La Corte Constitucional le advirtió al Ministerio de Salud que la vacuna contra el virus del papiloma humano no se puede aplicar contra la voluntad de la paciente.
La decisión se produjo tras resolver una tutela por el caso de varias jóvenes en Cali, que se vieron afectadas con síntomas secundarios luego que se les aplicó la vacuna-medicamento entre 2012 y 2013.
El alto tribunal estableció que “el Estado no podrá obligar a la población colombiana a vacunarse contra el VPH sino que, por el contrario, deberá garantizar el derecho al consentimiento informado de sus destinatarios, como condición sine qua non para administrar la vacuna contra el VPH, informando de forma clara sus efectos adversos”.
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En el fallo ordenó al Ministerio de Salud elaborar un informe en el que se identifique el número de personas que, habiendo sido destinatarias de la aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano, requieran atención por parte del sistema de seguridad social en salud por causas atribuibles a posibles afectaciones derivadas de dicha vacuna.
El informe deberá establecer un plan de acción que garantice el acceso integral y continúo al sistema de seguridad social en salud de las personas presuntamente afectadas, así como un seguimiento de cada caso.
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