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La Procuraduría manifestó su preocupación por 27.891 casos de fraude que se han podido identificar de personas que no se encuentran en las bases de datos utilizadas, que corresponden a los municipios donde realizaron la inscripción para ejercer el derecho al voto.
De acuerdo al código penal, esta acción constituye al delito de trashumancia que consiste en inscribir la cédula para votar en un lugar distinto a aquel en el que se reside. El balance de la situación a nivel nacional previo a los comisionados electorales lo entregó la procuradora Margarita Cabello.
"Dentro de nuestra vigilancia preventiva identificamos que los municipios con mayor número de ciudadanos que no corresponden a las bases de datos del municipio son: Bogotá (3.786), Cúcuta (1.251), Medellín (995), Ibagué (899) y Barranquilla (878 casos)”, agregó la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello.
Para evitar posibles delitos electorales, la procuradora le requirió a las autoridades electorales la relación de los 1.739.105 ciudadanos inscritos, con corte al 20 de julio, para actualizar su residencia electoral para las elecciones del próximo 29 de octubre, así como de los más de 2 millones inscritos a corte de agosto de 2023.
Además, frente a posibles inhabilidades de candidatos y como representante del máximo organismo de vigilancia electoral, el ente le solicitó al registrador que remita –dentro de los términos– la relación definitiva de inscritos, con el fin de realizar el cruce de la misma con la base de datos del Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (SIRI) y así solicitar una posible revocatoria de inscripción.
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