Alarcón subrayó que, aunque considera grave el presunto “trueque de favores legislativos por dinero” en beneficio del Gobierno, el respeto al debido proceso y la ponderación de derechos no pueden ser sacrificados por la presión del escándalo.El debate al interior de la Corte por la definición jurídica de Calle y NameEn un ajustado 4 a 2, la semana pasada la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia determinó que Iván Name y Andrés Calle debían ser capturados entre tanto avanza el proceso en su contra por el rol que presuntamente tuvieron en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión Del Riesgo, UNGRD.Al salvamento del magistrado Héctor Alarcón, lo acompañó el de la magistrada Cristina Lombana quien lanzó dos cuestionamientos de fondo: la presunta ilegalidad en la obtención de pruebas fundamentales del caso y la omisión del análisis sobre el delito de Financiación de Campañas Electorales con Fuentes Prohibidas.Para la magistrada Lombana, gran parte del material probatorio aportado por la Fiscalía fue recabado de forma irregular, en especial las declaraciones y conversaciones obtenidas mediante el principio de oportunidad ofrecido a los exfuncionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla.Según advirtió, las condiciones en las que estos testigos llegaron al proceso no fueron evaluadas a fondo y sus testimonios presentan posibles vicios legales que podrían anular la validez de toda la prueba derivada para el proceso.
A través de un detallado salvamento de voto, la magistrada Lombana lanzó dos cuestionamientos de fondo: la presunta ilegalidad en la obtención de pruebas fundamentales del caso y la omisión del análisis sobre el delito de Financiación de Campañas Electorales con Fuentes Prohibidas.Para la magistrada Lombana, gran parte del material probatorio aportado por la Fiscalía fue recabado de forma irregular, en especial las declaraciones y conversaciones obtenidas mediante el principio de oportunidad ofrecido a los exfuncionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Olmedo López y Sneyder Pinilla.Según advirtió, las condiciones en las que estos testigos llegaron al proceso no fueron evaluadas a fondo y sus testimonios presentan posibles vicios legales que podrían anular la validez de toda la prueba derivada para el proceso. Lombana insistió en que se violaron derechos fundamentales como el derecho a guardar silencio y a no autoincriminarse, y que se habría ejercido presión indebida sobre los testigos.Uno de los apartes más críticos del documento resaltó que Sneyder Pinilla fue inducido a rendir entrevistas públicas y que esta exposición no puede entenderse como una renuncia voluntaria a sus derechos constitucionales.Además, subrayó que Sneyder Pinilla no fue testigo presencial de la supuesta entrega de dinero al senador Iván Name, por lo que su testimonio carece de la fuerza probatoria directa requerida para sustentar una acusación de esta magnitud.Lombana también argumentó que no se configura el delito de peculado por apropiación, pues, según su interpretación, los 4.000 millones de pesos involucrados en el caso no provinieron del erario público, sino de un acuerdo entre particulares, lo que a su juicio excluye la utilización de recursos de la Ungrd.Además, se pone en duda la legalidad del traslado de información obtenida por la Fiscalía 9 Delegada pues, según la magistrada, no se cumplían los requisitos legales para su uso en este caso, lo que convertiría esas pruebas en “nulas de pleno derecho”.La segunda preocupación de la magistrada es la ausencia de análisis sobre el delito de financiación de campañas con fuentes prohibidas, a pesar de que en el expediente constan señalamientos directos sobre un supuesto flujo de dinero ilícito hacia una campaña electoral.Lombana señala que no está probado que Sneyder Pinilla habría entregado recursos al senador Iván Name para apoyar la campaña de su hija, María Clara Rodríguez. A pesar de la gravedad de este hecho, la Sala no se pronunció ignoró "que no hay prueba de ello" , lo que la magistrada considera un vacío inexplicable.Las entrevistas a medios: otro punto críticoEl salvamento también hace referencia reiterada a las entrevistas que ofrecieron Olmedo López y Sneyder Pinilla a medios de comunicación. Para Lombana, estas apariciones públicas no pueden ser utilizadas como evidencia incriminatoria sin antes establecer con claridad que no hubo coacción ni presión indebida para que los testigos hablaran.En una de las citas del documento, se recoge lo dicho por Pinilla: “Confesar algunos delitos no implica renunciar al derecho a no autoincriminarse en un escenario judicial”.Asimismo, sobre Olmedo López, la magistrada alerta que habría hecho una renuncia forzada a su derecho al silencio en sede judicial, sin la debida protección de sus garantías.
