La Corte Suprema de Justicia ordenó la libertad provisional de los expresidentes del Senado Iván Name y de la Cámara de Representantes Andrés Calle, investigados por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).La decisión se tomó por vencimiento de términos, pues se cumplió el plazo máximo legal para mantenerlos detenidos preventivamente sin que terminara el juicio.La determinación emitida por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema ordenó expedir las boletas de libertad para ambos excongresistas, recluidos en La Picota, en Bogotá. Sin embargo, no significa que hayan sido absueltos ni que el proceso penal haya terminado."Sin embargo, conforme se indicó en decisión AEP052-2026 (...), dicho termino (vencimiento de términos) debe duplicarse en el presente asunto en razón a que se decretó prueba en el exterior. Por lo tanto, se concluye que serán 12 meses los que deberán contabilizarse de cara a estudiar la procedencia de la causal de libertad en comento", se lee en el auto.La Corte estableció que ambos estaban detenidos preventivamente desde el 7 de mayo de 2025 y que la resolución de acusación quedó en firme el 7 de octubre de ese año. Este documento formaliza los cargos y da paso al juzgamiento. La ley establece un plazo ordinario de seis meses para realizar la audiencia pública, ampliable hasta doce meses cuando se decretan pruebas en el exterior. Ese término máximo venció el 7 de octubre de 2026, sin que terminara el juicio.La Sala aclaró que la demora no obedeció a negligencia del tribunal. Durante ese periodo, la Corte adelantó diligencias, interrogó a doce testigos entre marzo y octubre de 2026 y recopiló pruebas documentales. No obstante, la complejidad del expediente y la congestión judicial no justifican prolongar la detención más allá de los límites legales. El vencimiento de términos protege el debido proceso y el derecho a la libertad mientras no exista una decisión definitiva.Name y Calle siguen investigados por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación en favor de terceros. El caso está relacionado con el presunto desvío de recursos públicos destinados a la compra de carrotanques para llevar agua potable a La Guajira.Los argumentos se basan en los hechos ocurridos en septiembre de 2023 se habría acordado entregar sobornos para conseguir respaldo de congresistas a las reformas pensional y de salud del Gobierno nacional. La supuesta comisión ilegal ascendía a $5.342 millones, provenientes del contrato por $46.800 millones adjudicado a Impoamericana Roger S.A.S. para adquirir 40 carrotanques.A Andrés Calle se le atribuye haber recibido presuntamente $1.000 millones en efectivo en su apartamento de Montería, entregados por el entonces subdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla. A Iván Name se le señala de haber recibido $3.000 millones en dos entregas en el hotel Tequendama Suites, en Bogotá, a través de la entonces consejera presidencial Sandra Ortiz. Estas acusaciones deberán resolverse en el proceso judicial.La solicitud de libertad fue presentada por las defensas el 8 de octubre de 2026. La decisión estuvo a cargo de la Sala Especial de Primera Instancia, encargada de juzgar a funcionarios con fuero constitucional bajo el procedimiento de la Ley 600 de 2000. La ponencia fue elaborada por la magistrada Socorro Mora Insuasty y avalada por las magistradas Blanca Nélida Barreto Ardila y Paula Andrea Ramírez Barbosa.Para salir de prisión, Name y Calle deberán pagar cada uno una caución prendaria equivalente a diez salarios mínimos legales mensuales vigentes, que equivale a $17.509.050 que deberá ser consignada en el Banco Agrario de Colombia en la Cuenta de Depósitos Judiciales.También tendrán que firmar una diligencia compromisoria, en la que se comprometen a mantener informada su residencia, asistir a las citaciones y no salir del país, según las condiciones fijadas por el tribunal.
