Durante su intervención en el Congreso de Servicios Públicos este jueves, el procurador general Gregorio Eljach se refirió a la situación fiscal del país en medio del debate que cursa en el Congreso de la República por la aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2027.El procurador aseguró que la situación fiscal no es nada buena, que las entidades del Estado deben acomodarse a la disponibilidad que haya en el presupuesto, y que en su caso y en el del Ministerio Público, con bastante o mucho seguirán trabajando.“Hay que ser conscientes. La situación fiscal del país no es nada buena, no es halagüeña, no es la mejor. Y como los bienes del Estado son finitos y como las entidades públicas tenemos que acomodarnos a la disponibilidad que haya en el presupuesto, pues yo no he levantado mi voz para reclamar nada. He dejado que el Congreso en su sabiduría, en concordancia con el presidente de la República y su ministro, dispongan lo que haya que disponer para el buen funcionamiento de la Procuraduría. Con bastante o con poquito presupuesto, el Procurador trabaja, con bastante o con poquito presupuesto los resultados están”, dijo durante su discurso.Le puede interesar: La justicia demanda recursos: Corte Constitucional ante discusión del presupuesto 2027Entretanto, el jefe del Ministerio Público indicó que la Procuraduría, a través de un convenio con el Ministerio de Hacienda, dejó a disponibilidad del Gobierno un total del 160.000 millones de pesos que decidieron no ejecutar este año.“El año pasado pasamos a este, el 31 de diciembre, con 390 vacantes que no se necesitó llenar y le devolvimos al fisco 65.000 millones de pesos. Hace unos días hicimos un convenio con el señor ministro de Hacienda para que disponga y, ojalá lo haga rápido, de 160.000 millones que el procurador decidió no ejecutar en este año para que el Gobierno nacional tuviera una pequeña forma de tener un oxígeno fiscal y no tuviera que salir a endeudarse más o a pasar angustias”, afirmó.Asimismo, anunció que la entidad que preside mantendrá una política de austeridad. “Yo no me quejo ni reclamo, estoy a la espera de que en su soberanía el Congreso le diga a este órgano de control qué le corresponde y con eso vamos a responderle a Colombia”, agregó.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió garantizar las condiciones de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, para que pueda continuar cumpliendo su mandato de investigar graves crímenes del conflicto armado y luchar contra la impunidad.El pronunciamiento se conoció luego de una diligencia en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito, Huila, donde exjefes de las FARC y máximos responsables de la fuerza pública participaron conjuntamente en labores de búsqueda humanitaria de víctimas del conflicto, como parte del cumplimiento de las sanciones propias impuestas por la JEP.El organismo destacó la participación de las víctimas y reconoció su papel central dentro del proceso de justicia transicional.Asimismo, calificó estas sanciones como un hito histórico para la justicia transicional colombiana y mundial.De acuerdo con el organismo, la implementación de estas medidas combina restricciones efectivas de libertades y derechos, mecanismos de monitoreo y supervisión y proyectos restaurativos orientados a reparar a las víctimas y a las comunidades afectadas por el conflicto.Para la ONU, estas actuaciones muestran la capacidad de la JEP para establecer patrones relacionados con graves crímenes, determinar responsabilidades e imponer sanciones a los máximos responsables.En ese contexto, la organización señaló que, tanto en esta etapa como en las siguientes, es fundamental garantizar las condiciones de funcionamiento de la JEP, con el propósito de que la Jurisdicción pueda cumplir sus objetivos frente a los graves crímenes cometidos durante el conflicto.
El presidente del Congreso, Honorio Henríquez, afirmó que la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo se mantiene en términos de diálogo y coordinación, pese a las diferencias que han surgido alrededor de asuntos como el presupuesto nacional y las prioridades de gasto. El senador sostuvo que ha mantenido conversaciones frecuentes con el presidente de la República y con diferentes integrantes del gabinete.“Le tengo que decir de mi parte una relación cordial, sincera, franca y permanente”, aseguró Henríquez al ser consultado por la relación entre el Congreso y el Gobierno. Según explicó, durante los periodos de sesiones se han desarrollado reuniones con distintos ministros para abordar asuntos relacionados con salud, seguridad, deporte y otros sectores.El pronunciamiento se produjo durante una entrevista con Mañanas Blu, en la que el presidente del Congreso también se refirió a la situación de seguridad que atraviesa Santa Marta, ciudad de la que es oriundo, luego de las acciones atribuidas a estructuras criminales y de las medidas adoptadas por el Gobierno para recuperar el control territorial.Seguridad en Santa Marta y presencia de la Fuerza PúblicaHenríquez señaló que, aunque no permaneció en Santa Marta durante los días más críticos de la situación de orden público, recibió información sobre el temor que se extendió entre los habitantes y las medidas de resguardo adoptadas por la comunidad.Para el presidente del Congreso, la prioridad debe ser el restablecimiento del orden y el retorno de la ciudad a la normalidad. En ese sentido, respaldó la presencia de policías y militares en Santa Marta y en otros territorios de la región.