El senador del Centro Democrático Juan Espinal, presidente de la Comisión Quinta del Senado, pidió al Gobierno Nacional adoptar medidas preventivas frente a las garantías financieras que deben presentar las empresas participantes en la subasta del Cargo por Confiabilidad para el periodo 2029-2030.La solicitud fue dirigida a la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda; al gerente general encargado de XM, Juan Carlos Morales, y a la directora de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), Adriana Jiménez.El congresista planteó la necesidad de suspender temporalmente el hito relacionado con la entrega de las garantías de cumplimiento de la subasta, mientras se analiza formalmente la posibilidad de utilizar un mecanismo financiero alternativo.Dicha subasta corresponde al periodo comprendido entre el primero de diciembre de 2029 y el 30 de noviembre de 2030 y tiene como propósito respaldar la disponibilidad de energía firme para atender la demanda del país, especialmente en escenarios en los que el sistema enfrente condiciones críticas.Uno de los puntos centrales de la petición del congresista tiene que ver con las garantías financieras que deben presentar las empresas para demostrar que sí cuentan con respaldo para construir y poner en funcionamiento los proyectos de generación de energía que resulten comprometidos en la subasta.De acuerdo con Espinal, algunas empresas habían solicitado tiempo adicional para presentar instrumentos financieros conocidos como SBLC, utilizados como respaldo para acreditar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas.El cronograma establecía el 6 de agosto de 2026 como fecha límite para la entrega de los contratos de combustible o las garantías de cumplimiento.Para el senador, el problema no está en mantener las garantías que protegen al sistema eléctrico, sino en evitar que la imposibilidad de utilizar determinados instrumentos financieros termine dejando por fuera proyectos que pueden ser relevantes para la suficiencia energética del país.Ante esta situación, Espinal planteó que la CREG y el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales, ASIC, evalúen la posibilidad de aceptar las Garantías a Primer Requerimiento, GPR, como mecanismo de cobertura.Estas garantías podrían ser consideradas siempre que cumplan condiciones como ser irrevocables, incondicionales, exigibles al primer requerimiento y suficientes para proteger al beneficiario frente a un eventual incumplimiento.El senador recordó que el Reglamento de Garantías de la CREG contempla la posibilidad de evaluar nuevas modalidades o mecanismos alternativos que aparezcan en el mercado, siempre que cumplan los principios establecidos por la regulación.Por eso, solicitó que el ASIC presente formalmente ante la CREG las alternativas de GPR que cumplan con los requisitos establecidos.Espinal pidió al Ministerio de Minas y Energía, a la CREG y a XM actuar de manera coordinada y preventiva, con el objetivo de evitar que una dificultad relacionada con el instrumento financiero utilizado para respaldar los proyectos termine convirtiéndose, hacia 2029 y 2030, en un riesgo para el suministro de energía del país.
El próximo 12 de agosto ocurrirá uno de los fenómenos astronómicos más esperados de 2026. La Luna pasará frente al Sol y provocará un eclipse que podrá ser observado desde diferentes puntos del planeta, aunque con variaciones dependiendo de la ubicación.En concreto este fenómeno se produce cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol y bloquea por completo la superficie brillante de nuestra estrella para quienes se encuentran dentro de la estrecha trayectoria de totalidad.¿El eclipse solar se podrá ver desde Colombia?Colombia no se encuentra dentro de la franja señalada para observar la totalidad del eclipse. Por esta razón, quienes estén en el país no tendrán la misma perspectiva que los observadores ubicados en la trayectoria principal.Sin embargo, el fenómeno contará con una alternativa para quienes quieran seguirlo. La NASA anunció una transmisión en vivo del eclipse a través de sus canales oficiales.La cobertura comenzará a las 12:15 del mediodía en Colombia, cuando la Luna pase frente al Sol. ¿Qué países podrán ver el eclipse solar de 2026?La trayectoria del fenómeno tendrá una zona específica en la que el Sol quedará completamente cubierto durante algunos minutos. Allí estarán Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, gran parte de España y una pequeña región del noroeste de Portugal.La sombra de la Luna comenzará su recorrido en Groenlandia, continuará hacia Islandia y atravesará el Atlántico Norte antes de llegar al norte de Rusia y finalizar en la península ibérica.En otras regiones el eclipse será parcial. La NASA señala que podrá observarse de esta manera desde gran parte de Canadá, el norte de Estados Unidos, la mayor parte de Europa y el noroeste de África.¿Cuánto durará el eclipse solar total?Aunque el eclipse será total en determinadas zonas, el periodo en el que el Sol permanecerá completamente oculto será breve. Según la información suministrada por la NASA, para la mayoría de las personas ubicadas dentro de la franja de totalidad, ese momento durará menos de dos minutos.La agencia también ofrece recomendaciones para observar el fenómeno de manera segura, especialmente durante las fases en las que el Sol permanece parcialmente visible.
