Según el borrador del pliego de modificaciones para el segundo debate del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027, el monto total se mantiene en $634,95 billones, pero se propone redistribuir $11,679 billones entre distintas entidades y sectores.Los cambios buscan trasladar recursos del servicio de la deuda y algunos gastos de funcionamiento e inversión hacia subsidios de energía, salud, justicia y otras áreas.La principal reducción se concentra en el servicio de la deuda pública, con un recorte propuesto de $8,36 billones.Según la justificación presupuestal, el ajuste se apoya en la revisión de los vencimientos y en operaciones de manejo de deuda. Esto permitiría liberar recursos sin modificar el monto total del presupuesto.También se plantean reducciones en la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, por $505.755 millones; el Congreso, por $200.000 millones; la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por $170.000 millones, y la Agencia Nacional de Tierras, por $164.040 millones. A estas cifras se suman otros ajustes en la Aeronáutica Civil y el Departamento Nacional de Planeación.Entre los sectores que recibirían más recursos está Minas y Energía, con $3,0018 billones, destinados principalmente a subsidiar las tarifas eléctricas y ampliar la cobertura del servicio de gas domiciliario.En salud, se propone trasladar $2 billones para garantizar el aseguramiento y el pago de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Además, se contemplan $50.400 millones para salud pública y $12.000 millones para reducir la mortalidad materna y fortalecer la atención obstétrica en regiones vulnerables.El borrador también plantea aumentar los recursos para la Fiscalía, los organismos de control y la Rama Judicial. La Fiscalía recibiría $100.000 millones adicionales para funcionamiento; la Contraloría y la Procuraduría tendrían recursos para modernización tecnológica y seguimiento al gasto público, mientras la Rama Judicial recibiría $100.000 millones para cubrir obligaciones salariales y de personal.Entre las otras adiciones figuran $200.000 millones para la Registraduría, $150.000 millones para el DANE y $99.100 millones para el sector deporte.
La Comisión Interparlamentaria de Crédito Público dio concepto favorable para que la nación, a través del Ministerio de Hacienda, avance en la celebración de tres créditos externos con el banco de desarrollo de Alemania, KfW, por hasta 497 millones de euros.De acuerdo con el Gobierno, estos recursos serán utilizados para contribuir a la financiación del Presupuesto General de la Nación de 2026 y corresponden a créditos de libre destinación. Esto quiere decir, que el dinero no está destinado a una obra o proyecto específico, sino que podrá incorporarse a la financiación general de las necesidades contempladas en el presupuesto.Uno de los principales argumentos del Ministerio de Hacienda para adquirir estos créditos es el costo de la financiación. Según la entidad, la tasa de interés ofrecida por el KfW está alrededor de 200 puntos básicos por debajo de la curva de bonos soberanos de Colombia en euros.Esto representaría una diferencia cercana a dos puntos porcentuales frente al costo de financiación que tendría Colombia a través de los mercados internacionales de capitales.Para el Ministerio de Hacienda, esta diferencia permitiría obtener los recursos a un menor costo y, por lo tanto, generar un ahorro en el servicio de la deuda de la nación."Esta autorización refleja el compromiso del Gobierno nacional con la gestión de los recursos necesarios para financiar el presupuesto aprobado por el Congreso de la República", dijo Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda y Crédito Público.Además, el Gobierno señala que el financiamiento hace parte del respaldo de Alemania a Colombia en el cumplimiento de políticas y reformas estructurales, entre ellas las relacionadas con inclusión y cambio climático.Aunque la Comisión ya emitió concepto favorable, los recursos todavía no han sido desembolsados. El trámite continuará con la expedición de una resolución del Ministerio de Hacienda que autorice la suscripción de los respectivos contratos de crédito y posteriormente, se realizarán los desembolsos de los préstamos, que están previstos para finales de 2026.
El Comité de la Regla Fiscal presentó este miércoles el informe que remitió al Congreso de la República para el debate del Presupuesto General de la Nacional, cuyo monto por $635 billones ya fue aprobado pero está pendiente definir cuál será la destinación.Cabe recordar que para 2027 se presupuestaron $155,4 billones para atender la deuda, un incremento de 54,7 % frente a la apropiación vigente de 2026. De ese monto, $94,4 billones corresponden a intereses y $58,3 billones a amortizaciones. Al mismo tiempo, la inversión quedó en cerca de $87 billones, con una reducción nominal de 2,8 % frente a 2026.En su informe, la Carf resalta además que, por primera vez en tres años el proyecto no incorpora ingresos sujetos a la aprobación de nuevas medidas tributarias ni recursos de balance, sino que esas fuentes fueron fueron reemplazadas, en buena parte, por un mayor uso del crédito.En esa línea, la CARF calcula que para 2027 el gasto primario del Gobierno Nacional Central llegaría a 20 % del PIB, 2,1 puntos porcentuales por encima de lo contemplado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2026. Esa diferencia está relacionada, entre otros factores, con mayores presiones en salud, pensiones, nómina, subsidios de energía y gas y el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).El organismo también llama la atención sobre