El gerente del Hospital Cari de alta Complejidad, Ulahy Beltrán López, se habría extralimitado en sus funciones y, además, puede haber indicio de direccionamiento en el proceso de contratación con un operador privado por 15 años, concluyó el informe de la Contraloría General tras su inspección a este centro asistencial, el más importante del Atlántico.
Según el ente de control, no se encontró evidencia documental de la autorización de la Junta Directiva del hospital para realizar el proceso de contratación directa que derivó en la suscripción del contrato 690 de 2019. Con dicho contrato, se entregó la operación de la sede de Alta Complejidad al Consorcio Gestor Hospitalario del Caribe por quince años.
La Contraloría consideró también que puede haber indicio de direccionamiento de la actividad contractual con miras al favorecimiento del oferente beneficiado.
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Entre los hallazgos más determinantes sobre este polémico contrato figura que no se cumplió con el obligatorio programa de saneamiento fiscal y financiero para las empresas sociales del Estado”, pudiendo existir compromiso de responsabilidad del representante legal y del revisor fiscal del hospital.
La Contraloría considera necesario establecer si asiste responsabilidad de los miembros de la Junta Directiva del hospital, Guido Santander, Eusebio Consuegra y Álvaro Sánchez, partícipes de la comisión designada por esa junta para hacerle seguimiento al desarrollo del proceso de selección del operador, sin evidenciarse pronunciamiento alguno de su parte con respecto a los hechos analizados por este organismo de control.
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El contrato deja al resorte del hospital el pago de los gastos administrativos, y, por otro lado, los ingresos proyectados en el modelo de la propuesta son desproporcionados e injustificados, puesto que no permiten establecer la forma como el operador va a lograr un incremento de la venta de servicios para obtener unos ingresos que le permitan pasar de una facturación de $14.980.590.000 en 2018 (hospital), a una de mínimo $134.180.411.111 (operador), y así poder garantizar el cumplimiento de la cláusula de forma de pago, de manera tal que el hospital reciba los $12.076.237.000 esperados en el primer año del contrato, correspondientes al 9% de la facturación anual del operador.
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La conclusión en este punto es que no resulta coherente un escenario financiero como el planteado.
Para la Contraloría es sospechoso que en un lapso tan corto como el comprendido entre el 23 y el 27 de diciembre de 2019, cuando el gerente Beltrán López firmó el contrato, se hubiese procedido a la conformación del consorcio oferente, la presentación de la oferta del caso, la evaluación de la misma y la correspondiente contratación.
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La gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera De la Espriella, ha sido la más dura crítica de esta contratación directa, ya que no fue consultada a pesar de que faltaban cinco días para su posesión y, según ella, se hizo de espaldas a las autoridades.
La semana pasada la sede del Cari de Alta Complejidad fue cerrada por la Secretaría de Salud del Distrito al no cumplir con los requisitos para la prestación de los servicios de salud. El hospital, que en su momento fue el más importante de la red pública del Atlántico, se encuentra sumido hace décadas en una profunda crisis económica e institucional.
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