Emiliano Chavarría Cruz sobrevivió a un nacimiento extremo y ahora pasa sus días con su familia en una vivienda del municipio de Itagüí. Nació a las 25 semanas de gestación junto a su hermano gemelo. Según relató su madre a BLU Radio, Laura Cruz, ambos contrajeron una bacteria durante su hospitalización, en un episodio que la familia relaciona con una presunta negligencia. Seis días después, su hermano murió y Emiliano sufrió una lesión neurológica grado 1.El niño permaneció 110 días hospitalizado, tiempo durante el cual recibió múltiples diagnósticos, hasta que finalmente pudo regresar a casa cuando tenía casi cuatro meses de vida. A los 14 meses fue diagnosticado con parálisis cerebral infantil.Desde entonces, su familia ha buscado alternativas para mejorar su calidad de vida. Según su madre, Emiliano ha recibido durante estos años tratamiento de neurorehabilitación a través de Sura, su EPS, aunque el proceso habría sido interrumpido en diferentes momentos por trámites administrativos. Hace aproximadamente dos meses llegó a una nueva IPS, donde, asegura, está recibiendo una atención que consideran más adecuada.Hoy, Emiliano no camina ni habla, pero su familia destaca que es un niño activo, inteligente y con diferentes habilidades. Laura explica que uno de los principales objetivos es que pueda desarrollar mayor independencia, incluso lograr ponerse de pie, caminar o encontrar formas de comunicación no verbal."Mi mayor preocupación con 2 años es el tema de de que no pueda caminar. Obviamente, esto no es un tratamiento que digan, es que son tratamientos milagros, no, pero si hablamos de que puede llegar a caminar con este tratamiento, sí nos dan la esperanza de que él pueda caminar. Y esto, claramente, la calidad de vida aumentaría. Gracias a Dios, pues, tiene terapias y todo lo demás, pero a este momento no hemos logrado que él se ponga de pie", aseguró la madre del menor.Ante las dificultades de su proceso de rehabilitación, la familia conoció diferentes alternativas experimentales. Finalmente, puso su atención en un tratamiento de neurocitólisis que se realiza en México y que, según la información recibida por la familia, requiere 28 días y tendría un costo de 35.000 dólares."Este momento, en la cuenta de Emiliano, hay 42.000.000 de pesos que hemos recogido. Todas las personas que, a veces, uno dice que lo mínimo, pero es que de lo mínimo hacemos cosas gigantes y, realmente, de granito en granito hemos llegado hasta donde hemos llegado, y buscamos, pues, como tocar esos corazones y que nos puedan ayudar a lograrlo para poder viajar", manifestó Laura. La familia asegura que, tras enviar la historia clínica, Emiliano fue considerado apto para el protocolo. Su expectativa es que el tratamiento contribuya a generar nuevas conexiones neuronales y, junto con la rehabilitación, mejorar su calidad de vida.Para reunir los recursos, han realizado rifas, venta de agendas, recolección de tapas y otras actividades. Hasta ahora, aseguran haber reunido cerca de 42 millones de pesos, pero seguirán esperando donaciones a través de la cuenta de ahorros Bancolombia 27960099261 a nombre e Emiliano Chavarría Cruz.