“Aquí lo que hay que hacer prevalecer es la libertad, el orden”, manifestó. También sostuvo que una ciudad turística como Santa Marta necesita recuperar la confianza y consideró que la seguridad constituye una condición fundamental para el desarrollo de las demás actividades sociales y económicas.Sobre la presencia histórica de grupos criminales y fenómenos como las extorsiones, Henríquez reconoció que se trata de una problemática que ha afectado a distintas regiones del país. “Las regiones están a merced de los grupos al margen de la ley. La ciudad de Santa Marta no es una excepción”, afirmó.El senador agregó que el fortalecimiento de la seguridad requiere recursos para modernización, tecnología, equipamiento y ciberseguridad. Según sus declaraciones, existe un desbalance entre las capacidades de los grupos armados ilegales y las de la Fuerza Pública que debe ser atendido.Ley de sometimiento y estatuto antiterroristaOtro de los asuntos abordados fue el trámite de los proyectos relacionados con seguridad, entre ellos la ley de sometimiento y el estatuto antiterrorista. enríquez explicó que el ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó al Congreso que el Gobierno ya cuenta con un borrador de estas iniciativas, pero que el documento continúa en revisión por parte de la Presidencia de la República.“Estamos a la espera de que ello ocurra”, señaló el presidente del Congreso, quien agregó que el Gobierno no ha establecido todavía una fecha concreta para la presentación de los proyectos.Presupuesto: salud y defensa, entre las prioridadesEn materia económica, Henríquez se refirió a la aprobación del monto general del presupuesto y a las discusiones que deberán continuar en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes. Uno de los asuntos que expresó como preocupación es la financiación del sistema de salud. El senador señaló que el sector enfrenta un déficit frente a los recursos solicitados y destacó la necesidad de revisar el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).“La salud para mí y todos es una prioridad”, afirmó, al reconocer al mismo tiempo las limitaciones fiscales que enfrenta el Estado. a seguridad también aparece entre las prioridades planteadas por Henríquez. El presidente del Congreso manifestó que considera necesario incrementar los recursos destinados al sector defensa, particularmente para fortalecer capacidades operativas, tecnología y equipamiento.Ajuste fiscal y dificultades presupuestalesRespecto al anunciado proyecto de ley de ajuste fiscal, Henríquez indicó que hasta el momento no conoce una fecha de radicación ni los detalles de su contenido. Sin embargo, consideró necesario que la iniciativa sea presentada y debatida. “Nosotros esperamos que lo antes posible lleguen con la información y lleguen a radicarlo y a debatirlo, porque es lo sensato y es lo que los técnicos dicen que hay que hacer”, afirmó.El senador también fue consultado sobre el recorte previsto para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En respuesta, señaló que no conoce en detalle su presupuesto y planteó que el problema es generalizado en diferentes entidades del Estado.Henríquez sostuvo que sectores como defensa, salud y justicia enfrentan necesidades adicionales de financiación, mientras el Gobierno debe afrontar restricciones fiscales y buscar mecanismos para reducir los gastos de funcionamiento.Diálogo entre poderes para buscar solucionesFinalmente, el presidente del Congreso explicó que sus encuentros con representantes de las altas cortes y otros órganos del Estado tienen como propósito identificar problemas y construir acuerdos dentro del principio de separación e independencia de poderes. “En medio de las diferencias hay que construir consenso para buscar soluciones a los temas que afectan a los colombianos”, señaló.Henríquez puso como ejemplo los asuntos que llegan a la Corte Constitucional y que requieren actuaciones del Congreso, así como el elevado número de acciones de tutela relacionadas con servicios de salud.Según explicó, el objetivo de estos encuentros es identificar qué problemas requieren decisiones administrativas y cuáles necesitan reformas legales.
Las comisiones económicas conjuntas del Congreso aprobaron en primer debate el Presupuesto General de la Nación para 2027. La votación fue de 56 votos por el sí y 11 por el no.De ese monto, 155 billones de pesos están destinados al pago de la deuda pública. Otros 86,9 billones corresponden a inversión, mientras que 393 billones de pesos serán destinados a los gastos de funcionamiento del Estado.Durante la discusión, varios congresistas presentaron más de 600 proposiciones para modificar la distribución de los recursos destinados a diferentes sectores. Sin embargo, estas propuestas quedaron como constancias y podrán ser discutidas nuevamente durante el segundo debate, que se realizará en las plenarias del Senado y de la Cámara de Representantes.Esto significa que todavía pueden presentarse cambios, recortes o aumentos en algunos sectores del presupuesto antes de su aprobación definitiva. El monto, cuyo techo fue aprobado el 14 de septiembre, es de 634,9 billones de pesos.El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, defendió el proyecto y explicó que las restricciones presupuestales están relacionadas con la situación fiscal recibida por el actual Gobierno. También agradeció la voluntad política de los congresistas que respaldaron el texto que presentó el gobierno."Este es un presupuesto muy difícil, se necesitaba mucho coraje para que los parlamentarios lo apoyaran, porque tiene unos costos políticos que ustedes están asumiendo. Quiero agradecerles que hayan pensado en el bien de la patria y nos hayan apoyado en esta iniciativa”, expresó Gómez Martínez.El funcionario ha explicado que las prioridades cambiaron debido a la emergencia ocasionada por el terremoto del pasado 10 de agosto.Inicialmente el Gobierno había contemplado un plan de austeridad para enfrentar las restricciones fiscales. Sin embargo, la emergencia provocada por el desastre natural obligó a revisar esa estrategia y a modificar las prioridades del gasto.Con la aprobación en primer debate, el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 continuará ahora su trámite en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes, hasta a más tardar el 20 de octubre.