la poca capacidad que queda para reducir el gasto sin afectar obligaciones ya comprometidas. Para 2027, 90,7 % del gasto del Gobierno Nacional Central sería inflexible, frente a 86,6 % en 2026, pues buena parte de los recursos ya está determinada por obligaciones constitucionales, legales o financieras.Por eso, es que la Carf no ve factible el bloqueo preventivo de $21,7 billones que anticipó el gobierno de Abelardo De la Espriella para este 2026 con el propósito de contener el gasto. Las proyecciones propias estiman que el recorte que realmente podría materializarse sería de $9,7 billones.El escenario oficial del Plan Financiero de agosto calcula para 2027 un déficit total de 9,4 % del PIB, mientras que el CARF lo ubica en 9,5 % del PIB, equivalente a unos $201,3 billones. Y aunque es una diferencia pequeña, sigue quedando muy por encima del 4,5 % del PIB que contemplaba inicialmente el Marco Fiscal de Mediano Plazo.“La magnitud del desequilibrio evidencia la necesidad de un ajuste fiscal estructural, sustentado en medidas permanentes de ingresos y/o gasto”, señala en el informe reiterando que, más allá de aplazamientos presupuestales o medidas temporales, sino que requiere cambios que tengan efectos permanentes sobre los ingresos y los gastos del Estado.Ya el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, había anticipado durante la presentación del Presupuesto, que estas medidas no servirían para resolver de fondo la crítica situación fiscal, sino que eran para evitar que la deuda y el déficit fiscal llegaran a niveles insostenibles.El CARF calcula que la deuda neta del Gobierno Nacional Central llegaría a 67,4 % del PIB en 2027, cerca del límite de 71 % establecido por la regla fiscal; 2027 será el último año de aplicación de la cláusula de escape que suspendió temporalmente el cumplimiento de la regla fiscal.El Gobierno, por su parte, ya ha anunciado medidas de ajuste cercanas al 2,2 % del PIB para 2027, las cuales son reconocidas por parte de la Carf como una forma de modificar el escenario fiscal, pero advierte que todavía está pendiente conocer y evaluar el proyecto de ley mediante el cual se materializarían esas medidas.Dicho proyecto, según Gómez Martínez, será presentado en los siguientes 12 días.
Según el Estatuto Orgánico de Presupuesto, la discusión en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes debe comenzar este jueves 1 de octubre. Sin embargo, el debate comenzará a mediados de mes, pasada la semana de receso.BLU Radio conversó con el presidente de las comisiones económicas del Congreso, el representante liberal Alexander Bermúdez, quien espera que la ponencia final del presupuesto de 2027 estaría lista entre el 13 y el 15 de octubre. Si se requiere conciliación entre los textos aprobados por ambas cámaras, esta podría realizarse entre el 16 y el 19 de octubre, con el objetivo de dejar definido el texto final. Frente a la discusión de cerca de 650 proposiciones modificatorias de rubros del presupuesto y que no recibieron aval fiscal del Gobierno durante el primer debate, el representante Bermúdez espera que el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, escuche a los congresistas.“Le hemos insistido de diferentes maneras, reiteradamente, que avale propuestas que son necesarias. Por ejemplo, la proposición que hicimos para que los entes de control tengan recursos, para que el próximo año hayan elecciones sin problemas, para que el Consejo Nacional Electoral tenga los recursos, que la Registraduría tenga los recursos. Esas proposiciones de los entes de control son para garantizar su funcionamiento y son necesarias. Esas son propuestas que nosotros queremos defender desde el Congreso y que la idea es que el Estado pueda funcionar bien y los entes de control hagan su tarea”, agregó.Sin embargo, el representante dejó claro que hasta el momento no ve voluntad por parte del Gobierno para avanzar en estas proposiciones.
Tras sostener reuniones de trabajo con el ministro de Hacienda y el ministro del Interior, el representante a la Cámara por el Partido Liberal, Camilo Gómez, ratificó el respaldo de su bancada al Presupuesto General de la Nación tramitado por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.En diálogo con Recap Blu, Gómez explicó la disposición de la colectividad para acompañar las medidas económicas del Ejecutivo:"Los liberales tenemos una posición y una postura de apoyo a las iniciativas del gobierno nacional. Confiamos en que existe toda la voluntad para sacar el país adelante, luego de las catástrofes que también dejó el gobierno anterior", afirmó.El congresista destacó que el liberalismo no solo acompañó la aprobación del monto en las comisiones económicas conjuntas, sino que mantendrá su voto favorable en las plenarias de Senado y Cámara para que la iniciativa salga adelante sin inconvenientes.La "ley de rescate" y el ajuste al gasto públicoGómez precisó que la aprobación del presupuesto, un monto histórico que supera los 630 billones de pesos (634 billones), es apenas el primer paso, pues se trata de un presupuesto que se encuentra desfinanciado. Por ello, anticipó que en aproximadamente dos meses se tramitará en el Congreso una "ley de rescate" para garantizar la viabilidad fiscal.Frente al enfoque de dicha normativa, el parlamentario enfatizó que debe centrarse en la austeridad estatal y en la reducción de contratos de prestación de servicios (OPS):"Yo esperaría y confío que sea más una ley de rescate para ajustar el gasto público, ajustar el gasto del gobierno, ajustar en todos esos ministerios donde el anterior gobierno se desbordó a contratar. Pues recordemos la denuncia que hizo