Pese al reciente retiro por parte de la administración de Antioquia del proyecto de ordenanza 33 para financiar obras mediante valorización, una nueva iniciativa en este sentido se radicó ante la Asamblea Departamental.
La propuesta plantea el desarrollo de al menos seis proyectos viales mediante un apalancamiento total o parcial de propietarios aledaños a las intervenciones que se beneficiarían de los mismos.
Entre las obras se encuentran el tramo La Unión – El Carmen de Viboral / El Canadá – El Carmen de Viboral, en el Oriente; Jericó – Buenos Aires – La Bodega (Andes), en el Suroeste; El Santuario – El Peñol – Guatapé – Alejandría – San Roque, entre el Oriente y el Nordeste; San Jerónimo – Poleal – San Pedro de los Milagros, entre el Norte y Occidente del departamento; así como Ríogrande – Nueva Colonia – Embarcadero – Zungo – Casa Verde, en el Urabá.
Precisamente en esta subregión del departamento ya empiezan las críticas frente a la iniciativa por las eventuales cargas tributarias que podrían asumir en buena medida empresarios bananeros, actualmente bajo un escenario de crisis por asuntos climáticos y la devaluación del dólar.
Emerson Aguirre, presidente de Augura, explicó que por ejemplo la iniciativa que ya fue retirada abarcaba para el pago de cerca del 95 % de fincas bananeras, unas 69.000 hectáreas, que en la teoría verían incrementado el valor de sus predios, pero que en la práctica no se traduciría en ningún beneficio especial.
Además, el directivo destacó que desde hace 60 años el gremio ha sido responsable junto a otros actores del territorio del mantenimiento de las vías claves para la exportación del banano, las cuales también sirven a toda la población de Urabá.
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"Hoy no estamos de acuerdo con que se le cargue un proceso de valorización que en su gran mayoría lo estaría pagando el sector bananero, que únicamente beneficia de manera directa al puerto, un puerto que no es del sector bananero exclusivamente, es un puerto que le sirve al país", indicó Aguirre.
Tras su radicación, nuevamente el proyecto deberá ser discutido en la Asamblea, primero en comisión y posteriormente en plenaria. La anterior iniciativa se habría caído por una posible inviabilidad jurídica para el cobro y un ambiente político adverso.