La reducción de más del 22% en el presupuesto de 2027 para el Atlántico generará un impacto económico negativo en el departamento, señaló el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano. La reducción afectaría sectores clave como los subsidios de energía, vivienda, educación, cultura y ciencia, tecnología e innovación.El mandatario atlanticense se manifestó preocupado ante las repercusiones que tendría en el departamento esa reducción de unos $635.823 millones en el presupuesto que pronostica el Gobierno nacional.Destacó el mandatario que esta reducción presupuestal genera un impacto negativo frente a la realidad económica del país, en la que la inflación exige un incremento mínimo del 5 % para sostener los niveles de inversión que se requieren en el territorio.Para 2027, el presupuesto destinado al gasto de inversión en el Atlántico es de $2.251.372 millones ($2.2 billones), mientras que en 2026 al departamento le fueron asignados $2.887.195 millones ($2.8 billones). En comparación con la vigencia anterior, se evidencia una disminución del 22,02 %, equivalente a una reducción de $635.823 millones.“Queremos expresar nuestra preocupación porque el presupuesto del año 2027 tiene 635.000 millones de pesos menos que el año anterior. Es decir, pasamos de $2.800.000 a $2.200.000. Esa menor cantidad estaría en retroceso de muchas de las actividades que, precisamente, por la inflación exigen un incremento de al menos el 5 % para mantener la cantidad de inversión. Pero, si es menos lo que se va a recibir, evidentemente, las actividades se tendrán que recortar y disminuir en importancia", manifestó Verano.Añadió Verano de La Rosa que las reducciones tendrían un alto impacto social y de infraestructura, como en los subsidios de energía, que sufrirían un recorte de $391.567 millones, al pasar de $524.399 millones a $132.832 millones. Asimismo, el sector de la vivienda presenta una disminución de $166.416 millones, equivalente al 80,9 %. En educación la asignación disminuye en $68.430 millones, equivalente al 27,5 %.“La educación es nuestro bastión más importante consignado en nuestro Plan de Desarrollo, nos pegaría muy duro esta reducción, que supera los 68.000 millones de pesos”.Verano dijo que en el caso de ciencia, tecnología e innovación, la asignación tendría una reducción de $17.081 millones, y en cultura de $11.394 millones.Paralelo a eso, el presupuesto del Programa de Alimentación Escolar (PAE) presenta un incremento, al pasar de $136.762 millones a $139.676 millones.Por último, Verano reiteró su disposición a articular esfuerzos con el Gobierno y el Ministerio de Hacienda para revisar las cifras y concertar alternativas financieras que eviten afectar la calidad de vida de los atlanticenses.
El Congreso de la República avanza en el trámite del Presupuesto General de la Nación. Tras fijarse el monto global del proyecto, la discusión se centra en el mecanismo para aplicar el ajuste en las finanzas del Estado.En entrevista con Mañanas Blu, John Edgar Pérez, representante a la Cámara por Cambio Radical y coordinador ponente de la iniciativa, aclaró el procedimiento legislativo sobre el anunciado recorte de 45 billones de pesos, equivalente a dos puntos del PIB.Pérez explicó que el ajuste fiscal no se realizará durante la votación del monto inicial en el Congreso. "Lo que ha dicho el Gobierno Nacional es que vamos a tener una agenda legislativa concentrada en tres proyectos de ley: el Presupuesto General de la Nación, la ley de rescate fiscal y el trámite de financiamiento", precisó.El congresista enfatizó la brecha existente entre los ingresos y los compromisos de gasto de la nación. "El recaudo mensual promedio es de 29,2 billones y el gasto mensual promedio es de 40,2 billones", señaló Pérez, advirtiendo que esta dinámica genera un déficit mensual recurrente de 11,1 billones de pesos cubierto con endeudamiento.Frente a las alternativas para equilibrar las cuentas públicas, Pérez expuso que el Ejecutivo tiene dos vías claras. La primera es la aprobación de la ley de rescate fiscal para dar tranquilidad a los mercados financieros; de lo contrario, "el gobierno no tendrá otra vía que en enero aplazar el gasto", tal como ocurrió con el congelamiento de 21,9 billones de pesos decretado en el Consejo de Ministros.Respecto al contenido de la propuesta de ajuste fiscal, el ponente indicó que la administración ha mantenido reserva sobre los detalles técnicos. No obstante, advirtió que en las mesas de trabajo se ha mencionado la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento tributario para respaldar el presupuesto.En relación con el articulado que se debate en las comisiones económicas, el representante aclaró que la ponencia no incluyó avales directos a las solicitudes de los legisladores."Ninguna proposición en particular tuvo aval o autorización del gobierno", afirmó Pérez.A pesar de la falta de avales individuales, el texto final reorientó recursos hacia sectores prioritarios expuestos por los congresistas. Entre las modificaciones destaca un traslado de 2 billones de pesos desde el Ministerio de Hacienda hacia el sector salud, junto con un incremento de cerca de 100.000 millones de pesos para el deporte.Sobre la financiación para la atención del terremoto y la reconstrucción en municipios afectados, Pérez detalló que los recursos no se gestionarán a través del Ministerio de Vivienda. El financiamiento se concentrará en el Fondo Milagro mediante recaudos de emergencia económica, un crédito con el Banco Mundial por 1,1 billones de pesos y el traslado de saldos no ejecutados de otros fondos estatales.
