El presidente del Grupo Energía Bogotá (GEB), Juan Ricardo Ortega, aseguró que la crisis financiera de Air-e, la empresa de servicios públicos que distribuye y comercializa energía eléctrica en el Caribe, ya le está generando un fuerte impacto a la compañía. Según explicó, el GEB ha tenido que provisionar cerca de $300.000 millones por las deudas de la distribuidora eléctrica intervenida.
“Estoy destrozado con las provisiones de Air-e. Es ridículo que, al día de hoy, uno no sepa si el Gobierno va a pagar la deuda que es del Gobierno”, afirmó el presidente del GEB. Aunque reconoció el esfuerzo del Ejecutivo para enfrentar la situación financiera de Air-e, Ortega insistió en que debería existir un documento Conpes que establezca que el Estado responderá por las obligaciones de la empresa, independientemente del tiempo que tome el pago.
El presidente del GEB explicó que este impacto financiero no debería haberse producido porque, según la regulación, el negocio de transmisión eléctrica en Colombia no tendría riesgo de que una contraparte incumpla sus pagos. Sin embargo, aseguró que una circular introdujo ese riesgo para las empresas transmisoras y cuestionó que la norma continúe vigente. “En teoría, la transmisión en Colombia no tenía riesgo de contraparte, pero se inventaron con una circular que sigue vigente y es ilegal, que ahora la transmisión tiene riesgo de contraparte”, dijo.
Pero la situación del Grupo no se limita a Air-e. Otro de los puntos a los que se refirió Juan Ricardo Ortega en el seminario “Energía para volver a crecer” organizado por el centro de pensamiento económico ANIF y por el Centro Regional de Estudios de Energía (CREE), fue a las dificultades operativas que tiene el sector. El presidente del GEB aseguró que el sector ha enfrentado 150 bloqueos en los últimos meses que han frenado obras de construcción, lo que representa pérdidas por 20.000 millones de pesos debido a que las cuadrillas de trabajo han tenido que permanecer paradas sin poder operar.
Esto lo dijo refiriéndose a la discusión política que rodea la explotación de los hidrocarburos, en los que, según dijo, el mayor riesgo no está relacionado directamente con la contaminación ambiental, sino con este tipo de gestiones operativas en el territorio. “Y hemos generado mecanismos en los que bloquear no tiene ningún castigo, en los que no hacer no tiene ningún castigo, como lo hizo la doctora Muhammad en el Ministerio de Ambiente, que se sentó durante tres años sobre los expedientes y no le pasó nada”.
Ortega también expresó preocupación por el futuro del mercado de gas y advirtió que Colombia podría enfrentar varios años de precios altos debido a las decisiones que, según él, se han tomado en materia de abastecimiento. “Eso no se va a resolver. Aquí vienen seis, siete años donde vamos a comer ‘m’ por lo que decidieron no hacer”, afirmó.
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Ante este escenario, planteó la necesidad de reorganizar el mercado mediante contratos de largo plazo y cuestionó la expectativa de que el gas venezolano pueda solucionar rápidamente el déficit de abastecimiento. Además, señaló que cualquier operación de este tipo requeriría previamente autorizaciones de autoridades de Estados Unidos y advirtió que tampoco se puede esperar que nuevos proyectos, como Sirius, resuelvan de inmediato las necesidades del país.