el ministro Dangond, donde decía que más de 500,000 millones de pesos se fueron en OPS en contratos de prestación de servicios en el gobierno anterior".Líneas rojas: cero impuestos bruscos y prioridad a la inversión socialAl definir los límites fijados por la bancada liberal, Gómez reiteró que el ajuste no puede convertirse en una reforma tributaria ni trasladar la carga financiera a los ciudadanos o a las empresas:"Nosotros consideramos de que el gobierno debe ser armónico, se debe de ajustar en el gasto público y consideramos que el país no resiste un incremento de la carga impositiva o tributaria brusco para el sector privado y para las familias de Colombia".En esa misma línea, señaló que los recursos del Estado deben focalizarse en la inversión social, abarcando sectores clave como "apoyar la salud, poder apoyar el campo del país, poder atender el fenómeno del Niño" y responder a las emergencias por desastres naturales.Posición personal sobre el presupuesto de la JEPFinalmente, al ser consultado sobre la propuesta impulsada por el senador Enrique Gómez (Salvación Nacional) para recortar partidas a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el representante aclaró que hablaba a título personal y expresó su apoyo directo a la reducción presupuestal:"Estoy totalmente de acuerdo. Camilo Gómez está totalmente de acuerdo. La JEP en 10 años no ha hecho mucho realmente y lo que sí han hecho es derrochar el dinero de los colombianos. Ahora, no significa que por 170,000 millones de pesos la JEP se vaya a acabar".Gómez concluyó que la JEP conservará su marco jurídico e institucional, pero hizo un llamado a revisar la gestión de los fondos públicos donde se manejan más de 80 billones de pesos sin generar los impactos esperados.Escuche la entrevista aquí:
Durante su intervención en el Congreso de Servicios Públicos este jueves, el procurador general Gregorio Eljach se refirió a la situación fiscal del país en medio del debate que cursa en el Congreso de la República por la aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2027.El procurador aseguró que la situación fiscal no es nada buena, que las entidades del Estado deben acomodarse a la disponibilidad que haya en el presupuesto, y que en su caso y en el del Ministerio Público, con bastante o mucho seguirán trabajando.“Hay que ser conscientes. La situación fiscal del país no es nada buena, no es halagüeña, no es la mejor. Y como los bienes del Estado son finitos y como las entidades públicas tenemos que acomodarnos a la disponibilidad que haya en el presupuesto, pues yo no he levantado mi voz para reclamar nada. He dejado que el Congreso en su sabiduría, en concordancia con el presidente de la República y su ministro, dispongan lo que haya que disponer para el buen funcionamiento de la Procuraduría. Con bastante o con poquito presupuesto, el Procurador trabaja, con bastante o con poquito presupuesto los resultados están”, dijo durante su discurso.Le puede interesar: La justicia demanda recursos: Corte Constitucional ante discusión del presupuesto 2027Entretanto, el jefe del Ministerio Público indicó que la Procuraduría, a través de un convenio con el Ministerio de Hacienda, dejó a disponibilidad del Gobierno un total del 160.000 millones de pesos que decidieron no ejecutar este año.“El año pasado pasamos a este, el 31 de diciembre, con 390 vacantes que no se necesitó llenar y le devolvimos al fisco 65.000 millones de pesos. Hace unos días hicimos un convenio con el señor ministro de Hacienda para que disponga y, ojalá lo haga rápido, de 160.000 millones que el procurador decidió no ejecutar en este año para que el Gobierno nacional tuviera una pequeña forma de tener un oxígeno fiscal y no tuviera que salir a endeudarse más o a pasar angustias”, afirmó.Asimismo, anunció que la entidad que preside mantendrá una política de austeridad. “Yo no me quejo ni reclamo, estoy a la espera de que en su soberanía el Congreso le diga a este órgano de control qué le corresponde y con eso vamos a responderle a Colombia”, agregó.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió garantizar las condiciones de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, para que pueda continuar cumpliendo su mandato de investigar graves crímenes del conflicto armado y luchar contra la impunidad.El pronunciamiento se conoció luego de una diligencia en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito, Huila, donde exjefes de las FARC y máximos responsables de la fuerza pública participaron conjuntamente en labores de búsqueda humanitaria de víctimas del conflicto, como parte del cumplimiento de las sanciones propias impuestas por la JEP.El organismo destacó la participación de las víctimas y reconoció su papel central dentro del proceso de justicia transicional.Asimismo, calificó estas sanciones como un hito histórico para la justicia transicional colombiana y mundial.De acuerdo con el organismo, la implementación de estas medidas combina restricciones efectivas de libertades y derechos, mecanismos de monitoreo y supervisión y proyectos restaurativos orientados a reparar a las víctimas y a las comunidades afectadas por el conflicto.Para la ONU, estas actuaciones muestran la capacidad de la JEP para establecer patrones relacionados con graves crímenes, determinar responsabilidades e imponer sanciones a los máximos responsables.En ese contexto, la organización señaló que, tanto en esta etapa como en las siguientes, es fundamental garantizar las condiciones de funcionamiento de la JEP, con el propósito de que la Jurisdicción pueda cumplir sus objetivos frente a los graves crímenes cometidos durante el conflicto.
