La magistrada Martha Inés Montaña, del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, explicó en BLU Al Derecho el fallo de tutela que ordena al Inpecy otras entidades descongestionar todas las Unidades de Reacción Inmediata-URI de Bogotá junto con las estaciones de Policía y otros lugares que no sean centros carcelarios donde se encuentren personas privadas de la libertad, dadas las condiciones de hacinamiento y otras violaciones de los derechos fundamentales de los detenidos.
“El fallo que hemos proferido tiene como fundamento la sentencia T-388 de 2013, emitida por la Corte Constitucional, que informa que las personas privadas de la libertad tienen una relación especial de sujeción con el Estado, por lo que a este le corresponde garantizar la vida digna de esas personas en estos centros de reclusión, tocando temas como una adecuada alimentación, servicios de salud, espacios de esparcimiento y aire libre, espacios de trabajo, resocialización y en general el bienestar”, indicó Montaña.
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En caso de que el Inpec no acate esta acción de tutela en el plazo de 30 días no se incurriría en desacato pues “en este momento la acción de tutela tiene el recurso de impugnación vigente, por lo que a partir de la última notificación tienen 3 días para impugnación, por lo que respecto a un posible desacato tiene que estar en firme la tutela”.
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Vale la pena recordar que en la tarde de este martes, frente a la situación de hacinamiento en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) de Bogotá, especialmente en la de Engativá, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) anunció que trasladaría a 50 internos.
El Inpec advirtió que dicho traslado se hacía con el fin de descongestionar los URI de la capital colombiana, razón por la que las personas detenidas serían enviadas a la cárcel Modelo, donde continuarían con su proceso jurídico.
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