El senador Carlos Meisel, del Centro Democrático, afirmó que la intención de su sector político es colaborar con la administración nacional para estructurar el presupuesto del año 2027, en medio de las dificultades fiscales que afronta el país.En entrevista con Mañanas Blu, el congresista se refirió a las 614 proposiciones radicadas por el Legislativo y a las iniciativas de los propios gabinetes ministeriales para ajustar la norma."Esperamos que el Gobierno no expida el presupuesto por decreto", sostuvo Meisel, al tiempo que advirtió que sobrepasar al Congreso no le hace bien al país.El legislador explicó que el Gobierno argumenta que el paquete de propuestas presentadas por los congresistas suma 118 billones de pesos, lo que implica que cerca del 95 % de las iniciativas tienen compromiso fiscal. Ante esto, solicitó que la administración defina con claridad cuáles serán sus prioridades de gasto."Supongamos que no quieren las proposiciones nuestras, eso listo, démoslo por hecho, no pasa nada. Pero díganos y díganle al país dónde van a estar enfocados estos ejes de inversión temáticos", afirmó el senador.Meisel subrayó que existen marcadas preocupaciones en sectores clave como la salud, donde una adición propuesta de 2 billones de pesos resulta "totalmente insuficiente" para atender reajustes de la UPC, deudas de EPS intervenidas y retrasos en pagos de medicamentos. Asimismo, señaló que hay exigencias de recursos para defensa, vivienda tras un terremoto y reclamos por recortes en los rubros regionalizados de los departamentos.El senador insistió en que el Ejecutivo debe presentar la ley de rescate o ajuste fiscal antes de que el presupuesto entre en vigencia. "Nosotros le hemos pedido que sea antes de la vigencia del presupuesto", manifestó, tras aclarar que la bancada ha insistido sobre la fecha de dicho proyecto sin obtener respuesta.A pesar de que el Congreso tiene la facultad autonómica de tramitar un pliego de modificaciones, el congresista manifestó que la meta es evitar confrontaciones y no actuar de manera aislada."A mí no me gusta hacer pronósticos tan negativos. Y la totalidad del presupuesto tienen varias cosas que también el Congreso tiene la autonomía de modificar", explicó Meisel.Finalmente, sobre las posturas de otros sectores políticos como Salvación Nacional y las versiones sobre romper mayorías en el Capitolio, Meisel se mostró confiado en que esas estrategias no reflejen la postura oficial del Ejecutivo nacional."Ojalá que sean un poco más amigables con el país y con los sectores que están rodeando el gobierno", concluyó el senador.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, advirtió que los recursos asignados para la Fiscalía resultarían insuficientes para cubrir su operación durante 2027.La entidad solicitó $7,7 billones para gastos de funcionamiento, pero en el anteproyecto quedaron $6,6 billones, es decir, un recorte de $1,2 billones. De esa cifra, $6,2 billones corresponden a gastos de personal para 24.754 servidores.Camargo señaló que los recursos asignados dejarían cerca de $415.000 millones para servicios públicos, combustible, gastos reservados, viáticos, arrendamientos y seguros. La Fiscalía, en cambio, calcula que necesita $976.000 millones para estos gastos durante 2027, por lo que la asignación alcanzaría aproximadamente para la mitad del año.La entidad también reportó 443 sedes en arrendamiento y mayores costos en seguridad y aseo por el aumento del salario mínimo. Entre los gastos que deben mantenerse está el programa de protección de víctimas, testigos e intervinientes, que cobija a unas 370 personas y cerca de 1.200 al incluir sus familias.“Nosotros tenemos problemas para atender el servicio, dificultades en los procedimientos y demoras en el adelantamiento de juicios. Sabemos que tenemos que mejorar, pero si dejáramos este presupuesto tal y como está, la Fiscalía tendría que funcionar el año entrante con $415.000 millones para servicios públicos, combustible y gastos reservados", añadió.Las altas cortes también estarían en problemas con el presupuesto para el 2027La presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Mary Lucero Novoa Moreno, advirtió ante el Senado que la Rama Judicial solicitó $17,5 billones para 2027, pero el proyecto contempla $11,4 billones, una brecha de $6,1 billones.Novoa señaló que la congestión también se debe a demoras en salud, pensiones y seguridad social, que aumentan las tutelas y demandas. Propuso mesas de trabajo entre las tres ramas del poder y alertó por el impacto de la sobrecarga laboral en la salud mental de los servidores judiciales."No solo podemos pensar que únicamente con recursos podemos atender la demanda de justicia. Tenemos que mirar los problemas de raíz de las políticas públicas del Estado", señaló.La JEP está dentro de la lista con un faltante de más de $120.000 millonesEl presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, advirtió que la jurisdicción enfrenta un déficit de $125.000 millones frente al presupuesto que solicitó para 2027. Pues pidió $947.000 millones, pero se le asignaron $821.000 millones de pesos. Señaló que el faltante afecta principalmente la representación de víctimas y comparecientes, los gastos de seguridad y el cierre de las investigaciones.Ramelli pidió revisar la asignación prevista, pues estos recursos son necesarios para mantener esas funciones durante una etapa crítica de la JEP.