El Gobierno Nacional radicó ante el Congreso el anteproyecto del Presupuesto General de la Nación para 2027, con el que arranca oficialmente la discusión sobre cómo se distribuirán los recursos del país en el próximo año. La propuesta fue presentada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y servirá como base para construir el presupuesto definitivo.El documento se elaboró teniendo en cuenta un crecimiento estimado de la economía del 2,6 % para 2026 y cercano al 3 % para 2027, lo que refleja una expectativa de recuperación moderada impulsada por el aumento de la actividad tanto interna como externa.Este primer borrador recoge la información de ingresos y gastos de todas las entidades del Estado, consolidada en el sistema financiero del Gobierno, y marca el punto de partida para definir cuánto dinero recibirá cada sector.Según lo planteado, el presupuesto priorizará las principales apuestas del Gobierno incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo, enfocadas en mejorar las condiciones de vida de la población, fortalecer la seguridad, avanzar en la protección del medio ambiente y promover un cambio hacia una economía más productiva.A partir de ahora, se abrirá un proceso de trabajo conjunto con el Congreso, en el que se realizarán mesas sectoriales durante los próximos meses para revisar las necesidades de cada área y ajustar la distribución de los recursos.La versión definitiva del presupuesto será presentada el 29 de julio de 2026, fecha en la que se conocerá el proyecto final que definirá el manejo de las finanzas públicas del país en 2027.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, alertó sobre un recorte presupuestal para la entidad en 2027, equivalente al 11 % del presupuesto total, lo que, según advirtió, tendría un impacto directo en su capacidad de operación y atención en el país.De acuerdo con las cifras, en el presupuesto total para funcionamiento, los recursos bajarían de más de 1,10 billones a alrededor de 995 mil millones de pesos, mientras que en inversión se registraría una reducción de 85.610 millones a 66.403 millones de pesos.“Para el próximo año, el Gobierno Nacional ha puesto un nuevo techo para la Defensoría que implicaría, de mantenerse, una nueva reducción del presupuesto. Esto quiere decir que pasaríamos de tener en inversión 85.610 millones a 66.403 millones de pesos”, explicó la defensora.Este comportamiento, según la Defensora, mantiene una tendencia de reducción que comenzó en 2024, luego de más de una década de crecimiento sostenido en los recursos de la entidad. En ese sentido, advirtió que, de mantenerse este escenario, la Defensoría contaría apenas con el 40 % del presupuesto de inversión que tenía en 2024.Marín también explicó cómo este recorte ya se está reflejando en el territorio. “La primera restricción es en misiones a terreno. Esto se refleja en viáticos y comisiones de los equipos humanitarios que se desplazan a las zonas más apartadas del país, y eso ya se ha venido reduciendo”, señaló.Además, indicó que se han frenado proyectos clave, como la apertura de nuevas casas de derechos, espacios de atención comunitaria en zonas vulnerables, y que algunas de las existentes operan con menos personal del requerido.También advirtió que podría haber una reducción en el número de defensores públicos, lo que tendría un impacto directo en el sistema judicial. A esto se suma el riesgo para programas dirigidos a jóvenes en contextos de vulnerabilidad, especialmente aquellos enfocados en prevención de reclutamiento y acompañamiento en salud mental.Ante este panorama, la defensora envió una carta al ministro de Hacienda, Germán Ávila, solicitando reconsiderar el techo presupuestal asignado y mantener, al menos, los niveles de 2024.En el documento, la entidad advierte que “la asignación informada no permite garantizar la sostenibilidad operativa, la continuidad en la prestación de los servicios misionales ni el cumplimiento efectivo de los compromisos institucionales”.Asimismo, señala que la reducción de recursos “impacta de manera directa el cumplimiento de las funciones misionales y limita la capacidad institucional para garantizar la atención y protección efectiva de derechos”.La Defensoría también enfatiza que este recorte se da en un contexto de aumento en la demanda de sus servicios, asociado a mayores vulneraciones de derechos humanos y conflictividades territoriales, lo que, advierte, podría traducirse en menor cobertura, reducción de presencia institucional y afectaciones directas a poblaciones vulnerables.Finalmente, señaló que ya hubo un primer acercamiento con el Gobierno Nacional para revisar la situación y expresó su expectativa de que se reevalúe la decisión.
