En una operación coordinada entre la Fiscalía General de la Nación y la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá, fue capturado un profesor, Fredy Arley Castellanos, señalado de estar involucrado en casos de abuso sexual contra menores en un hogar infantil del ICBF en la localidad de San Cristóbal, en el sur de la capital.
De acuerdo con las autoridades, el detenido habría cometido los presuntos delitos dentro de la institución, donde trabajaba. La Fiscalía indicó que el hombre será llevado ante un juez de control de garantías y, con base en las pruebas recolectadas, se le imputarán los cargos por acto sexual abusivo y acceso carnal abusivo con menor de 14 años, entre otros.
El escándalo estalló este lunes luego de que decenas de padres se congregaran frente al plantel, indignados por los presuntos actos de acceso carnal violento ocurridos en los baños del lugar. Con pancartas y gritos, los familiares exigieron justicia y acusaron a las directivas de encubrimiento, asegurando que las primeras señales de alerta fueron ignoradas desde la semana pasada.
Dos de los niños afectados permanecen hospitalizados con lesiones físicas y trauma psicológico, según sus familiares. Mientras tanto, el capturado enfrentará cargos por acto sexual abusivo y acceso carnal abusivo con menor de 14 años, entre otros delitos.
El ICBF aseguró que ninguna denuncia será ignorada y reforzará los protocolos de protección. "Es inadmisible que esto ocurra en un espacio destinado al cuidado de la niñez", concluyó la entidad.
Cierre del jardín y medidas del ICBF
Ante la gravedad de los hechos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) anunció el cierre temporal del hogar infantil y presentó una denuncia formal contra el docente, empleado de la Asociación Parque Canadá, entidad que opera el servicio.
"Se adelantarán procesos administrativos y sancionatorios, no solo frente al contrato, sino también contra la personería jurídica de la asociación", señaló el ICBF en un comunicado.
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La entidad dijo que brinda acompañamiento psicosocial para las familias afectadas y reubicará a los menores en otras unidades de servicio. Además, desplegará equipos interdisciplinarios —abogados, psicólogos y trabajadores sociales— para atender a las víctimas.
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