“Estamos en una etapa crítica, que es el cierre de las investigaciones. Nosotros estamos cumpliendo estrictamente con el cronograma y con lo que está en la Constitución y la ley", argumentó.Defensoría del Pueblo: las infraestructuras no son óptimasLa defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, advirtió que la asignación presupuestal prevista para la entidad no refleja el impacto de la inflación frente al valor nominal de 2024.Por esta razón, solicitó recursos adicionales para atender necesidades de infraestructura que no podrían cubrirse con el presupuesto inicial.Entre las obras están la reparación de la sede de Quibdó, afectada estructuralmente, la adecuación de su tanque de agua y red eléctrica, y la adquisición de una sede para Risaralda, también afectada por el terremoto.La Defensoría pidió además $810,13 millones para la construcción de la sede de Tumaco, adecuaciones en Cundinamarca, Bogotá, Guainía, Bolívar, Caucasia, Montelíbano, Amazonas y Cúcuta, y estudios técnicos para la sede de Mocoa, que está en riesgo.La entidad también solicitó $166,004 millones para ampliar a las 42 regionales un programa especializado de defensa pública en casos de violencia basada en género. Además, busca fortalecer el programa de defensores públicos del Buen Futuro, dirigido a jóvenes menores de 28 años con tarjeta profesional, quienes pueden acceder a su primera experiencia laboral en la defensa pública con honorarios de $3 millones."El terremoto nos mostró que no podemos seguir aplazando este tema. Nuestra sede regional de Quibdó quedó con daños estructurales y la sede de Risaralda también tuvo unos daños muy importantes”, agregó.Medicina Legal pide tener en cuenta situación que se vive en sus despachosEl director de Medicina Legal, Ariel Cortés, advirtió que la entidad enfrenta para 2027 un déficit del 18,8 %, luego de solicitar $846.000 millones para atender sus necesidades presupuestales.Entre las principales dificultades está la reconstrucción de la sede de Medicina Legal en Cali, que quedó por fuera de la red de servicios de la entidad. Cortés señaló que actualmente no cuentan con recursos para prestar allí servicios de valoración y morgue, cubrir la prima de igualdad ni ampliar los cargos necesarios para fortalecer la capacidad de Medicina Legal.“No tenemos cómo financiar la reconstrucción de Cali. No podemos prestar en este momento las valoraciones en Cali, ni el servicio de morgue, y tampoco tenemos cómo ampliar los cargos adicionales que son necesarios para la ampliación de Medicina Legal", concluyó.
La aprobación del presupuesto de $634,9 billones para el 2027 dejó abiertas varias preguntas sobre la capacidad del Gobierno para financiar sus compromisos y reducir el déficit fiscal. Así lo señalaron en entrevista con Recap Blu el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo y el representante a la Cámara Alexander Bermúdez, quienes coincidieron en que ahora el principal reto será definir de dónde saldrán los recursos y qué rubros tendrán que ser ajustados. Ocampo consideró positivo que se hayan “sincerado” algunas cuentas que no estaban contempladas en la propuesta anterior, pero advirtió que el tamaño del déficit y el aumento de la deuda siguen siendo preocupantes.Para el exministro, el monto aprobado incluye cerca de $60 billones adicionales destinados al servicio de la deuda, principalmente a amortizaciones, por lo que no todo el incremento puede interpretarse como un mayor déficit. Sin embargo, sostuvo que el ajuste fiscal que necesita el país es de una magnitud considerable. “La magnitud del ajuste que hay que hacer, de no sé, un poco más del 2 % del Producto Interno Bruto según el propio Gobierno, me parece muy difícil de hacer a punta de recorte de gastos”, afirmó. Por esa razón, planteó combinar una reducción del gasto con nuevos ingresos y defendió la permanencia del impuesto al patrimonio.Uno de los principales interrogantes está precisamente en los recortes que deberá realizar el Gobierno para hacer viable el presupuesto. Alexander Bermúdez explicó que durante las próximas dos semanas las comisiones económicas deberán definir cuáles de las proposiciones presentadas tendrán el aval del Ejecutivo antes de construir la ponencia que será discutida el 24 de septiembre. Entre las solicitudes están mayores recursos para la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría, la Contraloría, la Rama Judicial y subsidios de energía y gas.“Lo que no nos ha dicho es de dónde, a quién le va a quitar, a qué le va a recortar”, cuestionó Bermúdez, quien además advirtió que todavía no existe claridad sobre los recursos destinados a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto.Otro punto de preocupación es la composición del presupuesto. Según Bermúdez, mientras el gasto de inversión representa alrededor del 14 %, los gastos de funcionamiento aumentan de manera significativa y el pago de la deuda ocupa una parte importante de los recursos.El congresista planteó que el Ministerio de Hacienda deberá explicar si es posible ajustar el funcionamiento, refinanciar parte de las obligaciones para ampliar los plazos o realizar otros movimientos que permitan liberar recursos para inversión. A esto se suma el nivel de endeudamiento: Bermúdez sostuvo que el presupuesto contempla cerca de $150 billones de crédito interno y otros $80 billones provenientes de la banca internacional, lo que, a su juicio, evidencia una fuerte dependencia del financiamiento mediante deuda.¿Vender ISA?Ocampo también cuestionó el manejo fiscal de los últimos años y aseguró que el déficit y la deuda pública alcanzaron niveles elevados, aunque rechazó la posibilidad de vender ISA para enfrentar la situación. “Yo fui uno de los que me opuse a privatizar ISA y sigo opuesto porque ISA es un monopolio natural”, afirmó. Tanto el exministro como Bermúdez coincidieron en que el debate apenas comienza y que las próximas semanas serán determinantes para conocer los ajustes. Mientras Ocampo considera difícil cerrar el desequilibrio únicamente con recortes y defiende una combinación con mayores ingresos, Bermúdez reclama claridad sobre qué se recortará, cuánto se destinará a la reconstrucción y cómo se financiará el presupuesto de 2027.