Dos mujeres que estarían implicadas en un entramado ilegal, que habría utilizado letras de cambio diligenciadas irregularmente para obtener recursos mediante el cobro fraudulento de préstamos otorgados a integrantes de la Policía Nacional en Cértegui (Chocó), fueron judicializadas por la Fiscalía General de la Nación.Las dos mujeres presuntamente utilizaron títulos valor con firmas falsas o alteradas para promover procesos ejecutivos contra los uniformados.La Fiscalía General relacionó las denuncias de 13 víctimas notificadas de procesos ejecutivos de mínima cuantía, en los que aparecían como demandadas por deudas que aseguraron no haber adquirido con una cooperativa.El fiscal que lleva el caso señala que las pruebas de grafología concluyeron que las firmas de las víctimas en los títulos valor presentaban alteraciones.“La prueba grafológica está afirmando que no hay uniprocedencia entre la firma que utilizan las víctimas de las demandas y del proceso penal, por supuesto, y las que están consignadas en el título valor”, resaltó el fiscal.Estas letras eran endosadas a una cooperativa representada legalmente por Mena Pacheco que promovió demandas ejecutivas contra los afectados.Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación estableció que así se inducía en error a la administración de justicia con el fin de obtener fallos favorables y conseguir el embargo de hasta el 25 % del salario de las víctimas.La Fiscalía General les imputó los delitos de falsedad en documento privado, enriquecimiento ilícito de particulares y fraude procesal. Los cargos no fueron aceptados.Por estos mismos hechos, recientemente fueron judicializados un subintendente de la Policía Nacional y una particular que también habrían participado en el entramado ilegal.
Más del 60 % de los niños y niñas en Colombia no recibe lactancia materna exclusiva durante sus primeros seis meses de vida, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN) 2015. Ante esta situación, Unicef hizo un llamado a fortalecer las políticas y acciones destinadas a proteger, promover y apoyar la lactancia materna en el país.La advertencia se conoce en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2026, que este año tiene como lema “Lactancia materna para un comienzo sostenible en la vida: reforzar lo que funciona”. La campaña busca poner el foco en las medidas que han demostrado ser efectivas y en la necesidad de construir redes de apoyo alrededor de las madres lactantes.Para Unicef, garantizar la lactancia materna durante los primeros meses de vida no debe entenderse exclusivamente como una decisión individual. La organización considera que las familias, las comunidades, el sistema de salud, los empleadores y las instituciones públicas y privadas tienen responsabilidades para generar condiciones que permitan a las mujeres amamantar.Unicef pide fortalecer las redes de apoyoLa leche materna es considerada una fuente fundamental de alimentación durante los primeros meses de vida. Entre sus beneficios se encuentran la protección frente a enfermedades, el aporte al desarrollo cognitivo y la contribución a un crecimiento saludable. Además, la lactancia está relacionada con una menor probabilidad de sobrepeso y obesidad en etapas posteriores.Pero sus beneficios no se limitan a la salud infantil. Al tratarse de una forma de alimentación de bajo costo y disponible para las familias, la lactancia materna también puede contribuir a mejorar la seguridad alimentaria, reducir desigualdades y favorecer la disminución de la pobreza.“Fortalecer los sistemas de apoyo a la lactancia materna es una responsabilidad compartida”, señaló Tanya Chapuisat, representante de UNICEF en Colombia, quien insistió en la necesidad de que distintos sectores trabajen conjuntamente para crear condiciones sostenibles y equitativas para las madres.La organización considera que contar con apoyo en el hogar puede ser determinante, pero también resulta necesario que las mujeres encuentren condiciones adecuadas cuando regresan a sus trabajos o cuando acuden a los servicios de salud.Colombia tiene avances, pero aún enfrenta retosUnicef destacó que Colombia ha desarrollado durante los últimos años diferentes iniciativas para favorecer la lactancia materna. Entre ellas están las Salas Amigas de la Familia Lactante, tanto en espacios laborales como comunitarios, y la estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral (IAMII).También resaltó el trabajo de las Madres FAMI del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), quienes