Presupuesto de Colombia

La Contraloría General de la República alertó sobre una desfinanciación de $30,2 billones en el Proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027, al señalar que los gastos previstos superan los ingresos estimados. El organismo de control hizo un llamado al Congreso para que, durante el trámite legislativo, garantice un presupuesto respaldado por ingresos ciertos y fiscalmente sostenible.Según el análisis de la entidad, el presupuesto proyectado asciende a $575,7 billones, mientras que los ingresos estimados alcanzan $545,5 billones, lo que deja una brecha de financiación que, advierte la Contraloría, compromete la estabilidad de las finanzas públicas si no se ajusta el gasto o se aseguran nuevas fuentes de recursos.El órgano de control explicó que el mayor incremento del gasto corresponde al servicio de la deuda pública, que crecería un 17,5 % frente a 2026, al pasar de $100,4 billones a $118 billones. En contraste, los recursos destinados a funcionamiento e inversión tendrían aumentos de apenas 0,5 %, lo que limita la capacidad del Estado para impulsar proyectos de desarrollo. Además, los ingresos corrientes disminuirían un 3,4 %, aumentando la dependencia de otras fuentes de financiación.En cuanto a la distribución de los recursos, los ministerios con mayores asignaciones serían Educación, con $79,03 billones; Salud y Protección Social, con $77,20 billones; y Trabajo, con $52,31 billones. Entretanto, entidades como el Fondo Adaptación, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Ministerio de Igualdad en liquidación, Fonvivienda y la Agencia Nacional de Hidrocarburos registrarían las mayores reducciones presupuestales.La Contraloría también expresó preocupación por la reducción en el recaudo del Sistema General de Regalías, situación que afectaría la financiación de proyectos de inversión en 1.030 municipios y los 32 departamentos, además de comprometer obras, servicios y pagos a contratistas. El organismo advirtió que esta disminución también podría limitar su capacidad para ejercer vigilancia sobre esos recursos, debido a que parte de su planta especializada depende de esa misma fuente de financiación.Finalmente, la entidad insistió en que el país necesita un presupuesto “íntegramente financiado, transparente, sostenible y orientado a resultados”, y reiteró que el debate en el Congreso debe corregir los riesgos identificados para garantizar el cumplimiento de los compromisos del Estado.

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