Patrullas de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, junto con funcionarios de Migración Colombia, recorrieron en las últimas horas las calles de la vereda El Ajizal y del barrio La Unión y capturaron a varios ciudadanos de nacionalidad venezolana, quienes enfrentarán medidas administrativas para ser expulsados del país.Según detalló la Alcaldía de Itagüí, dos de los extranjeros tienen órdenes de captura vigentes por hurto agravado, por lo que quedaron a disposición de las autoridades judiciales. También fueron individualizados otros ciudadanos extranjeros con múltiples registros en el Sistema Penal Oral Acusatorio colombiano.Uno de los procedimientos permitió establecer que un ciudadano venezolano tenía una condena de 12 años de prisión por el delito de hurto. Durante los operativos también fue capturada en flagrancia una persona a quien se le incautó aproximadamente una libra de marihuana. El alcalde de Itagüí, Diego Torres, anunció que serán más los operativos de este tipo que se adelantarán en esa localidad del sur del área metropolitana."Estos operativos seguirán realizándose en toda nuestra ciudad. Esas personas que no quieran convivir con las leyes colombianas no pueden estar en el territorio. Serán expulsados por migración Colombia y la alcaldía de Itaguí articulada. Con policía nacional, ejército, gobierno americano, seguiremos trabajando", indicó. Vale la pena mencionar que estas serían las primeras expulsiones de ciudadanos venezolanos en Antioquia, tras la orden del presidente Abelardo de la Espriella de fortalecer los controles sobre extranjeros que incumplan las normas colombianas.Desde Barranquilla, recientemente el jefe de Estado pidió a Migración y la Policía que empiecen los operativos coordinados para dar con los inmigrantes ilegales, en primer lugar quienes estén cometiendo delitos, pero sin dejar de lado a quienes no tienen regularizada su situación.De La Espriella dejó claro que en el país “primero serán los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos”. Reconoció que esa "es una decisión política y administrativa", y que él la asume, pues no va a aceptar a inmigrantes irregulares, “de donde sea que vengan" y mucho menos, "si están cometiendo fechorías".
El tiempo que ha transcurrido desde el asesinato de Magnolia Rivera no solo ha prolongado el dolor de su familia. También tiene otra preocupación que ahora tiene nombre propio: el riesgo de que el caso termine en la impunidad.Rivera, de 53 años, fue asesinada en febrero de 2025 en una vivienda del barrio San Isidro, en Itagüí. La investigación señala como presunto responsable a su expareja sentimental, Héctor León Cañas, quien habría atacado a la mujer con un arma cortopunzante y posteriormente habría intentado quitarse la vida.Sin embargo, mientras el juicio avanza, el presunto agresor permanece en libertad luego de que se produjera el vencimiento de términos. Para la familia de Magnolia, esa situación representa una segunda carga: además de afrontar su dolorosa ausencia, debe esperar por una decisión judicial que todavía parece estar lejos de producirse. Así lo aseguró Katherin Suárez, hija de la víctima."A transcurrir más de un año sin una audiencia. Entonces, me parece una negligencia de parte del juzgado de Itaú y que todo esto esté pasando y que estén dejando estos asesinos en libertad, porque, pues, nosotros teníamos todo muy organizado y estábamos a la espera. Entonces, ahorita yo tengo que soportar que el asesino de mi madre esté libre por culpa de ellos", expuso. El proceso continúa en etapa de juicio, pero el calendario judicial prevé una espera por más de un año. Los alegatos finales fueron programados para octubre de 2027, mientras que el fallo está previsto para comienzos de 2028.Así, la preocupación de los allegados a la víctima no está en que el el caso llegue a juicio, sino a que la demora termine debilitando las posibilidades de obtener justicia.
Tras un recurso presentado por la concejala de Itagüí María Angélica Gaviria Londoño, en las últimas horas se conoció que el Consejo de Estado confirmó su pérdida de investidura, tras concluir que incurrió en un conflicto de intereses al participar en la aprobación de un reconocimiento cívico a su padre, el exconcejal Norberto Gaviria Álvarez.La decisión fue adoptada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Los hechos se remontan al 12 de enero de 2024, cuando durante una sesión del Concejo de Itagüí se propuso rendir un homenaje a Norberto Gaviria Álvarez por sus 25 años como concejal del municipio. De acuerdo con el expediente, María Angélica Gaviria participó en la sesión y en la aprobación de la proposición, pese a que el homenajeado era su padre. Días después, el 19 de enero, también intervino en el acto de reconocimiento y entregó la condecoración. Ante la decisión, la concejala afectada, parte