El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, explicó cómo se aplicará el Decreto 1525 durante las movilizaciones.La Alcaldía de Bogotá anunció que mantendrá una coordinación permanente con el Gobierno Nacional y la fuerza pública para atender las manifestaciones programadas en la capital. Uno de los principales focos d La intervención de la fuerza pública dependerá de la gravedad de los hechos, la posibilidad de anticipar actos violentos y la duración de los bloqueos que afecten el transporte público.
En atención serán los posibles bloqueos en TransMilenio y otras vías de la ciudad, así como la respuesta de las autoridades ante situaciones que puedan poner en riesgo la integridad de los ciudadanos.
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Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de Bogotá, señaló que las autoridades tienen identificados aproximadamente 18 puntos de concentración para las movilizaciones. De estos, 14 contemplan desplazamientos hacia la Plaza de Bolívar, por lo que se dispuso un operativo de seguimiento y coordinación institucional para atender las novedades que se presenten durante la jornada.
Según el funcionario, el Puesto de Mando Unificado (PMU) distrital fue instalado a las 7:00 de la mañana, mientras que desde el día anterior se adelantaba una coordinación nacional con el Ministerio del Interior. El objetivo es articular las decisiones entre las autoridades distritales, el Gobierno Nacional y la fuerza pública, especialmente ante eventuales alteraciones del orden público.
“Lo que queremos es rechazar la violencia. El enemigo de la protesta social es la violencia”, afirmó Quintero al explicar el enfoque de la administración distrital frente a las manifestaciones.
El secretario insistió en que las medidas no buscan impedir el derecho a la protesta pacífica, sino facilitar una respuesta frente a hechos violentos que puedan afectar a los participantes, a terceros o a la infraestructura pública y privada.
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Bloqueos en TransMilenio: ¿cuándo intervendrá la fuerza pública?
Uno de los puntos centrales de las declaraciones de Gustavo Quintero fue la posibilidad de intervenir ante bloqueos prolongados que afecten la movilidad y el funcionamiento de TransMilenio. Aunque el Decreto 1525 establece condiciones para la actuación de las autoridades, el funcionario aclaró que no existe un tiempo exacto que determine automáticamente cuándo debe producirse una intervención policial.
La decisión, explicó, se tomará mediante un mecanismo de coordinación en el que participarán representantes del Gobierno Nacional, el Gobierno Distrital, el Ministerio del Interior y las autoridades competentes.
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Sin embargo, Quintero mencionó que las autoridades consideran excesivo mantener a los pasajeros detenidos durante periodos prolongados, particularmente cuando se trata de vehículos del servicio público.
“Más de media hora, más de 45 minutos, las personas no pueden estar detenidas en un bus de servicio público”, señaló el secretario.
El funcionario agregó que la prioridad de la administración es evitar que el transporte público resulte afectado durante las manifestaciones. En ese sentido, sostuvo que la intervención dependerá de la evaluación de cada situación y de las decisiones que se adopten en el PMU.
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La precisión es importante para los usuarios de TransMilenio: los 30 o 45 minutos mencionados por Quintero no constituyen un plazo automático establecido para ordenar el ingreso de la fuerza pública. Se trata de una referencia expresada por el funcionario sobre la duración que considera inaceptable para los pasajeros, mientras que la determinación concreta deberá tomarse de manera coordinada.
Decreto 1525: cinco etapas para atender las manifestaciones
Quintero explicó que el Decreto 1525 contempla cinco etapas para orientar la actuación de la fuerza pública durante las protestas. Según su descripción, las tres primeras están enfocadas principalmente en el diálogo y la mediación, mientras que las dos restantes se orientan a contener situaciones que puedan representar un riesgo.
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El secretario destacó que la coordinación institucional permitirá evaluar cuándo es necesario pasar de la mediación a una intervención de las autoridades. También señaló que el decreto contempla la posibilidad de actuar cuando exista una amenaza inminente de violencia, sin esperar necesariamente a que el hecho se consume.