Como parte de las investigaciones que la Corte Suprema de Justicia adelanta contra el exrepresentante a la Cámara Andrés Calle, en la mañana de este viernes se desarrolló un allanamiento en la residencia del investigado excongresista, ubicada en el barrio La Castellana, al norte de Montería, como parte del proceso por presunta corrupción con recursos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre. Se trata del edificio K-62, en el que, según declaró Sneyder Pinilla, fue realizada la entrega de al menos 1.000 millones de pesos por el entonces subdirector nacional de la UNGRD. Le puede interesar: Sneyder Pinilla habla desde la cárcel por primera vez sobre el entramado de corrupción de la UNGRDEs de recordar que estos recursos iban a ser presuntamente entregados a Calle, entonces presidente de la cámara baja, para que impulsara reformas del gobierno de Gustavo Petro. “Yo directamente al doctor Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes, acuérdese doctor Andrés, cuando se le entregó directamente en su apartamento, en el K-62 en Montería, y al doctor Iván Name a través de la mensajera, la doctora Sandra Ortiz, dos días, doctora, dos días duré entregándole estos dineros para que se pudiera cumplir con las cosas”, dijo Sneyder Pinilla en junio de 2024 en medio de su proceso de indagatoria ante la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Según le confirmaron a Blu Radio se trató de una verificación de las instalaciones del edificio, siendo que desde la Sala Especial de la Corte Suprema de Justicia fue comisionado un magistrado auxiliar para practicar inspección y recolección de evidencia física que tengan que ver con los hechos atribuidos a Andrés Calle e Iván Name. Lo anterior, debido a que también se adelantará una inspección a la residencia de Iván Leonidas Name, por su vinculación al caso por la presunta recepción de dinero cuando era presidente del Senado de la República.
En la tarde de este jueves, 5 de marzo, se instaló formalmente en la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, la audiencia preparatoria de juicio contra dos de los salplicados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).Se trata de Iván Name y Andrés Calle, que ostentaron las presidencias del Senado de la República y la Cámara de Representantes, respectivamente, quienes hoy están privados de su libertad en la Cárcel la Picota de Bogotá luego de que la Sala de Instrucción de ese mismo alto tribunal ordenara su detención inmediata mientras avanza el proceso.Allí, reaparecieron publicamente Name y Calle tras varios meses de detención, el magistrado Jorge Emilio Caldas hizo la lectura de una decisión proferida por esa misma sala sobre la negativa de decretar la nulidad que pidió el abogado del expresidente de la Cámara de Representantes. En ese sentido, está claro que el juicio sigue su curso.Según el expediente, Name y Calle están acusados de los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación agravado, en medio del escándalo por el presunto desvío de dineros públicos que habrían sido utilizados para asegurar apoyo político a reformas impulsadas por el Gobierno nacional. De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, entre septiembre de 2023 y abril de 2024 se habría estructurado un acuerdo en el que funcionarios de la UNGRD utilizaron recursos públicos para comprar presuntamente apoyos en el Congreso.Según Olmedo López y Sneyder Pinilla, Iván Name habría recibido una jugosa suma de 3000 millones de pesos entregados en dos pagos de 1.500 millones en octubre de 2023. En cuanto a Calle, se señala que recibió presuntamente la cantidad de 1.000 millones de pesos producto de estas supuestas dadivas.Según la Corte, esos recursos presuntamente recibidos habrían sido utilizados para financiar campañas políticas en las elecciones regionales del año 2023. En particular, el dinero que supuestamente recibió Name habría sido destinado para financiar la campaña de su hija María Clara Name al Concejo de Bogotá.Las pruebas que aceptó y rechazó la Corte dentro del proceso de Iván Name y Andrés CalleLa Corte escuchará a testigos clave dentro de este escándalo como por ejemplo, Olmedo López y Sneyder Pinilla exdirector y exsubdirector respectivamenty a la exalta consejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz. La primera audiencia de juicio preparatorio se desarrolló en el entendido en que uno de los abogados de Andrés Calle sustentó su recurso de apelación contra la decisión de la Corte que negó la nulidad del proceso contra el expresidente de la Cámara. Ahora, será la Sala de Casación Penal quien estudie este recurso.