del grupo político del Partido Conservador de Carlos Andrés Trujillo calificó como injusto el fallo, publicando un video con su padre en sus redes sociales."Respeto a las decisiones de la alta corte. Continuaré agotando todas las vías judiciales que hayan lugar. También decirles que el amor y el compromiso por Itaúix sigue aumentando, y vamos a continuar trabajando de la mano de Dios, que es el que nos guía. Lo más importante es que aún no está firme el fallo y continuaremos sesionando", indicó.Frente a las implicaciones de la decisión, Blu Radio consultó a la abogada Ariana Mira, quien expuso que ahora entrará otro concejal en su reemplazo. "La concejal benefició a su padre en un homenaje que se le realizó, y eso está completamente prohibido por la ley. Se pudo corroborar después de la sentencia de 1º instancia del Tribunal Administrativo de Antioquia que había dado su pérdida de investidura, y que con la decisión del día de hoy del consejo de estado se confirma esa decisión. Por lo tanto, la concejal deberá apartarse de su cargo y llegará el que sigue en orden de lista", expuso.Para el Consejo de Estado, la concejal tenía un interés moral directo en la decisión, relacionado con la exaltación pública de su padre. La Sala consideró que su participación en el trámite, incluso al integrar el quórum decisorio, era suficiente para configurar el conflicto de intereses y que debió manifestar su impedimento.Según se lee en el fallo, la corporación también descartó que pudiera justificarse su actuación por desconocimiento de la norma o por su poca experiencia como concejal. Según el fallo, no acreditó haber buscado asesoría jurídica ni haber realizado acciones para establecer si podía participar en la decisión. Por ello, la Sala consideró que su conducta fue gravemente culposa.Vale la pena recordar que esta es la cuarta concejal en perder su investidura en el Concejo de Itagüí, durante este mismo periodo.
La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá capturó a un hombre de nacionalidad venezolana, señalado de asesinar a su compañera sentimental en un hecho ocurrido al interior de la vivienda en el municipio de Itagüí.De acuerdo con la información entregada por las autoridades, después de una discusión y de quitarle la vida a la mujer, el señalado habría dejado una nota escrita en una pared de la vivienda, en la que pedía perdón por lo ocurrido.El secretario de Seguridad de Itagüí, Rafael Otalvaro, entregó un reporte de la situación que se convierte en el segundo feminicidio en menos de 24 horas en el Área Metropolitana."Nos encontramos, acompañando a nuestra Policía Nacional, en esta redacción que dio la captura de Belisario, quien atentó al interior de su casa contra su compañera sentimental Luz, dejando 3 niños al desamparo de esta familia", indicó el funcionario.Tras conocerse el caso, la Secretaría de Familia y la Policía de Infancia y Adolescencia activaron los protocolos de atención para brindar acompañamiento integral a los tres niños, quienes quedaron bajo protección institucional luego de la tragedia familiar.Hay que recordar que hace un par de horas las autoridades en Medellín encontraron muerta a una mujer dentro de una vivienda. El sospechoso, la pareja sentimental de la víctima, esta prófugo de la justicia y es buscado por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.
Las autoridades capturaron en el municipio de Itagüí a un hombre que intentó ingresar a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad haciéndose pasar por funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía General de la Nación.El implicado, quien se identificaba como "Sebastián", portaba un carné y una placa de identificación oficial, y se movilizaba en un vehículo que presuntamente estaba asignado a labores investigativas. De acuerdo con las primeras indagaciones, su objetivo era acceder a información reservada sobre procesos de investigación criminal y casos de homicidio en la subregión."Este, quien se hizo llamar 'Sebastián', llegó hasta las instalaciones de la Secretaría de Seguridad, donde de manera inmediata, dada la articulación institucional, la experiencia, las cámaras de monitoreo, fue identificado plenamente y capturado, siendo dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por varios delitos", destacó Rafael Otalvaro secretario de seguridad de la Alcaldía de Itagüí.La oportuna reacción de los funcionarios de la Secretaría de Seguridad respaldada por los protocolos de verificación y el sistema de videovigilancia de la ciudad permitió detectar inconsistencias en los datos suministrados por el falso investigador y proceder con su detención en flagrancia.Tras la captura, el hombre y los elementos probatorios incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará las audiencias preliminares para definir su situación jurídica por estos hechos.
