En momentos en que la cárcel La Paz de Itagüí vuelve a estar en el centro de la discusión pública por las recientes alertas sobre un presunto plan de fuga de cabecillas delincuenciales y voceros de la paz urbana, la Procuraduría General de la Nación decidió prorrogar por tres meses la suspensión provisional de 10 funcionarios del Inpec vinculados a una investigación disciplinaria por las presuntas irregularidades que permitieron el ingreso de una agrupación musical y la realización de una fiesta dentro del penal.
La decisión que se extenderá hasta octubre de 2026 cobija a cinco dragoneantes, un intendente, tres tenientes y un inspector jefe, quienes continúan siendo investigados por hechos ocurridos el pasado 8 de abril.
De acuerdo con el ente de control, durante esa jornada se habrían incumplido los protocolos de seguridad para el ingreso de los integrantes del grupo musical al establecimiento penitenciario. La investigación también busca establecer si existió ocultamiento de información y posibles inconsistencias en un informe oficial relacionado con lo sucedido.
En su momento, la concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, manifestó que estos funcionarios podrían haber recibido dinero para omitir los controles.
"No hay una cifra exacta, pero se dice que de esos cinco millones de pesos, si una parte fue para el licor, otra parte fue para la comida, otra para el pago de los artistas, quedaron aproximadamentedos millones de pesos para repartir, ¿entre quienes?: pues ahí tendrá que la Fiscalía lograr determinar quiénes fueron", cuestionó la corporada.
La entidad de control advirtió que el eventual regreso de los funcionarios a sus cargos podría facilitar la repetición de las conductas bajo investigación o afectar el normal desarrollo de las diligencias disciplinarias, razón por la que consideró necesario mantener vigente la medida cautelar.
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