La concejal Rocío Dussán, tras un derecho de petición realizado a la Secretaría de Salud, denunció las dificultades en la vigilancia de estos establecimientos estéticos en Bogotá.
Según la información presentada por la concejal, entre 2024 y 2026 se han registrado 13 personas fallecidas y 174 lesionadas por procedimientos estéticos irregulares en la capital del país. Además, señaló que, en la información entregada, la Secretaría identificó 686 establecimientos que estarían funcionando sin autorización sanitaria y recibió 494 quejas relacionadas con posibles irregularidades.
La concejal cuestionó la capacidad de respuesta institucional y señaló que, pese a las cifras, en los últimos dos años solo se han logrado tres sanciones en firme contra centros estéticos.
“Lo que revela este documento es inaceptable, Bogotá no puede seguir enterrando mujeres en nombre de la vanidad institucional, aquí no falló una sola entidad falló todo el sistema y mientras las autoridades se reparten responsabilidades en papel, las ciudadanas siguen entrando a lugares sin control, sin permiso y sin ninguna garantía de salir con vida, necesitamos acción antes de que haya otra Yulitxa”, concejal Rocío Dussán Pérez, Concejo de Bogotá
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la vigilancia de los establecimientos que manejan aparatología estética, considerados de mayor riesgo por los posibles efectos adversos de los procedimientos.
De acuerdo con la denuncia, la ciudad cuenta con un número reducido de funcionarios encargados de realizar estas inspecciones frente a la cantidad de lugares que deben ser supervisados.
El documento también señala que entre las complicaciones reportadas se encuentran casos de infecciones, hemorragias, embolias, hospitalizaciones y otras afectaciones derivadas de procedimientos realizados sin las condiciones adecuadas.
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Es por esto por lo que la concejal Rocío Dussán aseguró que el sistema de vigilancia necesita fortalecerse y pidió a la administración distrital implementar un plan de choque que permita aumentar los operativos, mejorar la coordinación con otras entidades y crear mecanismos para que los ciudadanos puedan verificar si un establecimiento está habilitado antes de realizarse un procedimiento.
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