Andrés Calle falló nuevamente en su intento de recuperar su libertad, luego de que la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia negara la solicitud de revocar la medida de aseguramiento en su contra.Esa Sala determinó que no existen pruebas nuevas que desvirtúen los fundamentos por los cuales fue ordenada su captura en mayo de 2025, dentro del proceso que se le sigue como presunto autor de los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación agravado en el grave esquema de corrupción que se gestó en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.Andrés Calle había solicitado su libertad argumentando que renunció a su curul en el Congreso, que ya no tiene militancia política y además presentó una declaración juramentada renunciando a su derecho al voto y pidió que se tuviera en cuenta el reciente nacimiento de su hijo.Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia consideró que estos elementos no eliminan el riesgo para la comunidad que justificó la medida de aseguramiento. Según el tribunal, la peligrosidad del procesado no depende únicamente del cargo que ostentaba, sino de su influencia política y representatividad, las cuales se mantienen vigentes.“La gravedad de los delitos imputados, la participación de múltiples actores en un esquema de corrupción sistemática, y el impacto en derechos fundamentales de población vulnerable, hacen que la detención intramural sea la única medida que cumple efectivamente con los fines constitucionales de proteger a la comunidad. Por tanto, la solicitud subsidiaria debe ser negada”, dijo el alto tribunal.A su vez, Calle denunció ser víctima de amenazas y pidió ser recluido en una guarnición militar, ante esto, la Corte pido a la dirección general de la Cárcel la Picota y al Inpec evaluar los riesgos que pueda eventualmente correr el expresidente de la Cámara de Representantes.
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia negó la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento presentada por la defensa del expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, procesado por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación agravado, dentro del escándalo de corrupción en la UNGRD.El alto tribunal concluyó que, pese a la renuncia del excongresista a su curul y al Partido Liberal, persisten los motivos que justificaron su detención preventiva, al considerar que su libertad “representa un peligro para la comunidad”.Según la acusación, Calle, quien fungía para la época como presidente de la Cámara de Representantes, habría recibido $1.000 millones a manera de dádiva entregados por el exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, con recursos desviados de contratos destinados al suministro de agua potable en La Guajira.A cambio, el congresista se habría comprometido a respaldar las reformas sociales del Gobierno Nacional, entre ellas la pensional y la de salud.La Corte Suprema de Justicia advirtió que los dineros presuntamente apropiados eran fondos públicos dirigidos a atender calamidades sociales y necesidades básicas de comunidades vulnerables, lo que agrava la conducta y evidencia la gravedad de los hechos.
El proceso contra los expresidentes de Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle, por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la UNGRD ya está en la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia y en los próximos días se fijará fecha para la primera audiencia. Dentro de este juicio el magistrado ponente será Jorge Emilio Caldas.Asimismo, se conoció un oficio de la Sala de Primera Instancia donde fija el 20 de noviembre como fecha límite por si la defensa de Name y Calle van a interponer algún recurso.Todo esto luego de que la Sala de Instrucción de la Corte dejará en firme el llamado a juicio contra Name y Calle por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros tras supuestamente haber recibido sobornos para acelerar el trámite de las reformas sociales al interior del Congreso.Según Sneyder Pinilla, Olmedo López le ordenó entregarle 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name, y 1.000 millones de pesos al entonces presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. El presunto soborno a Name lo habría entregado presuntamente la exalta consejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz, quien hoy está recluida en una guarnición militar por estos hechos de corrupción.Ese dinero, al parecer, habría sido destinado por los congresistas para la financiación de campañas para las elecciones de mandatarios locales y regionales que se desarrollarían el 29 de octubre de 2023.
