El jefe negociador del Gobierno en La Habana, Humberto de la Calle, dijo este viernes que el acuerdo sobre justicia especial para la paz está en firme y que no debe quedar duda sobre eso.
Además, indicó que en lo acordado quedó establecido “mediante anotación manual en el texto, que se trataba de un documento en desarrollo”.
“En el texto de 75 puntos hay materias pendientes de reglamentar, por ejemplo, el alcance de la expresión “restricción efectiva de la libertad”, dijo.
De la Calle expresó que eso no significa que se vaya a cambiar el texto, pero sí admitió que “el Gobierno considera que en algunos casos hay textos cuya interpretación posterior a la redacción sugiere un cierto un grado de ambigüedad que debe ser precisado”.
Finalmente, dijo que una vez esto ocurra “el Gobierno es claramente partidario que debe ser dado a conocer completamente para que se dé un conveniente debate ciudadano”.
Declaración de De la Calle:
Ante las recientes declaraciones de la delegación de las FARC-EP, como Jefe del Equipo Negociador del Gobierno de Colombia, me permito realizar las siguientes precisiones:
El pasado 23 de septiembre las delegaciones del Gobierno y las FARC, dimos a conocer el importante acuerdo para la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz. Ya hemos señalado los elementos fundamentales que han sido objeto de un enorme apoyo de la mayoría de la sociedad colombiana y de organizaciones y gobiernos extranjeros. Los diez puntos anunciados constituyen un Acuerdo en firme. No hay ninguna duda en esto. Repito, este es un acuerdo firme, no hay ninguna duda sobre este particular. Entre los logros trascendentales, está la creación de una Jurisdicción seria de investigación, juzgamiento y sanción de los delitos más graves y representativos que tendrá competencia respecto de todos los responsables, incluidos las FARC, agentes del Estado y terceros; también el compromiso de otorgar la amnistía más amplia posible para los delitos políticos y conexos y la aceptación de que la amnistía no cubre los crímenes internacionales y otros delitos graves; la conexidad la definirá una ley. La mayor satisfacción de los derechos de las víctimas mediante la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición; Así como la creación de un sistema de incentivos del cual se desprende un régimen diferenciado de sanciones con restricción efectiva de la libertad para quienes reconocen verdad y responsabilidad, y la condicionalidad del tratamiento especial a la contribución a la verdad, la reparación y la garantía de no repetición.
Reitero que se trata de un Acuerdo firme sobre el cual no hay duda alguna en el Gobierno.
Ahora bien, ese Acuerdo hecho público se construyó con fundamento en un texto más largo que contiene 75 puntos, elaborado por el grupo de juristas. Este texto fue suscrito por el Jefe de la Delegación del Gobierno, haciendo clara manifestación escrita, mediante anotación en el texto, de que se trataba de un documento en desarrollo, tal como los miembros del Gobierno del Grupo Jurídico lo hicieron saber en forma oportuna.
En el texto de 75 puntos hay materias pendientes de reglamentar, no estamos hablando de cambiar el texto, como por ejemplo el alcance concreto de la expresión “restricción efectiva de la libertad” y la relación de la Jurisdicción Especial con los otros componentes esenciales del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
Por último, a raíz de las declaraciones públicas hechas durante los últimos días por abogados y miembros de la delegación de las FARC-EP, el Gobierno considera que en algunos casos hay textos cuya interpretación posterior a su redacción sugiere un cierto grado de ambigüedad que debe ser precisado.
Es importante esa precisión, a juicio del Gobierno, el Grupo Jurídico debe terminar su tarea a la mayor brevedad.
Una vez esto ocurra, al Gobierno es claramente partidario de darlo a conocer en su integridad a la opinión pública para que se dé un conveniente debate ciudadano sobre los pormenores y detalles de lo pactado.
Consideramos entonces que es necesario continuar rápidamente el trabajo por parte del Grupo Jurídico para concretar los elementos pendientes que en nada afectan la esencia de la fórmula anunciada el pasado 23 de septiembre.
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