Luego de que el Gobierno le solicitara a la Fiscalía General de la Nación suspender las órdenes de captura contra 23 miembros de la mesa de paz de Itagüí, la Oficina del Alto Comisionado de Paz salió a aclarar el alcance de la medida, en medio de cuestionamientos.
A través de un comunicado, la oficina explicó que la decisión se enmarca en la Ley 2272 de 2022 y responde a las dinámicas del proceso de paz urbana que se adelanta en Medellín y el Valle de Aburrá.
“Esta medida busca generar condiciones jurídicas para que los voceros representantes continúen generando hechos de paz y desescalando las violencias en el marco del Espacio de Conversación Sociojurídico, y trabajando en la construcción del Acuerdo Condicionado de Paz Urbana”.
En ese sentido, la oficina fue enfática en señalar que la medida no implica la excarcelación.
“De ninguna manera esta resolución implica la excarcelación de los voceros de las Estructuras Armadas Organizadas del Crimen de Alto Impacto en el proceso de Paz Urbana. Cualquier versión que asegure esto implica una grave e irresponsable desinformación”, señaló.
De acuerdo con el Gobierno, la suspensión de las órdenes de captura hace parte de los mecanismos jurídicos utilizados para facilitar el desarrollo del Espacio de Conversación Sociojurídico, en el que participan estos actores, y avanzar en la construcción de un eventual Acuerdo Condicionado de Paz Urbana.
La Consejería, además, subrayó que este tipo de medidas buscan consolidar resultados en materia de seguridad, al asegurar que la reducción de la tasa de homicidios en Medellín y el Valle de Aburrá durante los últimos dos años muestra avances en la estrategia de desescalamiento.
“La reducción de la tasa de homicidios en esta región en los dos últimos años es una clara muestra de resultados en esta vía”.
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