El Consejo Gremial Nacional, en representación de más de 30 gremios de la producción, le pide a la Corte Constitucional que suspenda de inmediato el decreto que establece el impuesto al patrimonio para las compañías que en Colombia tienen más de 10.400 millones de pesos en patrimonio.El impuesto fue decretado al amparo de la emergencia económica, declarada por cuenta de las lluvias en el norte del país que han dejado más de 335.000 personas afectadas, especialmente en el departamento de Córdoba."Colombia está a menos de 10 días de un deterioro económico sin precedentes, si se mantiene el impuesto al patrimonio para personas jurídicas, establecido en el Decreto Legislativo 173 de 2026. Miles de empresas no podrán pagar dicho tributo injusto y terminarán por quebrarse. Por eso debemos diferenciar lo que sería un recaudo eficiente versus este intento de asfixiar al tejido productivo", señaló la presidenta del Consejo Gremial Nacional Natalia GutiérrezSegún el CGN, miles de compañías ya se han visto obligadas a tomar créditos costosos o a suspender decisiones de inversión y nuevas contrataciones de empleados por cuenta de la obligación de pagar este impuesto. La obligación no solo afectará a aquellas empresas que están teniendo un buen año 2026, sino incluso a las que tienen pérdidas, porque no se están grabando las utilidades, sino el patrimonio."No es la primera vez que el Gobierno Nacional hace uso de los estados de excepción para decretar impuestos, aumentar su recaudo y minimizar el impacto de su desfalco al Presupuesto General de la Nación", agregan los empresarios.Vale recordar que la emergencia por lluvias es la segunda emergencia económica declarada en 2026. La primera emergencia fue declarada por cuenta del hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso de la República, que según el gobierno estaba causando una crisis fiscal.La primera emergencia económica está actualmente suspendida por parte de la Corte Constitucional y la petición de los gremios hoy es que ese análisis que llevó a la suspensión de la primera emergencia económica se aplique para la segunda. El argumento es que no hay hechos sobrevivientes ni nuevos e incluso las lluvias ya habían sido consideradas por el gobierno como una situación de desastre hace un año.En el documento de 33 páginas enviado a la Corte, los empresarios advierten que se está creando un "patrón de abuso sistemático de la figura del estado de excepción durante el actual Gobierno, que ha acudido a esta herramienta extraordinaria en al menos cuatro (4) ocasiones".Los empresarios critican además que la imposición del impuesto al patrimonio para las compañías se da en un contexto en el que el gobierno nacional se ha negado a recortar su propio presupuesto y continúa elevando los gastos burocráticos.
La discusión sobre la financiación de los presupuestos máximos del sistema de salud volvió a tomar fuerza tras publicaciones en redes sociales que advertían una supuesta insuficiencia de recursos para 2026. Frente a esto, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) emitió un comunicado en el que aseguró que no existe desfinanciación.De acuerdo con la entidad, entre 2023 y 2025 se destinaron 11,66 billones de pesos para financiar servicios y tecnologías no incluidos en la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Para 2026, la apropiación inicial asciende a 2,87 billones de pesos, cifra que, según la ADRES, es superior a la asignada en años anteriores al inicio de cada vigencia.La entidad explicó que los presupuestos máximos se asignan cada enero con una partida aprobada por el Ministerio de Hacienda, luego de garantizar los recursos de la UPC. A partir del segundo mes del año se realizan adiciones presupuestales progresivas, definidas junto con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda, hasta completar la necesidad anual.En el comunicado se señala que en los últimos tres años no ha existido limitación presupuestal para la ejecución de estos recursos y que los giros se han realizado conforme a las disposiciones del Ministerio de Salud. También se indicó que algunos retrasos en pagos han obedecido a demoras en la postulación del mecanismo de giro directo por parte de ciertas EPS.En medio del debate, algunas sociedades han manifestado que los recursos asignados resultan suficientes para cubrir las obligaciones previstas, siempre que se mantenga la programación de adiciones durante el año. Estas organizaciones hicieron un llamado a cumplir y acatar los fallos emitidos por la Corte Constitucional en materia de garantía del derecho a la salud, en especial aquellos relacionados con la continuidad en la prestación de servicios y el suministro de tecnologías no financiadas con la UPC.El Gobierno, por su parte, sostiene que el esquema de asignación garantiza la disponibilidad de recursos durante la vigencia y que el sistema cuenta con los mecanismos para responder a las necesidades que se presenten a lo largo del año.
