La Corte Suprema de Justicia condenó a 173 meses y 7 días de prisión, más de 14 años, al exgobernador encargado del Chocó Roger Pastor Mosquera Lozano, como responsable del delito de peculado por apropiación en favor de terceros, es decir, que aprovechando su cargo, permitió y facilitó que recursos o bienes del Estado fueran utilizados indebidamente por otra persona.
Ante el caso, la Sala Especial de Primera Instancia le impuso una multa de $822.040.529 y lo inhabilitó para ejercer derechos y funciones públicas durante el mismo periodo de la condena. También deberá pagar, de manera solidaria, $4.092.732.928 por daños y perjuicios materiales al Gobierno.
La decisión también establece una inhabilidad de carácter intemporal, prevista en el artículo 122 de la Constitución Política, que le impide de manera permanente desempeñar funciones públicas. La Corte, sin embargo, lo absolvió del delito de fraude procesal por el que también había sido procesado. De esta forma, la Sala negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.
Los hechos que dieron origen al proceso están relacionados con la Resolución 2134 de 2006, expedida por Mosquera Lozano cuando se desempeñaba como gobernador encargado del Chocó. Mediante ese acto administrativo ordenó el pago de $55.737.593 a favor del Fondo de Empleados de la Gobernación del Chocó.
Luego, dentro de un proceso ejecutivo laboral, se produjo el cobro de recursos del departamento. Según la Corte, con la actuación del exgobernador y la aquiescencia del entonces juez Primero Laboral del Circuito de Quibdó, se permitió la apropiación indebida de $822.040.529 a favor del fondo.
“Bien había podido el procesado abstenerse de ejecutar los comportamientos típicos, pero en su lugar, decidió allanar el camino para que el proceso ejecutivo laboral tuviera el cauce ilegal que con la aquiescencia del exjuez Mena Castillo tomó esa actuación procesal, con las consecuencias negativas que desde el punto de vista pecuniario tuvo que soportar el departamento del Chocó”, se lee en la sentencia.
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Con esta decisión, la Corte Suprema determinó la responsabilidad penal de Roger Pastor Mosquera Lozano por la apropiación indebida de recursos públicos en favor de terceros y estableció las consecuencias económicas y administrativas derivadas de su conducta.