Las obras del intercambio vial a desnivel en la avenida Las Vegas con la calle 50 sur generarán cambios en la movilidad de Envigado, Sabaneta e Itagüí durante los próximos tres meses. Las modificaciones comenzarán este martes 18 de agosto.Cambios en movilidad del sur del Valle de AburráLa intervención contempla el cierre parcial de la glorieta de la calle 50 sur con carrera 48, en el sector de Mallorca. Por esta razón, los conductores deberán utilizar rutas alternas y atender la señalización dispuesta en la zona.Quienes circulen en sentido norte-sur y se dirijan hacia la segunda etapa del centro comercial Mallorca o hacia la glorieta deberán tomar la calle 49 sur. Esta vía conectará con la avenida El Poblado, donde habrá un control semafórico para facilitar el tránsito.Durante el desarrollo de las obras, la calle 49 sur funcionará en un solo sentido, desde la avenida Las Vegas hacia la avenida El Poblado. Las autoridades recomendaron no estacionar vehículos en este corredor para evitar mayores congestiones.Otro de los cambios afectará a quienes circulen por la avenida El Poblado en sentido sur-norte. El giro a la izquierda hacia la calle 50 sur permanecerá cerrado y no podrá utilizarse durante la intervención.Los conductores que necesiten desplazarse hacia Mallorca o la glorieta deberán continuar por la avenida El Poblado hasta el retorno ubicado a la altura de la Clínica de la Policía. Desde ese punto podrán retomar su recorrido hacia el sector intervenido.Las restricciones en la movilidad de Envigado, Sabaneta e Itagüí tendrán una duración estimada de tres meses. El cronograma está relacionado con la ejecución de las obras necesarias para avanzar en el intercambio vial de la avenida Las Vegas con la calle 50 sur.Este proyecto busca mejorar la movilidad y la conexión entre diferentes sectores del sur del Valle de Aburrá. Mientras avanzan los trabajos, se recomienda a los conductores planear sus desplazamientos, salir con anticipación y respetar las rutas habilitadas.Las autoridades pidieron a los usuarios de las vías prestar atención a la señalización y seguir las indicaciones establecidas para el manejo del tránsito. La recomendación es tener en cuenta estos cambios antes de movilizarse por Mallorca y sus alrededores.
Las fuerzas políticas del departamento aplauden la decisión del nuevo jefe de Estado de no negociar más con criminales, tampoco más prebendas, ni beneficios, sobre todos con aquellos que no cumplen con la ley y que tanto daño le han hecho al país.Aseguran que después de cuatro años de complacencia, sacaron de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí a varios de los cabecillas más peligrosos del Valle de Aburrá, lo que muestra que muchas cosas en materia de seguridad cambiarán con la llegada de Abelardo De La Espriella a la presidencia de la República.“Durante años esa cárcel dejó de ser una cárcel, se volvió una oficina, se volvió una tarima, se volvió un hotel, se volvió el centro de operación política y criminal de todo el país. Hoy el Estado hizo lo que tenía que hacer, entre otras cosas, por las diferentes denuncias y hallazgos que hemos denunciado desde acá, desde Medellín”, afirmó Alejandro de Bedout, concejal de la ciudad.El cabildante hace referencia además de los irregulares hallazgos a las penas que cumplen estos cabecillas como la de alias Douglas, 32 años de condena; alias Carlos Pesebre, condenado por extorsión y concierto para delinquir; alias el Indio, condenado por concierto para delinquir, todos vinculados durante años a la Oficina de Envigado.Y recalcó que las cárceles son para pagar condenas, por lo que se les acabó la alcahuetería, se les acabó y la parranda vallenata que montaron, se les acabó la cárcel hotel con la llegada de Abelardo de la Espriella.
Al mismo tiempo que se llevaba a cabo en Cali la ceremonia de posesión de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia, a 410 kilómetros, en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, eran trasladados varios cabecillas que participaron en el “Tarimazo”, evento realizado por el Gobierno del hoy expresidente Gustavo Petro a mediados de 2025 en Medellín.Entre los criminales trasladados están alias 'Douglas', alias 'Carlos Pesebre', alias 'Orejas', alias 'El Indio' y el exparamilitar Hernán Giraldo, quienes fueron trasladados desde la cárcel de Itagüí hacia otros centros penitenciarios del país.El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció sobre el traslado de estos reclusos.“Hoy empezaron a ser trasladados cabecillas de las estructuras criminales que estaban recluidos en la cárcel de Itagüí. Se les acabó la fiesta a los criminales y yo solo espero que cada vez haya más contundencia contra el crimen y eso es lo que va a pasar”, señaló el alcalde Gutiérrez.Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, señaló, a través de un trino en su cuenta de X, que fue informado sobre el traslado de 103 peligrosos criminales recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí a centros penitenciarios de alta seguridad en Bogotá, Palmira, Girón, Valledupar, La Dorada, El Barne y otros lugares del país.