Las comisiones terceras y cuartas conjuntas de Senado y Cámara de Representantes aprobaron el monto del Presupuesto General de la Nación para 2027, que quedó fijado en 634,9 billones de pesos, tal como lo había propuesto el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.El debate comenzó pasadas las 3:00 de la tarde. Al inicio de la discusión, el Pacto Histórico presentó una proposición para reducir el monto del presupuesto a 596 billones 698.679 millones de pesos, una cifra inferior a la planteada por el Gobierno.Para que el monto fuera aprobado se requería el respaldo de las cuatro comisiones económicas. La proposición mayoritaria, que mantuvo los 634,9 billones de pesos, recibió los votos necesarios en cada una de ellas.Con esta decisión, las comisiones económicas dieron su aprobación al monto, pero ahora continuará el trámite del proyecto en el Congreso con la distribución de los montos por rubros y la definición del plan de austeridad que anunció el Gobierno, debido a la situación fiscal del país.Tras el debate, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, defendió la discusión sobre los ingresos del Estado y recordó que desde 1991 el país ha realizado 21 reformas tributarias sin solucionar de fondo el problema de los ingresos del país.El ministro también aseguró que, en promedio, cada niño que nace tiene una deuda de 23 millones de pesos, en referencia al nivel de endeudamiento que enfrenta el país.Gómez Martínez celebró la aprobación del monto y la calificó como “un voto de confianza” al Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.Así votaron las comisiones:Comisión Cuarta de Cámara: 22 votos por el sí y 6 por el no.Comisión Cuarta de Senado: 11 votos por el sí y 4 por el no.Comisión Tercera de Senado: 9 votos por el sí y 3 por el no.Comisión Tercera de Cámara: 22 votos por el sí y 5 votos por el no.
El fuego deja una huella cada vez más visible en Colombia. Un nuevo análisis de MapBiomas Fuego revela que 13,9 millones de hectáreas se han quemado al menos una vez entre 2000 y 2025, una extensión equivalente al 12,14% del territorio continental del país y a 314,1 veces el área urbana de Bogotá.De acuerdo con la información, en Colombia se queman en promedio 2,31 millones de hectáreas cada año, una superficie equivalente a 12,5 veces el departamento del Quindío. El dato evidencia que los incendios no son hechos aislados, sino un fenómeno que afecta de manera recurrente distintos ecosistemas y regiones del territorio nacional.El 83,3% del área quemada durante los últimos 26 años se registró entre diciembre y marzo, periodo en el que las condiciones ambientales favorecen la propagación de las llamas. Esta tendencia resulta especialmente relevante ante los escenarios climáticos que enfrenta el país.La Orinoquía concentra el 68,7% del área quemada y la Amazonía el 13,2%. Dentro de este panorama, Vichada aparece como el departamento más afectado, con 4,8 millones de hectáreas quemadas en 26 años, cerca de la mitad de su territorio. Los registros también permiten identificar zonas donde las quemas presentan una alta frecuencia y recurrencia.El impacto también alcanza áreas de importancia ambiental. En 2025, el área quemada dentro de áreas protegidas y territorios indígenas aumentó 14,1% frente al promedio histórico, principalmente en la Orinoquía.“Las áreas donde más había quemado vemos son las sabanas de la Orinoquía, son ecosistemas que naturalmente tienen una creencia de fuego. En estos 26 años casi un millón de hectáreas de bosque fueron quemados, muchas veces asociados a temas de deforestación”, Stjin Hantson, profesor de ciencias del sistema tierra de la Universidad del Rosario.La situación ya se refleja en las emergencias que han tenido que atender los organismos de socorro. En Cundinamarca, más de 4.000 hectáreas han sido afectadas por el fuego durante este año, mientras que solo en septiembre los bomberos departamentales atendieron 159 incendios. Aunque esos incendios ya no están activos, parte de las capacidades de atención se trasladó a Tolima y Boyacá para apoyar las labores, según el capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos Cundinamarca.“En Tolima sí detectamos que el evento que sucedió el mes pasado sí superó en magnitud el evento más grande que se registró este año con relación a los 26 años anteriores. En realidad, sí hay un incremento o podemos prever en este año un incremento de la magnitud de los incendios”, señaló Adriana Rojas es coordinadora de sistemas de información georreferenciada de la Fundación Gaia Amazona y coordinadora de MapBiomas.Mientras tanto, los cuerpos de bomberos trabajan con el Gobierno y el Ministerio del Interior en un plan de acción que busca fortalecer su capacidad de respuesta. La presión sobre estos organismos aumenta cuando los incendios se presentan simultáneamente en diferentes departamentos y requieren el traslado de personal y recursos.Los expertos advierten que el escenario puede ser especialmente complejo en los próximos meses. Ante este panorama, MapBiomas Colombia y el equipo de Interacciones Clima-Ecosistemas de la Universidad del Rosario presentaron MapBiomas Fuego, una herramienta de acceso abierto que permite consultar y analizar mapas sobre frecuencia, extensión, coberturas afectadas y eventos recientes a partir de imágenes satelitales.La información busca que las autoridades pasen de reaccionar ante las emergencias a anticipar los escenarios de riesgo, con datos históricos que permitan fortalecer la prevención, el ordenamiento territorial y la gestión del fuego en Colombia.