La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó la renuncia de Andrés Calle, expresidente de esa corporación, investigado por el escándalo de corrupción de la UNGRD pues, presuntamente habría recibido un soborno por 1000 millones de pesos."Esta renuncia no busca evadir mi fuero judicial, pues a pesar de todos los acontecimientos espero poder demostrar inocencia ante la honorable Corte Suprema de Justicia, y por ende no presentaré ni promover ninguna actuación tendiente a cambiar mi juez natural", dice la carta que envió Calle a la Cámara.Es importante recordar que recientemente la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme el llamado a juicio contra el senador Iván Name y Andrés Calle, investigados por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros, en el escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)."Mis condiciones personales actuales, por todos conocida, me han conducido a decidir enfrentar mi proceso judicial alejado definitivamente del máximo honor de mi vida, pertenecer a esta digna corporación", agregó Calle en la carta enviada al Congreso.De acuerdo con la investigación, Name y Calle habrían aceptado dádivas a cambio de impulsar en el Congreso reformas de interés del Gobierno nacional, a través de un presunto entramado de corrupción que involucraría recursos de la entidad encargada de atender emergencias y desastres en el país.Esta es la carta completa de Andrés Calle:
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme el llamado a juicio contra Iván Name y Andrés Calle, investigados por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros, en el escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).La decisión se tomó al negar el recurso de reposición presentado por los abogados de Name y Calle, quienes buscaban revertir la resolución que los enviaba a juicio.Con esta determinación, el proceso pasará a la Sala Especial de Primera Instancia, encargada de adelantar el juicio formal.En una decisión anterior, la Sala de Instrucción también había negado la solicitud de libertad presentada por la defensa de Andrés Calle, al concluir que la calificación del proceso se realizó dentro de los tiempos previstos por la ley.De acuerdo con la investigación, Name y Calle habrían aceptado dádivas a cambio de impulsar en el Congreso reformas de interés del Gobierno nacional, a través de un presunto entramado de corrupción que involucraría recursos de la entidad encargada de atender emergencias y desastres en el país.Según Sneyder Pinilla, Olmedo López le ordenó entregarle 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name, y 1.000 millones de pesos al entonces presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. El presunto soborno a Name lo habría entregado presuntamente la exalta consejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz quien hoy está recluida en una guarnición militar por estos hechos de corrupción.Ese dinero, al parecer, habría sido destinado por los congresistas para la financiación de campañas para las elecciones de mandatarios locales y regionales que se desarrollarían el 29 de octubre de 2023.De acuerdo con la denuncia de Sneyder Pinilla, quien ya fue condenado a 5 años y 8 meses de cárcel por su participación en el entramado de corrupción, él mismo asegura que le entregó dos maletas a Sandra Ortiz para que se las entregara a Iván Name.
Fuentes cercanas al proceso le aseguraron a este medio que fue un intenso debate al interior de la Sala extraordinaria llevada a cabo en la ciudad de Villavicencio, en donde se tomó esta decisión de llamar a juicio a Calle y Name, fueron 3 los magistrados los que salvaron el voto en esta decisión.La magistrada Cristina Lombana salvó su voto total mientras que los magistrados Misael Rodríguez y Héctor Alarcón salvaron su voto parcialmente discrepando así de la decisión de los otros tres magistrados de la Sala de Instrucción de llamar a juicio a los expresidentes de Senado y Cámara.El magistrado Alarcón se apartó parcialmente de la decisión tras considerar que sería un delito de mayor gravedad (cohecho propio), mientras que el magistrado Misael Rodríguez por su parte dice que no hubo peculado y la magistrada Cristina Lombana salvó su voto total.Si la acusación queda en firme, el caso será remitido a la Sala Especial de Primera Instancia para el desarrollo del juicio correspondiente en la Sala de Primera Instancia.Mientras tanto, el alto tribunal avanza en las investigaciones por el mayor escándalo de corrupción que ha sacudido a este Gobierno, otra línea es la que tiene el magistrado Misael Rodríguez sobre los 6 congresistas que hicieron parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público que siguen vinculados al proceso.