El sistema penitenciario colombiano registró en las últimas horas varios traslados de internos de alto perfil. La principal decisión involucra a 103 cabecillas que permanecían recluidos en la cárcel La Paz, en Itagüí, varios de ellos señalados como jefes de estructuras criminales que operan en Medellín, el Valle de Aburrá y el oriente antioqueño.El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó a través de su cuenta de X que fue notificado de la decisión, adoptada mediante una resolución fechada el 6 de agosto de 2026. Según el mandatario departamental, entre los internos trasladados están alias ‘Carlos Pesebre’, ‘Douglas’ y ‘El Indio’, reconocidos como cabecillas de estructuras delincuenciales con presencia en Antioquia.“Han sido los jefes de estructuras criminales que delinquen en Medellín, el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño”, señaló Rendón.Los internos están siendo redistribuidos en diferentes establecimientos penitenciarios de alta seguridad del país, entre ellos cárceles ubicadas en Bogotá, Palmira, Girón, Valledupar, La Dorada y El Barne.La medida genera especial atención en Antioquia debido al perfil de los reclusos trasladados. Varios de ellos estaban vinculados al proceso de Paz Urbana que se desarrolló durante el gobierno de Gustavo Petro, como parte de la política de Paz Total y de los acercamientos sociojurídicos con estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá.Varios de los trasladados también participaron en el llamado “tarimazo”, junto al ya expresidente Gustavo Petro el 25 de junio de 2025.
Una seguidilla de temblores se registró durante la mañana de este jueves 24 de septiembre en el departamento del Tolima, donde el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó dos movimientos sísmicos con pocos minutos de diferencia.El primero ocurrió a las 11:40 de la mañana y tuvo una magnitud de 3.4. De acuerdo con el reporte, el evento tuvo una profundidad superficial y fue localizado en Chaparral, Tolima.Cinco minutos después, a las 11:46 de la mañana, se presentó un segundo movimiento, esta vez de magnitud 4.1. El SGC también estableció una profundidad superficial para este sismo, cuyo punto de referencia fue Chaparral.Dos temblores en pocos minutosEl segundo movimiento fue percibido en diferentes ciudades del país. Según el Servicio Geológico Colombiano, el temblor de magnitud 4.1 se sintió en Armenia, Ibagué, Cali, Neiva y Pereira, entre otros puntos.El evento tuvo como referencia el municipio de Chaparral y ocurrió a 14 kilómetros de Roncesvalles, en el departamento del Tolima. El SGC ubicó el movimiento en una latitud de 3.88 y una longitud de -75.61.La cercanía en el tiempo entre ambos eventos llamó la atención, pues los dos fueron registrados en la misma zona de referencia y con una diferencia de apenas seis minutos.Colombia registra actividad sísmica de manera frecuente debido a su ubicación geológica. Por ello, el Servicio Geológico Colombiano realiza seguimiento permanente a los movimientos que se presentan en diferentes regiones del territorio nacional.Hasta el momento, la información suministrada corresponde a los reportes disponibles sobre estos dos eventos registrados durante la mañana de este jueves en el Tolima.