La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) anunció que no usará $79.183 millones de los recursos asignados al funcionamiento administrativo de la entidad para este año, como parte de una medida de austeridad en la gestión de los recursos públicos.Según la entidad, la iniciativa permitirá que los recursos vuelvan al sistema de salud de los colombianos para que sean destinados a otras necesidades del sector.Dentro de las medidas tomadas por la ADRES está la reducción de la planta de personal por un valor de $65.675 millones, saldos no comprometidos (cargos no provistos de enero a septiembre) por $5.827 millones, así como saldos no comprometidos relacionados con contratos en curso por un valor de $7.681 millones.“Considero que, en este momento, esta reestructuración no es importante para la ADRES. Lo importante en este momento es nosotros asegurar el sistema de salud y, por lo tanto, entonces, no hubo lugar a esta reestructuración, y por eso es que liberamos este recurso”, señaló el director de la ADRES, Iván SánchezEl director agregó además que esta decisión se tomó teniendo en cuenta el plan de choque anunciado por el Gobierno nacional en los últimos días, con el objetivo de garantizar los recursos necesarios para la atención de los pacientes priorizados en esta primera fase del plan.Según la ADRES, la austeridad por parte de la entidad corresponde a la priorización de facturación asociada a los servicios y tecnologías en salud pendientes.“Con este dinero la ADRES muestra su compromiso con las nuevas medidas que impulsa el Gobierno nacional, como parte del plan de choque para el sector salud, que incluye la compra de cartera dirigida, que garantizará los recursos necesarios para la atención de los pacientes priorizados en la primera fase del plan. Esto es, la priorización de facturación asociada a los servicios y tecnologías en salud pendientes”, concluyó.
Bajo el lema "Medellín, el amor de mis amores" y rindiendo homenaje a la maestra Débora Arango, arranca la temporada cultural más grande y extensa de la región, que este año se amplía a un mes completo de programación e incluye por primera vez a la subregión de Urabá.La iniciativa, impulsada por una alianza entre organizaciones culturales y el sector público y privado, busca dinamizar el ecosistema artístico local. La oferta reúne a 150 organizaciones, 32 museos, 10 teatros, 24 librerías independientes, cuatro orquestas sinfónicas, 42 agrupaciones musicales y nueve compañías de danza.Medellín consolida así su posición como referente cultural al destacar atributos como la Plaza Botero, el Museo de Arte Moderno, el Museo Pedro Nel Gómez, el histórico barrio Prado y sus más de 500 esculturas en espacio público un legado impulsado desde los años 80, además de ser reconocida como ciudad creativa de la música y la capital nacional de lectura, con un consumo promedio de 6,8 libros por habitante al año.La programación central irá del 25 de septiembre al 25 de octubre, extendiéndose el doble de tiempo en comparación con la edición anterior. Como gran novedad, la temporada llegará también al Urabá antioqueño del 2 al 18 de octubre, movilizando a 2.500 artistas en 14 municipios, 30 escenarios simultáneos y 170 actividades orientadas a públicos diversos."Porque cuando uno ya empieza a conocer a profundidad de Urabá, hay unos municipios que tienen influencia de Córdoba, suena a costeño, bailan bullerengue, Urabá en todo recorrido hemos identificado los procesos que ya existían y entramos a fortalecer precisamente eso para que la promotora pueda dejar capacidad instalada con esta temporada", expresó Lina Botero, promotora cultural MAMM.El eje central de esta edición girará en torno al legado de Débora Arango, considerada una de las artistas plásticas más importantes del siglo XX. La programación incluirá el bloque "Tras las huellas de Débora", una reivindicación histórica de su obra que se robustece con la integración de 108 nuevas piezas entregadas en comodato por su familia al Museo de Antioquia."Medellín y Envigado tienen quizá la deuda histórica de reivindicar y de volver a contar su historia y su obra, porque además la obra de Débora desde el punto de vista artístico, es una obra que merece años y años de reconocimiento y así podemos seguir reconstruyendo toda esa historia y visibilizarla y reconocer la artista que fue y que sigue siendo", agregó Botero.Los organizadores recordaron que la cultura ha jugado un papel fundamental como motor de transformación en los momentos más complejos de la ciudad, por lo que esta vitrina busca fortalecer la sostenibilidad, autonomía y participación de los artistas locales frente a propios y visitantes.