El presidente del Congreso, Honorio Henríquez, afirmó que la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo se mantiene en términos de diálogo y coordinación, pese a las diferencias que han surgido alrededor de asuntos como el presupuesto nacional y las prioridades de gasto. El senador sostuvo que ha mantenido conversaciones frecuentes con el presidente de la República y con diferentes integrantes del gabinete.“Le tengo que decir de mi parte una relación cordial, sincera, franca y permanente”, aseguró Henríquez al ser consultado por la relación entre el Congreso y el Gobierno. Según explicó, durante los periodos de sesiones se han desarrollado reuniones con distintos ministros para abordar asuntos relacionados con salud, seguridad, deporte y otros sectores.El pronunciamiento se produjo durante una entrevista con Mañanas Blu, en la que el presidente del Congreso también se refirió a la situación de seguridad que atraviesa Santa Marta, ciudad de la que es oriundo, luego de las acciones atribuidas a estructuras criminales y de las medidas adoptadas por el Gobierno para recuperar el control territorial.Seguridad en Santa Marta y presencia de la Fuerza PúblicaHenríquez señaló que, aunque no permaneció en Santa Marta durante los días más críticos de la situación de orden público, recibió información sobre el temor que se extendió entre los habitantes y las medidas de resguardo adoptadas por la comunidad.Para el presidente del Congreso, la prioridad debe ser el restablecimiento del orden y el retorno de la ciudad a la normalidad. En ese sentido, respaldó la presencia de policías y militares en Santa Marta y en otros territorios de la región.“Aquí lo que hay que hacer prevalecer es la libertad, el orden”, manifestó. También sostuvo que una ciudad turística como Santa Marta necesita recuperar la confianza y consideró que la seguridad constituye una condición fundamental para el desarrollo de las demás actividades sociales y económicas.Sobre la presencia histórica de grupos criminales y fenómenos como las extorsiones, Henríquez reconoció que se trata de una problemática que ha afectado a distintas regiones del país. “Las regiones están a merced de los grupos al margen de la ley. La ciudad de Santa Marta no es una excepción”, afirmó.El senador agregó que el fortalecimiento de la seguridad requiere recursos para modernización, tecnología, equipamiento y ciberseguridad. Según sus declaraciones, existe un desbalance entre las capacidades de los grupos armados ilegales y las de la Fuerza Pública que debe ser atendido.Ley de sometimiento y estatuto antiterroristaOtro de los asuntos abordados fue el trámite de los proyectos relacionados con seguridad, entre ellos la ley de sometimiento y el estatuto antiterrorista. enríquez explicó que el ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó al Congreso que el Gobierno ya cuenta con un borrador de estas iniciativas, pero que el documento continúa en revisión por parte de la Presidencia de la República.“Estamos a la espera de que ello ocurra”, señaló el presidente del Congreso, quien agregó que el Gobierno no ha establecido todavía una fecha concreta para la presentación de los proyectos.Presupuesto: salud y defensa, entre las prioridadesEn materia económica, Henríquez se refirió a la aprobación del monto general del presupuesto y a las discusiones que deberán continuar en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes. Uno de los asuntos que expresó como preocupación es la financiación del sistema de salud. El senador señaló que el sector enfrenta un déficit frente a los recursos solicitados y destacó la necesidad de revisar el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).“La salud para mí y todos es una prioridad”, afirmó, al reconocer al mismo tiempo las limitaciones fiscales que enfrenta el Estado. a seguridad también aparece entre las prioridades planteadas por Henríquez. El presidente del Congreso manifestó que considera necesario incrementar los recursos destinados al sector defensa, particularmente para fortalecer capacidades operativas, tecnología y equipamiento.Ajuste fiscal y dificultades presupuestalesRespecto al anunciado proyecto de ley de ajuste fiscal, Henríquez indicó que hasta el momento no conoce una fecha de radicación ni los detalles de su contenido. Sin embargo, consideró necesario que la iniciativa sea presentada y debatida. “Nosotros esperamos que lo antes posible lleguen con la información y lleguen a radicarlo y a debatirlo, porque es lo sensato y es lo que los técnicos dicen que hay que hacer”, afirmó.El senador también fue consultado sobre el recorte previsto para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En respuesta, señaló que no conoce en detalle su presupuesto y planteó que el problema es generalizado en diferentes entidades del Estado.Henríquez sostuvo que sectores como defensa, salud y justicia enfrentan necesidades adicionales de financiación, mientras el Gobierno debe afrontar restricciones fiscales y buscar mecanismos para reducir los gastos de funcionamiento.Diálogo entre poderes para buscar solucionesFinalmente, el presidente del Congreso explicó que sus encuentros con representantes de las altas cortes y otros órganos del Estado tienen como propósito identificar problemas y construir acuerdos dentro del principio de separación e independencia de poderes. “En medio de las diferencias hay que construir consenso para buscar soluciones a los temas que afectan a los colombianos”, señaló.Henríquez puso como ejemplo los asuntos que llegan a la Corte Constitucional y que requieren actuaciones del Congreso, así como el elevado número de acciones de tutela relacionadas con servicios de salud.Según explicó, el objetivo de estos encuentros es identificar qué problemas requieren decisiones administrativas y cuáles necesitan reformas legales.
Las comisiones económicas conjuntas del Congreso aprobaron en primer debate el Presupuesto General de la Nación para 2027. La votación fue de 56 votos por el sí y 11 por el no.De ese monto, 155 billones de pesos están destinados al pago de la deuda pública. Otros 86,9 billones corresponden a inversión, mientras que 393 billones de pesos serán destinados a los gastos de funcionamiento del Estado.Durante la discusión, varios congresistas presentaron más de 600 proposiciones para modificar la distribución de los recursos destinados a diferentes sectores. Sin embargo, estas propuestas quedaron como constancias y podrán ser discutidas nuevamente durante el segundo debate, que se realizará en las plenarias del Senado y de la Cámara de Representantes.Esto significa que todavía pueden presentarse cambios, recortes o aumentos en algunos sectores del presupuesto antes de su aprobación definitiva. El monto, cuyo techo fue aprobado el 14 de septiembre, es de 634,9 billones de pesos.El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, defendió el proyecto y explicó que las restricciones presupuestales están relacionadas con la situación fiscal recibida por el actual Gobierno. También agradeció la voluntad política de los congresistas que respaldaron el texto que presentó el gobierno."Este es un presupuesto muy difícil, se necesitaba mucho coraje para que los parlamentarios lo apoyaran, porque tiene unos costos políticos que ustedes están asumiendo. Quiero agradecerles que hayan pensado en el bien de la patria y nos hayan apoyado en esta iniciativa”, expresó Gómez Martínez.El funcionario ha explicado que las prioridades cambiaron debido a la emergencia ocasionada por el terremoto del pasado 10 de agosto.Inicialmente el Gobierno había contemplado un plan de austeridad para enfrentar las restricciones fiscales. Sin embargo, la emergencia provocada por el desastre natural obligó a revisar esa estrategia y a modificar las prioridades del gasto.Con la aprobación en primer debate, el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 continuará ahora su trámite en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes, hasta a más tardar el 20 de octubre.