Amazonas registra la mayor tasa de evasión de la revisión tecnomecánica en Colombia: durante 2026, el 96,95 % de los vehículos del departamento no ha cumplido con esta revisión obligatoria, según las cifras del informe sobre el estado del parque automotor nacional.El dato significa que casi 97 de cada 100 vehículos en esta región aparecen como evasores de la tecnomecánica. Amazonas encabeza así un listado en el que también aparecen otros departamentos con niveles de incumplimiento superiores al 90 %.Guainía registra una evasión del 93,79 %, concentrada en Inírida, mientras que Vichada alcanza el 93,42 %, con el incumplimiento concentrado en Puerto Carreño.¿Cuántos vehículos evaden la tecnomecánica en Colombia?El caso de Amazonas hace parte de un problema que se extiende por todo el país. Colombia tiene actualmente 22.161.912 vehículos matriculados, de los cuales más de 10 millones evaden la RTMyEC.A esa cifra se suman más de 3 millones de vehículos que todavía no están obligados a realizar la revisión, debido a su reciente matrícula o a las exenciones contempladas en la normativa.Durante el primer semestre de 2026, la tasa nacional de evasión llegó al 55,98 %, manteniéndose por encima del 50 % durante los últimos cinco años.La falta de renovación acumulada en ese periodo corresponde a 5.927.092 vehículos particulares, 192.871 de servicio público, 69.532 oficiales y 992 diplomáticos.¿En qué otras zonas hay altos niveles de evasión?El incumplimiento no se limita a los departamentos con menor cantidad de vehículos. A nivel municipal también aparecen cifras elevadas.Aguachica registra una evasión del 90,93 %, mientras que La Dorada llega al 74,48 %. Estos datos muestran que los mayores niveles de incumplimiento también se presentan en municipios ubicados sobre corredores de circulación importantes.En contraste, Bogotá concentra el mayor número de inspecciones realizadas durante 2026, con 747.140 revisiones. De ese total, 663.252 correspondieron a vehículos particulares, 77.172 a transporte público, 6.715 a vehículos oficiales y una a servicio diplomático.Más de la mitad de las motos rechazadas no supera la revisiónEl informe también muestra diferencias según el tipo de vehículo que llega a los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA).Las motocicletas son el grupo con mayor cantidad de inspecciones rechazadas en lo corrido de 2026, con 167.170 unidades que no superaron la revisión.Por departamentos, el Archipiélago de San Andrés y Providencia presenta el mayor porcentaje de revisiones rechazadas, con 51,83 %. Le siguen Chocó, con 31,42 %, y Arauca, con 26,39 %.La evasión de la tecnomecánica supera el 50 % en ColombiaAunque el panorama mantiene niveles elevados de incumplimiento, el número de vehículos certificados aumentó durante el último año. En el primer semestre de 2026 hubo 3.810.725 vehículos con la tecnomecánica al día, frente a 3.629.782 durante el mismo periodo de 2025.Esto representa un incremento de 180.943 vehículos certificados, equivalente a cerca del 5 %.El país cuenta actualmente con una red de 930 líneas de inspección para motocicletas, 432 para vehículos livianos, 294 mixtas y 13 exclusivas para vehículos pesados. Sin embargo, la capacidad instalada permanece ampliamente subutilizada
El Gobierno de Estados Unidos se opuso formalmente a la solicitud de libertad bajo fianza presentada por la defensa de Cilia Flores, esposa del despuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, al considerar que existe un riesgo de fuga "extremo" y que representa un "peligro para el público", según documentos judiciales presentados en las últimas horas.En un memorando presentado ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, los fiscales federales solicitaron al juez que desestime la moción de la defensa para conceder a Flores la libertad previa al inicio del proceso judicial que enfrenta junto a Maduro.La Fiscalía argumentó que ningún tipo de fianza garantizaría adecuadamente la comparecencia de Flores ante los tribunales y destacó sus recursos, conexiones internacionales y la gravedad de las acusaciones formuladas en su contra.Destacó también la capacidad que seguiría teniendo el entorno de Flores para ejercer violencia o intimidar a posibles testigos, tanto en Venezuela como en el extranjero, mediante redes estatales y grupos irregulares organizados.La defensa de Flores, de 69 años, pidió a principios de mes que fuera trasladada a una residencia privada en Nueva York y sometida a un régimen de arresto domiciliario, con guardias armados las 24 horas, una pulsera de localización, visitas restringidas y llamadas telefónicas intervenidas.Flores asegura que necesita un complejo tratamiento cardíaco y que la cárcel federal en la que permanece recluida desde el 3 de enero, cuando fue capturada junto a Maduro por fuerzas especiales estadounidenses, no reúne las condiciones necesarias para su recuperación.El juicio conjunto contra Flores y Maduro está previsto que comience el 1 de junio de 2027. Ambos enfrentan cargos que incluyen conspiración para la importación de cocaína y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, en el marco de una trama de narcoterrorismo y corrupción que, según la acusación, abarca más de dos décadas.De ser declarada culpable, Flores se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y a un máximo de cadena perpetua.