El presidente Gustavo Petro anunció, a través de X, que el presupuesto para 2026 tendrá un nuevo recorte por 16 billones de pesos. La información fue revelada mediante un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, en el que el mandatario confirmó que este será el tercer ajuste fiscal realizado durante su administración, en medio de las presiones sobre las finanzas públicas.Según explicó el jefe de Estado, el Gobierno ya había aplicado dos recortes previos: uno por 12 billones de pesos y otro por 16 billones. Con el nuevo ajuste anunciado, el monto total de los recortes asciende a 44 billones de pesos corrientes. Petro reconoció que esos recursos pudieron haberse destinado a programas en beneficio de la población, pero sostuvo que las condiciones fiscales obligaron a tomar estas decisiones.El anuncio se da en un contexto de debate por el déficit fiscal y el manejo de las cuentas públicas, en el que el presidente ha señalado de manera reiterada decisiones adoptadas en gobiernos anteriores y fallos judiciales como responsables del deterioro del balance fiscal. No obstante, en su mensaje no precisó cómo se hará el nuevo recorte, qué sectores se verán afectados ni en qué momento se aplicará dentro del ciclo presupuestal de 2026.Petro insistió en que los ajustes responden a una situación estructural del déficit y al peso del endeudamiento, y planteó que los recortes no han sido suficientes para contrarrestar lo que considera efectos negativos de la política económica y fiscal heredada. Aun así, el anuncio del nuevo ajuste pone en el centro de la discusión el tamaño real del presupuesto para 2026 y el margen de maniobra del Gobierno en un año clave para la ejecución de políticas públicas.
En medio de un debate nacional sobre el déficit fiscal y el aumento del gasto público, la directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Natalia Molina, aseguró que el incremento en el presupuesto no representa un derroche, sino una inversión social estratégica en sectores como educación, salud y salarios dignos para los colombianos.En entrevista en Mañanas Blu 10:30, Molina explicó que la percepción de “gasto excesivo” no considera que la mayor parte de los recursos se destinan a programas sociales y obligaciones legales adquiridas por el Estado. “El 90% del gasto del gobierno central es inflexible y responde a sentencias judiciales o a rentas de destinación específica. Esto incluye educación, salud y remuneraciones que garantizan la dignidad de los trabajadores, como soldados y médicos internos”, detalló.La directora también se refirió a las críticas sobre el aumento de la nómina estatal y la creación de nuevos cargos. Frente a esto, Molina explicó que la recomposición del gasto público ha trasladado recursos de inversión a funcionamiento, con el objetivo de asegurar la continuidad de proyectos sociales, como la gratuidad de la educación superior para estudiantes de estratos 1, 2 y 3, y la mejora de la red hospitalaria pública, incluyendo el Hospital San Juan de Dios, que recibió 167.000 millones de pesos del Gobierno nacional.Sobre la acusación de que la política de economía expansiva del presidente Gustavo Petro incrementa el gasto sin control, Molina señaló que estas medidas buscan reactivar la economía y generar productividad. “Es como cuando una familia pide un crédito para comprar vivienda: incrementa su gasto, pero al final obtiene un activo que genera beneficio a largo plazo. El gasto público social funciona de manera similar”, argumentó.En cuanto al déficit fiscal, Molina explicó que la cifra estructural supera los 110 billones de pesos y que medidas como los decretos de emergencia económica, por 1,6 billones de pesos, solo representan una parte limitada del esfuerzo financiero. Según la directora, el Gobierno busca financiar el gasto social mediante una estructura tributaria progresiva, aplicando mayores impuestos a los contribuyentes de mayores ingresos, aunque esta estrategia ha sido objeto de debate en el Congreso y entre economistas.Durante la entrevista, la periodista planteó varias preguntas sobre la legitimidad del aumento del gasto público, la política de economía expansiva y la refinanciación de deuda, temas que Molina abordó vinculando los incrementos de gasto con la necesidad de sostener programas sociales y reactivar la economía. Sin embargo, no se presentó un consenso claro sobre si estas decisiones impactan positivamente o generan mayores riesgos fiscales.
El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, aseguró que tras la suspensión del decreto de emergencia económica por parte de la Corte Constitucional, el gobierno debe aplicar un ajuste directo al Presupuesto General de la Nación, en lugar de buscar mecanismos extraordinarios para crear o mantener impuestos.Según el dirigente gremial, la decisión del alto tribunal marca un límite claro al uso de decretos para imponer cargas tributarias sin trámite legislativo.Mac Master calificó como “muy importante” la determinación de la Corte y sostuvo que existía preocupación por la forma en que fue expedido el decreto. “Había un comportamiento del Gobierno que todos habíamos previsto, diseñado para que justamente entrara en vigencia cuando el Congreso terminaba funciones y cuando las Cortes y el aparato judicial entraban en vacancia”, afirmó.A su juicio, esa coincidencia de fechas fue vista por juristas como “una forma de abuso del derecho”, pues permitía que medidas posiblemente inconstitucionales se aplicaran de manera temporal bajo la presunción de legalidad.El dirigente gremial señaló que el fallo no solo impacta al actual gobierno, sino que fija un precedente institucional. “Le pone una cortapisa importante al Ejecutivo, no solamente a este gobierno sino al de aquí en adelante, para que no haga uso de estas estrategias de calendario para tratar de afectar a los contribuyentes”, dijo.También rechazó que la emergencia económica estuviera orientada a proteger a poblaciones vulnerables. “No es cierto que hubiera sido diseñada para favorecer políticas sociales; la verdad es que estaba afectando a una gran cantidad de ciudadanos en muchísimos rubros”, sostuvo, mencionando impactos en IVA y consumo que, según él, también habían sido advertidos por gobernadores y alcaldes.Sobre cómo reemplazar los recursos que el Ejecutivo esperaba recaudar con los impuestos ahora suspendidos, Mac Master fue enfático en que la norma presupuestal ya establece el camino. “El Estatuto Orgánico de Presupuesto dice que cuando no se aprueba una ley de financiamiento, lo que le corresponde al gobierno es ajustar el presupuesto”, explicó.Recordó que el gasto público ha crecido con fuerza en los últimos años: “El presupuesto de Colombia es hoy, en términos reales, el más alto de la historia. Creció más del 51 % en términos nominales en tres años”, y agregó que ese aumento ha estado acompañado de mayores plantas de personal y gastos en distintos frentes administrativos y diplomáticos.Frente a los impuestos que alcanzaron a cobrarse durante la vigencia inicial del decreto, el presidente de la Andi advirtió que difícilmente habría devoluciones. “Yo entiendo que los impuestos cesan con la decisión de la Corte, pero seguramente no le van a devolver a los colombianos lo que pagaron durante un mes. Según cálculos que he oído, fueron más de un billón de pesos”, afirmó.Para Mac Master, aunque ese dinero no regresaría a los contribuyentes, la suspensión evita que la carga continúe y refuerza, según dijo, el equilibrio entre poderes y el respeto por el trámite legislativo en materia tributaria.
El médico epidemiólogo Luis Jorge Hernández, coordinador del Observatorio de Salud Pública y Epidemiológica de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, advirtió en Noticias de la Mañana de Blu Radio sobre las graves consecuencias que tendría la reducción del presupuesto nacional destinado a la vacunación.Según explicó, el recorte afectaría vacunas clave del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), entre ellas la triple viral (sarampión, rubéola y paperas), BCG, pentavalente, vacunas para gestantes, influenza, neumococo y tosferina, justo en un momento en el que el país no ha logrado coberturas superiores al 95 %, el mínimo recomendado para evitar brotes.Ministerio reconoce reducción y genera incertidumbreHernández aseguró que el Ministerio de Salud de Colombia reconoció que solo entregó una cuarta parte de los recursos solicitados, lo que resulta insuficiente para garantizar la vacunación en todo el país.Aunque la cartera ha mencionado la posibilidad de acudir al Fondo Rotatorio de la OPS, no está claro de dónde saldrán los recursos ni cómo se sostendrá el programa en 2026 y 2027.El epidemiólogo alertó además por la ausencia de vacunación contra dengue, la persistencia del brote de fiebre amarilla, el aumento de influenza AH3N2 y el riesgo de ingreso de sarampión, tras casos reportados en Estados Unidos, México y el Cono Sur."Si las cifras ya venían bajitas, van a bajar aún más"De acuerdo con las proyecciones oficiales, muchos territorios no alcanzan actualmente las metas mínimas de vacunación. En adultos mayores, la cobertura contra influenza es inferior al 30 % y contra neumococo menor al 20 %. Hernández advirtió que, con el recorte, estas cifras podrían caer entre un 20 % y un 30 % adicional, aumentando el riesgo de enfermedad grave y mortalidad.Además, el especialista aseguró que, al no haber una respuesta contundente por parte del Ministerio y del gobierno, el desabastecimiento para 2027 subiría aún más, como consecuencia de la falta de vacunas esenciales para pacientes de alto riesgo.También denunció la escasez de vacunas contra COVID-19, disponibles únicamente para gestantes, pese a que los mayores de 60 años deberían contar con varias dosis y refuerzos.Colombia está "rezagada" y no soporta una nueva pandemiaHernández insistió en que el recorte presupuestal pone en riesgo la capacidad del país para responder no solo a brotes actuales, sino también a eventuales nuevas pandemias. En ese sentido, recalcó que Colombia está "rezagada" en producción y modernización de vacunas, lo que limita su autonomía sanitaria.Señaló que, aunque la fase de emergencia por COVID-19 terminó, la pandemia no ha desaparecido y el sistema de vacunación debería mantenerse fortalecido, especialmente para poblaciones de riesgo como adultos mayores, niños y gestantes.Finalmente, Hernández hizo un llamado directo al Ministerio de Salud de Colombia para que gestione de manera urgente los recursos necesarios y garantice la continuidad del Plan Ampliado de Inmunizaciones e hizo un llamado a los colombianos a exigir su vacuna en las EPS, recordando que la vacunación es una responsabilidad colectiva y una herramienta clave para evitar muertes prevenibles.Escuche la entrevista completa aquí:
En un desafío abierto a las recientes políticas fiscales del Gobierno Nacional, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, oficializó su rechazo al Decreto 1474 de 2025, sumándose a la rebelión jurídica liderada por la Federación Nacional de Departamentos (FND). La controversia, que ha escalado a un choque de trenes institucional, se centra en las medidas que incrementan el IVA a los licores del 5% al 19% y establecen un polémico “techo” al recaudo regional.Para el mandatario santandereano, estas determinaciones no son simples ajustes técnicos, sino un golpe seco a las finanzas del departamento. Según el comunicado oficial de la Gobernación, Díaz Mateus advierte que estas decisiones “presionan las finanzas departamentales y pueden afectar la inversión y la capacidad de respuesta en sectores esenciales como la salud, la educación y el deporte”.La mayor indignación de los gobernadores radica en el artículo 15 del decreto, que obliga a las regiones a girar a la Nación cualquier excedente de recaudo que supere el IPC del año anterior. En Santander, donde el impuesto al consumo de licores es una columna vertebral del presupuesto (con recaudos superiores a los $21.400 millones en 2024), esta medida es vista como un asalto desde la centralización.Expertos del sector advierten que el incremento del IVA y del impuesto al consumo podría elevar el precio de una botella de licor hasta en un 50%, lo que, en palabras de los mandatarios, "abriría la puerta al contrabando y la adulteración", destruyendo la base gravable de los territorios.Ante lo que consideran un atropello a la autonomía territorial, Santander respalda la solicitud de un espacio ante la Corte Constitucional para exponer los efectos reales de estas medidas. No se descarta el uso de la excepción de inconstitucionalidad, una figura que permitiría a los gobernadores inaplicar el decreto por considerarlo contrario a la Carta Magna, una ruta que ya anunció su homólogo de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y otros gobernadores del país.La respuesta del Gobierno no se hizo esperar. El ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó la postura de los mandatarios como un "mal ejemplo" y una usurpación de funciones, lanzando incluso advertencias sobre posibles denuncias por prevaricato.Frente a estos señalamientos, el Gobierno de Santander fue enfático en exigir respeto por la institucionalidad regional, señalando que las descalificaciones “afectan el clima de diálogo y desconocen el mandato ciudadano”. La crisis tendrá un capítulo definitivo el próximo 19 de enero, fecha en la que se llevará a cabo una reunión clave entre los gobernadores y el Ministerio de Hacienda para intentar frenar lo que las regiones han denominado un “raponazo” a sus recursos.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), a la cabeza de Cielo Rusinque, se refirió al control de precios en el país tras el reciente aumento del salario mínimo. En diálogo con Mañanas Blu, la funcionaria enfatizó que la labor de la entidad no es fijar precios de manera arbitraria, sino ejercer la inspección, vigilancia y control que le otorga el marco constitucional y legal. Vigilancia sin fijación de preciosAnte la inquietud de si la SIC se convertirá en una "policía de precios", Rusinque aseguró que la entidad no tiene la facultad de establecer cuánto debe costar un producto. "Nosotros no fijamos precios. Nosotros vigilamos que no se infrinja el régimen en materia de libre competencia, de derechos del consumidor y en la especulación eventual", afirmó la superintendente. Según explicó, el objetivo es evitar que se presenten acuerdos de cartelización o aprovechamientos ilegales que distorsionen el mercado bajo la excusa del aumento salarial.¿Qué define un aumento "irracional"?Uno de los puntos de mayor debate fue la definición de un aumento de precios irracional. Rusinque aclaró que un incremento se considera así "cuando no corresponde a los costos de producción de los bienes y servicios". Para determinar esto, la SIC cuenta con equipos interdisciplinarios de economistas, abogados y contadores que realizan monitoreos e investigaciones técnicas basadas en material probatorio, y no en decisiones personales o arbitrarias.La funcionaria sostuvo que, según cifras del DANE, los costos de producción cerraron el año anterior con una tendencia a la baja (-2.6%), a pesar de aumentos históricos previos en el salario mínimo,. Por ello, argumenta que no hay una justificación técnica para que el reajuste salarial se traslade automáticamente a los precios al consumidor.Lupa sobre el sector construcción y viviendaUno de los temas abordados fue el de la Vivienda de Interés Social (VIS). La SIC y el Ministerio de Vivienda emitieron una circular que prohíbe pactar precios en salarios mínimos, exigiendo que se establezcan en pesos colombianos para brindar claridad al consumidor. "Tenemos en este momento investigaciones en curso preliminares de constructoras que no estaban dando cumplimiento a esa normativa", reveló Rusinque, subrayando que estas indagaciones buscan resarcir tanto el interés particular de los afectados como el interés general.Escuche aquí la entrevista:
En Cali, la comunidad venezolana, autoridades, organismos de socorro y la ciudadanía en general continúan uniendo esfuerzos en solidaridad para brindar ayuda a las familias damnificadas por el terremoto en el vecino país.Desde la seccional Valle de la Cruz Roja, por ejemplo, se habilitó la línea de emergencia 132 y una línea de WhatsApp para ayudar a los venezolanos que residen en la capital vallecaucana a ubicar a sus familiares con quienes todavía no han podido comunicarse.Este sábado, especialmente, se desarrolla una jornada en la plazoleta Jairo Varela, donde se brindará apoyo a quienes aún no tienen información sobre sus seres queridos. También se ofrecerá acompañamiento psicosocial."Si necesitan información para buscar familiares o allegados que estén perdidos en Venezuela, pueden escribir a la línea de WhatsApp 310-279-5325. Esta es una línea de la Cruz Roja Colombiana. Para las personas que quieran hacer donaciones para apoyar a los hermanos venezolanos en medio de esta tragedia, los invitamos a que visiten las redes de la Cruz Roja Colombiana y que lo hagan a través de la Cruz Roja para estar seguros de que lo que aporten llegue al destino indicado", aseguró el alcalde Alejandro Eder.Mientras tanto, la Fundación Unidos Colombia y Venezuela (FunColVen) continúa recolectando ayudas humanitarias en Cali para enviarlas lo más pronto posible a Cúcuta y, desde allí, transportarlas al vecino país. Hay que tener en cuenta que, según el más reciente censo realizado por la Alcaldía, en Cali residen más de 130 mil ciudadanos venezolanos.
Ante la probable llegada de un nuevo Fenómeno del Niño en Colombia, las empresas ya buscan alternativas para protegerse frente a posibles dificultades en el suministro eléctrico y evitar de esa manera aumentos en sus costos de operación.Una de las soluciones que ha tomado fuerza es combinar la energía solar con sistemas de almacenamiento energético, una tecnología que permite a las empresas generar, guardar y utilizar electricidad de manera más eficiente.Estas herramientas tienen la tarea de reducir la dependencia de la energía eléctrica tradicional y brindar mayor autonomía en los momentos en los que el sistema pueda enfrentar problemas debido a la alta demanda o condiciones climáticas que afecten la generación de energía en el país.El almacenamiento energético y la generación distribuida son algunas de las opciones para las empresas que necesitan garantizar que sus procesos continúen sin interrupciones. Debido a ello, sectores como salud, telecomunicaciones, centros de datos e industria manufacturera aparecen como los más interesados, debido a que una falla eléctrica podría representar pérdidas importantes, así como afectaciones en servicios esenciales.Energía solar reduce consumo de red eléctricaLas empresas pueden implementar soluciones mediante dos modelos principales. El primero es el sistema conectado a la red, conocido como In-Grid, donde la energía solar y el almacenamiento funcionan como apoyo al suministro convencional.Con este modelo, las compañías pueden cubrir parte de su consumo energético y disminuir la cantidad de electricidad que toman directamente de la red pública.Por su parte, la otra alternativa es el sistema autónomo o Off-Grid, diseñado para operar sin depender completamente de la infraestructura eléctrica tradicional. Esta opción puede ser útil para instalaciones ubicadas en zonas apartadas o para actividades que necesitan energía constante durante toda la operación.De acuerdo con especialistas, dependiendo del tamaño del proyecto, las condiciones del lugar y las necesidades de consumo, algunas empresas podrían alcanzar ahorros que cubran hasta el 100 % de sus requerimientos energéticos.Además de la reducción en costos, estas tecnologías ofrecen respaldo ante posibles interrupciones y permiten una administración más eficiente del consumo eléctrico.Empresas se alistan para la llegada del Fenómeno del NiñoLa llegada de un Super Fenómeno del Niño genera preocupación por el impacto que podría tener sobre la infraestructura energética del país. Por esta razón, varias compañías analizan inversiones que les permitan anticiparse ante escenarios de presión sobre la red.Alexandra Rasch, CEO y fundadora de Caban Energy, explicó que el sector productivo necesita avanzar hacia modelos energéticos más preparados y sostenibles.“Hoy más que nunca es necesario que Colombia fortalezca sus alternativas energéticas y avance hacia modelos más inteligentes que permitan anticiparse a posibles escenarios de presión sobre la red eléctrica”, señaló.La directiva destacó que estas soluciones buscan ayudar a las empresas a mantener sus operaciones incluso en situaciones complejas, mientras se impulsa una infraestructura energética con mayor eficiencia.
