El Ministerio de Trabajo incluyó como enfermedad laboral al COVID-19, por medio del decreto 676, para los trabajadores del sector de la salud, incluyendo al personal administrativo, de aseo, vigilancia y de apoyo que preste servicios en las diferentes actividades de prevención, diagnóstico y atención de esta enfermedad.
El decreto señala que hasta tanto permanezcan los hechos que dieron lugar a la emergencia económica, social y ecológica, las ARL deberán asumir los costos que se deriven de las pruebas de tamizaje y pruebas diagnósticas que se realicen a los trabajadores dependientes o independientes vinculadas a través de un contrato de prestación de servicios del sector salud.
Por su parte, el contratante debe cumplir con las normas del Sistema General de Riesgos Laborales, dentro de las que se encuentra: reportar a la ARL los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, investigar todos los incidentes y accidentes de trabajo, realizar actividades de prevención y promoción, incluir a las personas que les aplica la presente sección en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otros.
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Finalmente, en el decreto, además, reitera que las ARL deberán contribuir con la financiación y/o con la entrega de los elementos de protección personal de sus afiliados, cuando estos correspondan a personal de salud incluyendo al personal administrativo, de aseo, vigilancia y de apoyo que preste servicios en las diferentes actividades de prevención, diagnósticos y atención del COVID - 19 y que estén vinculados mediante contrato de prestación de servicios, aplicando criterios de priorización de acuerdo con el nivel de exposición al riesgo.
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