Barrancabermeja espera que el Ministerio de Ambiente cumpla el compromiso de conseguir los recursos necesarios para poner en marcha un plan de manejo y control de los hipopótamos que se han venido expandiendo por el corregimiento El Centro.La preocupación ya no está únicamente en las zonas rurales. En Barrancabermeja se han reportado avistamientos de estos animales cerca de viviendas y de instituciones educativas, una situación que mantiene la alerta por el riesgo que representa para la comunidad, especialmente para niños, niñas y adolescentes.El secretario de Ambiente y Transición Energética de Barrancabermeja, Leonardo Granados, señaló que el Distrito fue priorizado dentro de la estrategia nacional para atender la presencia de esta especie invasora, pero advirtió que ahora se necesita que el Gobierno nacional concrete la financiación.“Nos sentimos muy contentos de que fuimos escuchados como Gobierno distrital en una voluntad política del ministro Arjona en conseguir los recursos para iniciar la implementación de un plan de manejo”, señaló el funcionario.El corregimiento El Centro se ha convertido en uno de los puntos de atención para las autoridades por el desplazamiento de los hipopótamos hacia sectores donde hay presencia permanente de comunidades.Según la Alcaldía, los avistamientos cerca de instituciones educativas han incrementado la preocupación por la seguridad de los estudiantes y llevaron a priorizar a Barrancabermeja dentro de las acciones que se adelantarán para el manejo de la especie.El Distrito busca que el plan permita fortalecer principalmente el monitoreo y seguimiento de los hipopótamos, conocer sus desplazamientos y establecer acciones para reducir el riesgo de nuevos encuentros con la población.Granados destacó que esta intervención también responde a las medidas de protección ordenadas por un juez frente a la presencia de los animales en zonas donde permanecen menores de edad.La Alcaldía considera que la inclusión de Barrancabermeja dentro del plan nacional es un avance, pero insiste en que el siguiente paso debe ser la consecución de los recursos anunciados por el Ministerio de Ambiente.La administración distrital espera que con esa financiación puedan comenzar las acciones previstas en territorio y fortalecer la capacidad de las autoridades ambientales para hacer seguimiento a una especie cuya presencia continúa extendiéndose por el Magdalena Medio.Mientras se concreta ese respaldo económico, las autoridades mantienen la vigilancia sobre los sectores donde han sido reportados los animales, especialmente en El Centro, donde la preocupación aumenta cada vez que los hipopótamos se acercan a viviendas, calles o espacios frecuentados por la comunidad.
La fortuna que alguna vez parecía garantizarle tranquilidad terminó convirtiéndose en una fuente de dificultades para una familia. Sus padres pasaron de recibir un premio de 37 millones de dólares, más de $120.000 millones, a declararse en bancarrota apenas 14 años después.La historia fue revelada por uno de los hijos de la pareja australiana, quien decidió no hacer pública su identidad y contó al medio británico Daily Mail cómo el millonario premio modificó la vida de su familia. Con el paso de los años, el dinero que inicialmente permitió acceder a viajes, educación y diferentes comodidades terminó acompañado de decisiones financieras fallidas, problemas personales y afectaciones en la salud de sus padres.Según el relato, antes de convertirse en millonarios, sus padres llevaban una vida laboral convencional. Ella trabajaba como enfermera y él era jardinero. Después de recibir el premio, ambos abandonaron sus empleos y comenzaron a buscar nuevas oportunidades para administrar e incrementar la fortuna.El resultado no fue el esperado. La madre puso en marcha varios negocios, pero ninguno consiguió consolidarse y las inversiones tampoco produjeron los resultados que esperaban. A esto se sumaron los préstamos de dinero que sus padres comenzaron a hacer a familiares y amigos que atravesaban dificultades económicas.Mientras la fortuna disminuía, la situación personal de la pareja también se complicaba.El hijo recuerda que durante su infancia la nueva realidad económica tuvo aspectos positivos. Él y sus hermanas pudieron acceder a mejores oportunidades, viajar junto a sus padres y crecer rodeados de comodidades que antes no formaban parte de su vida.Sin embargo, esa etapa terminó contrastando con lo que ocurrió posteriormente. La madre comenzó a enfrentar problemas de salud relacionados con un aumento considerable de peso y tuvo que someterse a una cirugía de bypass gástrico. Más adelante, también desarrolló un grave problema de alcoholismo y atravesó una depresión.Para el joven, una de las cargas más fuertes que tuvo que afrontar su madre fue la culpa. Ella se sentía responsable por el deterioro de las condiciones económicas de la familia y por las decisiones que habían tomado después de recibir el premio.Finalmente, la mujer murió debido a una enfermedad hepática crónica relacionada con el abuso del alcohol. Para entonces, la familia ya había perdido buena parte de la estabilidad económica que había conseguido de manera repentina.El hijo asegura que su experiencia le permitió conocer dos realidades completamente opuestas. Durante su infancia pasó de no tener las mismas posibilidades económicas que después de ganar el premio a vivir con prácticamente todo lo que quería. Años más tarde, presenció cómo esa seguridad desaparecía.Por eso, considera que tener una gran cantidad de dinero no necesariamente significa contar con estabilidad financiera para toda la vida. También sostiene que una fortuna puede cambiar las condiciones materiales de una persona, pero no necesariamente resuelve los problemas que ya existían dentro de una familia.El joven reconoce que nunca podrá saber qué habría ocurrido si sus padres no hubieran ganado la lotería. Aun así, asegura que esa pregunta lo ha acompañado durante años, especialmente después de la muerte de su madre.“Ganar trajo más problemas a mi familia de los que solucionó”, fue una de las conclusiones que dejó en su testimonio.La experiencia también modificó su propia percepción sobre el dinero. Haber vivido los dos extremos, desde disfrutar una fortuna inesperada hasta perder la seguridad económica, le permitió entender que recibir millones puede cambiar una vida, pero conservar el bienestar depende de mucho más que de la cantidad de dinero disponible.