Las Fuerzas Militares de Colombia se sumaron a las labores de atención de la emergencia en Venezuela con el envío de personal especializado y equipos de búsqueda y rescate a las zonas afectadas por los terremotos.En diálogo con Noticias de la Mañana de Blu Radio, el jefe de Estado Mayor de Planificación Estratégica del Comando General de las Fuerzas Militares, el general Adolfo Hernández, explicó que la operación hace parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, liderado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en coordinación con Bomberos, la Defensa Civil y la Policía Nacional.El oficial informó que la Fuerza Aeroespacial Colombiana trasladó dos aviones Hércules desde Bogotá hasta Maiquetía, Venezuela, con el equipo Usarcol, conformado por 63 rescatistas, entre ellos personal de Bomberos, Defensa Civil y miembros de las Fuerzas Militares.Además, fueron transportadas 13,4 toneladas de equipos especializados para las labores de búsqueda y rescate. El contingente militar colombiano está integrado por cinco uniformados, cuatro de ellos guías caninos con sus respectivos perros de búsqueda, un oficial veterinario y un suboficial encargado del apoyo logístico.Según explicó el general Hernández, los rescatistas fueron desplegados principalmente en La Guaira, una de las regiones más golpeadas por los sismos, donde concentran los esfuerzos para localizar personas desaparecidas.El alto oficial agregó que el Ejército Nacional mantiene disponible un segundo equipo de respuesta, que podrá ser enviado si las autoridades lo solicitan para reforzar las operaciones en territorio venezolano.Por ahora, la ayuda colombiana se ha centrado en las capacidades de búsqueda y rescate. Sobre el envío de asistencia humanitaria adicional, Hernández precisó que "hasta el momento la ayuda ha sido con los equipos de rescate y los equipos propios que tienen para su actividad y el desarrollo de las búsquedas", mientras se evalúan las necesidades planteadas por las autoridades venezolanas.Al finalizar la entrevista, el general expresó la solidaridad de Colombia con las víctimas de la tragedia y reiteró el compromiso de las Fuerzas Militares con la atención de la emergencia. "Nuestra misión es contribuir a salvar vidas y contribuir a aliviar el sufrimiento", concluyó.Escuche la entrevista completa aquí:
Las vacaciones de mitad de año llegan con una agenda llena de opciones para quienes buscan disfrutar Bogotá sin necesidad de salir de la ciudad. Entre conciertos, actividades culturales, espacios de ciencia, talleres y experiencias familiares, la capital ofrece diferentes alternativas para niños, jóvenes y adultos durante esta temporada.La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) preparó una programación con eventos gratuitos y actividades con costo que incluyen música, teatro, exposiciones y encuentros comunitarios. La idea es que los ciudadanos puedan aprovechar su tiempo libre y encontrar planes para compartir con familiares o amigos.Uno de los protagonistas de esta temporada es Salitre Mágico, que se suma a la tendencia de las llamadas “vacaciones urbanas”, una forma de entretenimiento que busca crear experiencias cercanas dentro de la ciudad. El parque plantea espacios donde las familias puedan desconectarse de la rutina, compartir emociones y construir recuerdos sin largos desplazamientos.Salitre Mágico ofrece experiencias de diversión para vacaciones en BogotáEn medio de las nuevas formas de disfrutar el tiempo libre, Salitre Mágico se presenta como una alternativa para quienes buscan planes con adrenalina y espacios de integración familiar.La tendencia de las vacaciones urbanas responde a la búsqueda de actividades prácticas, cercanas y que permitan fortalecer los vínculos entre quienes participan. Según el enfoque del parque, ya no se trata solamente de viajar lejos, sino de encontrar lugares donde las personas puedan vivir momentos especiales junto a sus seres queridos.Durante esta temporada, el parque destaca la importancia de las experiencias compartidas, donde cada integrante de la familia puede asumir un papel diferente: desde quien se anima primero a subir a una atracción hasta quien quiere repetir la experiencia.Maloka, BibloVacaciones y talleres hacen parte de la agenda de vacaciones en BogotáLa programación