hacen parte de las acciones de acompañamiento a las familias.Estos avances, sin embargo, requieren continuidad y mayores esfuerzos para que las medidas de protección y promoción de la lactancia lleguen de manera efectiva a las madres y sus hijos.Otro de los puntos señalados por Unicef es la necesidad de avanzar en la aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Esta herramienta busca proteger a las familias de prácticas comerciales que puedan interferir con la lactancia y garantizar que las decisiones sobre alimentación infantil se tomen con información adecuada.La lactancia materna también es una inversiónLa Semana Mundial de la Lactancia Materna 2026 plantea además la discusión sobre los recursos que destinan los países a proteger esta práctica. Unicef sostiene que invertir en lactancia materna puede generar importantes beneficios sociales y económicos, aunque su potencial continúa siendo subestimado.Según la información difundida por la organización, la falta de protección, promoción y apoyo a la lactancia materna representa pérdidas económicas significativas a nivel mundial, estimadas en 1.500 billones de dólares diarios, equivalentes aproximadamente a 4,84 billones de pesos colombianos al día.Por eso, el llamado de Unicef no se limita a incrementar las campañas de información. La organización plantea la necesidad de consolidar políticas públicas y entornos que permitan a las madres ejercer su derecho a amamantar con acompañamiento y sin barreras.En ese sentido, garantizar que madres, padres y cuidadores tengan acceso a información basada en evidencia científica, sin conflictos de interés ni presiones comerciales, es otro de los desafíos señalados.La cifra de la ENSIN 2015 continúa siendo un llamado de atención para Colombia: lograr que más niños reciban lactancia materna exclusiva durante sus primeros seis meses requiere una respuesta que vaya más allá de la voluntad individual. Para UNICEF, reforzar las estrategias que ya funcionan y ampliar los sistemas de apoyo será fundamental para que la lactancia materna contribuya a un comienzo de vida más saludable y a una sociedad con mayores condiciones de equidad.
El expresidente de la Corte Suprema de Justicia Jaime Arrubla cuestionó la permanencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y sostuvo que sus procesos podrían continuar en la justicia ordinaria. Durante una entrevista en Sala de Prensa Blu, el exmagistrado también se refirió al anuncio de no convocar una Asamblea Constituyente y a la necesidad de preservar la separación de poderes en Colombia.Arrubla pide no prorrogar la JEPAl referirse a la justicia transicional, Arrubla calificó a la JEP como “un parche en nuestro sistema jurídico” y recordó que fue creada como una jurisdicción temporal. Según explicó, considera que no debería prorrogarse y que los procesos pendientes podrían ser asumidos por la justicia ordinaria.“Lo ideal sería terminarla y que esos procesos pasaran a la justicia ordinaria. Si no se puede hacer eso, pues por lo menos que no se incentive, que no se crezca y que se vaya agotando”, afirmó.El exmagistrado también cuestionó los resultados de la jurisdicción en materia de justicia y reparación. “Aquí no ha habido ni justicia, ni reparación, ni paz. Entonces, ¿para qué necesitamos la JEP si lo que buscaba eran esas 3 cosas?”, manifestó.No a la Constituyente, pero sí a reformas institucionalesSobre el anuncio presidencial de no convocar una Asamblea Constituyente, Arrubla consideró que existen aspectos de la Constitución de 1991 que podrían requerir modificaciones, particularmente en su parte orgánica.“Hay una parte orgánica de la Constitución que tiene muchos reparos y a lo mejor necesite ajustes”, señaló. Sin embargo, respaldó que no se utilice una Constituyente para buscar una eventual reelección presidencial y afirmó que en un sistema democrático “no debe haber reelección”.Separación de poderes y respeto a los juecesArrubla insistió en que la democracia requiere que cada rama del poder público cumpla su función y respete las decisiones de las demás instituciones.“Una democracia es cada loro en su estaca, cada uno cumpliendo su función y respetando las del otro”, sostuvo.En ese sentido, destacó que el Ejecutivo debe respetar las decisiones judiciales, incluso cuando no esté de acuerdo con ellas, y defendió el papel de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado como instituciones de control dentro del sistema jurídico colombiano.Escuche la entrevista completa acá: