La Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador ratificó la sentencia de cinco años de prisión contra la cirujana plástica Helen Elizabeth Romero Montaño por el delito de homicidio culposo, tras la muerte de una paciente a la que le practicó un implante de senos sin contar con la titulación profesional pertinente.Según informó la Fiscalía, el tribunal acogió el pedido del Ministerio Público y declaró improcedente el recurso de casación presentado por la defensa de la sentenciada, por lo que la condena quedó en firme.El procedimiento se llevó a cabo el 27 de agosto de 2020 en una clínica del norte de Quito, desde donde la sentenciada promocionaba sus servicios como cirujana plástica en redes sociales y mediante publicidad radial.Antes de la intervención, el personal de la clínica le practicó exámenes médicos para evaluar su estado de salud, y los resultados no mostraron impedimentos para el procedimiento, según detalló el Ministerio Público en un comunicado.La cirugía duró seis horas y, posteriormente, la paciente fue trasladada al área de recuperación, donde se descompensó poco tiempo después.Su estado se agravó durante los siguientes dos días, sin que la procesada lograra identificar la causa de la descompensación ni ordenara su traslado a un hospital con mayores recursos para brindarle atención especializada.Además, la procesada hizo caso omiso al criterio médico de un amigo de la víctima, quien visitó la clínica el día después de la cirugía.Aunque finalmente fue trasladada a una casa de salud, la autopsia de la víctima determinó que falleció por un shock hipovolémico irreversible, que consiste en que el corazón deja de bombear por falta de sangre, situación provocada por laceraciones en la pared abdominal a causa de las cánulas de succión utilizadas para realizar la liposucción.El tribunal concluyó que Romero incumplió el deber objetivo de cuidado, infringió la lex artis médica y contravino las disposiciones emitidas por la autoridad sanitaria.
La concejal Rocío Dussán, tras un derecho de petición realizado a la Secretaría de Salud, denunció las dificultades en la vigilancia de estos establecimientos estéticos en Bogotá.Según la información presentada por la concejal, entre 2024 y 2026 se han registrado 13 personas fallecidas y 174 lesionadas por procedimientos estéticos irregulares en la capital del país. Además, señaló que, en la información entregada, la Secretaría identificó 686 establecimientos que estarían funcionando sin autorización sanitaria y recibió 494 quejas relacionadas con posibles irregularidades.La concejal cuestionó la capacidad de respuesta institucional y señaló que, pese a las cifras, en los últimos dos años solo se han logrado tres sanciones en firme contra centros estéticos. “Lo que revela este documento es inaceptable, Bogotá no puede seguir enterrando mujeres en nombre de la vanidad institucional, aquí no falló una sola entidad falló todo el sistema y mientras las autoridades se reparten responsabilidades en papel, las ciudadanas siguen entrando a lugares sin control, sin permiso y sin ninguna garantía de salir con vida, necesitamos acción antes de que haya otra Yulitxa”, concejal Rocío Dussán Pérez, Concejo de BogotáUno de los principales cuestionamientos está relacionado con la vigilancia de los establecimientos que manejan aparatología estética, considerados de mayor riesgo por los posibles efectos adversos de los procedimientos. De acuerdo con la denuncia, la ciudad cuenta con un número reducido de funcionarios encargados de realizar estas inspecciones frente a la cantidad de lugares que deben ser supervisados.El documento también señala que entre las complicaciones reportadas se encuentran casos de infecciones, hemorragias, embolias, hospitalizaciones y otras afectaciones derivadas de procedimientos realizados sin las condiciones adecuadas. Es por esto por lo que la concejal Rocío Dussán aseguró que el sistema de vigilancia necesita fortalecerse y pidió a la administración distrital implementar un plan de choque que permita aumentar los operativos, mejorar la coordinación con otras entidades y crear mecanismos para que los ciudadanos puedan verificar si un establecimiento está habilitado antes de realizarse un procedimiento.
Un duro golpe a la ilegalidad dio el Distrito contra establecimientos que en la capital del Atlántico prestaban servicios estéticos invasivos sin estar debidamente autorizados.Según informó la Secretaría de Salud, gracias a denuncias de la comunidad se desarrollaron varios operativos en los que se logró el cierre de 8 lugares en la capital del Atlántico en los que se venían realizando estos procedimientos para los que no estaban registrados, no contaban con el personal calificado, los permisos, las medidas de bioseguridad y las condiciones sanitarias.La secretaria de Salud, Stephanie Araujo, contó que estos centros de estética, spas y consultorios ofrecían tratamientos corporales invasivos, aplicaban sustancias y realizaban procedimientos estéticos.La funcionaria advirtió que “antes de que una persona se practique cualquier procedimiento estético invasivo, debe consultar en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud si el lugar es una institución prestadora calificada y si el profesional está certificado”.Adicionalmente, “se debe consultar en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud del Ministerio”, que los profesionales que están al frente de los procedimientos invasivos o quirúrgicos están autorizados para ejercer en el sector.Araújo recalcó que los “centros de estética, peluquerías o establecimientos de belleza no están autorizados para realizar procedimientos invasivos como liposucciones, lipólisis láser, aplicación de sueros u otras intervenciones quirúrgicas. Tampoco se pueden llevar a cabo estos procedimientos en consultorios ni mucho menos en casas o apartamentos”.Entre 2024 y lo que va de 2026, se han realizado 33 intervenciones a establecimientos que realizaban procedimientos estéticos de tipo invasivo que no contaban con los permisos adecuados.
La investigación por la muerte de Yulixa Toloza, quien desapareció el pasado 13 de mayo mientras se sometía a una presunta lipólisis láser y cuyo cuerpo fue hallado días después en Apulo, Cundinamarca, continúa avanzando con procesos para judicializar a los presuntos responsables. Mientras la Fiscalía adelanta gestiones para imputar de manera virtual o solicitar la extradición de los tres capturados en Venezuela, tanto el ente acusador como la representación de las víctimas descartaron, por ahora, una investigación contra las amigas que acompañaron a la mujer el día del procedimiento estético.Por este caso permanecen vinculadas varias personas, entre ellas María Fernanda Delgado Hernández, propietaria del supuesto centro estético; su pareja, Edison Torres; Eduardo David Ramos Ramos, señalado como supuesto cirujano; además de Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado, investigados por presuntamente intentar alterar las pruebas relacionadas con el vehículo utilizado para abandonar el cuerpo. Entretanto, continúa prófugo un hombre identificado como “Leo”, señalado como supuesto anestesiólogo y quien habría participado tanto en el procedimiento como en la desaparición del cuerpo.Fuentes de la Fiscalía indicaron que las dificultades para establecer plenamente la identidad de este hombre han impedido, hasta el momento, la expedición de una orden de captura o una circular de Interpol. Frente a esta situación, el abogado de las víctimas, Juan Camilo Caicedo, representante de la familia Barreño, allegados y cuidadores de Yulixa, manifestó: “Espero que la Fiscalía, si no ha tramitado la orden de captura, proceda rápidamente a ir ante los jueces de control de garantías para que los jueces de garantías expidan esa orden de captura y, en caso de encontrarse en el exterior, rápidamente se proceda a librar las correspondientes circulares ante Interpol para que sea detenido tan pronto como sea posible”.Sobre las versiones que apuntaban a una posible investigación por omisión de socorro contra las amigas de Yulixa Toloza, el representante de la familia fue enfático en señalar que actualmente su condición procesal es únicamente la de testigos. “Es importante aclarar que, hasta ahora, y de los elementos materiales probatorios que ha ido recolectando la Fiscalía, la única vinculación jurídica que tienen ellas es de testigos. Por demás, ellas son unas testigos bastante importantes para la teoría del caso de la Fiscalía. Cualquier información adicional es especulativa, y yo entiendo que no existen líneas investigativas adicionales de la Fiscalía al respecto”, aseguró.La familia de la víctima insiste en que la prioridad actual es que todos los responsables respondan ante la justicia colombiana. Daniel Barreño, sobrino de Yulixa, afirmó que “siempre he dicho que ella no merecía morir así (...) ahora nuestra prioridad se está enfocando en la parte de la justicia. Mi tía no me la pueden entregar viva otra vez, pero sí se pueden cumplir las consecuencias de esos fatales crímenes que se han cometido contra ella”. Asimismo, pidió que “se haga justicia aquí en Colombia, ya que el delito se cometió aquí, las atrocidades se cometieron aquí y deben responder, desafortunadamente, a los errores que se cometieron aquí”. De igual forma, pidió a las autoridades seguimiento y prevención de este tipo de establecimientos irregulares.Finalmente, la representación de las víctimas solicitó a la Fiscalía iniciar el trámite de extinción de dominio sobre los bienes presuntamente utilizados para la comisión de los delitos. Según explicó el abogado Juan Camilo Caicedo, “había unos bienes, específicamente unos inmuebles, pero también unos muebles y equipos médicos, que estaban siendo utilizados para la comisión de delitos”, por lo que pidió que sean objeto de estudio para determinar si deben pasar al Estado y si los equipos médicos pueden ser destinados a una eventual reparación de las víctimas.
Katherine Zuleta Castilla será condenada luego de suscribir un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, mediante el cual aceptó su responsabilidad en la muerte de una mujer durante un procedimiento estético realizado el 17 de mayo de 2023 en un inmueble de la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá. La procesada reconoció su participación en los hechos y un juez penal de conocimiento avaló el acuerdo, por lo que deberá cumplir una pena de ocho años y ocho meses de prisión por el delito de homicidio simple en la modalidad de dolo eventual.De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial, la intervención estética fue practicada en un apartamento y sin cumplir los protocolos técnicos y sanitarios exigidos para este tipo de procedimientos médicos. La Fiscalía estableció, además, que Katherine Zuleta Castilla no contaba con la formación profesional ni con la idoneidad necesaria para realizar este tipo de prácticas, pese a lo cual decidió continuar con una actividad que implicaba un riesgo para la vida de la paciente.Durante el procedimiento, la víctima perdió el conocimiento y fue trasladada de urgencia a un centro asistencial. Sin embargo, ingresó sin signos vitales. Las investigaciones posteriores permitieron establecer que la muerte se produjo como consecuencia de perforaciones en el pulmón derecho y el corazón, además de un neumotórax traumático derivado de lesiones ocasionadas con un elemento cortopunzante.Para la Fiscalía, los hechos evidencian que la intervención fue realizada de manera improvisada y sin las condiciones mínimas de seguridad requeridas para proteger la vida e integridad de la paciente. La ausencia de conocimientos médicos especializados y el incumplimiento de los protocolos establecidos fueron determinantes dentro de la investigación que permitió estructurar el proceso penal contra la hoy condenada.Con la aprobación del preacuerdo por parte del juez de conocimiento, Katherine Zuleta Castilla aceptó su responsabilidad penal en los hechos y cumplirá una condena de ocho años y ocho meses de prisión por la muerte ocurrida durante el procedimiento estético ilegal, cerrando así una etapa judicial de un caso que puso en evidencia los riesgos de someterse a intervenciones practicadas por personas sin la formación ni la habilitación profesional requeridas.
La Superintendencia Nacional de Salud ordenó la clausura de los servicios de cirugía plástica y estética, así como del servicio farmacéutico de la Clínica Láser Surgical, ubicada en el norte de Bogotá, tras evidenciar un presunto incumplimiento de una medida cautelar que le impedía operar mientras se verificaban las condiciones de habilitación exigidas para garantizar la seguridad de los pacientes.Según informó la entidad, la decisión se tomó luego de recibir nuevas denuncias ciudadanas que alertaban sobre una posible prestación irregular de servicios en la institución médica, pese a una orden previa de suspensión.De acuerdo con la Supersalud, al realizar verificaciones encontró que la clínica habría reabierto los servicios de cirugía plástica y estética, anestesia y farmacia, aunque tenía prohibido retomar la atención hasta demostrar el cumplimiento de los estándares técnicos y sanitarios exigidos.La entidad explicó que esta situación representa un incumplimiento de la medida cautelar impuesta el pasado 29 de mayo, pues la clínica habría reportado novedades de apertura y oferta de servicios sin contar con una verificación previa de las autoridades sanitarias.Además, la Superintendencia señaló que durante una visita de inspección realizada el 5 de junio fue necesario el acompañamiento de la Policía Nacional, ya que, según la entidad, los funcionarios encargados de la verificación no pudieron ingresar inicialmente a las instalaciones, lo que fue interpretado como una obstrucción a las labores de inspección y vigilancia.De acuerdo con la Supersalud, estas irregularidades podrían representar un alto riesgo para los pacientes, al aumentar la posibilidad de complicaciones médicas y comprometer la seguridad de quienes acceden a procedimientos quirúrgicos y tratamientos asociados.Por la gravedad de los hallazgos, la Supersalud clasificó las irregularidades como críticas y anunció que asumirá la competencia preferente para hacer seguimiento al caso y verificar el cumplimiento de las medidas adoptadas.La medida cautelar contra la Clínica Láser Surgical había sido impuesta el pasado 29 de mayo, luego de denuncias de seis pacientes por presuntas fallas en la atención, inconsistencias en registros clínicos, inconformidades con resultados quirúrgicos y posibles riesgos para la seguridad de los usuarios.
Las autoridades investigan la muerte de Nayeli Larrahondo, enfermera del Hospital Mario Correa Rengifo de Cali, quien en las últimas horas se sometió a un procedimiento estético en un centro de belleza del municipio de Puerto Tejada, ubicado en el norte del departamento del Cauca, de donde era oriunda.De acuerdo con la información preliminar, la paciente presentó complicaciones durante la intervención, por lo que fue trasladada de urgencia al hospital local. Sin embargo, al llegar al centro asistencial, los médicos confirmaron que no presentaba signos vitales."Expresamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos. Esta pérdida enluta a nuestro municipio y nos une en un sentimiento de dolor. Como institución, nos ponemos a disposición para brindar el acompañamiento que sea necesario a sus familiares", dijo la Alcaldía de Puerto Tejada en un comunicado.Por su parte, las autoridades adelantan las respectivas indagaciones y la recopilación de pruebas para determinar las causas exactas de la muerte y establecer si existió algún tipo de responsabilidad por lo ocurrido en el centro de estética."La Secretaría de Salud Municipal colaborará plenamente con las autoridades, aportando la información requerida durante el proceso. Asimismo, fortalecerá las jornadas de orientación ciudadana sobre los riesgos de acudir a establecimientos o personas que no cumplan con los requisitos legales para la realización de procedimientos estéticos", puntualiza el documento.El caso ha generado conmoción entre familiares, amigos y compañeros de trabajo de la profesional de la salud, quienes esperan que las investigaciones permitan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento de la joven.
La Secretaría de Salud de Santander avanza en una serie de operativos de inspección, vigilancia y control en centros de salud, spas y establecimientos de estética para verificar que cumplan con los requisitos de habilitación exigidos por la ley y prevenir riesgos para los usuarios que acuden a estos servicios.Según informó el secretario de Salud departamental, Edwin Prada, en articulación con la Secretaría de Salud de Bucaramanga se han realizado 21 visitas de verificación a diferentes instituciones prestadoras de servicios de salud, de las cuales 12 estuvieron dirigidas específicamente a centros estéticos y spas que presuntamente realizaban procedimientos invasivos sin cumplir con las condiciones requeridas.“Se han hecho 21 visitas a diferentes instituciones de salud. De estas, 12 van enfocadas a centros estéticos o posibles spas que se camuflaban para hacer procedimientos intervencionistas o invasivos”, explicó el funcionario.Como resultado de las inspecciones, cuatro establecimientos fueron objeto de medidas sanitarias, entre ellas cierres temporales y definitivos de algunos servicios por incumplimientos detectados durante las visitas.Además, las autoridades encontraron que cinco de los establecimientos que habían sido objeto de denuncias ciudadanas ya no estaban operando cuando llegaron los equipos de inspección. Según Prada, estos negocios habían retirado su imagen corporativa e incluso eliminado sus perfiles en redes sociales.“Ha servido que la comunidad denuncie estos sitios porque, al verse expuestos, algunos han preferido cerrar. Sin embargo, esto también genera una alerta, ya que podrían trasladarse a otros lugares y continuar operando”, advirtió.Los establecimientos clausurados o que dejaron de funcionar estaban ubicados principalmente en los sectores de Cabecera y Provenza, en Bucaramanga. Entre tanto, tres de los centros inspeccionados sí cumplían con los requisitos exigidos para su funcionamiento.La Secretaría de Salud reiteró el llamado a los ciudadanos para verificar que cualquier institución donde se practiquen procedimientos médicos o estéticos cuente con la debida habilitación. Esta información puede consultarse a través del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), administrado por el Ministerio de Salud, utilizando el nombre o el NIT del establecimiento.Las autoridades también pidieron a la comunidad reportar cualquier lugar que ofrezca procedimientos invasivos sin aparentar las condiciones adecuadas o sin estar registrado oficialmente.Los operativos continuarán durante los próximos días en municipios como Floridablanca, Piedecuesta y Socorro, atendiendo las denuncias y alertas recibidas por parte de los ciudadanos.“Queremos evitar que las personas acudan a sitios clandestinos o de garaje y terminen poniendo en riesgo su salud por procedimientos realizados por personal no autorizado o en lugares que no cumplen las condiciones mínimas de seguridad”, concluyó el secretario de Salud de Santander.
A través de un comunicado, la organización aseguró que esta coyuntura representa una oportunidad para retomar una discusión que, según afirma, la comunidad científica ha impulsado desde hace años: la necesidad de establecer reglas más claras sobre quiénes pueden realizar procedimientos quirúrgicos estéticos y bajo qué condiciones deben llevarse a cabo.La SCCP explicó que ha participado técnicamente en distintas iniciativas legislativas relacionadas con la regulación de estos procedimientos. De acuerdo con el gremio, en los últimos años se han presentado al menos cinco proyectos de ley sobre el tema en el Congreso, aunque ninguno logró convertirse en ley.Sin embargo, esas discusiones permitieron identificar vacíos y retos en materia de formación del personal médico, vigilancia sanitaria, habilitación de servicios de salud y control frente al ejercicio ilegal de la medicina.Otro de los puntos que preocupa al sector es la creciente promoción de procedimientos estéticos a través de redes sociales y plataformas digitales, donde, según la organización, no siempre existe información clara ni verificada para los pacientes.Por ello, insistieron en que las personas deben contar con información suficiente antes de tomar decisiones relacionadas con su salud y someterse a procedimientos quirúrgicos.La presidenta de la SCCP, la doctora Damaris Romero Chamorro, reiteró que la prioridad debe ser la seguridad de los pacientes y expresó la disposición del gremio para acompañar futuras discusiones legislativas que permitan establecer mayores garantías en el sector.La organización subrayó además que en Colombia no existe una especialidad médica reconocida como “cirugía estética”. Según explicó, la especialidad avalada formalmente es la cirugía plástica estética y reconstructiva, cuya práctica requiere formación académica especializada y entrenamiento quirúrgico certificado.En el comunicado, la SCCP también puso a disposición del Gobierno, el Congreso y las autoridades sanitarias su experiencia técnica y científica para contribuir a la construcción de una regulación que fortalezca la calidad de la atención médica, promueva el ejercicio ético de la medicina y reduzca los riesgos para los pacientes.
Nuevos documentos conocidos en medio de la investigación por la muerte de Yulixa Consuelo Toloza revelaron el dramático estado en el que quedó su cuerpo tras el procedimiento estético al que fue sometida en un centro clandestino del sur de Bogotá. El informe pericial de necropsia confirmó que la mujer de 52 años murió por complicaciones derivadas de una lipólisis láser practicada en abdomen y espalda, y concluyó además que la manera de muerte fue violenta y catalogada como homicidio.Uno de los hallazgos que más impacta a los investigadores tiene relación con el estado interno del cuerpo de Yulixa. El informe describe una extensa “disección hemorrágica” en abdomen y espalda que iba desde el cuello hasta la región glútea. Según Medicina Legal, estas lesiones fueron ocasionadas por un procedimiento de succión de grasa del tejido subcutáneo, es decir, la lipólisis láser que le practicaron horas antes de desaparecer.El dictamen también concluye que Yulixa sufrió un embolismo graso pulmonar, una de las complicaciones más peligrosas en procedimientos de liposucción. De acuerdo con el reporte, partículas de grasa ingresaron al torrente sanguíneo y llegaron a los pulmones, provocando insuficiencia respiratoria aguda y una progresiva falta de oxígeno.Pero los hallazgos no terminan ahí. La necropsia evidenció múltiples fracturas en el tórax de la víctima. Medicina Legal documentó fracturas en las costillas izquierdas del 2 al 8 y en las derechas del 2 al 7 en la región anterior del pecho. Además, los forenses encontraron hematomas profundos en la espalda, el cuello y la zona lumbar.En el informe también quedaron consignadas varias lesiones traumáticas. Los expertos describieron heridas cortopunzantes en tórax, abdomen e incluso en la región inguinal, compatibles con elementos utilizados durante procedimientos invasivos. Algunas de estas heridas medían hasta 1.5 centímetros y estaban distribuidas en distintas partes del cuerpo.Otro de los aspectos más delicados del reporte tiene relación con la pérdida masiva de sangre que habría sufrido Yulixa. Medicina Legal habla de “anemia aguda” y menciona signos indirectos como palidez extrema, ausencia de sangre en arterias y venas y extensos hematomas internos.Los peritos incluso citaron estudios médicos sobre liposucción para advertir que la extracción excesiva de grasa puede generar hemorragias severas y aumentar el riesgo de complicaciones mortales. El informe señala que volúmenes altos de aspiración pueden derivar en pérdida de hasta 1.000 centímetros cúbicos de sangre.El documento también revela el deterioro que presentaba el cuerpo al momento del hallazgo en Apulo. Se registró desprendimiento de piel en piernas, abdomen y pecho debido al proceso de descomposición. Además, Medicina Legal documentó afectaciones provocadas por fauna de la zona en el rostro, el pecho y una de las manos.Aunque la prueba toxicológica preliminar en orina resultó negativa, las autoridades continúan adelantando otros estudios para establecer si durante el procedimiento se suministraron medicamentos o sustancias que puedan aportar nuevas pistas sobre lo ocurrido.En el informe pericial, Medicina Legal concluye finalmente que la muerte de Yulixa Toloza fue “violenta - homicidio”, un elemento clave dentro del proceso judicial que hoy avanza contra varios de los implicados en este caso que ha conmocionado al país.Este es el informe completoPor estos hechos permanecen capturados y vinculados a la investigación María Fernanda Delgado Hernández, propietaria del centro estético; Edison Torres; Eduardo David Ramos, señalado de practicar el procedimiento sin autorización; y otros presuntos implicados.
La reducción de la jornada laboral en Colombia sigue siendo uno de los cambios más importantes en las relaciones entre trabajadores y empresas. La medida tiene como objetivo disminuir las horas de trabajo semanales sin afectar el salario de los empleados, por lo que las empresas ahora deben ajustar sus horarios y procesos para cumplir con la normativa.El cambio corresponde a la Ley 2101, que establece una reducción gradual de la jornada máxima laboral en el país. La aplicación inició con una disminución progresiva hasta llegar a las 42 horas semanales, reemplazando el límite anterior de 48 horas.Este ajuste lleva a que las empresas deban revisar la manera en la que distribuyen los turnos y las cargas laborales, especialmente en sectores donde la operación depende de horarios extendidos o atención permanente al público.Reducción laboral obliga a hacer estos cambiosUno de los principales cambios que deben implementar las empresas está relacionado con la reorganización del tiempo laboral. Es decir, la reducción de horas no significa que los empleados reciban menores salarios ni que se reduzcan sus funciones automáticamente.Las compañías tendrán que analizar sus esquemas internos para garantizar el cumplimiento de las horas establecidas sin afectar la productividad. Entre los ajustes que pueden realizar están:Redistribuir los horarios de entrada y salida de los empleados.Modificar turnos de trabajo según las necesidades de cada área.Optimizar procesos internos para mantener la operación.Revisar la asignación de tareas y responsabilidades.El objetivo es que la disminución de la jornada no genere sobrecargas laborales ni obligue a los empleados a compensar las horas reducidas con mayor presión durante el tiempo restante.Empresas deben mantener el salarioUno de los elementos que más dudas genera entre trabajadores y empleadores es el impacto económico del cambio. De acuerdo con la norma, la reducción de la jornada laboral no puede ser una razón para disminuir el salario.Es decir, los empleados seguirán recibiendo el mismo pago por sus labores a pesar de la reducción de horas trabajadas. Además, las empresas deberán mantener las condiciones laborales establecidas en los contratos vigentes.La medida busca que Colombia avance hacia modelos laborales con mayor equilibrio entre la vida personal y profesional, siguiendo tendencias internacionales relacionadas con la productividad y el bienestar de los trabajadores.Sin embargo, no se trata únicamente de la reducción de horas, pues también se deben tener en cuenta aspectos como el pago de horas extras, recargos nocturnos y dominicales, ya que estos cálculos dependerán de la nueva jornada máxima permitida.Norma propone un cambio en la organización del trabajoLa implementación de esta norma representa un reto para diferentes sectores económicos, especialmente aquellos que funcionan con atención continua como comercio, servicios, salud, transporte e industrias.Aunque algunas compañías ya han adelantado ajustes, otras deberán acelerar sus procesos de adaptación para evitar incumplimientos laborales. La recomendación para los empleadores es revisar contratos, horarios y sistemas de control de tiempo para ajustarse a las nuevas reglas.Con esta reducción progresiva, el país busca transformar la relación laboral y promover una jornada más equilibrada, mientras las empresas enfrentan el desafío de mantener su eficiencia con una nueva distribución del tiempo de trabajo.
La lucha contra el crimen organizado sumó un nuevo capítulo simbólico en Medellín con la entrega de una lujosa propiedad que alguna vez estuvo en la órbita del Cartel de Pablo Escobar y que, desde ahora, será utilizada por el Gaula Militar para fortalecer las operaciones contra el secuestro y la extorsión.El inmueble, ubicado en el exclusivo sector de El Poblado, deja atrás su pasado ligado a una de las organizaciones criminales más poderosas de la historia del país para convertirse en un activo al servicio de la seguridad.La entrega fue realizada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) como parte de una estrategia conjunta con el Ministerio de Defensa para recuperar bienes provenientes de economías ilícitas y destinarlos al fortalecimiento de la Fuerza Pública.La propiedad, de 1.798 metros cuadrados construidos, hacía parte de los procesos de extinción de dominio relacionados con los hermanos Galeano y Moncada, considerados piezas fundamentales de la estructura financiera del Cartel de Medellín y estrechos aliados de Escobar durante los años de mayor poder de esa organización narcotraficante.Amelia Pérez, presidenta de la SAE, destacó que con esta decisión, el Estado busca resignificar espacios que durante décadas representaron el enriquecimiento producto del narcotráfico y convertirlos en herramientas para combatir precisamente al crimen."Ser utilizado para beneficio del país y qué más que a través de ustedes. Esperamos sea bien aprovechado, que sea bien utilizado en todo lo que ustedes saben hacer para evitar tantas extorsiones, tantos hechos que afectan a esta sociedad", dijo la directiva.Aparte de este bien en la capital antioqueña, la entidad del Gobierno nacional también entregó otros dos inmuebles en Cúcuta y Cali. En la capital nortesantandereana fue recuperada una propiedad de más de 3.500 metros cuadrados que perteneció a la estructura criminal de Henry Carrillo Ramírez, alias ‘Barriga’, señalado como cabecilla de una red transnacional de narcotráfico.Por su parte, en Cali, el Estado puso al servicio de las autoridades una vivienda de tres niveles vinculada a procesos de extinción de dominio contra Helmer Herrera Buitrago, alias ‘Pacho Herrera’, uno de los máximos jefes del Cartel de Cali.
Ariana Tirado es una joven venezolana que vive en el barrio Villa Estadio del municipio de Soledad, en el Atlántico. En esta coyuntura trágica para su país, su historia tuvo un final feliz cuando se enteró de que su hermano, Gustavo Tirado, no murió en el terremoto del pasado miércoles en Venezuela, que afectó gravemente la ciudad de La Guaira, donde se encontraba.Fueron más de dos días los que vivieron Ariana y su madre sin saber nada de su hermano. Contó que las comunicaciones eran casi imposibles; sin embargo, pudo contactarse con algunos vecinos en La Guaira que le dijeron que Gustavo estaba bien, pero no lograban escucharlo a él de viva voz.“Fue una sensación de alivio muy grande, pasamos más de 48 horas sin saber nada de él y por fin este sábado en la madrugada pudimos hablar telefónicamente y nos contó que estaba bien. Estábamos desesperados. Mi hermano vivía en un conjunto residencial que, afortunadamente, no se vino abajo totalmente, pero sí quedó inhabitable. Varios vecinos quedaron heridos y mi hermano ayudó a sacar a varios. Todos los residentes sobrevivieron”.Pese a que su hermano apareció, la joven cuenta que son muchas las personas cercanas y amistades que siguen perdidas entre los escombros, como la señora Celeste Adriana Pérez Landaeta, quien, según describe, estaba en la residencia Costa Azul, en la ciudad de La Guaira.Por último, Ariana agradeció a todos los barranquilleros y colombianos que se han sumado a la campaña de solidaridad, pero hizo énfasis en que ahora lo que más necesitan sus compatriotas, por las conversaciones que ha tenido con familiares y amigos, son insumos médicos para atender a la gran cantidad de heridos que llegan a los hospitales.
Siguen los pronunciamientos institucionales tras las declaraciones de los últimos días del concejal de Medellín, Andrés Felipe Rodríguez, quien lanzó una polémica propuesta al Gobierno nacional electo a raíz de los resultados de los comicios del pasado 21 de junio.Quien más recientemente lo hizo fue la Defensoría del Pueblo, quien afirmó que los discursos que promueven violencia contra territorios y comunidades por sus decisiones políticas son incompatibles con la democracia. Esto, a propósito de la solicitud del corporado de iniciar fumigaciones contra cultivos ilícitos y bombardeos en municipios antioqueños donde aumentó considerablemente la votación por Iván Cepeda entre la primera y segunda vuelta presidencial.Rordíguez se refirió específicamente al municipio de Campamento, Norte de Antioquia, donde días previos a los comicios se levantaron alertas por presuntos constreñimientos de las disidencias de las Farc."No nos vamos lejos, Campamento. Pasó de 400 votos por Iván Cepeda a 2.500 y todos sabíamos las alertas que habían en el municipio de Campamento de las amenazas de las Farc para que votaran por Iván Cepeda. Podemos arrancar las fumigaciones por ahí, podemos arrancar los ataques del Ejército y la Policía por ahí", declaró el corporado druante una sesión plenaria el apsado 23 de junio. Por este tipo de declaraciones la Defensoría del Pueblo le pidió al concejal Rodríguez retractarse de estas declaraciones, al mismo tiempo que anunciaron la remisión de una petición a la Fiscalía General para que investigue si las palabras del concejal constituyen algún tipo de conducta delictiva.“Señalar territorios como objetivos militares por sus decisiones democráticas, constituyen un discurso incompatible con el Estado social y democrático de derecho. Desconoce la dignidad humana y ponen en riesgo la vida, la integridad y la seguridad de millones de colombianos y colombianos”, dijo la Defensoría remarcando que el ejercicio de un cargo de elección popular no constituye una autorización para promover discursos de odio.
Las autoridades colombianas dieron un nuevo golpe contra el crimen transnacional con la captura en Medellín de uno de los delincuentes más buscados por la justicia chilena.Se trata del ciudadano venezolano Eduardo Antonio Gómez Arévalo, conocido como 'Guayo', señalado de integrar estructuras criminales responsables de homicidios y otros hechos de extrema violencia en ese país.La detención fue realizada por la Dirección de Investigación Criminal y la Interpol, luego de un trabajo de inteligencia que permitió ubicar al fugitivo en la capital antioqueña. Al momento del procedimiento, el hombre intentaba ocultar su verdadera identidad: no portaba documentación y utilizaba datos falsos con el propósito de burlar los controles migratorios y evitar ser detectado por las autoridades internacionales.Sobre alias 'Guayo' pesaba una notificación roja de Interpol emitida por la justicia chilena, quienes lo requieren para responder por una serie de delitos de alto impacto. Entre ellos figura el feminicidio de su compañera sentimental, a quien, según la investigación, habría ultimado con arma de fuego. Además, enfrenta procesos por homicidios frustrados y múltiples ataques armados que dejaron varias personas muertas y heridas.Las pesquisas también lo ubican como uno de los presuntos coordinadores de las operaciones delictivas del Tren del Coro en territorio chileno, organización señalada de ejecutar acciones violentas mediante el uso de armas de fuego de alto calibre para atacar a grupos rivales y consolidar su control criminal.Tras su captura, alias 'Guayo' quedó a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelanta el trámite correspondiente mientras el Gobierno de Chile formaliza la solicitud de extradición para que responda ante la justicia por el amplio prontuario criminal que se le atribuye.