Esta fue una decisión que tomaron los 6 magistrados de la Sala de Instrucción sesionando desde la ciudad de Villavicencio, con esto, los procesos de Name y Calle quienes son investigados por presuntamente recibir dinero proveniente de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) a cambio de favorecer la aprobación de proyectos en trámite en el legislativo pasarán a la sala de Primera Instancia del mismo alto tribunal.Ellos fueron capturados en mayo de este año por orden de la misma Sala tras su presunta vinculación en el mayor escándalo de corrupción de este Gobierno.La decisión tiene un contexto y es que, de acuerdo con Olmedo López y Sneyder Pinilla , responsables del desfalco a la UNGRD y principales testigos, Name y Calle recibieron presuntamente dádivas por parte de Pinilla a cambio de acelerar las reformas del Gobierno por el Congreso.Según Sneyder Pinilla, Olmedo López le ordenó entregarle 3.000 millones de pesos al presidente del Senado, Iván Name, y 1.000 millones de pesos al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, el presunto soborno a Name lo habría entregado presuntamente la exalta consejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz quien hoy está recluida en una guarnición militar por estos hechos de corrupción.Ese dinero, al parecer, habría sido destinado por los congresistas para la financiación de campañas para las elecciones de mandatarios locales y regionales que se desarrollarían el 29 de octubre de 2023.De acuerdo con la denuncia de Sneyder Pinilla, quien ya fue condenado a 5 años y 8 meses de cárcel por su participación en el entramado de corrupción, él mismo asegura que le entregó dos maletas a Sandra Ortiz para que se las entregara a Iván Name.
El Consejo de Estado condenó en segunda instancia a la Policía Nacional por las graves lesiones físicas y mentales que sufrió un niño de cuatro años, luego de que una auxiliar de enfermería de la Clínica de la Policía de Envigado le aplicara incorrectamente una inyección de dipirona en 2008.De acuerdo con el proceso, el 9 de junio de 2008 el menor fue llevado al servicio de urgencias por presentar fiebre y dolor generalizado. Durante la atención recibió media ampolla de dipirona en el glúteo derecho, procedimiento que terminó ocasionándole una lesión permanente en el nervio ciático.La familia tuvo que acudir a una acción de tutela para conseguir una valoración especializada, pues la clínica no tenía contratos vigentes con neurólogos. Casi tres meses después, se estableció que la inyección había sido aplicada fuera de la zona segura del glúteo.Las consecuencias fueron devastadoras para el menor de edad, ya que en 2010, Medicina Legal determinó que el menor presentaba deformidad física y perturbación funcional permanentes. Quedó con cojera, dificultades para apoyar el talón derecho y dolor crónico.Posteriormente, los peritajes de la Universidad CES documentaron afectaciones en su salud mental, relacionadas con el sufrimiento prolongado y la dependencia a medicamentos opioides. El abogado Javier Villegas demostró durante el proceso la responsabilidad de la institución por una falla en la prestación del servicio médico."Sin la aplicación indebida de la inyección, el daño no se había producido. El daño sufrido por el menor fue cierto, personal y permanente. No se redujo a la lesión del nervio siático derecho, sino que además comprende la deformidad física y la perturbación funcional del órgano de la locomoción y el dolor crónico", explicó el abogado. Hay que mencionar que el Consejo de Estado rechazó los argumentos de la Policía Nacional, que atribuía parte de las complicaciones al supuesto incumplimiento de las recomendaciones médicas por parte de la madre.Como consecuencia de los tratamientos, los padres tuvieron que vender su vivienda y el pequeño establecimiento comercial del que obtenían su sustento económico. Incluso, la madre llegó a encadenarse en el Palacio de Justicia y en La Alpujarra para reclamar atención y apoyo.
