Magistrados denuncian alteraciones en ponencia sobre la medida de aseguramiento contra Calle y Name

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Héctor Javier Alarcón, denunció alteraciones sustanciales en el contenido de la ponencia aprobada por la Sala Especial de Instrucción en el proceso por presunto cohecho que involucra a los congresistas Iván Name Vásquez y Andrés Calle Aguas.En su salvamento parcial de voto conocido en exclusiva por Blu Radio, Alarcón manifestó que el texto final de la decisión firmado bajo el principio de confianza fue presuntamente modificado tras las deliberaciones del 6 y 7 de mayo, sin socializar ni someter a votación los cambios con los demás magistrados.“Se eliminaron y añadieron apartes cruciales que impactaron directamente mis objeciones expuestas durante la discusión”, señaló el magistrado en su salvamento.Aunque Alarcón coincidió con la gravedad de los hechos investigados, criticó que la calificación jurídica como cohecho impropio resulta insuficiente, considerando que los elementos del caso encajarían mejor en la figura de cohecho propio, debido a que los actos de los congresistas habrían sido contrarios a sus deberes oficiales, especialmente al comprometer la función legislativa a cambio de dádivas.“Lo anterior, porque tal hecho resultaría ser tanto como una afrenta personal en la que, así lo percibo, se trata de atacar y aminorar argumentativamente la postura exteriorizada a través de mi intervención disidente individual, la cual elevé con respetuosos y jurídicos argumentos que, además de ser insulares y en el plano dialéctico rebatibles -lo admito, pues no soy quien ostenta la verdad absoluta, fueron desestimados o embestidos directamente con modificaciones subrepticias e inclusiones de aspectos novedosos no consignados en la ponencia inicialmente registrada y debatida en las sesiones extraordinarias mencionadas”, señala el salvamento del magistrado.En otro aspecto clave, Alarcón cuestionó la medida de aseguramiento de detención intramural adoptada contra los congresistas, según su criterio, la Corte no aplicó correctamente el test de proporcionalidad, omitiendo el análisis riguroso de alternativas menos gravosas como la detención domiciliaria o medidas restrictivas no privativas de la libertad. “Se impuso la medida más drástica sin justificar por qué las otras no eran suficientes”, argumentó.“Todo lo anterior estimo necesario ponerlo de presente, porque en la actualidad con esa situación irregular y anómala para este magistrado, han decaído algunos de los argumentos que sostenían el salvamento del suscrito; empero, a pesar de ello, se mantienen con sólida vigencia algunos restantes que procedo a exponer seguidamente”, indicó el magistrado.También advirtió el magistrado, en su salvamento, que el artículo 68A del Código Penal, citado para negar otras medidas, fue malinterpretado, ya que su aplicación está prevista para etapas posteriores a una condena, y no para decisiones preliminares dentro del proceso penal.Alarcón subrayó que, aunque considera grave el presunto “trueque de favores legislativos por dinero” en beneficio del Gobierno, el respeto al debido proceso y la ponderación de derechos no pueden ser sacrificados por la presión del escándalo.El debate al interior de la Corte por la definición jurídica de Calle y NameEn un ajustado 4 a 2, la semana pasada la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia determinó que Iván Name y Andrés Calle debían ser capturados entre tanto avanza el proceso en su contra por el rol que presuntamente tuvieron en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión Del Riesgo, UNGRD.Al salvamento del magistrado Héctor Alarcón, lo acompañó el de la magistrada Cristina Lombana quien lanzó dos cuestionamientos de fondo: la presunta ilegalidad en la obtención de pruebas fundamentales del caso y la omisión del análisis sobre el delito de Financiación de Campañas Electorales con Fuentes Prohibidas.Para la magistrada Lombana, gran parte del material probatorio aportado por la Fiscalía fue recabado de forma irregular, en especial las declaraciones y conversaciones obtenidas mediante el principio de oportunidad ofrecido a los exfuncionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla.Según advirtió, las condiciones en las que estos testigos llegaron al proceso no fueron evaluadas a fondo y sus testimonios presentan posibles vicios legales que podrían anular la validez de toda la prueba derivada para el proceso.