“El decreto nos da la posibilidad de actuar ya no solamente cuando el acto violento se consume, sino cuando sea inminente”, explicó.
Esta disposición cobra relevancia en escenarios donde se adviertan posibles agresiones, uso de elementos peligrosos o situaciones que amenacen la integridad de las personas. No obstante, la identificación de una amenaza deberá evaluarse dentro de los mecanismos de coordinación establecidos por las autoridades.
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El objetivo, de acuerdo con Quintero, es evitar que hechos aislados terminen afectando a quienes participan pacíficamente en las movilizaciones o a los ciudadanos que necesitan desplazarse por la ciudad.
Diálogo con manifestantes y actuación de los gestores de convivencia
La administración distrital también prevé mantener los canales de diálogo durante el desarrollo de las marchas. Los gestores de convivencia tendrán un papel importante en la mediación con los manifestantes, particularmente cuando se presenten bloqueos o situaciones que requieran recuperar la movilidad.
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Quintero indicó que el diálogo se mantendrá mientras existan condiciones para hacerlo y no se ponga en riesgo la integridad de las personas. Si la situación escala y las autoridades consideran necesaria una intervención, los gestores comunicarán a los participantes que se agotó esa instancia de mediación.
“Los gestores [...] disuadir, decirle a los manifestantes: mire, hasta acá llega el diálogo, en este momento levantamos canales, solicitamos intervención de fuerza pública”, explicó el funcionario.
De esta manera, la estrategia anunciada combina la mediación con la posibilidad de una respuesta operativa cuando las circunstancias lo exijan. La aplicación de estas medidas deberá considerar las condiciones particulares de cada concentración y las decisiones adoptadas por las autoridades competentes.
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Bombas molotov, papas bomba y amenazas a la integridad
Otro de los escenarios abordados durante la entrevista fue el de los actos violentos registrados el día anterior en la avenida Circunvalar, cerca de una sede de la Universidad Distrital, donde, según lo expuesto en la conversación, un grupo de encapuchados habría lanzado bombas molotov y papas bomba.
Al ser consultado sobre cómo actuarían las autoridades si se repitieran estos hechos, Quintero sostuvo que la respuesta sería similar a la desplegada en esa ocasión: “En 20 minutos ya se estaba resolviendo la situación. Actuaremos de la misma manera”, afirmó.
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El secretario señaló que este tipo de comportamientos puede constituir una situación intimidante y violenta que justifique una actuación inmediata de las autoridades, de acuerdo con las circunstancias y los protocolos aplicables.
Durante la entrevista también se le preguntó si portar una piedra, sin que se haya producido una agresión, sería considerado un acto violento. Quintero respondió que la situación tendría que ser analizada en el PMU para establecer si existe una amenaza inminente que permita actuar de manera anticipada.
Sobre los grafitis, aclaró que su realización, por sí sola, no implica necesariamente la intervención de la fuerza pública. Según explicó, la situación cambia cuando estas acciones están acompañadas de daños a la infraestructura, como la rotura de vidrios o afectaciones a puertas y otros elementos de propiedad pública o privada.
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Los puntos de concentración y la movilidad en Bogotá
Entre los lugares identificados para las movilizaciones se encuentran el Parque Nacional, el Museo Nacional, el Parque Simón Bolívar, la Universidad Pedagógica, la Universidad Nacional, el Parque de los Periodistas y sectores de la carrera Séptima, la carrera Décima y la calle 13. También se mencionaron dos sedes de la Universidad Distrital.
La concentración de manifestantes en distintos sectores obliga a las autoridades a mantener vigilancia sobre las vías, los corredores de transporte público y los puntos donde puedan presentarse afectaciones a la movilidad.
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En este contexto, la Alcaldía busca evitar que los bloqueos generen interrupciones prolongadas para los usuarios de TransMilenio y otros ciudadanos. La coordinación del PMU será determinante para evaluar las novedades, mantener la comunicación entre las instituciones y definir las medidas correspondientes.
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