La vivienda turística en Medellín se ha consolidado como una industria que mueve cerca de $76.000 millones mensuales, en medio del crecimiento de las rentas cortas y el alojamiento para visitantes.En Antioquia hay más de 15.143 propiedades listadas, cifra que representa cerca del 22 % de la oferta nacional, según cálculos de Confecámaras con base en datos del Registro Nacional de Turismo (RNT).Ante este panorama, la ciudad enfrenta el reto de lograr que el crecimiento de la oferta esté acompañado por mayores niveles de formalización, profesionalización y estándares para la operación de los alojamientos turísticos.Por tercera ocasión, la Asociación Colombiana de Prestadores de Servicios Turísticos (ASOHOST) y la Secretaría de Turismo y Entretenimiento de Medellín lanzarán el programa INN Host Medellín.La iniciativa ofrece formación gratuita para 150 prestadores de servicios turísticos que, en conjunto, podrían representar más de 1.000 Registros Nacionales de Turismo activos. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de septiembre.Los interesados deberán contar con un RNT vigente y desarrollar actividades relacionadas con vivienda turística, rentas cortas u oficinas de representación turística en Medellín. El programa comenzará el próximo 13 de octubre.Juan Camilo Vargas, director de ASOHOST, señaló que Medellín atraviesa una transformación en este sector y destacó la necesidad de avanzar en la profesionalización de quienes participan en el mercado de vivienda turística.“Medellín es hoy uno de los mercados más dinámicos del país en vivienda turística, pero ese crecimiento exige más profesionalización y mejores estándares de operación”, afirmó Vargas.El programa contempla capacitación en el marco regulatorio de la vivienda turística en Colombia, aspectos fiscales y contables, preparación de propiedades, tecnologías avanzadas e inteligencia artificial aplicada a la gestión de alojamientos.También incluye formación en finanzas estratégicas para proyectos de alojamiento y herramientas orientadas a mejorar la operación y la rentabilidad de los establecimientos turísticos.Entre los beneficios para los participantes están el acceso durante un año a una plataforma de aprendizaje, un manual digital interactivo, certificaciones impresas y tecnologías para la gestión de rentas cortas.La formación también contempla herramientas como un PMS, un channel manager, una plataforma de experiencias turísticas con inteligencia artificial y el Sello Vivienda Turística Responsable.Este distintivo busca acreditar ante autoridades, plataformas digitales e inversionistas el cumplimiento legal de los operadores que hacen parte de la iniciativa.Desde ASOHOST señalaron que la profesionalización también busca prevenir problemas asociados con la informalidad, las malas prácticas, la convivencia y la pérdida de confianza en el sector.En materia de rentabilidad, las estimaciones ubican el retorno neto entre el 8 % y el 12 % en zonas de alta demanda como El Poblado, específicamente Provenza.En estos sectores, los ingresos brutos mensuales por unidad pueden alcanzar los $16 millones, mientras que en zonas como Laureles-Estadio las rentabilidades netas estimadas están entre el 6 % y el 9 %.La dinámica de este mercado también ha impulsado la expansión del modelo hacia otros municipios del Valle de Aburrá, como Envigado y Sabaneta, y más recientemente hacia diferentes sectores del Oriente antioqueño.El crecimiento de la vivienda turística se suma al comportamiento del turismo en Medellín. Durante 2025, la ciudad registró cerca de $4 billones en gasto turístico medido mediante transacciones con tarjeta.De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, esas operaciones representaron alrededor de 16 millones de transacciones. Debido a que Credibanco procesa aproximadamente el 45 % de los pagos con tarjeta, el Distrito estimó que el gasto turístico total podría acercarse a $9 billones.La cifra estimada no incluye los pagos realizados en efectivo, por lo que el impacto económico del turismo en la ciudad sería mayor al registrado mediante las transacciones con tarjeta.Para ASOHOST, la profesionalización es clave para que la industria de vivienda turística continúe creciendo con responsabilidad y mejores estándares de servicio.El proceso busca que los prestadores conozcan la normativa, cumplan sus obligaciones, mejoren la atención a los huéspedes, incorporen tecnología y gestionen de manera más eficiente sus ingresos.La iniciativa plantea además la necesidad de diferenciar entre los operadores que cumplen las reglas y aquellas prácticas que pueden generar impactos negativos en la convivencia, el mercado inmobiliario o la seguridad.En ese contexto, ASOHOST considera que la profesionalización de los actores de la vivienda turística es una de las principales herramientas para acompañar el crecimiento de esta industria en Medellín y Antioquia.