La reducción de más del 22% en el presupuesto de 2027 para el Atlántico generará un impacto económico negativo en el departamento, señaló el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano. La reducción afectaría sectores clave como los subsidios de energía, vivienda, educación, cultura y ciencia, tecnología e innovación.El mandatario atlanticense se manifestó preocupado ante las repercusiones que tendría en el departamento esa reducción de unos $635.823 millones en el presupuesto que pronostica el Gobierno nacional.Destacó el mandatario que esta reducción presupuestal genera un impacto negativo frente a la realidad económica del país, en la que la inflación exige un incremento mínimo del 5 % para sostener los niveles de inversión que se requieren en el territorio.Para 2027, el presupuesto destinado al gasto de inversión en el Atlántico es de $2.251.372 millones ($2.2 billones), mientras que en 2026 al departamento le fueron asignados $2.887.195 millones ($2.8 billones). En comparación con la vigencia anterior, se evidencia una disminución del 22,02 %, equivalente a una reducción de $635.823 millones.“Queremos expresar nuestra preocupación porque el presupuesto del año 2027 tiene 635.000 millones de pesos menos que el año anterior. Es decir, pasamos de $2.800.000 a $2.200.000. Esa menor cantidad estaría en retroceso de muchas de las actividades que, precisamente, por la inflación exigen un incremento de al menos el 5 % para mantener la cantidad de inversión. Pero, si es menos lo que se va a recibir, evidentemente, las actividades se tendrán que recortar y disminuir en importancia", manifestó Verano.Añadió Verano de La Rosa que las reducciones tendrían un alto impacto social y de infraestructura, como en los subsidios de energía, que sufrirían un recorte de $391.567 millones, al pasar de $524.399 millones a $132.832 millones. Asimismo, el sector de la vivienda presenta una disminución de $166.416 millones, equivalente al 80,9 %. En educación la asignación disminuye en $68.430 millones, equivalente al 27,5 %.“La educación es nuestro bastión más importante consignado en nuestro Plan de Desarrollo, nos pegaría muy duro esta reducción, que supera los 68.000 millones de pesos”.Verano dijo que en el caso de ciencia, tecnología e innovación, la asignación tendría una reducción de $17.081 millones, y en cultura de $11.394 millones.Paralelo a eso, el presupuesto del Programa de Alimentación Escolar (PAE) presenta un incremento, al pasar de $136.762 millones a $139.676 millones.Por último, Verano reiteró su disposición a articular esfuerzos con el Gobierno y el Ministerio de Hacienda para revisar las cifras y concertar alternativas financieras que eviten afectar la calidad de vida de los atlanticenses.
Buenaventura ya no va a cobrar los $4.235 por cada tonelada de carga que pase por ese municipio, como se había anunciado a finales de agosto.La medida había recibido el rechazo de la mayoría de los gremios de la producción nacional, representados en el Consejo Gremial Nacional, porque le restaba competitividad al principal puerto que tiene el país sobre el Pacífico. La decisión de la alcaldía se reversó tras una reunión entre la alcaldesa de la ciudad, Ligia del Carmen Córdoba, y la ministra de Transporte, Elsa Noguera."Acordamos unir esfuerzos para destrabar obras, mejorar los accesos al puerto y avanzar en la reconstrucción de las vías afectadas por el terremoto. Destaco la muy buena decisión de la alcaldesa de no aplicar el cobro por circulación a los vehículos de carga”, afirmó la ministra de Transporte, Elsa Noguera.La alcaldía espera hoy que el Gobierno invierta en soluciones estructurales que permitan descongestionar el municipio.
El catalán Manel Grau anunció el inicio de acciones penales en contra de Eva Ferrer luego de la entrevista en la que ella lo acusa de ser parte de una red que presuntamente movió armas, dinero y drogas entre Colombia y Venezuela y que estaría vinculada a la exprimera dama, Verónica Alcocer.Según Ferrer, Grau habría participado en la movilización de dinero, habría hecho "negocios" en Ecopetrol y la habría intimidado en su apartamento para que renunciara al cargo de consejera presidencial."Rechazo de manera categórica, por falsos y calumniosos, todos y cada uno de los señalamientos realizados por la señora Ferrer Galcerán. Solo móviles externos explican que pueda inventarse esa cantidad de afirmaciones mentirosas, calumniosas, injuriosas, que son absolutamente falsas y sobre las cuales no tiene prueba alguna, por la sencilla razón de que no son ciertas", escribió Grau en una carta publicada este miércoles.La denuncia de Grau será por los delitos de injuria y calumnia e irá acompañada de acciones civiles buscando una reparación económica por afectaciones a su buen nombre y reputación."La señora Eva Ferrer Galcerán fue durante los últimos 25 años una de mis mejores amigas, vínculo que se extiende a miembros de su familia. Desconozco las motivaciones de fondo que la llevan a faltar a la verdad de manera tan irracional. Tras la profunda decepción que sus afirmaciones me han causado, y en virtud de mi formación cristiana, hago un llamado a la cordura para que se retracte inmediatamente de sus afirmaciones con el propósito de evitar condenas que serán muy perjudiciales para ella", agregó Grau.Las acusaciones de Ferrer ya están llevando a la acción a los organismos de control. La Fiscalía la escuchará esta semana y la Procuraduría la llamó a ella y a otros cinco exfuncionarios de Gobierno a declarar bajo juramento. Mientras tanto, el presidente Abelardo De La Espriella ordenó a la Fuerza Aérea iniciar una investigación interna sobre los vuelos en los que se movilizó Verónica Alcocer.
