La organización Transparencia por Colombia presentó el balance final de la acción pública anticorrupción del Gobierno de Gustavo Petro (2022-2026), en el que advierte que varias de las principales apuestas del cuatrienio quedaron incompletas o aún no muestran resultados concretos en la prevención de la corrupción.
Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, resalta en el informe que que “la lucha contra la corrupción no puede depender únicamente de la voluntad política de cada gobierno. Colombia necesita una política de Estado con liderazgo, continuidad y capacidades institucionales que trasciendan los periodos presidenciales", afirmó
El informe señala que la principal iniciativa del Gobierno fue la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción, que buscaba orientar una política de largo plazo. Sin embargo, concluye que terminó enfocándose en acciones aisladas y, en varios casos, ya previstas en la normativa vigente.
Entre los avances destaca la reglamentación de los Programas de Transparencia y Ética en el Sector Público, la creación del Sistema Nacional de Integridad, el Grupo de Transparencia del Sector Defensa y la Línea 157 para recibir denuncias por corrupción. No obstante, indica que todavía no es posible medir el impacto real de estas medidas.
Denunciantes sin protección efectiva
En materia de protección a denunciantes, el balance reconoce avances legislativos para crear un marco de garantías, aunque advierte que el proceso perdió continuidad y aún no ofrece una protección efectiva. Además, cuestiona que los señalamientos públicos del presidente Gustavo Petro contra una exfuncionaria que denunció presuntos hechos de corrupción pudieron afectar la confianza de quienes buscan reportar irregularidades.
En el texto no especifican a qué funcionaria hacen mención, aunque recientemente es conocido el caso de Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien fue cuestionada por Petro, después que habló del presunto tráfico de influencias, incidencia en contratación y otras situaciones al interior del Gobierno.
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Deuda pendiente
El documento también resalta el inicio de la formulación de la Política Pública de Acceso a la Información, una deuda pendiente desde la expedición de la Ley de Transparencia de 2014, aunque recuerda que esta no alcanzó a ser aprobada antes del fin del mandato. Asimismo, reconoce avances en el fortalecimiento del Portal de Datos Abiertos y en la asistencia técnica a entidades públicas.
En contratación estatal, Transparencia por Colombia destaca la consolidación de plataformas como SECOP II y la Tienda Virtual del Estado, así como la incorporación de herramientas para detectar riesgos en los procesos contractuales. Sin embargo, advierte que la lenta migración de entidades, las deficiencias en la calidad de la información y la falta de interoperabilidad entre sistemas siguen limitando el control ciudadano.
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Debilidades en la Política Criminal Electoral
Respecto a la integridad electoral, el informe señala que las reformas políticas promovidas por el Gobierno no prosperaron en el Congreso. Además, identifica debilidades en la Política Criminal Electoral y tensiones entre el Ejecutivo y las autoridades electorales, factores que redujeron la capacidad institucional para enfrentar riesgos como la financiación ilegal de campañas, la compra de votos y la injerencia de organizaciones criminales.
En los sectores ambiental y de paz, la organización reconoce esfuerzos para fortalecer la transparencia en el manejo de recursos, pero advierte que persisten vacíos en el acceso a la información, el seguimiento a los proyectos y la implementación de herramientas clave como el Acuerdo de Escazú y el Sistema de Información Ambiental.
El consejo al nuevo gobierno
De cara al próximo gobierno, Transparencia por Colombia recomienda consolidar una estrategia anticorrupción con visión de Estado, fortalecer la protección a denunciantes, culminar la modernización de la contratación pública, aprobar la Política Pública de Acceso a la Información y mejorar los mecanismos de transparencia en la gestión de recursos para la paz y el medio ambiente.
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