cultural también tiene opciones para quienes prefieren planes educativos y creativos. Maloka preparó actividades relacionadas con ciencia, deporte y exploración para niños, jóvenes y familias, con experiencias inspiradas en el fútbol y el aprendizaje interactivo.Las bibliotecas públicas de Bogotá también tendrán una programación especial con las BibloVacaciones, que se realizarán del 23 de junio al 5 de julio. Allí habrá espacios de lectura, juegos, arte y actividades para diferentes edades.Además, espacios como la Cinemateca de Bogotá, la FUGA y otros escenarios culturales tendrán encuentros relacionados con teatro, música, literatura y creación artística.Entre los planes destacados están:Talleres de pintura y creación artística.Actividades familiares en espacios culturales.Presentaciones musicales y teatrales.Encuentros de lectura y conversación.Experiencias de bienestar y autocuidado.Conciertos y actividades gratuitas La agenda también incluye eventos como el homenaje a Gabriel García Márquez con la Filarmónica de Bogotá, presentaciones en la Sala Gaitán, actividades del Festival Calma en la Ciudad y encuentros comunitarios en distintos escenarios.La ciudad busca ofrecer alternativas para diferentes públicos, con opciones gratuitas y otras de acceso pago. Así, Bogotá se convierte en un escenario de entretenimiento durante las vacaciones de mitad de año, con planes que mezclan cultura, diversión y espacios para compartir en familia.
La Lotería de Santander realizó su sorteo número 5074 durante la noche del viernes 26 de junio de 2026, una jornada que generó expectativa entre miles de jugadores. En esta edición, el premio mayor, con un valor de $6.500 millones, quedó en manos del billete con el número 3884 - 011.Premios secos de la Lotería de Santander sorteo 5074Además del máximo premio, la Lotería de Santander entregó una amplia variedad de premios secos, con montos que fueron desde los $5 millones hasta los $700 millones, beneficiando a varios participantes del tradicional juego de azar.Mayor invertido4883 – Serie 011Seco de $700 millones3522 – Serie 0952 secos de $500 millones0603 – Serie 0174813 – Serie 0783 secos de $300 millones1136 – Serie 0974503 – Serie 0218921 – Serie 2434 secos de $200 millones3000 – Serie 1345525 – Serie 0825885 – Serie 2838729 – Serie 2857 secos de $100 millones1784 – Serie 2184866 – Serie 0944888 – Serie 1047447 – Serie 1848864 – Serie 2988967 – Serie 2379773 – Serie 1277 secos de $50 millones0887 – Serie 3201525 – Serie 1872452 – Serie 2004455 – Serie 0795816 – Serie 1215832 – Serie 3336296 – Serie 04810 secos de $20 millones0053 – Serie 0051370 – Serie 2982041 – Serie 3332254 – Serie 2602981 – Serie 1953195 – Serie 2205201 – Serie 0437180 – Serie 1237620 – Serie 2437799 – Serie 14915 secos de $10 millones2431 – Serie 2042997 – Serie 1223865 – Serie 3265346 – Serie 0385373 – Serie 1615459 – Serie 0206527 – Serie 0406779 – Serie 0587335 – Serie 0358171 – Serie 0078206 – Serie 3288433 – Serie 0199674 – Serie 2549753 – Serie 0139968 – Serie 01220 secos de $5 millones0802 – Serie 2623298 – Serie 1844298 – Serie 2934403 – Serie 2826978 – Serie 1987265 – Serie 0847437 – Serie 1597466 – Serie 0237865 – Serie 0878562 – Serie 0638784 – Serie 1848804 – Serie 0879098 – Serie 1909143 – Serie 0789200 – Serie 1799209 – Serie 0789430 – Serie 2139847 – Serie 2419946 – Serie 0939997 – Serie 324Recomendaciones para verificar los resultadosLa Lotería de Santander recordó a los apostadores la importancia de revisar cuidadosamente sus billetes antes de adelantar cualquier proceso relacionado con el cobro de premios.Para evitar errores o inconvenientes, los participantes deben:Confirmar que coincidan correctamente el número y la serie del billete.Acudir únicamente a puntos de pago autorizados.Consultar los resultados mediante los canales oficiales de la lotería.Revisar el acta oficial del sorteo para verificar la información definitiva.¿Cuándo es el próximo sorteo de la Lotería de Santander?El siguiente sorteo de la Lotería de Santander quedó programado para el viernes 3 de juliode 2026, fecha en la que nuevamente miles de colombianos podrán participar por importantes premios económicos.Los interesados también podrán consultar y revivir el sorteo completo a través de los canales oficiales de la entidad.