El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, explicó cómo se aplicará el Decreto 1525 durante las movilizaciones.La Alcaldía de Bogotá anunció que mantendrá una coordinación permanente con el Gobierno Nacional y la fuerza pública para atender las manifestaciones programadas en la capital. Uno de los principales focos d La intervención de la fuerza pública dependerá de la gravedad de los hechos, la posibilidad de anticipar actos violentos y la duración de los bloqueos que afecten el transporte público.En atención serán los posibles bloqueos en TransMilenio y otras vías de la ciudad, así como la respuesta de las autoridades ante situaciones que puedan poner en riesgo la integridad de los ciudadanos.Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de Bogotá, señaló que las autoridades tienen identificados aproximadamente 18 puntos de concentración para las movilizaciones. De estos, 14 contemplan desplazamientos hacia la Plaza de Bolívar, por lo que se dispuso un operativo de seguimiento y coordinación institucional para atender las novedades que se presenten durante la jornada.Según el funcionario, el Puesto de Mando Unificado (PMU) distrital fue instalado a las 7:00 de la mañana, mientras que desde el día anterior se adelantaba una coordinación nacional con el Ministerio del Interior. El objetivo es articular las decisiones entre las autoridades distritales, el Gobierno Nacional y la fuerza pública, especialmente ante eventuales alteraciones del orden público.“Lo que queremos es rechazar la violencia. El enemigo de la protesta social es la violencia”, afirmó Quintero al explicar el enfoque de la administración distrital frente a las manifestaciones.El secretario insistió en que las medidas no buscan impedir el derecho a la protesta pacífica, sino facilitar una respuesta frente a hechos violentos que puedan afectar a los participantes, a terceros o a la infraestructura pública y privada.Bloqueos en TransMilenio: ¿cuándo intervendrá la fuerza pública?Uno de los puntos centrales de las declaraciones de Gustavo Quintero fue la posibilidad de intervenir ante bloqueos prolongados que afecten la movilidad y el funcionamiento de TransMilenio. Aunque el Decreto 1525 establece condiciones para la actuación de las autoridades, el funcionario aclaró que no existe un tiempo exacto que determine automáticamente cuándo debe producirse una intervención policial.La decisión, explicó, se tomará mediante un mecanismo de coordinación en el que participarán representantes del Gobierno Nacional, el Gobierno Distrital, el Ministerio del Interior y las autoridades competentes.Sin embargo, Quintero mencionó que las autoridades consideran excesivo mantener a los pasajeros detenidos durante periodos prolongados, particularmente cuando se trata de vehículos del servicio público.“Más de media hora, más de 45 minutos, las personas no pueden estar detenidas en un bus de servicio público”, señaló el secretario.El funcionario agregó que la prioridad de la administración es evitar que el transporte público resulte afectado durante las manifestaciones. En ese sentido, sostuvo que la intervención dependerá de la evaluación de cada situación y de las decisiones que se adopten en el PMU.La precisión es importante para los usuarios de TransMilenio: los 30 o 45 minutos mencionados por Quintero no constituyen un plazo automático establecido para ordenar el ingreso de la fuerza pública. Se trata de una referencia expresada por el funcionario sobre la duración que considera inaceptable para los pasajeros, mientras que la determinación concreta deberá tomarse de manera coordinada.Decreto 1525: cinco etapas para atender las manifestacionesQuintero explicó que el Decreto 1525 contempla cinco etapas para orientar la actuación de la fuerza pública durante las protestas. Según su descripción, las tres primeras están enfocadas principalmente en el diálogo y la mediación, mientras que las dos restantes se orientan a contener situaciones que puedan representar un riesgo.El secretario destacó que la coordinación institucional permitirá evaluar cuándo es necesario pasar de la mediación a una intervención de las autoridades. También señaló que el decreto contempla la posibilidad de actuar cuando exista una amenaza inminente de violencia, sin esperar necesariamente a que el hecho se consume.“El decreto nos da la posibilidad de actuar ya no solamente cuando el acto violento se consume, sino cuando sea inminente”, explicó.Esta disposición cobra relevancia en escenarios donde se adviertan posibles agresiones, uso de elementos peligrosos o situaciones que amenacen la integridad de las personas. No obstante, la identificación de una amenaza deberá evaluarse dentro de los mecanismos de coordinación establecidos por las autoridades.El objetivo, de acuerdo con Quintero, es evitar que hechos aislados terminen afectando a quienes participan pacíficamente en las movilizaciones o a los ciudadanos que necesitan desplazarse por la ciudad.Diálogo con manifestantes y actuación de los gestores de convivenciaLa administración distrital también prevé mantener los canales de diálogo durante el desarrollo de las marchas. Los gestores de convivencia tendrán un papel importante en la mediación con los manifestantes, particularmente cuando se presenten bloqueos o situaciones que requieran recuperar la movilidad.Quintero indicó que el diálogo se mantendrá mientras existan condiciones para hacerlo y no se ponga en riesgo la integridad de las personas. Si la situación escala y las autoridades consideran necesaria una intervención, los gestores comunicarán a los participantes que se agotó esa instancia de mediación.“Los gestores [...] disuadir, decirle a los manifestantes: mire, hasta acá llega el diálogo, en este momento levantamos canales, solicitamos intervención de fuerza pública”, explicó el funcionario.De esta manera, la estrategia anunciada combina la mediación con la posibilidad de una respuesta operativa cuando las circunstancias lo exijan. La aplicación de estas medidas deberá considerar las condiciones particulares de cada concentración y las decisiones adoptadas por las autoridades competentes.Bombas molotov, papas bomba y amenazas a la integridadOtro de los escenarios abordados durante la entrevista fue el de los actos violentos registrados el día anterior en la avenida Circunvalar, cerca de una sede de la Universidad Distrital, donde, según lo expuesto en la conversación, un grupo de encapuchados habría lanzado bombas molotov y papas bomba.Al ser consultado sobre cómo actuarían las autoridades si se repitieran estos hechos, Quintero sostuvo que la respuesta sería similar a la desplegada en esa ocasión: “En 20 minutos ya se estaba resolviendo la situación. Actuaremos de la misma manera”, afirmó.El secretario señaló que este tipo de comportamientos puede constituir una situación intimidante y violenta que justifique una actuación inmediata de las autoridades, de acuerdo con las circunstancias y los protocolos aplicables.Durante la entrevista también se le preguntó si portar una piedra, sin que se haya producido una agresión, sería considerado un acto violento. Quintero respondió que la situación tendría que ser analizada en el PMU para establecer si existe una amenaza inminente que permita actuar de manera anticipada.Sobre los grafitis, aclaró que su realización, por sí sola, no implica necesariamente la intervención de la fuerza pública. Según explicó, la situación cambia cuando estas acciones están acompañadas de daños a la infraestructura, como la rotura de vidrios o afectaciones a puertas y otros elementos de propiedad pública o privada.Los puntos de concentración y la movilidad en BogotáEntre los lugares identificados para las movilizaciones se encuentran el Parque Nacional, el Museo Nacional, el Parque Simón Bolívar, la Universidad Pedagógica, la Universidad Nacional, el Parque de los Periodistas y sectores de la carrera Séptima, la carrera Décima y la calle 13. También se mencionaron dos sedes de la Universidad Distrital.La concentración de manifestantes en distintos sectores obliga a las autoridades a mantener vigilancia sobre las vías, los corredores de transporte público y los puntos donde puedan presentarse afectaciones a la movilidad.En este contexto, la Alcaldía busca evitar que los bloqueos generen interrupciones prolongadas para los usuarios de TransMilenio y otros ciudadanos. La coordinación del PMU será determinante para evaluar las novedades, mantener la comunicación entre las instituciones y definir las medidas correspondientes.
La familia de William Chapman, el joven que murió tras ingresar al recinto de un tigre en el Yorkshire Wildlife Park, en Inglaterra, rompió el silencio sobre la tragedia que ha generado conmoción por las circunstancias en las que ocurrió. Sus padres expresaron el dolor que atraviesan por la pérdida y pidieron respeto a su privacidad mientras avanzan las investigaciones para esclarecer los hechos.A través de un comunicado difundido la noche del martes 13 de octubre, los familiares revelaron que Chapman enfrentó una enfermedad mental durante varios años y que recibía medicamentos fuertes como parte de su tratamiento. Sin embargo, aclararon que todavía no se ha establecido si su condición médica o los fármacos que tomaba tuvieron alguna relación con lo ocurrido.“Lamentablemente, William sufrió una enfermedad mental importante durante varios años y, en consecuencia, se le recetaron medicamentos fuertes”, señalaron sus familiares en el documento.¿Qué dijeron los padres de William Chapman?Los padres del joven explicaron que esperan que las autoridades puedan determinar qué lo llevó a ingresar al espacio donde se encontraba Altai, el tigre de Amur involucrado en el ataque. Por ahora, aseguraron que desconocen las razones que motivaron a William a entrar al recinto.“Corresponderá al forense decidir qué papel desempeñó esto en su muerte. Pedimos a todos que respeten ese proceso”, manifestaron en el comunicado.La familia no reveló cuál era el diagnóstico médico de Chapman ni especificó qué medicamentos tenía prescritos. Por ello, pidió evitar especulaciones sobre su estado de salud y esperar las conclusiones de las autoridades encargadas de investigar su fallecimiento.En el mismo documento, los familiares describieron a William como un joven afectuoso, brillante y profundamente querido por sus seres cercanos. “La familia está completamente devastada por su pérdida y está luchando por asimilar lo sucedido”, expresaron.La muerte de Chapman se convirtió en tema de conversación en redes sociales debido a las circunstancias del incidente y a la difusión de videos relacionados con sus últimos momentos.Uno de los registros que circuló en internet, aparentemente grabado por el propio joven, mostraba cómo avanzaba por una zona de césped hacia el lugar donde se encontraba el tigre. En las imágenes también se escuchaban los gritos de otros visitantes que le pedían que saliera del recinto. Posteriormente, el video fue eliminado de la cuenta en la que había sido publicado.Chapman también tuvo acercamientos al mundo de la actuación durante su infancia. Entre sus participaciones figuran la comedia dramática May Contain Nuts, emitida por ITV en 2009, y la serie educativa True Stories, de BBC Learning.¿Qué pasará con el tigre que atacó al joven?Tras la muerte de Chapman, el Yorkshire Wildlife Park informó que Altai, el tigre de Amur también conocido como tigre siberiano, no será sacrificado. El establecimiento permanece cerrado mientras avanzan las investigaciones sobre el incidente.Por su parte, el Ayuntamiento de Doncaster, organismo responsable de conceder las licencias de funcionamiento del parque, anunció una investigación de salud y seguridad para revisar las circunstancias en las que ocurrió la tragedia.Además, está prevista para el jueves 15 de octubre la apertura de una investigación judicial sobre la muerte del joven en el juzgado de instrucción de Doncaster. Este procedimiento buscará contribuir al esclarecimiento de los hechos, mientras sus familiares esperan respuestas sobre lo sucedido y piden que se respete su privacidad.
Comprar carro nuevo o usado en Bogotá podría costar más desde el 1 de enero de 2027, cuando entren en vigor las nuevas tarifas del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) aprobadas por el Concejo de la ciudad. El ajuste incrementará el impuesto para la comercialización de vehículos de combustión, híbridos y eléctricos, un costo que los concesionarios podrían trasladar a los compradores.El ajuste también cobija el comercio de autopartes y accesorios. Según los cálculos del sector, comprar un carro de $100 millones podría representar un sobrecosto de $300.000, mientras que para un vehículo usado de $50 millones el incremento estimado sería de $150.000. Las cifras ilustran el posible efecto del impuesto y no constituyen un aumento fijo para todas las operaciones.¿Cuánto subirá el ICA para los carros en Bogotá?La reforma establece nuevas tarifas para la actividad comercial relacionada con los vehículos. A partir de la fecha prevista, los porcentajes serán los siguientes:Vehículos de combustión, gasolina y diésel: la tarifa pasará de 6,9 a 11 por mil.Vehículos híbridos: tendrán una tarifa de 10 por mil.Vehículos eléctricos: la tarifa será de 8 por mil.El ICA lo pagan los distribuidores y no directamente el comprador como un impuesto separado por adquirir el vehículo. Sin embargo, el incremento puede elevar los costos de comercialización y reducir los márgenes de los concesionarios, que podrían incorporar ese gasto en el valor final de los automóviles.Pedro Nel Quijano, presidente ejecutivo de la Asociación Gremial de Concesionarios de Automotores (Aconauto), calculó que el cambio representa un aumento del 47,8 % frente a la tasa actual, al considerar una tarifa ponderada del 1,02 %.Por otra parte, el incremento de la tarifa del ICA para el comercio de vehículos automotores nuevos y usados, incluidos los eléctricos, híbridos y convencionales, así como para las autopartes y los accesorios, sería del 59,4 %, según Aconauto.¿Por qué el aumento del ICA preocupa al sector automotor?Aconauto advirtió que el incremento podría comprometer la rentabilidad de los concesionarios, afectar puestos de trabajo y reducir las ventas en Bogotá. Uno de los motivos es la forma en que se calcula este impuesto: se liquida sobre los ingresos de la actividad económica, sin tener en cuenta si la operación generó ganancias o pérdidas.Además, el tributo aparece en dos momentos de la cadena comercial: primero, cuando el importador factura el vehículo al concesionario y, después, cuando el concesionario vende el automóvil al comprador. Esta acumulación, según el gremio, incrementa el costo de operar en la capital y puede absorber los márgenes de una actividad que comercializa bienes de alto valor.El incremento también expone a otras siete actividades relacionadas con el sector automotor. Entre ellas se encuentra el comercio de autopartes y accesorios, cuyos mayores costos podrían trasladarse a los consumidores y repercutir en el mantenimiento de los vehículos.La reforma tributaria busca responder a la disminución del recaudo distrital del ICA, asociada con la desaceleración económica nacional. No obstante, Aconauto considera que aumentar la tarifa podría debilitar las actividades gravadas y terminar reduciendo la base sobre la cual Bogotá recauda este impuesto.Concesionarios podrían trasladar ventas y facturación a otros municipiosUno de los riesgos señalados por el gremio es que los establecimientos busquen facturar las operaciones desde sucursales registradas fuera de Bogotá para evitar la tarifa distrital. El planteamiento no se limita a los municipios cercanos a la capital: según el insumo, la factura debidamente registrada es un documento nacional y la operación podría realizarse desde cualquier municipio del país, al igual que la elección del lugar de matrícula.Una de las zonas que podría beneficiarse de un eventual traslado de operaciones es el corredor de la variante Chía-Cajicá, donde existe una oferta de concesionarios de distintas marcas. Los municipios que reciban estas ventas también podrían atraer compradores mediante menores costos de matrícula y obligaciones tributarias posteriores.Sin embargo, la posibilidad de trasladar la facturación dependerá de la infraestructura comercial de cada empresa. Algunos concesionarios no cuentan actualmente con vitrinas adicionales en otros municipios.Quijano advirtió que el aumento del ICA podría desincentivar la renovación del parque automotor, con consecuencias para los objetivos de mejorar la calidad del aire y reducir la accidentalidad. También alertó sobre la pérdida de actividad económica y recaudo si las ventas y matrículas se desplazan fuera de Bogotá.El gremio sostiene que la medida iría en sentido contrario a la reducción de la carga tributaria prevista por el Gobierno nacional y restaría competitividad a la capital frente a otras jurisdicciones.