La discusión sobre cómo regular la inteligencia artificial (IA) avanza en distintos escenarios internacionales, en medio de preocupaciones por su impacto en la sociedad, la economía y la gobernanza global. Así lo expuso la escritora y profesora de filosofía de la tecnología María Cano durante una entrevista radial, en la que abordó los principales desafíos que enfrentan los Estados frente a esta tecnología.
Uno de los puntos centrales del debate, según Cano, es la falta de herramientas regulatorias adecuadas. “Los marcos tradicionales de regulación ya no funcionan, se quedan cortos”, afirmó, al explicar que históricamente las normas se han construido como respuesta a problemas ya existentes, mientras que en el caso de la IA los riesgos pueden anticiparse incluso antes de su implementación masiva.
En ese contexto, planteó la necesidad de un cambio de enfoque hacia modelos preventivos. “El riesgo existe antes del uso generalizado… el enfoque tiene que cambiar hacia una lógica más preventiva, donde se anticipen los posibles daños”, señaló. Este planteamiento introduce un giro en la forma en que los gobiernos y organismos internacionales abordan la supervisión tecnológica, pasando de una reacción posterior a una evaluación previa de impactos.
Otro aspecto destacado es el rol creciente del sector privado en la toma de decisiones. Cano subrayó que “es el primer momento en la historia en el que casi el sector privado está regulando todas estas cuestiones”, al referirse al desarrollo de modelos avanzados por parte de empresas tecnológicas. Esta situación plantea interrogantes sobre la concentración de poder y la capacidad de los Estados para intervenir de manera efectiva.
La fragmentación normativa a nivel internacional constituye otro desafío relevante. “No hay un consenso internacional claro sobre qué define un sistema de alto riesgo”, indicó, al tiempo que advirtió que cada país aplica criterios distintos. Esta diversidad dificulta la implementación de controles homogéneos en un entorno globalizado, donde los sistemas tecnológicos operan sin restricciones geográficas claras.
El análisis también se extiende al concepto de ética en la inteligencia artificial. Cano explicó que “la ética de la inteligencia artificial es la ética aplicada a la tecnología en función de cómo se utiliza”, lo que implica considerar no solo el desarrollo técnico, sino también las decisiones humanas detrás de su implementación. Este enfoque abarca a múltiples actores, desde desarrolladores hasta usuarios finales.
En el caso de Colombia, el debate adquiere una dimensión particular ante la existencia de varios proyectos legislativos en curso. Cano advirtió sobre el riesgo de adoptar regulaciones apresuradas que puedan afectar el desarrollo tecnológico. “En todos los cambios de paradigma es muy complicado saber exactamente cómo tenemos que regular”, afirmó, destacando la necesidad de encontrar un equilibrio entre innovación y control.
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A nivel comparado, la experta mencionó las diferencias entre modelos regulatorios como el europeo y el estadounidense, lo que refleja la ausencia de una estrategia global coordinada. Esta situación genera tensiones adicionales, especialmente en regiones como América Latina, donde las normativas pueden depender de decisiones externas.
Otro elemento clave es la dimensión internacional de la tecnología. Cano enfatizó que “la ciberseguridad no entiende de fronteras, pero la regulación sí”, lo que complica la aplicación de normas en sistemas que operan de manera transnacional. Esta desconexión plantea dificultades para asignar responsabilidades y gestionar riesgos.
Finalmente, la experta abordó desafíos emergentes como la opacidad de los sistemas y la asimetría de acceso. “No sabemos explicar cómo han llegado a ciertos resultados”, advirtió sobre los modelos avanzados, lo que limita la supervisión y la rendición de cuentas. Asimismo, señaló que no todos los actores tienen las mismas capacidades para interactuar con estas tecnologías, lo que podría ampliar brechas existentes.
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El debate sobre la inteligencia artificial continúa en evolución, con múltiples actores involucrados y sin un consenso claro sobre el camino a seguir en materia de regulación y gobernanza.
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