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Polémica en el distrito de Turbo por la notificación despido a más de 80 empleados de la alcaldía. Aunque los afectados demandarán, la administración asegura que se trata de una medida necesaria para continuar saneando las finanzas de esta localidad.
Una crisis fiscal de más de cuatro años, incluso advertida hace pocos meses por parte de la Gobernación de Antioquia, ha llevado a que 19 municipios del departamento empiecen a tomar medidas para hacer frente a la situación que podría llevar a varios de ellos a convertirse en corregimientos.
Uno de los implicados en el listado es el Distrito de Turbo, Donde su alcalde Alejandro Abuchar ya notificó el despido de 85 empleados de la Alcaldía como una medida para ahorrar recursos que permita destinar otros a materia de inversión social.
La decisión se tomó, luego de que el mandatario primero fuera autorizado por el Concejo, pero, posteriormente, gracias a un estudio que arrojó como principal conclusión que se debía prescindir de al menos 105 vacantes.
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Abuchar indicó que la situación ha respondido a temas técnicos y no políticos con los que se asegura la sustentabilidad financiera del distrito.
“Sabemos que estos malestares, a nivel general, afectan a toda la población, pero esto es un acto de responsabilidad con el distrito de Turbo en las comunidades más pobres, con las comunidades rurales, porque estamos buscando es que nosotros podamos dar los resultados con las obras con la financiación que lo hemos hecho de manera responsable”, aseguró.
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Liliana Vélez, abogada especialista en derecho laboral y quien representa a varios de los afectados, aseguró que avanzan en el estudio del informe técnico para interponer las acciones legales pertinentes donde se podría estar violando algunos derechos fundamentales como al trabajo y la salud de algunos de ellos.
“Notifican un acto administrativo, yo tengo la posibilidad de presentar el recurso de reposición como un mecanismo administrativo para poder hacer valer mis derechos, e invitar a la administración que corrija algunos errores o que revise la decisión administrativa que tomó”, dijo.
Los recursos legales por parte de los exfuncionarios públicos podrán interponerse hasta el 17 de septiembre y la administración municipal tendrá otros 15 días para responder.
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