La Corte Suprema de Justicia puso un nuevo límite a la forma en que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tramita los procesos judiciales de protección al consumidor. La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural determinó que la entidad debe admitir obligatoriamente el llamamiento en garantía cuando una de las partes lo solicite y se cumplan los requisitos legales.En términos sencillos, el llamamiento en garantía permite que una persona o empresa demandada vincule al mismo proceso a un tercero que podría tener responsabilidad en el problema. Por ejemplo, si un consumidor demanda a una compañía por una falla y esta considera que el daño fue causado por uno de sus proveedores, puede pedir que ese proveedor participe en el mismo juicio y, si corresponde, responda directamente o reembolse el dinero que la empresa tenga que pagar.La Corte señaló que los procesos de protección al consumidor que adelanta la SIC en ejercicio de funciones judiciales deben seguir las mismas reglas procesales que aplican ante los jueces ordinarios. Esto significa que la condición de autoridad administrativa de la SIC no puede convertirse en una razón para limitar las herramientas de defensa que tienen las partes dentro de un proceso judicial.El pronunciamiento también cuestiona la práctica de la SIC y de algunos tribunales que habían rechazado esta figura o restringido su utilización casi exclusivamente a casos relacionados con el sector turístico. Para la Corte, no es jurídicamente válido establecer mediante interpretaciones limitaciones o trabas que no están contempladas expresamente en la ley.Puntualmente, el alto tribunal le exige a la SIC aplicar de manera rigurosa el artículo 24 del Código General del Proceso, norma que establece las reglas para el ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de determinadas autoridades. La Corte busca garantizar que las partes tengan las mismas oportunidades para defenderse, presentar pruebas y ejercer sus derechos, independientemente de que el proceso sea tramitado ante la SIC o ante un juez.El caso que llevó a esta decisión surgió por una tutela presentada por dos empresas constructoras y una sociedad fiduciaria, demandadas ante la SIC por supuestas fallas relacionadas con un inmueble. Las compañías pidieron que fuera vinculada al proceso la empresa encargada de elaborar el estudio de suelos de la obra, pero esa solicitud fue negada.La Corte Suprema protegió entonces su derecho de defensa y ordenó al Tribunal Superior emitir una nueva decisión en la que estudie la vinculación de esa empresa. Con este pronunciamiento, el alto tribunal deja establecido que las posibles responsabilidades entre los distintos integrantes de una cadena de consumo pueden discutirse dentro del mismo expediente, bajo las garantías procesales previstas por la ley.Para los consumidores y ciudadanos, la decisión no elimina ni reduce la responsabilidad que tienen los productores y proveedores frente a sus clientes. La responsabilidad solidaria que establece la ley se mantiene. Es decir, cuando corresponda, el consumidor podrá continuar reclamando frente a los responsables de la cadena de producción o comercialización, aunque durante el proceso se incorpore a otros actores que puedan tener responsabilidades internas.Para las empresas, proveedores, fabricantes, contratistas y demás integrantes de la cadena comercial, el fallo representa la posibilidad de discutir dentro de un mismo proceso quién debe asumir finalmente las consecuencias económicas de una eventual condena. Esto puede evitar que una empresa tenga que iniciar posteriormente otro pleito para intentar recuperar de un proveedor o contratista el dinero que tuvo que pagar al consumidor.