Viajar en TransMilenio implica cumplir varias reglas de convivencia para evitar molestias a los demás pasajeros. Una de las recomendaciones que ha dejado el sistema es que sus usuarios utilicen audífonos al escuchar música o consumir contenido desde el celular, pues reproducir sonidos a alto volumen puede perturbar la tranquilidad de quienes viajan en el bus.Aunque esta indicación aparece entre las restricciones y recomendaciones para los usuarios, el comportamiento también está contemplado en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. De esa manera, el artículo 146 establece medidas frente a las conductas que afectan la tranquilidad de otras personas en los sistemas de transporte público.Así pueden multar a los pasajeros bullososEn sus recomendaciones, TransMilenio ha sido enfático en evitar el volumen alto de los dispositivos electrónicos y utilizar audífonos para escuchar música. La medida busca que los usuarios puedan realizar sus desplazamientos sin tener que escuchar el contenido que reproducen los demás.La situación se puede presentar cuando una persona utiliza el parlante de su celular, una bocina o un bafle para escuchar música o ver videos al interior del sistema de transporte masivo y en las estaciones.Debido a ello, el artículo 146 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana contempla medidas frente a comportamientos que afectan la tranquilidad de los demás pasajeros en los sistemas de transporte masivo.Esta es la fuerte multa que le cobraríanLa conducta de perturbar la tranquilidad de los demás pasajeros por medio de actos molestos puede dar lugar a una multa general tipo uno, correspondiente a cuatro salarios mínimos diarios legales vigentes. Es decir, $233.454.La aplicación de esta sanción depende de las circunstancias del comportamiento y de la valoración de la autoridad competente. Por eso, escuchar música sin audífonos no debe entenderse automáticamente como motivo de una multa: debe establecerse si la conducta constituye una perturbación de la convivencia.Además de esta restricción, TransMilenio contempla otras conductas que afectan el servicio y a sus usuarios, como las riñas, el hurto, la evasión del pago del pasaje y las ventas dentro del sistema.La recomendación para quienes utilizan el transporte público es respetar las indicaciones de convivencia y mantener el volumen de sus dispositivos en un nivel que no afecte a los demás.
Más de 408.000 afiliados de Colsubsidio tendrán una nueva alternativa para recibir y utilizar la cuota monetaria: podrán transferir el dinero directamente a una cuenta financiera de su titularidad mediante Bre-B, el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República.La opción es resultado de una alianza entre Colsubsidio y Redeban y estará disponible desde la aplicación Mi Colsubsidio. Una vez se valide la titularidad de la llave registrada, los recursos se abonarán de forma inmediata en la cuenta asociada.La iniciativa busca facilitar el acceso a este beneficio económico y ampliar las posibilidades para que los trabajadores lo utilicen en gastos cotidianos, como alimentación, educación y cuidado de sus familias.¿Cómo transferir la cuota monetaria de Colsubsidio por Bre-B?Para utilizar esta alternativa, los afiliados deben tener instalada la aplicación Mi Colsubsidio y contar con una llave Bre-B registrada a su nombre, vinculada a la cuenta financiera en la que desean recibir el dinero.El procedimiento consiste en ingresar a la aplicación y seleccionar la opción 'Retirar saldo'. Después, deben elegir Bre-B como método de retiro e ingresar la llave correspondiente.Una vez comprobada la titularidad, Redeban procesa la operación y el dinero llega de manera inmediata a la cuenta financiera asociada. De esta forma, los usuarios pueden disponer de los recursos junto con otros ingresos y utilizarlos para hacer pagos o transferencias.¿Cuántas personas podrán recibir el beneficio por este medio?De acuerdo con las cifras entregadas por Colsubsidio, a septiembre de 2026 la caja de compensación tenía 408.603 afiliados con derecho a cuota monetaria. Durante ese periodo asignó 5.616.059 cuotas, con una inversión superior a $405.047 millones.La nueva opción también permite que los recursos hagan parte del movimiento habitual de una cuenta financiera. Ese registro de transacciones podría ser tenido en cuenta por las entidades bancarias al evaluar el perfil crediticio de sus clientes, dependiendo de los criterios de cada institución.Ana María Tobar, gerente de Tecnología de Colsubsidio, señaló que la alianza busca simplificar procesos y ampliar las alternativas digitales para los trabajadores y sus familias.Por su parte, Redeban aporta la infraestructura tecnológica que permite conectar a Colsubsidio con las entidades participantes de Bre-B y procesar las transferencias.
En la UCI del Hospital Universitario de Santander se encuentran varios de los soldados atacados en la base militar de Santa Rosa, sur de Bolívar. Todos llegaron en helicoptero hasta la Segunda División del Ejército en Bucaramanga, y en ambulancia fueron remitidos al centro asistencial.Varios de los soldados presentaban heridas de gravedad por el ataquesufrido con drones que cargaban explosivos, 8 son los uniformados que están siendo atendidos.Uno de ellos ingresó de gravedad a cirugía y permanecen en la unidad de cuidados intensivos, mientras que varios tienen pronóstico reservado.Sandra Milena González, quien se encontraba en el hospital acompañando a un familiar, narró: "Tenemos a mi suegra interna y vimos llegar varias ambulancias y ver cómo los médicos y las enfermeras corrían tratando de salvar una vida, es maravilloso, que Dios los bendiga por esa labor de atender, de preocuparse por salvarlos".Afirmó que ese es el mensaje para las familias que anhelan que realmente lleguen con vida a sus hogares: "Para los médicos y las enfermeras todos son importantes, arreglaron camas, todo rápido por la urgencia".Por ahora, el hospital ni el Ejército han informado nombres de los militares que se encuentran en Santander, luego de sufrir este ataque armado.El gobernador del departamento, Juvenal Díaz, rechazó el ataque a la base militar en Santa Rosa del Sur y expresó su solidaridad con las familias de los uniformados.Fue enfático al señalar que "no podemos normalizar el terrorismo, ni permitir que los grupos armados ilegales sigan sembrando miedo, asesinando y desafiando al Estado. A estos grupos se les enfrenta con autoridad, inteligencia, contundencia y toda la capacidad de nuestra Fuerza Pública".Posteriormente, envió un mensaje de solidaridad a las familias y los soldados: "¡El uniforme de la patria se respeta!".
El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) alcanzó acuerdos con instituciones públicas y privadas de Antioquia para avanzar en la formalización de los vínculos contractuales y mejorar la prestación de los servicios de salud a los docentes y sus familias.Según se ha podido conocer, los compromisos se concretaron durante una semana de mesas de trabajo presenciales realizadas en el departamento en donde se abordó la revisión de cartera, los acuerdos de pago, la homologación de tarifas, las glosas y los anexos técnicos.La información entregada por el Fomag deja en evidencia que los encuentros permitieron avanzar en la suscripción y legalización de acuerdos mediante actas de conciliación, como explicó Fernando Blanco, coordinador comercial del Hospital Alma Máter."Se logró tener un acercamiento para poder dejar finiquitado el pasado con la cartera del pasado y poder plantear una nueva negociación que sea muy beneficiosa para ambas partes, para que tanto todos los funcionarios del Magisterio Colombiano tengan una atención muy adecuada aquí en Antioquia", indicó.Uno de los avances más importantes es que se restableció la prestación de los servicios de cancerología para pacientes adultos y pediátricos, problemática que tenía en el limbo a decenas de personas que imploraban por este acuerdo.Hay que mencionar que la estrategia continuará en el Valle del Cauca, donde se realizarán nuevas mesas de trabajo con prestadores públicos y privados, y posteriormente, se proyecta una jornada en Bogotá con instituciones de diferentes departamentos.Vale la pena mencionar que hace tan solo una semana el Ministerio de Educación anunció el fin del contrato de la Fiduprevisora con el FOMAG, tras 36 años de manejar los recursos de salud de esta población.
